Jose Manuel Flores de Leon
Expediente 1140/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jose Manuel Flores de Leon
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, el oficio del Tribunal Colegiado de Apelación esta ciudad, se recibe y agrega a los para que obre como corresponda, con el que acusa recibo del oficio con el que se declinó competencia, registrado con el número 28/2022, de su índice.Por lo anterior, efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, toda vez que el presente ha quedado total y definitivamente concluido, se ordena su archivo.
- Principal
se recibe la demanda de amparo promovida por José Manuel Flores de León y otro, por conducto de su defensor, por lo cual fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de que se trate con el número de amparo 1140/2022-VII, y háganse las anotaciones correspondientes. Incompetencia. Este juzgador considera que, en el caso, se carece de competencia legal, por razón de grado, para conocer de este asunto, pues es a un Tribunal Colegiado de Apelación a quien corresponde su conocimiento y no a un juzgado de Distrito. Con el propósito de poner en claro la conclusión de que se trata, es necesario tener presente el contenido de los artículos 36 de la Ley de Amparo y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En lo que interesa, dichos preceptos legales prevén lo que sigue: "Artículo 36. Los tribunales colegiados de apelación sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." "Artículo 35. Los tribunales colegiados de apelación conocerán: I.- De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juzgados de distrito. En estos casos, el tribunal colegiado de Apelación competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el auto impugnado. ." De acuerdo con los preceptos legales de que se trata, queda claro que los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto, cuando se trate de actos de otro tribunal colegiado de apelación, en cuyo caso el tribunal competente es otro tribunal colegiado de apelación del propio circuito, si lo hubiere, o bien, el más próximo a la residencia de aquél que hubiese emitido el acto reclamado. En el caso, el quejoso ataca en esta vía la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 113/2022, del Tercer Tribunal Unitario, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso. Por tanto, tratándose de un juicio de amparo promovido contra actos del entonces Tercer Tribunal Unitario de Circuito de esta ciudad, el tribunal competente no es un juzgado de Distrito, sino un Tribunal Colegiado de Apelación. Así, las razones anteriores conducen a considerar que este juzgador federal carece de competencia legal, por razón de grado, para conocer este juicio, pues, el acto reclamado encuadra en uno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto por un tribunal colegiado de apelación, motivo por el cual lo que en el caso procede es enviar este juicio constitucional al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, en turno, por ser quien, a criterio de este resolutor, resulta legalmente competente para conocer el juicio de que se trata, en términos de los artículos artículo 36 de la Ley de Amparo y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicitándole de la manera más atenta informe la decisión que tome al respecto. Al efecto, cabe citar las tesis de jurisprudencia emitidas por el Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011. Tomo: VII. Conflictos Competenciales Primera Parte. Tesis: 72. Página: 87.) "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: VI, Marzo de 2012, Tomo 1. Tesis: 1a./J. 14/2012 (10a.). Página: 79.) Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Domicilio. No, pues la parte quejosa solicitó la notificación electrónica. Consulta y notificación electrónica. Se autoriza para que la parte quejosa consulte y se le notifique electrónicamente los acuerdos de carácter personal, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para lo cual se le tiene señalando como usuario MPINEDA para tal fin Autorizados. De acuerdo con los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, se tiene como personas autorizadas para intervenir en este juicio a las designadas para tal fin en la demanda de amparo en los términos expresamente especificados por la parte quejosa, en cuya hipótesis ante la falta de cédula profesional o de su registro jurisdiccional, la autorización únicamente tiene efectos limitados y no amplios, inclusive a pesar de la designación sobre el particular. Comunicación no procesal. Luego por lo que respecta al correo electrónico y el teléfono proporcionados, téngaseles únicamente como forma de contacto, de conformidad con el artículo 257, fracción I1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en consulta, del que se advierte que la utilización del correo electrónico y teléfono, solo serán utilizados como medios de contacto entre esta y el personal jurisdiccional. Exhortación juicio en línea. Atento a lo establecido en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en consulta, se exhorta a las partes para 1 Artículo 257 .I. Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Digitalización. Conforme con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en los artículos 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los diversos 6 y 8 del reglamento para la aplicación de tal ley, y en acato al Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las resoluciones que causen estado deben hacerse públicas, pero las partes o sus representantes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, por lo que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá por autorizada la publicación de que se trata. Formación del expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico en términos del artículo 32 , del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo3 , y de conformidad los numerales 252 y 2534 del Acuerdo General del 2 Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento electrónico o digitalizado que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios; II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. El expediente electrónico permitirá distinguir las constancias digitalizadas de generadas electrónicamente para efecto de poder comparar las primeras con las integradas físicamente; III. La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. En caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. La persona servidora pública a quien corresponda iniciar el trámite en el órgano jurisdiccional de un asunto turnado por la OCC, deberá validar que la documentación recibida en formato impreso se haya digitalizado por parte del personal de dicha oficina mediante el uso de la FIREL para integrarla al expediente electrónico respectivo. Tratándose de promociones recibidas por escrito directamente en el órgano jurisdiccional, la digitalización deberá realizarse por parte del personal de la Oficialía de Partes; IV. En el caso de los medios de control de constitucionalidad promovidos contra lo resuelto en juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al PJF, se procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables, particularmente mediante la celebración de convenios de interconexión. En caso de que lo anterior no sea posible, el órgano jurisdiccional que conozca de dichos medios de control deberá digitalizarlo. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización; V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes al Sistema Electrónico del CJF mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno; VII. Los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por las y los servidores públicos de los órganos del PJF mediante el uso de FIREL tendrán el mismo valor probatorio que los físicos; VIII. Las características de los documentos que podrán ingresarse a un expediente electrónico se sujetarán a los lineamientos que emita la DGGJ, en coordinación con la DGETD, con opinión de la DGTI, sobre el formato y tamaño de aquéllos; IX. La información relativa a los expedientes electrónicos que se encuentren bajo el resguardo del CJF se alojará dentro de su infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos, garantizando la seguridad informática; X. El Sistema Electrónico del CJF llevará un registro puntual de los certificados digitales de Firma Electrónica mediante los cuales se ingrese o consulte cualquier documento de un expediente electrónico, así como de toda incidencia que resulte relevante para el mejor funcionamiento de los sistemas correspondientes; XI. En el proceso de firmado electrónico, incorporado a los sistemas de gestión judicial, la o las personas titulares del órgano jurisdiccional cierran el proceso de firmado, autorizando las determinaciones. Con su firma se encripta el documento y no permite su alteración ni su eliminación, garantizando su integridad y validando con ello, la certificación de la persona secretaria; y XII. Los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. 3 Reformado por el artículo Cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cita, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de dos mil veintidós. 4 Artículo 252. Los órganos jurisdiccionales tramitarán e integrarán los asuntos de su competencia a través de medios tecnológicos y soluciones digitales. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Para tal efecto se instruye a la oficial de partes, actuarios y secretarios que incorporen al expediente electrónico todas las constancias que reciban y generen con motivo de sus funciones, debidamente firmados con su firma electrónica FIREL, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que el aplicativo institucional de firma electrónica no está autorizado para incorporar actuaciones al expediente electrónico, pues el SISE cuenta con los mecanismos para plasmar dicha firma5 . Formación del expediente físico. Fórmese el expediente físico solo con las constancias presentadas físicamente por las partes y con las constancias de notificación generadas físicamente, en términos de los artículos 3, fracción XII, y 226 , Artículo 253. Los órganos jurisdiccionales deberán asegurar la integridad del expediente electrónico. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, párrafo sexto de la Ley de Amparo, podrán consultar su expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para tal efecto. 5 "Artículo 52 Undecies. El personal adscrito a los órganos jurisdiccionales podrá utilizar la FIREL o la e.firma para firmar la documentación que envíe a las áreas administrativas. Para estos efectos, podrá utilizar el aplicativo institucional de firma electrónica. Dicho aplicativo no deberá emplearse para firmar electrónicamente las actuaciones y acuerdos de asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales y registrados en el SISE, SIGE y demás sistemas de gestión que operen en órganos jurisdiccionales, pues estos sistemas cuentan con un mecanismo propio para plasmar dicha firma." Del Acuerdo General Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, reformado por el artículo Segundo del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de dos mil veintidós. 6 Artículo 22. Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente y no deberán agregarse al expediente físico, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consulta.
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