José Manuel Estrada Tapia
Expediente 1033/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Manuel Estrada Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 81, fracción I, inciso e), sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee, ha causado ejecutoria. En razón de que no existe actuación alguna por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1033/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. - Por escrito recibido el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, José Manuel Estrada Tapia, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Junta Local de Conciliación y Arbitraje., con sede en Zihuatanejo, Guerrero. ACTO RECLAMADO: ".La abierta dilación del procedimiento o su paralización total en que se encuentra ya que un simple acto que se encuentra contemplado en la ley para realizarse en un solo día, no se ha realizado en más de siete meses y esto consiste en que la Autoridad Responsable la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, no ha enviado el exhorto a la autoridad homóloga de la ciudad de Acapulco, Guerrero, para efecto de que dicha autoridad requiera a la SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, proporcione la información solicitada, ya que resulta de suma importancia la información proporcionada por la dependencia en cita.". SEGUNDO. Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 1033/2017 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se precisa que José Manuel Estrada Tapia, como parte actora en el juicio laboral 156/2014, reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, la omisión de tomar las medidas necesarias para el desahogo de la prueba documental pública ofertada en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, esto es enviar el exhorto a su homóloga en esta ciudad, a efecto de requerir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información solicitada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante, de habérsele solicitado con toda oportunidad, como se advierte de la constancia de notificación del oficio número 26752/2017; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumirle cierto el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Lo anterior, ya que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación (como se advierte del considerando que antecede), sólo presume cierto el objeto de estudio en este asunto (el cual lo constituye la omisión de tomar las medidas necesarias para el desahogo de la prueba documental pública ofertada en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, esto es enviar el exhorto a su homóloga en esta ciudad, a efecto de requerir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información solicitada, en el juicio laboral 156/2014, no así el interés jurídico de la quejosa, quien se ostentó como parte actora en el juicio natural y no aportó prueba alguna que corroborara tal carácter. En relación con el tema, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º, de su Ley Reglamentaria, conforman el llamado interés jurídico, el cual reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto u omisión que estime violatorio de garantías en su perjuicio, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, si bien el interés jurídico para controvertir omisiones como la reclamada, correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen, también lo es, que no se tiene prueba alguna de quien promueve este asunto sea parte en aquél sumario. Lo anterior, con independencia de que -como en el caso-, se presumió cierto el acto reclamado ante la omisión de la responsable en rendir su informe justificado, pues la carga de probar el interés jurídico no surge de esa abstención, sino que la carga le corresponde a la quejosa desde la presentación de la demanda de amparo; porque, únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la responsable, pero no los hechos señalados en la demanda. De ahí que, la falta de prueba que corrobore el dicho de la quejosa, en el sentido de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del presente juicio de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. - Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 1033/2017, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dos de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado mediante el cual presenta pedimento ministerial número 346/2017, el cual se tiene por reproducido en cada una de sus partes, mismo que se tomará en consideración en la audiencia constitucional; asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se emita la sentencia correspondiente expídasele copia de la misma, previa constancia de recibido que obre en autos. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, ni el acuse de recibo del oficio 26752/2017, a través del cual le fue requerido, por lo que, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para este día, según la certificación de cuenta, se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.
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