José Manuel Esquiliano Solís
Expediente 313/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 59 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 59
- Última actuación
- 04/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Manuel Esquiliano Solís
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 59.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales con las que se da cuenta y atento al estado procesal de autos, se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto del proveído de uno de septiembre del año en curso, por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hubiese realizado exposición alguna al respecto; en esa tesitura, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial. Por otra parte, debe decirse que la parte quejosa exhibió documentos originales siguientes: 1] Original de boleta de registro número 1721/2016, con sello de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. 2] Escrito de demanda signado por el quejoso, con sello de recibido de diez de marzo de dos mil dieciséis. 3] Original del oficio 023.302/SP/0307/2016, signado por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, solicite los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, serán depurados igual que el presente asunto.
- Principal
AVISO. Vista la primera de las certificaciones secretariales con las que se da cuenta y atento al estado procesal de autos, se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto del proveído de uno de septiembre del año en curso, por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hubiese realizado exposición alguna al respecto; en esa tesitura, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial. Por otra parte, debe decirse que la parte quejosa exhibió documentos originales siguientes: 1] Original de boleta de registro número 1721/2016, con sello de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. 2] Escrito de demanda signado por el quejoso, con sello de recibido de diez de marzo de dos mil dieciséis. 3] Original del oficio 023.302/SP/0307/2016, signado por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En tal virtud, en cumplimiento al punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, solicite los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, serán depurados igual que el presente asunto.
- Principal
AVISO.Chetumal, Quintana Roo, uno de septiembre de dos mil diecisiete. Cumplimiento al fallo protector. Vista la certificación secretarial de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que realizaran manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable; en ese contexto, se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo fue cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, los cuales se exponen a continuación: I. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se engrosó la sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Manuel Esquiliano Solís, para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con residencia en Chetumal, realizaran lo siguiente: "1. Que no se le aplique en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establece que la suma de las pensiones compatibles no podrá exceder del monto equivalente a diez veces el salario mínimo. 2. En consecuencia, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con residencia en Chetumal, deberá dejar insubsistente el oficio oficio 023.302/SP/0307/2016 de treinta de marzo de dos mil dieciséis, y reintegrar al quejoso las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubiesen sido retenidas." II. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 289 y 290, tomo I), se tuvo a la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, interponiendo recurso de revisión contra la aludida sentencia, el cual, una vez integrado por el diverso auto de cinco de enero de dos mil diecisiete (foja 390, tomo I), se remitió a la Superioridad para su substanciación. III. Posteriormente, en proveído de veintiocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 450 a 451 tomo I), se recibió el testimonio de ejecutoria dictado el veinte de abril de dos mil diecisiete por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en la Ciudad de Cancún, en el que resolvió el recurso de revisión hecho valer y determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a José Manuel Esquiliano Solís, en contra de los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chetumal, en los términos y para los efectos en la sentencia recurrida." Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional, requirió en ese mismo auto a las autoridades responsables para el cumplimiento de la ejecutoria de la sentencia confirmada por el Tribunal de Alzada. IV. Por lo que mediante oficio UJ/JA/209/2017, presentado el ocho de mayo de esta anualidad (foja 462 y 463, tomo I), el Titular de la Unidad Jurídica, en representación del Subdelegado responsable, informó los actos tendientes al cumplimiento de la ejecutoria, toda vez que anexó el diverso No. 023.302/SP/510/2017 de tres de mayo de esta anualidad (fojas 464 a 466, tomo I), dirigido al quejoso, en el que determinó lo siguiente: "en cumplimiento al acuerdo de fecha 28 de Abril del 2017, dictada dentro de autos del amparo indirecto 313/2016, se determina que no se le aplicará en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en consecuencia, se deja insubsistente el oficio 023.302/SP/0307/2016 de fecha 30 de marzo del año 2016 y se le reintegrará las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional le fueron retenidas; resolviendo lo siguiente: [.] JOSE MANUEL ESQUILIANO SOLÍS PENSIÓN VIUDEZ: 1164903 DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO 48 $560,219.10 DESCUENTO REALIZADO EN LIQUIDACIÓN PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA, COMPATIBILIDAD 2013 88 DÍAS $56,665.84 TOTAL A PAGAR $616,884.94 Lo cual, fue notificado a la parte quejosa por conducto de su autorizado Gabriel Rodríguez Hobart, el cuatro de mayo de esta anualidad, tal y como obra en la firma de recibo del citado oficio, y con ello se tuvo a la autoridad en vías de cumplimiento, ya que para realizar la reintegración del pago de los recursos a la parte quejosa, estableció la primera quincena de junio del presente año, dado el trámite que implica el procedimiento a seguir, así como la carga de trabajo excesiva. Por tanto, en virtud de que encontró debidamente justificadas sus manifestaciones, se requirió de nueva cuenta para emitir el cheque respectivo a las cantidades reintegradas y realizar su entrega al quejoso. V. Luego por auto de veinticinco de mayo de esta anualidad (foja 498, tomo I), el el Titular de la Unidad Jurídica, en representación del Subdelegado de Prestaciones, Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegada "B" de Administración, estas dos últimas como autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria, todos de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, informó que a partir del veintitrés de mayo de los corrientes, se encontraba a disposición del quejoso el cheque correspondiente al pago total de las cantidades retenidas, para lo cual remitió las documentales siguientes: Original del Oficio N°023.302/SP/584/2017 emitido por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal. Impresión de la Cuenta por Liquidar Certificada de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete a favor del quejoso por la cantidad de $616, 884.94 (seiscientos dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 94/100 M.N.), número 0233020000103. Original del Oficio N° SA/661/2017 de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Subdelegada de Administración. Copia simple del Cheque N° 0001350 expedido a favor del quejoso José Manuel Esquiliano Solís por la cantidad de De lo que se requirió para que acreditara la notificación a la parte quejosa de todo lo anterior. VI. Sin embargo, por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (foja 513, tomo I), el autorizado de la parte quejosa Gabriel Rodríguez Hobart, informó el fallecimiento del directo quejoso José Manuel Esquiliano Solís, misma fecha en la que por diverso ocurso Wendy Alejandra Esquiliano Díaz, pretendió ostentarse con el carácter de albacea de la sucesión del quejoso de cujus, por tanto, se le requirió a fin de que acreditara fehacientemente su personalidad para comparecer al presente juicio, ordenándose en el mismo auto la suspensión del procedimiento para el cumplimiento del fallo amparador hasta en tanto aconteciera lo anterior. VII. En ese orden, el once de julio del presente año (foja 675 a 678, tomo I), se tuvo por reconocido el carácter de albacea de la parte quejosa a Wendy Alejandra Esquiliano Díaz, toda vez que acreditó su personalidad con la copia certificada del juicio intestado 375/2016, del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; en consecuencia, se reanudo la continuación del procedimiento de ejecución al fallo amparador y se requirió al Subdelegado responsable, realizar las gestiones necesarias a fin de que la albacea del presente juicio, como representante del de cujus quejoso, pueda realizar el cobro respectivo del cheque emitido a favor de éste. VIII. Finalmente, previos requerimientos, mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 723 a 724, tomo II), se tuvo al Titular de la Unidad Jurídica, en representación del Subdelegado de Prestaciones y Jefa del Departamento de Finanzas, todos de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de las documentales siguientes: Contra recibo de cuenta por liquidar certificada (CLC) número 0233020000165 de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, por la cantidad de $616,884.94 (seiscientos dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 94/100 moneda nacional m/n) a favor de la albacea Wendy Alejandra Esquiliano Díaz, la cual contiene la fecha y firma de la beneficiaria, con fecha de cobro el dos de agosto de dos mil diecisiete. Cheque número 0001414 de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, por la cantidad de $616,884.94 (seiscientos dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 94/100 moneda nacional m/n) a favor de la albacea Wendy Alejandra Esquiliano Díaz. Credencial de elector con número de folio 0368041964082, a nombre de la albacea Wendy Alejandra Esquiliano Díaz, en la cual consta firma y fecha de recibido del cheque respectivo. Conviene precisar que a las documentales referidas con antelación, se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En consecuencia, en ese mismo auto se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días, computados legalmente, hiciera valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable, sin que haya hecho uso de tal derecho. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Ahora, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento por la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto del Titular de la Unidad Jurídica, ambas con sede en esta ciudad, se advierte que acató la ejecutoria de amparo, toda vez que los antecedentes previamente señalados, se advierte que el Subdelegado Responsable, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente el oficio 023.302/SP/0307/2016 de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, en que se realizó el primer acto de aplicación al quejoso de cujus respecto al concepto 48, con relación al artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Reintegró a la parte quejosa las cantidades retenidas con motivo de la aplicación de dicho reglamento, lo cual realizó mediante la emisión del cheque respectivo por la cantidad de $616,884.94 (seiscientos dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 94/100 moneda nacional m/n), el cual se expidió a favor de la albacea del quejoso de cujus Wendy Alejandra Esquiliano Díaz, mismo que cobró el dos de agosto de dos mil diecisiete. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin exceso ni defecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, licenciado Ignacio Pérez Gómez, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del Titular, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3880/2017, de quince de agosto de dos mil diecisiete, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la licenciada Piedad Julia Vega Ayala, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AVISO. Chetumal, Quintana Roo, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad Jurídica, en representación del Subdelegado de Prestaciones y Jefa del Departamento de Finanzas, todos de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto, remite copia certificada de las documentales siguientes: Contra recibo de cuenta por liquidar certificada (CLC) número 0233020000165 de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, por la cantidad de $616,884.94 (seiscientos dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 94/100 moneda nacional m/n) a favor de la albacea Wendy Alejandra Esquiliano Díaz, la cual contiene la fecha y firma de la beneficiaria, con fecha de cobro el dos de agosto de dos mil diecisiete. Cheque número 0001414 de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, por la cantidad de $616,884.94 (seiscientos dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 94/100 moneda nacional m/n) a favor de la albacea Wendy Alejandra Esquiliano Díaz. Credencial de elector con número de folio 0368041964082, a nombre de la albacea Wendy Alejandra Esquiliano Díaz, en la cual consta firma y fecha de recibido del cheque respectivo. Vista a las partes En mérito de lo anterior, dése vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por las autoridades responsables antes señaladas, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de lo procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido de la licenciada Piedad Julia Vega Ayala, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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