Jose Manuel Dimas Cruz
Expediente 201/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jose Manuel Dimas Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta, signado por el quejoso ****************** mediante el cual solicita cause estado la sentencia emitida en juicio y se tengan por autorizados a profesionistas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Al respecto, dígasele al promovente que deberá estarse a lo acordado el cuatro de abril de dos mil veintidós, donde causó estado la determinación de veintidós de marzo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia. Asimismo, tocante a su petición de tener autorizados a los profesionistas que señala dígasele que una vez que precise los nombres de las personas que fungirán con tal carácter se acordará lo que corresponda, en virtud de que en el ocurso que se provee, no se advierte tal circunstancia.
- Principal
gréguese el oficio de cuenta, signado por el presidente de la Primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco, Estado de México, mediante el cual solicita a este juzgado de Distrito, se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio y el tratamiento dado a las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Al respecto, hágase de su conocimiento que el uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por radicado el juicio de amparo en que se actúa, donde se previno a la parte quejosa, para que desahogara el requerimiento ahí inmerso. Seguida la secuela procedimental correspondiente, por provisto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Determinación que causó estado el cuatro de abril de dos mil veintidós, al no haber sido recurrida por la parte quejosa, ordenándose su archivo como asunto total y definitivamente concluido, siendo éste el estado procesal actual que guarda el juicio de amparo. Por otra parte, toda vez que la autoridad oficiante, adjuntó a su informe las constancias relativas al original del toca de 344/2021; copia certificada del expediente 413/2020; copias certificadas de incidente e, incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional derivados de dicho expediente, devuélvanse a su lugar de origen por ser innecesaria su retención, sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que la constancia de notificación respectiva, sirve para tal efecto
- Principal
Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
Ratificación. Vista la comparecencia de cuenta, signada por el quejoso José Manuel Dimas Cruz, a través de la cual ratifica el contenido y firma de su ocurso presentado el nueve de marzo del año en curso, ante este juzgado de Distrito, registrado con el folio 3492; por tanto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por desahogada la prevención de proveído de diecinueve de enero del actual. Improcedencia. En tales condiciones, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo promovida por José Manuel Dimas Cruz, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de la Materia, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano". De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Como se aprecia, la quejosa reclama en esta instancia constitucional, la resolución emitida en el toca 344/2021, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, formado con motivo recurso de queja interpuesto contra del auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el titular del Juzgado Sexto Familiar de Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán Estado de México, en el expediente 413/2020, relativo a la controversia del estado civil de las personas sobre guarda y custodia, pues se declaró infundado el medio de impugnación que se interpuso contra la inadmisión del recurso de apelación que se hizo valer contra la admisión del incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional. En el caso, a consideración de este juzgador, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente, en la parte conducente, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El desarrollo lógico a partir de la aceptación, de que las violaciones dentro de juicio de tipo "adjetivo" o "intraprocesal", también pueden ser consideradas de imposible reparación, conduce a la congruente conclusión de que en tal supuesto, puede caber en su contra el amparo indirecto, aunque de manera excepcional. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin al juicio). Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros. En ese contexto, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; el prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, los derechos sustantivos presentan: a) límites internos de su cobertura en razón, precisamente, de los bienes tutelados; y, b) restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales, configurativos del orden público. Bajo ese contexto, a consideración de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, la resolución emitida en el toca 344/2021, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, formado con motivo recurso de queja interpuesto contra del auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el titular del Juzgado Sexto Familiar de Nezahualcóyotl con residencia en Chimalhuacán Estado de México, en el expediente 413/2020, relativo a la controversia del estado civil de las personas sobre guarda y custodia, pues se declaró infundado el medio de impugnación que se interpuso contra la inadmisión del recurso de apelación que se hizo valer contra la admisión del incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional. De lo anterior se obtiene, que el citado acto de momento no afecta ninguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la ??? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, los actos impugnados descritos en líneas que anteceden, no afecta materialmente derechos sustantivos de la inconforme, esto es, no hay una consecuencia inmediata a la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal o algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, dado que se alega la conculcación de derechos adjetivos; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley en la materia vigente, el juicio de amparo solo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente, cuando no haya afectación material a derechos sustantivos, pues resulta ser un acto dictado en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. En ese sentido, dichos actos no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en virtud que su emisión sólo producen efectos intraprocesales, siendo el caso que al pronunciarse sentencia definitiva, ésta le sea favorable a sus intereses, con lo que desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasionara los actos que combate; en caso contrario, será hasta el fallo respectivo, cuando se patentice la afectación de sus derechos y estará en posibilidad de promover el juicio de amparo directo, inherente; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio de amparo sólo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y de existir éste, no tenga el carácter de irreparable, como acontece en el caso concreto. Ante esta perspectiva, es evidente que los actos aquí en estudio cuya constitucionalidad se reprocha, no tienen efectos de imposible reparación, toda vez que sólo entraña una posible infracción a los derechos adjetivos de la parte quejosa que produce efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales; por ende, la violación que en un momento dado llegare a cometerse con la actuación de la que se queja la parte inconforme, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, puede quedar subsanada con posterioridad, al momento de emitirse sentencia que decida la controversia de origen, la cual puede ser a su favor y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del referido fallo, en la medida en que trascienda a su resultado. Por tanto, de lo anteriormente señalado, se colige que los actos combatidos no causa a la parte solicitante del amparo perjuicios de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial contra actos dentro de juicio, pues para que una violación de derechos procesales se ubique en tal hipótesis es necesario que produzca una afectación en grado predominante o superior. Luego, sus efectos o consecuencias son simplemente procesales mientras no se dicte la sentencia que decida el fondo de la controversia, y si bien existe la posibilidad de que el fallo sea desfavorable a la parte solicitante del amparo; sin embargo, tal probabilidad no basta para conferir un interés jurídico al mismo para acudir de inmediato al juicio de amparo indirecto, pues también es posible que la violación de referencia no llegue a concretizarse, si el fallo resulta favorable a la parte agraviada, pese a existir un acto de procedimiento estimado ilegal, porque esa violación procesal cometida en el procedimiento no trascendería al fallo y no habría conculcación a sus derechos sustanciales o fundamentales. En tales condiciones, como en la especie no se aprecia que por las circunstancias del caso exista una conculcación inmediata de derechos humanos, sino que por el contrario, según quedó expresado con antelación, aquélla sólo podrá actualizarse al dictarse sentencia definitiva (de resultar desfavorable a la parte quejosa), es de concluirse que no estamos en presencia de un perjuicio irreparable. En consecuencia, por notoriamente improcedente, debe desecharse de plano la demanda de amparo respecto de los actos aquí reclamados de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo. No es inadvertido, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Notifíquese.
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