José Manuel Diaz Luna
Expediente 1269/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel Diaz Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la tercero interesada Celeste Vázquez Rosales se imponga del contenido de los autos. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que el nueve de noviembre del año en curso, comenzará a trascurrir el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido de los informes que se tuvieron por recibidos en auto de seis de ese mismo mes y año. Aunado a lo anterior, en ésta última data se comisionó a alguno de los actuarios de la adscripción, a fin de que proceda al emplazamiento de la tercero interesada Celeste Vázquez Rosales, por lo que, dado lo reciente de esa determinación, evidentemente no obran en autos las constancias que acrediten dicha cuestión; además, se encuentra pendiente el emplazamiento del diverso tercero interesado Víctor Simón Díaz Pacheco. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1269/2023, promovido por José Manuel Díaz Luna, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba en esta incidencia. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este Juzgado formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VI- 1269/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de la presente anualidad, JOSÉ MANUEL DÍAZ LUNA, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de nueve de octubre de este año, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en los artículos 128, 138, 146, fracción I, y 147, este juzgado advierte de la demanda de amparo que como ACTO RECLAMADO la parte quejosa impugna sustancialmente: - La interlocutoria dictada el veinticinco de agosto del año en curso, por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ejecutivo mercantil 273/2023, que confirmó la validez de la notificación impugnada -emplazamiento-. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Para resolver lo que conforme a derecho proceda en este asunto, es preciso verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y, v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como a lo manifestado por las autoridades responsables al rendir sus informes. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa reclama la interlocutoria dictada el veinticinco de agosto del año en curso, por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ejecutivo mercantil 273/2023, en la que confirmó la validez de la notificación impugnada -emplazamiento-; violentando en su perjuicio el numeral 14 constitucional. (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, se advierte que el quejoso tiene calidad de demandado en el juicio ejecutivo mercantil de que se trata, por lo que se tiene plena certeza de que los actos de los que se duele inciden en su esfera jurídica. (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. Este órgano jurisdiccional debe hacer dicha ponderación en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/200967 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ´SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO´, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." De lo anterior, se colige que el acto en sí mismo es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos y las garantías establecidas en la constitución para su protección. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa tiene un interés jurídico para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de las solicitantes, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que las amparistas son titulares de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad cultural con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho a la libertad de defensa protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, transcritas. Además, no se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos se causaría a la parte promovente daños y perjuicios de difícil reparación; actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 139, en relación con el diverso precepto 128 de la Ley de Amparo; por ende, SE CONCEDE al quejoso José Manuel Díaz Luna, la suspensión definitiva que se solicita, para el único efecto de que: - El juez responsable continúe con la secuela procedimental en el juicio de origen; sin embargo, llegado el momento procesal oportuno, se abstenga de dictar la sentencia correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia de que se deberá evitar que se ejecuten actos en cumplimiento de la diligencia de emplazamiento ordenada en litigio natural. Ello, hasta en tanto las responsables reciban notificación del auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. La medida cautelar que se concede surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el citado quejoso no exhibe, ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de CINCO DÍAS, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que deberá ser exhibida en billete de depósito del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, en el que deberá aparecer como depositante el propio promovente, o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Dicha suma se fija, de manera discrecional, en atención a lo dispuesto por el artículo 162, en concordancia con el diverso 168, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los pocos datos objetivos con que se cuenta; se ejerce el arbitrio judicial para fijar la cantidad de la medida de aseguramiento que nos ocupa; sin perjuicio de aumentarse o disminuirse al momento de resolver sobre la suspensión definitiva, según los elementos que las partes alleguen al presente incidente. La medida que se concede no surte efecto alguno, en el caso de que a la fecha ya se hubiera dictado sentencia en el asunto principal. Determinación que habrá de notificarse a los terceros interesados una vez que se logre su emplazamiento como está ordenado en el cuaderno principal. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que, en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a JOSÉ MANUEL DÍAZ LUNA, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA CELESTE VÁZQUEZ ROSALES POR SÍ O POR CONDUCTO DE QUIÉN ACREDITE SER SU REPRESENTANTE LEGAL, LA SIGUIENTE RESOLUCION;: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1269/2023, promovido por José Manuel Díaz Luna, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba en esta incidencia. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este Juzgado formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VI- 1269/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de la presente anualidad, JOSÉ MANUEL DÍAZ LUNA, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de nueve de octubre de este año, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en los artículos 128, 138, 146, fracción I, y 147, este juzgado advierte de la demanda de amparo que como ACTO RECLAMADO la parte quejosa impugna sustancialmente: - La interlocutoria dictada el veinticinco de agosto del año en curso, por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ejecutivo mercantil 273/2023, que confirmó la validez de la notificación impugnada -emplazamiento-. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Para resolver lo que conforme a derecho proceda en este asunto, es preciso verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y, v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como a lo manifestado por las autoridades responsables al rendir sus informes. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa reclama la interlocutoria dictada el veinticinco de agosto del año en curso, por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ejecutivo mercantil 273/2023, en la que confirmó la validez de la notificación impugnada -emplazamiento-; violentando en su perjuicio el numeral 14 constitucional. (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, se advierte que el quejoso tiene calidad de demandado en el juicio ejecutivo mercantil de que se trata, por lo que se tiene plena certeza de que los actos de los que se duele inciden en su esfera jurídica. (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. Este órgano jurisdiccional debe hacer dicha ponderación en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/200967 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ´SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO´, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." De lo anterior, se colige que el acto en sí mismo es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos y las garantías establecidas en la constitución para su protección. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa tiene un interés jurídico para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de las solicitantes, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que las amparistas son titulares de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad cultural con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho a la libertad de defensa protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, transcritas. Además, no se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos se causaría a la parte promovente daños y perjuicios de difícil reparación; actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en los artículos 139, en relación con el diverso precepto 128 de la Ley de Amparo; por ende, SE CONCEDE al quejoso José Manuel Díaz Luna, la suspensión definitiva que se solicita, para el único efecto de que: - El juez responsable continúe con la secuela procedimental en el juicio de origen; sin embargo, llegado el momento procesal oportuno, se abstenga de dictar la sentencia correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia de que se deberá evitar que se ejecuten actos en cumplimiento de la diligencia de emplazamiento ordenada en litigio natural. Ello, hasta en tanto las responsables reciban notificación del auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. La medida cautelar que se concede surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el citado quejoso no exhibe, ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de CINCO DÍAS, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que deberá ser exhibida en billete de depósito del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, en el que deberá aparecer como depositante el propio promovente, o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Dicha suma se fija, de manera discrecional, en atención a lo dispuesto por el artículo 162, en concordancia con el diverso 168, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los pocos datos objetivos con que se cuenta; se ejerce el arbitrio judicial para fijar la cantidad de la medida de aseguramiento que nos ocupa; sin perjuicio de aumentarse o disminuirse al momento de resolver sobre la suspensión definitiva, según los elementos que las partes alleguen al presente incidente. La medida que se concede no surte efecto alguno, en el caso de que a la fecha ya se hubiera dictado sentencia en el asunto principal. Determinación que habrá de notificarse a los terceros interesados una vez que se logre su emplazamiento como está ordenado en el cuaderno principal. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que, en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a JOSÉ MANUEL DÍAZ LUNA, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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