José Manuel Del Real Reyes
Expediente 439/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2017
Partes del expediente
- José Manuel Del Real Reyes
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por José Manuel Del Real Reyes, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 439/2017. Ahora, de la lectura integral de la demanda y de la documental exhibida por el quejoso se advierte que lo que reclama es lo siguiente: - La resolución dictada en el expediente de queja FS/ASC/UE2/119/17-01, por el agente del Ministerio Público Visitador de la Unidad 2, Agencia "C" de la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. En ese sentido, acorde con la naturaleza jurídica de dicho acto, este juzgado estima que carece de competencia para conocer del asunto con base en las siguientes consideraciones. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los jueces de distrito, en materia Penal y Administrativa, en los siguientes términos: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, es importante destacar que el derecho administrativo es la rama del derecho público que tiene por objeto regular la actividad de la administración pública, encargada de satisfacer las necesidades esenciales de la colectividad. Por su parte, el derecho penal también llamado derecho criminal, derecho punitivo o derecho de castigar, consiste en el conjunto de normas jurídicas del Estado que versan sobre el delito y las consecuencias que este acarrea, ello es, la pena y las medidas de seguridad. Conforme al principio constitucional de que no hay delito sin ley previa, el derecho penal describe las diversas especies de delito, señala las características de toda infracción penal y determina la naturaleza de las penas y medidas de seguridad, así como su magnitud y duración. Por todo lo anterior, para determinar la competencia por razón de materia de un juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, en el caso, de la naturaleza del acto reclamado y autoridad que le atribuye. Ahora, es necesario dejar establecido que de la lectura de la demanda se observa que el acto reclamado y sus consecuencias de ningún modo podrían ser de naturaleza penal, al constituir una resolución que se emitió con motivo de la queja hecha valer por el quejoso por las conductas irregulares que dice se realizaron en la integración de la averiguación previa FIZP/IZP-2/T1/00177/09-02. Lo anterior, en virtud de que dicho acto es formal y materialmente administrativo, en razón de la autoridad a la que se le atribuye, y sobre todo a la naturaleza del mismo, cuyo conocimiento corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase este expediente al jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien a su vez, deberá enviarlo al juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda, solicitándole a este último el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Finalmente, con fundamento en el precepto 26, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria, notifíquese este proveído y los subsecuentes al peticionario en el interior de la Penitenciaría de esta ciudad, en virtud que señaló dicho centro de reclusión como domicilio para oír y recibir notificaciones, aunado a que no autorizó a persona alguna para tal efecto, en el entendido que de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de dichas notificaciones.
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