José Manuel de la Torre Martínez

Expediente 155/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
155/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • José Manuel de la Torre Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en el citado numeral, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese para que obre en autos y surtan sus efectos legales correspondientes, el oficio con su anexo de cuenta, enviado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, residente en Ciudad del Carmen, mediante el cual devuelve, sin diligenciar, el exhorto 229/2022, comunicación oficial 459/2022, de este índice, que se le envió para el efecto de notificar al provente *******, el auto de quince de febrero del presente año; en consecuencia, dese de baja a la citada comunicación oficial, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, vista la razón levantada por el actuario adscrito a la autoridad auxiliar, se advierte que no le fue posible realizar la notificación ordenada, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, toda vez que no obra en autos un diverso domicilio en que se puedan practicar las notificaciones a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por lista el auto de quince de febrero de este año, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, para los efectos legales a que haya lugar, hasta en tanto designe un diverso domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista el auto de quince de febrero, así como el presente proveído a la parte quejosa. AUTO DE 15 DE FEBRERO DE 2022: *** Vista la certificación y razón de cuenta que antecede, téngase por recibida demanda de amparo promovida por ***********, contra actos de la Jefa del Departamento de Personal CNE de Recursos Humanos de la Empresa Petróleos Mexicanos. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno, correspondiéndole el número de juicio de amparo indirecto 155/2022. Ahora bien, en atención a su contenido y a efecto de proveer respecto lo que en derecho corresponda en relación a la demanda de amparo, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determina que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Ahora, cabe precisar que en el presente asunto la parte quejosa señala como acto reclamado: La suspensión en el Trabajo durante ocho días como medida disciplinaria, sin goce de sueldo ni prestaciones y con interrupción de su tiempo laborado en la empresa para la cual presta sus servicios, a partir del doce de enero de dos mil veintidós. Ahora bien, este juzgador federal considera que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5 de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la lectura a los preceptos transcritos se desprende, que el juicio de amparo únicamente procede cuando se reclaman actos que provengan de "autoridad", entendiéndose por ésta última, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Lo anteriormente expuesto revela que, para estar en condiciones de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto a las relaciones jurídicas de coordinación, supra subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre éstos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, como ya se indicó, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 34, página 1089, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, la tesis 2a. XXXVI/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 9, marzo de 1999, página 307, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de los anexos que se acompañaron al escrito aclaratorio, se advierte lo siguiente: La suspensión en el trabajo durante ocho días como medida disciplinaria, sin goce de sueldo ni prestaciones y con interrupción de su tiempo laborado en la empresa para la cual presta sus servicios, a partir del doce de enero de dos mil veintidós, decretado con motivo de del procedimiento de investigación administrativa GRRLRHSE-SAPCC-DPCNE-007-2022. Lo anterior, constituye el acto reclamado. Así, de los antecedentes narrados, se aprecia que la suspensión en el trabajo durante ocho días como medida disciplinaria, sin goce de sueldo ni prestaciones y con interrupción de su tiempo laborado en la empresa para la cual presta sus servicios, deriva de la relación laboral que guarda la parte quejosa con la Empresa Petróleos Mexicanos; los actos que por esta vía combate fueron realizados por la Jefa del Departamento de Personal CNE de Recursos Humanos de la Empresa Petróleos Mexicanos, en su calidad de empleador. Entonces, si la controversia surgió entre el peticionario de amparo (empleado) y la Jefa del Departamento de Personal CNE de Recursos Humanos de la Empresa Petróleos Mexicanos, (empleador), con motivo de la investigación administrativa iniciada en su contra, misma que trajo como consecuencia la suspensión de sus labores por ocho días sin goce de sueldo, ésta no reúne la calidad de imperio frente al particular, porque el acto que se impugna carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperio propias de un acto de autoridad; pues la actuación de la Jefa del Departamento de Personal CNE de Recursos Humanos de la Empresa Petróleos Mexicanos, es en su carácter de patrón, en un plano de igualdad (coordinación), derivado de la relación laboral que tiene con el trabajados aquí quejoso, contratado para desempeñar el cargo de Coordinador Especialista "D", y por lo cual se le cubre un salario. Por tanto, si la suspensión de labores del aquí quejoso, fueron realizados por la parte patronal, quien le cubre su salario, derivado de una relación de empleado-empleador, entonces, es claro que dicho acto no fue emitido en su carácter de autoridad, sino como patrón, por lo que no puede ser considerado como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por lo anterior, se concluye que, en el caso el acto reclamado no deriva de una relación de supra a subordinación existente entre la quejosa y Jefa del Departamento de Personal CNE de Recursos Humanos de la Empresa Petróleos Mexicanos, que justifique la procedencia del juicio de tutela de derechos fundamentales, en términos del artículo 1°, fracción I de la Ley de Amparo, sino de una relación de coordinación entre aquellos, derivado de la existencia de una relación laboral, misma que debe ser puesta del conocimiento y resolución por los tribunales laborales competentes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T. J/3, publicada en la página 1639, libro 28, marzo de dos mil dieciséis, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011298, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.T. J/28, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, con número de registro el 2011343, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 9/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 91, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo.". La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la novena época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Por los motivos expuestos anteriormente, de la lectura integral de la demanda y sus anexos este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no puede ser considerado de autoridad para efecto del juicio de amparo. Por las razones que anteceden, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *********. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley reglamentaria, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause estado el presente proveído, desde ahora se ordena la devolución de los documentos que sean exhibidos por las partes en este expediente, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En atención a lo previsto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que cita en su demanda. De igual manera, se tiene como su autorizado, a *****, hasta en tanto esté inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde ahora los días y horas inhábiles para que el actuario realice las notificaciones correspondientes en el presente asunto; ello, atendiendo a las cargas de trabajo del juzgado y con la finalidad de tutelar el derecho fundamental de acceso a justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 constitucional. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA QUE TRANSITEN HACIA LA ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y USO DE MEDIOS DE CONTACTO En otra tesitura, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con los diversos que lo reforman respecto a su vigencia, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse, y de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Igualmente, conforme al Acuerdo General conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, así como al referido numeral 3 de la ley de la materia, fórmese tanto cuaderno impreso como electrónico del presente juicio de amparo indirecto; para ello, se ordena digitalizar las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que integren el expediente en que se actúa. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA También, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, con apoyo en el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que, el auto de quince de febrero del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, se ordenó notificar personalmente al provente *******; sin embargo, del presente sumario se advierte el domicilio ubicado en el predio número ******, en Ciudad del Carmen, Campeche. En ese sentido, y toda vez que el domicilio de la parte quejosa citada en líneas arriba, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, ... gírese el siguiente exhorto vía electrónica al Juez Tercero Distrito en el Estado de Campeche, residente en Ciudad del Carmen, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su adscripción: Se constituya en el domicilio ubicado en el predio número ******, en aquella ciudad, y le notifique el auto de quince de febrero del presente año, así como el presente acuerdo. En esa misma actuación, deberá prevenirle para que dentro de los tres días siguientes de aquél en que sea legalmente notificado de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones y apercibirle que de no hacer manifestación alguna al respecto, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal sin ulterior acuerdo se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado; tal y como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Para efectos de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde ahora los días y horas inhábiles para que el actuario realice las notificaciones correspondientes en el presente asunto;

  4. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por *** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, se tienen por formulados los alegatos que hace valer, de conformidad con el numeral 124 de la ley de la materia, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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