JOSÉ MANUEL CRUZ BOHÓRQUEZ y Otros.

Expediente 299/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
299/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • JOSÉ MANUEL CRUZ BOHÓRQUEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Con la demanda de amparo promovida por , fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 299/2022. Análisis de improcedencia. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que ""....."" or conducto de su defensor particular ********, reclama lo siguiente: Del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: el acuerdo emitido en la audiencia inicial de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en la causa penal ""....."", por el que establece que los instrumentos aplicados a la víctima que sirvieron de base para la emisión del dictamen psicológico, que obran en la carpeta de investigación ""....."", su acceso fuera únicamente mediante un perito nombrado por la defensa, sin hacerle entrega de copia certificada de tal constancia, y como consecuencia de ello la omisión para garantizar que se le entregue copia íntegra de las constancias que obran en la carpeta de investigación. Del Agente del Ministerio de la Fiscalía Especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género: el cumplimiento del acuerdo emitido por el juez responsable en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, y como consecuencia de ello, no hacerle entrega de copia íntegra de la carpeta de investigación. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]. El citado ordinal prevé, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, de ahí que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Así, el mencionado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo, o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios, por ello, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensas tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. En la especie, contra el acto reclamado procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. Como se ve, en lo que aquí interesa, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en sus antecedentes del acto reclamado manifestó: 1. El 11 de febrero de 2022, fui notificado del acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2021, dictado dentro de la causa penal ""....."" del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Oaxaca, donde se me estaba citando para comparecer el 24 de febrero de 2022 a las 12:30 horas para que se lleve a cabo la audiencia inicial y se formule imputación en mi contra por el delito de violencia familiar cometido presuntamente contra la tercera interesada. En acuerdo de referencia, se me informa que el número de carpeta de investigación es el ""....."", a fin de que me imponga de ella y de esta manera evitar retrasos en el desahogo de la audiencia. 2. El día 14 de febrero de 2022, acudí con la LIC. ""......"", a las oficinas de la Fiscalía ubicadas en la calle Armenta y López, para efectos de dar cumplimiento a los términos del acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2021 y obtener copia de la carpeta de investigación por ser un derecho constitucional tutelado a mi favor y así estar en condiciones de defenderme de la imputación en mi contra. Sin embargo, la persona mencionada me negó la entrega de la Carpeta aduciendo que para ello necesitaba ir acompañado necesariamente de mi defensor, quien debía discernirse del cargo, primeramente, y de esta forma pudiera ella entregarla la carpeta. 3. El 24 de febrero de 2022 se llevó a cabo la audiencia inicial correspondiente a la causa penal ""....."". En el mismo acto se le informó al C. Juez de control sobre la negativa de acceso a la carpeta de investigación antes mencionadas por parte de la representación social, por no haber asistido con mi abogado al momento de solicitársela, por lo que, la Juez de Control, instruyó a la Fiscal para que me hiciera entrega total de los datos que contiene la carpeta de investigación ""...."". Sin embargo, tratándose de los instrumentos aplicados a la víctima y que sirvieron de base para la emisión del correspondiente dictamen psicológico, la Juez de Control condicionó a que el acceso fuera únicamente mediante un perito nombrado por la defensa, sin hacer entrega de la copia respectiva. En tal sentido, la Juez de Control difirió la audiencia de formulación de imputación para las 15:00 horas del día 23 de marzo de 2022. 4. Con fecha 25 de febrero de 2022, nos fueron enviadas al correo electrónico proporcionado en audiencia en contenido de la Carpeta de Investigación de manera escaneada, empero, no fueron acompañados de los instrumentos aplicados a la víctima y que sirvieron de base para la emisión del correspondiente dictamen psicológico. De lo anterior, se aprecia que el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, indefectiblemente debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, puesto que solamente se refiere a la entrega de los datos que contiene la carpeta de investigación ""....."", y por lo que hace a los instrumentos aplicados a la víctima y que sirvieron de base para la emisión del dictamen psicológico, se tuviera acceso mediante un perito nombrado por la defensa, sin hacer entrega de la copia de los mismos; lo cual califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, ya que ese auto no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 85/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. [Registro digital: 2021251, Décima Época, Materias(s): Penal, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283]. Por lo anterior, era necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Autorizados para recibir notificaciones Se tiene por autorizados sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y aun cuando indica un número de registro *****, lo cierto es que dicho registro pertenece a la cédula de un profesionista diverso a los que se mencionan en la demanda, y ser el presente asunto de naturaleza penal. Notificaciones vía electrónica y consulta del expediente electrónico Toda vez que proporciona el usuario **** en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para que pueda consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización para que: 1. Consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. 2. Reciba por dicha vía las notificaciones que deriven del presente asunto. En razón de lo anterior, realícense el alta correspondiente del citado usuario para que pueda consultar el expediente electrónico y recibir las notificaciones correspondientes. Con independencia de lo anterior y toda vez que la parte quejosa también señala domicilio para recibir notificaciones personales en su escrito de cuenta; se precisa que las notificaciones que se ordenen practicar en ese domicilio, únicamente se efectuarán ante una eventual imposibilidad material de notificarle vía electrónica o dada que las circunstancias del caso así lo amerite, ya que por la actual pandemia mundial generada por el virus denominado Covid-19, se está privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas. Proporciona número de celular y correo electrónico Toda vez que también proporciona un correo electrónico y un número telefónico; con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante el citado Acuerdo 1/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", prorrogado en cuanto a su vigencia por el diverso acuerdo General 1/2021, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente, vía electrónica al quejoso.

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