José Manuel Covarrubias Chávez
Expediente 836/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/07/2019
Partes del expediente
- José Manuel Covarrubias Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Sentencia que resuelve: NO AMPARA NI PROTEGE
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento al punto Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veintiocho de octubre de dos mil nueve, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo; tomando en consideración que se NEGÓ la medida cautelar solicitada; se consideran susceptibles de destrucción el original y el duplicado del incidente de suspensión en que se actúa. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que en sesión de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez de Distrito Rubén Olvera Arreola a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de junio de este año, en sustitución del Juez Luis Ávalos García, lo que se hizo del conocimiento mediante oficio SEADS/689/2019, y se informa para los efectos legales conducentes.
- Principal
Con fundamento en los artículos 5, fracción III, 27, fracción I, inciso B), 115 y 116 de la Ley de Amparo, toda vez que el tercero interesado ANDRÉS COVARRUBIAS HERRERA, no acudió a las instalaciones de este Organo Jurisdiccional; se le EMPLAZA por medio de la presente lista, haciéndose de su conocimiento que se señalaron las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para el verificativo de la audiencia constitucional; en el entendido que no obstante haberse entregado copia de la demanda a la persona que recibió el citatorio; queda a su disposición una diversa, debidamente sellada y cotejada en las instalaciones de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, en proveído de veinte de mayo del presente año se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir constancia fehaciente de ello, sin que a la fecha lo hayan realizado. Por otro lado, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, al Director Jurídico de dicha Secretaría y a la Tesorería del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, POR ÚLTIMA OCASIÓN para que dentro del término de tres días posteriores a su notificación, den cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, esto es, cumplan la sentencia definitiva dictada en el expediente del índice de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, remitiendo constancia fehaciente de ello. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194, de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de las autoridades antes citadas, para que le ordene a éstas, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los mismos términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables. Lo anterior, tomando en consideración la autonomía financiera y libre disposición en el presupuesto asignado, los cuales se advierten en los artículos 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, al señalar: "Artículo 88. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor y, en todo caso, con: (.)". "Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las leyes de ingresos de los municipios, así como las obligaciones que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y otras formas de financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad crediticia, incluida la celebración de obligaciones con vigencia multianual, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. (.)". Además, conviene precisar que como en el presente caso, la sentencia de amparo cuyo cumplimiento implica una obligación de pago a favor de la quejosa por parte de las autoridades, debe tomarse en cuenta que si alguna de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, deberá realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que ello implique violación alguna al artículo 126 de la Constitución General de la República. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. En ese orden de ideas, si bien las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar a un órgano legislativo competente la ampliación del presupuesto respectivo, ello no obsta para que válidamente y con el objeto de acatar el mandato constitucional dentro del plazo fijado por este Juzgado Federal, deban necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo. Tienen aplicación los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". (Incidente de inejecución 542/2008, Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10) "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. Como se advierte de lo dispuesto en el citado precepto legal para cada ejercicio fiscal la Asamblea Legislativa debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y, en caso de que dicha partida presupuestal sea insuficiente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá solicitar a la Asamblea una ampliación. En ese tenor, si la intención del legislador con el establecimiento de dicho numeral, según se desprende de la respectiva exposición de motivos, fue garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica, la interpretación conforme de ese mandato legal, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto así como en el 107, fracción XVI, -este último en el caso de las sentencias de amparo-, lleva a concluir que el referido artículo 73 no tiene como finalidad obstaculizar el cumplimiento de las sentencias, impidiendo la aplicación del sistema general de adecuaciones presupuestarias establecido en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, sino que constituye un mecanismo que permite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, solicitar a la Asamblea Legislativa la ampliación de la partida en comento una vez que los recursos que puedan transferirse a dicha partida, provenientes de las diversas que integran el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal, se hayan agotado, mediante las adecuaciones presupuestales autorizadas por las autoridades competentes de esa entidad política, al no ser disponibles, sin menoscabo de que la ampliación referida en el citado numeral pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones en comento, quedando bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente con el objeto de evitar la aplicación de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Importa destacar que interpretar el citado artículo 73 en el sentido de que impide acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y que, por ende, prevé como única opción, una vez agotados los recursos destinados originalmente a la partida respectiva, solicitar una ampliación a la Asamblea Legislativa, implicaría atribuir a este órgano legislativo la intención de establecer una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, pues tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el gobierno del Distrito Federal". (Incidente de inejecución 542/2008, Época: Novena Época, Registro: 162470, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 8/2011, Página: 8).
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