José Manuel Cortez Mora
Expediente 840/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel Cortez Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se obtiene que en proveído de dos de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente asunto, así como su depuración, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Sin que se proveyera sobre el destino del original de incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo; por tanto, dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, se ordena su depuración. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el comunicado del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Morelia, Michoacán, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso 9440/2018, del índice de este juzgado de distrito, a través del cual se le notificó el auto de dos de mayo de dos mil dieciocho y se le remitió el legajo de copias que adjuntó como justificación a su informe. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hiciera; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obren las documentales que remitieron las autoridades responsables, se ordena enviárselas, con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula tanto del expediente principal como de los respectivos incidentes. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de marzo de la anualidad que cursa, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad; mismo que fue notificado a las partes el nueve y catorce siguientes fojas 123, 125 y 128. En consecuencia, este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro se inserta: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el treinta y uno de enero del presente año (fojas 62 a 72), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso José Manuel Cortez Mora o José Manuel Cortés Mora, para los efectos que se reproducen: que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el dos de septiembre de dos mil trece en el proceso penal 93/2013. 2. Con libertad de jurisdicción, emita otra en la cual: Establezca de manera clara y precisa cada uno de los elementos de las conductas ilícitas previstas en el artículo 9, fracción I, incisos a) y b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, exprese la forma en que, en su caso, se acrediten cada una de ellas. Señale de manera clara y precisa la forma en que, eventualmente, se acredite la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso b) de dicha legislación. Concesión que se hace extensiva al acto reclamado al Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial de la Sección de Aprehensiones y Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la que la Juez auxiliar estableció que el mandato de captura reclamado fue por la probable comisión del ilícito previsto en los preceptos 9, fracción I, incisos a) y b), en relación con el 10, fracción I, incisos a) y b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero careció del requisito de motivación, ya que omitió examinar la totalidad de los elementos del cuerpo de las conductas ilícitas atribuidas al quejoso, pues solamente lo hizo respecto a la privación de la libertad, y el relativo a que esa acción se realice con el propósito de obtener para sí o un tercero, rescate o cualquier beneficio de igual manera, se analizaron las agravantes consistentes en que tal conducta se efectúe en camino público y en grupo de dos o más personas, previstas, respectivamente, en los incisos a) y b), de la fracción I, del artículo 10 de la indica ley. Pues, agregó la responsable sólo examinó los elementos del delito en materia de secuestro previsto en el citado artículo 9, fracción I, inciso a); empero, omitió analizar los elementos del ilícito contemplado en el inciso b) del artículo y fracción indicados; lo anterior, a pesar de que la orden de aprehensión la dictó también por el injusto previsto en la segunda de las porciones normativas apuntadas, sin que señalara los motivos con los que razonara la forma en la cual, en su caso, se acreditaron los elementos del delito previsto en el indicado numeral 9, fracción I, inciso b); esto es, prescindió de explicar la forma en que, en su caso, se acreditó la realización de una acción consistente en detener en calidad de rehén al pasivo y amenazar con privar de la vida o causar daño a tal persona, para obligar a sus familiares o a un particular a realizar o dejar de efectuar un acto cualquiera. Es decir, debió señalar cuál fue el acto a que se obligó realizar o dejar de efectuar [distinto a obtener un rescate o cualquier beneficio], a familiares de la víctima o un particular, con amenazas de privar de la vida o causar daño al rehén; y enfocado a este delito, examinar si tal detención se llevó a cabo en camino público o en lugar desprotegido o solitario, o en grupo de dos o más persona. Así, estableció que la responsable debió explicar de manera clara y precisa cómo se acreditaron cada uno de los elementos del delito contenido en el indicado arábigo 9, fracción I, inciso b); pues si bien pudieran ser similares al injusto penal previsto en el inciso a) de esa fracción, reiteró, eran supuestos que preveían diversas conductas ilícitas en materia de secuestro, cuyos elementos normativos debían examinarse por separado, de tal forma que permitiera al inculpado conocerlos para, en su caso, impugnar su comprobación. Además, adicionó que existió imprecisión en cuanto a los elementos del delito previsto en el arábigo 9, fracción I, inciso b); ya que, por una parte la autoridad apuntó como elementos -el primero- consistente en detener en calidad de rehén a una persona, y el relativo a que tal acción se realice con el propósito de obtener un rescate o un beneficio. Lo cual fue vago, e incluso contradictorio respecto a que estimó como elementos "mantener como rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera. Es decir, de lo anterior, -el segundo elemento se hizo consistir en que la detención de una persona en calidad de rehén se realice con el propósito de obtener un rescate o un beneficio; ello, a pesar de que, la última parte de ese supuesto era ajena a la descripción legal del citado artículo 9, fracción I, inciso b) y, por ende, en modo alguno podía ser uno de los elementos normativos del delito ahí previsto. Por otra parte, estableció que en la determinación emitida por la Juez responsable sólo se examinó la probable responsabilidad del quejoso, en la comisión del delito previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la mencionada Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no así, la posible participación del inculpado en la realización del ilícito contemplado en el numeral 9, fracción I, inciso b), de la mencionada ley. Además, -continúo- que de ninguna manera indicó si de las pruebas del expediente de origen se desprendía que probablemente el quejoso realizara una acción consistente en detener en calidad de rehén a una persona, amenazara con privarla de la vida o causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a realizar o dejar de efectuar un acto cualquiera. Por ello agregó la responsable debió señalar la forma en que, en su caso, se acreditó que fue el inconforme quien probablemente detuvo a la víctima en calidad de rehén, amenazó con privarlo de la vida o causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a realizar o dejar de efectuar un acto cualquiera. Es decir, finalizó la autoridad debió señalar de manera clara y precisa la forma en que, eventualmente, el quejoso hubiera participado en la comisión de ese delito. Sentencia que causó ejecutoria el veintiocho de febrero pasado y en el propio auto se requirió su cumplimiento fojas 91-93. Ahora bien, en acatamiento al fallo concesivo emitido por el juzgado auxiliar, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante oficio 538 (foja 103), allegó copia certificada de lo siguiente: Determinación de siete de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada en el proceso penal 93-2013-I, de la cual se desprende que realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la orden de aprehensión emitida el dos de septiembre de dos mil diecisiete, tal como se advierte de su resolutivo segundo. Con libertad de jurisdicción, emitió otra en la cual: Estableció el conjunto de elementos objetivos que constituyen la materialidad delictiva descrita por la ley penal aplicable Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, como se desprende a foja 106: Artículo 9.- Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: 1. De veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días de multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley, se agravarán: I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; Conforme a su descripción legal, el cuerpo del delito de secuestro imputado, se integra con la comprobación de los siguientes elementos: Privar de la libertad a una persona; y, Que esa restricción, sea con el objeto de obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; Que la privación de la libertad se realice en camino público; y, Que quienes la lleven a cabo obren en grupo o en banda. En ese contexto normativo, la conducta imputada consiste en privar ilegalmente a otro de su libertad. Expresó la forma en que, en su caso, se acreditó cada una de las conductas descritas, esto es: Estableció que al pasivo se le privó de la libertad el nueve de julio de dos mil trece, acorde a la declaración de este; al deposado de la denunciante -Elodia Rangel Salinas-, como de su ampliación; del oficio 3009, signado por agentes de la Policía Ministerial en el Estado, que contenía los avances de la investigación, puesta a disposición de personas, vehículo de motor terrestre, motocicletas, teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentos, pasamontañas; inspección ministerial del lugar del cautiverio; dictamen pericial sobre búsqueda y recolección de indicios. Lo anterior, para establecer que al correlacionar los datos probatorios, se acreditó, como dijo la víctima, que fue privado de su libertad deambulatoria y llevado a un sitio que desconocía, permaneció cautivo por un lapso de quince horas y a merced de sus captores, quienes los cuestionaban sobre sus posibilidades económicas y las de su mamá. Privación de libertad que fue confirmada por la denunciante, quien corroboró que los captores de su hijo, le exigieron el pago de un rescate un millón de pesos, además que recibió varias llamadas en las que la amenazaron con privar de la vida a su descendiente, si no pagaba el rescate. Además, que la privación de la libertad se reputó ilegal, dado que no se acreditó que mediara orden de autoridad legítima y competente para la detención de la víctima, por el contrario, se evidenció que fue con fin de obtener un rescate, efectuado por particulares (foja 112). En ese contexto, era adecuada la subsunción de los hechos hasta ese momento acreditados, en la hipótesis típica de secuestro, en términos del artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, toda vez que los activos, interceptaron al pasivo, lo llevaron a un sitio en el que lo mantuvieron cautivo y, en esas condiciones privarlo de la libertad, para el objetivo previsto en ese precepto, exigir a su madre un rescate, consistente en el pago de un millón de pesos. Que los hechos imputados, no eran susceptible para acreditar el supuesto previsto en el artículo 9, fracción I, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Lo anterior, toda vez que no se confirmó que el pasivo fuera detenido en calidad de rehén con el fin de obligar a sus familiares a realizar o dejar de ejecutar un acto cualquiera. Que la conducta o acción de que fue víctima el pasivo, fue la de aprehensión y cautiverio, pues fue interceptado, trasladado y confinado en un inmueble por sus captores durante varias horas, con el fin específico de obtener un rescate, toda vez que no se justificó hubiera sido detenido en calidad de rehén. Por ello, los acontecimientos imputados, acreditaron el delito de secuestro, en agravio de Rodrigo Sixtos Rangel, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, estableció que concurrió la agravante prevista en el artículo 10, fracción I, inciso b), de la mencionada Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que: El hecho imputado se llevó a cabo a escasos cien metros de su domicilio. Mientras transitaba sobre la avenida San José Cerrito de esta capital, que constituye un camino público, al tratarse de una vía de libre tránsito, cuyas características constató el agente del ministerio público en diligencia que al efecto llevó a cabo. Intervinieron al menos cuatro personas, las cuales obraron en grupo, pues de manera conjunta y ordenada ejecutaron el hecho en su agravio, como hasta ese momento se acreditó. Al examinar la probable responsabilidad del quejoso, lo realizó únicamente respecto del injusto previsto en el numeral 9, fracción I, inciso a), de la mencionada Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que de la literalidad del mandamiento se advierta que hubiera considerado examinar la probable participación del inculpado en la realización del ilícito contemplado en el artículo 9, fracción I, inciso b), de la mencionada ley. Finalmente, dictó orden de aprehensión contra el quejoso, en cuanto probable responsable en la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, del examen de la documental mencionada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hace patente que el Juez responsable, cumplió con el fallo protector, ello atendiendo a que el siete de marzo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución reclamada de dos de septiembre de dos mil trece, emitida en el proceso penal 93/2013-I. En su lugar, con libertad de jurisdicción dictó otra, en la que estableció de manera clara y precisa cada uno de los elementos de la conducta ilícita -que consideró acreditada- prevista en el artículo 9, fracción I, incisos a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó la forma en que se acreditó tal conducta. Esto es, decretó que los hechos imputados al quejoso, no eran susceptibles para acreditar el supuesto previsto en el artículo 9, fracción I, inciso b), de la citada legislación, toda vez que hasta ese momento no se demostró que el pasivo hubiera sido detenido en calidad de rehén con el fin de obligar a sus familiares a realizar o dejar de efectuar un acto cualquiera; ya que la conducta o acción de que fue víctima el ofendido fue la de aprehensión y cautiverio, pues constó que fue interceptado, trasladado y confinado en un inmueble de sus captores durante varias horas, en el fin específico de obtener un rescate, por lo que no se justificó que hubiera sido detenido en calidad de rehén. De ahí que la situación de encierro y detención en que se encontró Rodrigo Sixtos Rangel, no podía reputarse -al mismo tiempo- como una posición en la que estuvo como garantía para obligar a su madre a realizar o dejar de efectuar un acto cualquiera; sino que la privación de su libertad tuvo como fin específico obligarla a pagar un rescate a cambio de respetar la vida de aquél y liberarlo; por tanto, dichos hechos eran subsumibles en la hipótesis normativa prevista en el numeral 9, fracción I, inciso a), de dicha ley. Razón por la cual, al estudiar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputó, lo efectúo únicamente respecto al injusto previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la legislación mencionada. Por su parte el Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis y encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial de la Sección de Aprehensiones, ambos con residencia en esta ciudad capital, llevaron a cabo el acto de ejecución, o sea, respectivamente, instruyeron a la Dirección de Investigación y Análisis Región Morelia y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Sección de Aprehensiones, a efecto de que se abstuvieran de realizar por sí o a través de sus subordinados, algún acto tendente a cumplimentar el mandamiento de captura materia de la concesiva del amparo fojas 98 y 100. Por consiguiente, el suscrito considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató con lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el siete de marzo del año en curso, dejó insubsistente la resolución de dos de septiembre de dos mil trece, emitida en el proceso penal 93/2013. En consonancia con lo anterior, con libertad de jurisdicción, en su lugar, dictó una nueva determinación en la que estableció de manera clara y precisa cada uno de los elementos de la conducta ilícita -que consideró que se encontraba acreditada- prevista en el artículo 9, fracción I, incisos a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó la forma en que se acreditó tal injusto. Esto es, decretó que los hechos imputados al quejoso, no eran susceptibles para acreditar el supuesto previsto en el artículo 9, fracción I, inciso b), de la citada legislación, toda vez que hasta ese momento no se demostró que el pasivo hubiera sido detenido en calidad de rehén con el fin de obligar a sus familiares a realizar o dejar de efectuar un acto cualquiera; ya que la conducta o acción de que fue víctima el ofendido fue la de aprehensión y cautiverio, pues constó que fue interceptado, trasladado y confinado en un inmueble de sus captores durante varias horas, con el fin específico de obtener un rescate, por lo que no se justificó que hubiera sido detenido en calidad de rehén. De ahí que la situación de encierro y detención en que se encontró Rodrigo Sixtos Rangel, no podía reputarse -al mismo tiempo- como una posición en la que estuvo como garantía para obligar a su madre a realizar o dejar de efectuar un acto cualquiera; sino que la privación de su libertad tuvo como fin específico obligarla a pagar un rescate a cambio de respetar la vida de aquél y liberarlo; por tanto, dichos hechos eran subsumibles en la hipótesis normativa prevista en el numeral 9, fracción I, inciso a), de dicha ley. Razón por la cual, al estudiar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputó, lo efectúo únicamente respecto al injusto previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la legislación mencionada; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsables no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues, su actuar fue dejar insubsistente una resolución y emitir otra, en la que estableciera de manera clara y precisa cada uno de los elementos de las conductas imputadas al quejoso previstas en unos normativos, asimismo, expresara la forma en que, en su caso, se acreditara cada una de ellas y, además, señalar de manera clara y precisa la forma en que, eventualmente, se acreditara la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito previsto en diverso inciso. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, igualmente a lo relativo a los cuadernos incidentales, así como a la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. ¿
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