José Manuel Cauich Miam

Expediente 956/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 29 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
956/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Cauich Miam
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación IV FEADLE, con sede en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 956/2020-V, promovido por José Manuel Cauich Miam, en contra de los actos que reclama de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación IV FEADLE en la Ciudad de México y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, José Manuel Cauich Miam solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación IV FEADLE en la Ciudad de México y Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Exhortos de la Fiscalía General de la República, Delegación Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, quien la admitió por auto de quince de octubre de dos mil veinte; asimismo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Por lo tanto, toda vez que el presente expediente se encuentra debidamente integrado, se procede a dictar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables: - El oficio 198/2020 de veintidós de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Exhortos de la Fiscalía General de la República, Delegación Yucatán, por medio del cual hace entrega al quejoso del diverso oficio EIL-FEADLE-E4-006/2020 de cuatro de agosto de dos mil veinte, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación IV FEADLE en la Ciudad de México, con los que se le requiere para que proporcione diversa información respecto de las personas y circunstancias relacionadas con el equipo de futbol soccer "Linces Seyé", del cual se aduce es su representante y, a fin de integrar la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEADLE-YUC/0000011/2020, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa. El oficio EIL-FEADLE-E4-213/2020 de nueve de octubre de dos mil veinte, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación IV FEADLE en la Ciudad de México, con el que se requiere al quejoso para que proporcione diversa información respecto de las personas y circunstancias relacionadas con el equipo de futbol soccer "Linces Seyé", del cual se aduce es su representante y, a fin de integrar la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEADLE-YUC/0000011/2020, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa. Tercero. Actos existentes. El Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Exhortos de la Fiscalía General de la República, Delegación Yucatán y la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación IV FEADLE en la Ciudad de México, autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, al rendir sus informes justificados, manifestaron expresamente que son ciertos los actos que se les atribuyen; por lo tanto, deben tenerse como existentes los actos que a estas autoridades se les reclaman. Certeza que se corrobora aún más con las constancias que remitió la segunda de las nombradas responsable, relativas a la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEADLE-YUC/0000011/2020, a las cuales se les otorga valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del presente asunto procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso en particular, este resolutor considera que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción I de la misma legislación y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)." LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)". Del análisis de los preceptos constitucional y legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales en los que Estado Mexicano sea parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El legislador no sólo menciona el derecho de las personas que tengan un interés jurídico reconocido en una norma para acudir al juicio de amparo, sino también de aquellos que aludan tener un derecho legítimo derivado de su situación especial frente al orden jurídico; pero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de una autoridad penal (como ocurre en el caso), el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por consiguiente, en este último supuesto, para acudir al juicio de derechos fundamentales es necesario que exista un acto que el gobernado estime violatorio de sus derechos consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales en los que los que México sea parte, pero además resulta indispensable que el peticionario del amparo acredite que el acto que reclama efectivamente afecta su esfera jurídica. Luego, si el acto reclamado emana de una autoridad penal, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, exige los elementos siguientes: la existencia de un derecho subjetivo establecido en una norma jurídica y, la titularidad de ese derecho por parte de una persona. En este entendido, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida en que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Con base en lo anterior, es dable afirmar que la causa de improcedencia invocada se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en los derechos subjetivos públicos del promovente al momento de la presentación de la demanda, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto, esto es, cuando no existe un agravio personal y directo contra el gobernado. En ese contexto, los oficios reclamados no afectan una situación real y actual de la esfera jurídica del directo quejoso por sí mismo, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; pues en los mismos solamente se le requiere brinde dentro del término concedido la información y documentación relacionada con terceras personas, para integrar la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEADLE-YUC/0000011/2020, con apercibimiento de multa en caso de que no cumpla; de lo que se sigue que la integración de dicha carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; entonces, por regla general su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso (a), lo que torna improcedente el amparo promovido. Sin que el hecho de que haya apercibimiento de multa implique que se viola algún derecho fundamental de la parte quejosa, ya que ello estará supeditado a que satisfaga lo requerido, con lo que la multa no se concretará en el mundo jurídico, de ahí que no se le irrogue agravio alguno al quejoso por si mismo, al no haberse hecho efectivo aún tal apercibimiento. De igual manera, no pasa inadvertido que el quejoso alega en su demanda de amparo que se le están requiriendo datos personales de él y de diversos menores de edad; ya que lo cierto es que, de la lectura de los oficios reclamados, se advierte que a él solamente se le están requiriendo datos de localización (teléfono, correo y domicilio), a fin de poder notificarle en caso de ser necesario; así como algunos datos fiscales de la persona encargada de atender el requerimiento (R.F.C., domicilio fiscal, nombre, CURP), a fin de hacerle efectivo el apercibimiento en caso de incumplimiento; pero no datos personales de él para la integración de la carpeta de investigación, sino datos de diversas personas. Y, en cuanto a los datos de los menores de edad que aduce, tal circunstancia además de que no acreditada en autos (pues ni quiera adujo quienes son los menores de edad investigados, ni nada respecto de los mismos), tampoco constituye una cuestión que le irrogue a él una vulneración en sus derechos sustantivos y por ende que permita la procedencia del amparo, y mucho menos un impedimento para que el Ministerio Público no pueda requerirle tal información en aras de su función investigadora, pues será en su caso a esta autoridad a quien le corresponda salvaguardar y proteger dicha información. Máxime que de las constancias se advierte que el oficio 198/2020 de veintidós de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Exhortos de la Fiscalía General de la República, Delegación Yucatán y, el diverso oficio EIL-FEADLE-E4-006/2020 de cuatro de agosto de dos mil veinte, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación IV FEADLE en la Ciudad de México, ya fueron atendidos por el quejoso, por lo que en cuanto a éstos no se hizo efectivo apercibimiento alguno. Es aplicable al caso, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, que se comparte, publicada en la página 2592, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Y la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), del Tercer Tribunal del Vigésimo Circuito, que se comparte, publicada en la página 1947, del Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." En ese contexto, los oficios reclamados en los que se requiere al quejoso información y documentación respecto de terceras personas, no afecta una situación real y actual de la esfera jurídica del quejoso por sí mismo, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que carece de interés jurídico para demandar el amparo y protección de la justicia federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las referidas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, respecto de todos los actos reclamados, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Quinto. Protección de datos personales. Con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por José Manuel Cauich Miam en contra de los actos que reclama de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación IV FEADLE en la Ciudad de México y otra autoridad, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Héctor Óscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  2. Principal

    MESA V. AUDIENCIA LEVANTADA.

  3. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación IV de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México; el cual se ordena agregar a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de tres de junio del año en curso, se tuvo por recibido su informe justificado y se acordó lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación IV de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse del informe, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Notifíquese.

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