José Manuel Castro Leyva
Expediente 1266/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Manuel Castro Leyva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de derechos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destruible el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con seis minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós , en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, constancias de notificación de la totalidad de las partes e informes justificados rendidos por la mayoría de éstas; asimismo, se hace constar que mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables: 1) comisario de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Sonora, encargada de la Base Hermosillo; 2) oficial de la Agencia de Investigación Criminal encargado del Departamento de Mandamientos Judiciales en el Estado de Sonora, adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la Republica en Hermosillo, Sonora; 3) comandante encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión de la Policía Estatal de Seguridad Pública; 4) comandante encargado del Departamento de Investigación de la Policía Estatal de Seguridad Pública Hermosillo, Sonora; y 5) director operativo de la Policía Estatal de Seguridad Pública; de igual forma, que en acuerdo de nueve de diciembre se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara su deseo de ampliar la demanda respecto una nueva autoridad y acto reclamado, sin que lo hubiere hecho, no obstante encontrarse debidamente notificado para ello. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, y respecto la omisión de la parte quejosa de ampliar la demanda derechos, resuélvase este juicio de derechos únicamente por lo que hace a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda, y respecto las cuales no se decretó inexistencia. Por otro lado, en el auto de radicación, este juzgado se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el caso, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el precepto 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable, así como la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso y desahogada por el fedatario judicial adscrito. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 a 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho a las partes para ofrecerlos. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por José Manuel Castro Leyva, contra el acto atribuido al agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el día siguiente a este juzgado de distrito, José Manuel Castro Leyva, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de diecinueve de octubre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La orden de detención y/o presentación librada en su contra, así como su ejecución. Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos atribuidos al a) agente del Ministerio Público, titular de la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, b) jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Encargado de la Base Operativa Hermosillo, c) agente Ministerial de Investigación Criminal, Encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión, d) director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y e) comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, todos con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe con justificación. De igual manera, no es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, comisario de la Policía Estatal de Seguridad Pública de Hermosillo, Sonora, y comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública, pues no obstante ser omisas en rendir informe justificado, según obra constancia en autos; sin embargo, no es el caso de estimarse presuntivamente cierto el acto de ejecución que se les atribuye, conforme lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que de éstas, el quejoso reclamo actos de ejecución por lo que no puede existir si la autoridad ordenadora -titular de la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral- negó los actos en reclamo, razón por lo cual, se hace extensivo el sobreseimiento por lo que respecta a dichas autoridades. Acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No pasa inadvertido para este juzgador el desahogo de la inspección judicial practicada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la existencia de la carpeta de investigación CI/HER/410/410/01834/10-2020 (número único de caso SON/HER/FGE/2020/091/40632); sin embargo, obra en autos el oficio 015-03096/2021, firmado por la agente del Ministerio Público Titular de la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que ordenó la devolución de las constancias originales de la carpeta de investigación citada al agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos de Querella, en esta ciudad, para efectos de continuar con las investigaciones correspondientes; además, que el quejoso de mérito no amplió su demanda de derechos respecto dicha autoridad de no obstante encontrarse debidamente notificado para tal efecto. Decisión En esa virtud, ante la negativa de los actos que le reclama el peticionario del amparo, aunado a que no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto dichos actos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se V. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Manuel Castro Leyva, respecto de los actos precisados en el considerando II, por las razones y fundamentos expuestos en el considerativo III de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1266/2021; y, I. Antecedentes 1. A petición de José Manuel Castro Leyva, por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, se desarrolló conforme al acta que antecede, y se resuelve al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia 2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, este órgano jurisdiccional es competente para resolver el presente incidente de suspensión, ya que tramita el juicio en lo principal. III. Precisión de los actos reclamados 3. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa solicitó la medida cautelar de los actos privativos de libertad que aduce se pretenden ejecutar en su contra. 4. Asimismo, el quejoso solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados para efectos de que no se ejecute alguna orden de captura en su perjuicio, hasta en tanto se resuelva sobre su constitucionalidad. IV. Negativa de los actos reclamados 5. Las siguientes autoridades responsables negaron la existencia de los actos en reclamo, toda vez que así se advierte de sus informes previos: Autoridades 1 Director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con residencia en esta ciudad. 2 Agente Ministerial de Investigación Criminal, Encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión. 3 Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Encargado de la Base Operativa Hermosillo. 4 Comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 5 Agente del Ministerio Público, titular de la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral. 6. De ahí que, sin prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas, se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, por lo que hace a las autoridades precisadas. 7. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." 8. Asimismo, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza." 9. No pasa desapercibido para quien resuelve, la documental ofrecida por la parte quejosa, de la que se advierte la existencia del citatorio librado por Fabiola Janneth González Valenzuela, agente del Ministerio Público Titular de la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad; sin embargo, también obra en los autos de cuaderno principal el oficio 015-03096/2021, firmado por la citada autoridad, del que se advierte que ordenó la devolución de las constancias originales de la carpeta de investigación CI/HER/410/410/01834/10-2020 (número único de caso SON/HER/FGE/2020/091/40632), al agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos de Querella, en esta ciudad, para efectos de continuar con las investigaciones correspondientes; además, que el quejoso de mérito no amplió su demanda de derechos respecto dicha autoridad, no obstante encontrarse debidamente notificado para tal efecto, es decir, del proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio principal. 10. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo. V. Se resuelve: 11. Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Manuel Castro Leyva, contra los actos precisados en el punto III, reclamados a las autoridades que se numeraron en el punto IV, de esta resolución. 12. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. 13. Así lo resolvió y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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