José Manuel Carrasco Vega

Expediente 481/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
481/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
03/08/2015

Partes del expediente

  • José Manuel Carrasco Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de agosto de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido al auto de dos de julio de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dos de julio de dos mil quince. Vistos los autos, y en especial la comparecencia del quejoso JOSÉ MANUEL CARRASCO VEGA, en la que manifiesta que por así convenir a sus intereses se desiste del juicio de amparo número 481/2015, promovido ante este Juzgado de Distrito. Consecuentemente, se le tiene por desistido en su perjuicio al quejoso del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento, dejándose sin efecto las medidas aquí decretadas. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J.33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 147, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso JOSÉ MANUEL CARRASCO VEGA, mediante el cual desiste del presente juicio de amparo. En consecuencia, prevéngase a la parte quejosa para que al momento de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede legalmente notificado del presente proveído, ante la presencia judicial ratifique el escrito de desistimiento, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, se continuará con el trámite de este juicio de amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 295, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya voz y texto dicen: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito de demanda firmado por José Manuel Carrasco Vega. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 481/2015 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 112, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve José Manuel Carrasco Vega, contra actos de las autoridades responsables denominadas: Magistrado en turno de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en esta ciudad. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma ni tramita el incidente de suspensión de los actos reclamados, en virtud de que no fue solicitado por la parte quejosa. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, se da la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el numeral 115 de la legislación en cita, se señalan las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Asimismo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, remitiéndole copia de la demanda, acorde a lo establecido en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley de Amparo, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 de la legislación de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, acorde con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley en comento. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con las denominaciones que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se exhorta a la parte quejosa y a la autoridad responsable, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo haga saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 251 de la legislación en cita. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Se hace constar que en el presente asunto no se señaló si existe o no tercero interesado, y de la revisión de la demanda no se advierte la existencia de alguno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario o secretario adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherente a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la prueba documental que anexa a su escrito de cuenta, consistente en copia del oficio dirigido al Magistrado en Turno de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, en la que consta sello de recibido de veinticinco de mayo del año en curso. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. Que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

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