Jose Manuel Cabrera Salazar

Expediente 79/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
79/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Jose Manuel Cabrera Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio SSP/DJ/18860/2019, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de veintiuno de los corrientes, se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de ocho de mayo del presente año, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, con lo informado por la autoridad responsable y la diversa vinculada, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se realizó el catorce de los corrientes, sin que hicieran manifestación alguna las partes; en consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable y la diversa vinculada, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el seis de marzo de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso José Manuel Cabrera Salazar el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: De inmediato, acordara lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital, y lo hiciera del conocimiento de la aquí parte quejosa. Acatamiento que debería comunicar al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, recibido que fuese el oficio respectivo de su superior jerárquico, con la misma prontitud proporcionara los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito. Posteriormente, en auto de veintisiete de marzo último, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió su cumplimiento al Gobernador responsable (foja 41); asimismo, en proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se vinculó a dicho acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, residente en esta capital (fojas 55 y 56). Por oficio CJ/DCLP/OD/265/2019, de veinticuatro de abril del año en curso, el Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó y acreditó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y remitió diversas constancias que a su vez le remitió a la Secretaría de Seguridad Pública y al aquí quejoso, en relación a la fuerza pública que se autorizó (fojas 67 a 69). Asimismo, por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del Secretario de dicha dependencia, mediante oficio SSP/DJ/15706/2019, de tres de mayo del año actual, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dicha autoridad programó el día veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, la diligencia de desalojo con auxilio de la fuerza pública, solicitada por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, dentro del expediente 480/2018, de su índice (fojas 86 a 88). Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el Gobernador responsable, se encontraba obligado a acordar de inmediato lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada por la Juez de origen; así como hacer del conocimiento del aquí quejoso dicha circunstancia. Asimismo, se encontraba constreñido a comunicar al Secretario de Seguridad Pública de la Entidad, para el efecto de que, con la misma prontitud proporcionara los elementos policiacos a su mando necesarios para poder llevar a cabo la diligencia encomendada. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable y la diversa vinculada, el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de garantías en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente, y cúmplase.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de ocho de mayo del presente año, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, con lo informado por la autoridad responsable y la diversa vinculada, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se realizó el catorce de los corrientes, sin que hicieran manifestación alguna las partes; en consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable y la diversa vinculada, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el seis de marzo de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso José Manuel Cabrera Salazar el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: De inmediato, acordara lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital, y lo hiciera del conocimiento de la aquí parte quejosa. Acatamiento que debería comunicar al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, recibido que fuese el oficio respectivo de su superior jerárquico, con la misma prontitud proporcionara los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito. Posteriormente, en auto de veintisiete de marzo último, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió su cumplimiento al Gobernador responsable (foja 41); asimismo, en proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se vinculó a dicho acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, residente en esta capital (fojas 55 y 56). Por oficio CJ/DCLP/OD/265/2019, de veinticuatro de abril del año en curso, el Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó y acreditó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y remitió diversas constancias que a su vez le remitió a la Secretaría de Seguridad Pública y al aquí quejoso, en relación a la fuerza pública que se autorizó (fojas 67 a 69). Asimismo, por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del Secretario de dicha dependencia, mediante oficio SSP/DJ/15706/2019, de tres de mayo del año actual, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dicha autoridad programó el día veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, la diligencia de desalojo con auxilio de la fuerza pública, solicitada por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, dentro del expediente 480/2018, de su índice (fojas 86 a 88). Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el Gobernador responsable, se encontraba obligado a acordar de inmediato lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada por la Juez de origen; así como hacer del conocimiento del aquí quejoso dicha circunstancia. Asimismo, se encontraba constreñido a comunicar al Secretario de Seguridad Pública de la Entidad, para el efecto de que, con la misma prontitud proporcionara los elementos policiacos a su mando necesarios para poder llevar a cabo la diligencia encomendada. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable y la diversa vinculada, el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de garantías en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente, y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes el oficio SSP/DJ/15706/2019, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; del cual se advierte que programó el día veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, como fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia con el auxilio de la fuerza pública, solicitada por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial de esta Entidad, dentro del expediente 480/2018 de su índice. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de dicho oficio, así como del diverso CJ/DCLP/OD/265/2019, de veinticuatro de abril último (fojas 67 a 69), signado por la delegada de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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