José Manuel Betanzos Cruz
Expediente 433/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Manuel Betanzos Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a catorce de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia engrosada el dieciocho de enero del año en curso (231 a 250), en la que se negó el amparo y protección a la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión, en donde se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo en el presente juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. LEY DE TRANSPARENCIA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese. II-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Titular de la Delegación del Consejo de la Judicatura Federal del Instituto de la Judicatura Federal de Defensoría Pública Delegación Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de fecha seis del mes y año en curso (fojas 190 y 191), comunica que designó a la licenciada Alicia Méndez Morales, como representante especial del menor J.F.B.B. En atención a lo anterior, requiérase a la licenciada Alicia Méndez Morales, para que comparezca en días y horas hábiles ante este Juzgado debidamente identificada para los efectos de la aceptación, protesta y discernimiento del cargo conferido, y en la diligencia respectiva deberá excusarse de conocer del mismo cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo, o manifestar bajo protesta de decir verdad que no tiene ninguno de los impedimentos legales, al aceptar su nombramiento y protestar el cargo. Notifíquese y personalmente a la licenciada Alicia Méndez Morales, en su domicilio oficial. II-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a once de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso José Manuel Betanzos Cruz, en atención a su contenido, téngase reiterando como autorizada, para oír y recibir notificaciones a la persona que nombra y como domicilio para tales efectos el que proporciona. De igual manera, tal como está ordenado en auto de nueve de noviembre del año en curso (foja 53), al no existir impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores laser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaria del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, agréguese a este expediente el escrito signado por la tercera interesada Veronica Barriga Lopez; en su atención, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos de acuerdo a las manifestaciones que expone. Por ultimo, visto el estado de autos; advirtiéndose que los informes de las autoridades responsables, Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, no fueron rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, atento a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, a efecto de que la parte quejosa esté en aptitud de imponerse del contenido del citado informe, preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estime pertinentes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevarla a cabo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese. IIB-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto los informes justificados de las autoridades responsables, Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad; agréguense al sumario para que surtan sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora bien, de las copias certificadas remitidas por el Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, se advierte que se encuentra inmerso los derechos del menor J.F.B.B. cuya identidad se reserva en términos del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que importen a niñas, niños y adolescentes; en consecuencia, a fin de garantizar la protección de los intereses directos de dicho menor, con fundamento del artículo 8 de la Ley de Amparo y normativo 29, fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, se solicita a la Delegada del citado Instituto, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que a la brevedad, designe a un asesor para que actué como represente especial del citado menor en este asunto. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por su contenido, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1984 con el número 1.5°P. 70, Tomo XXXI de mayo de 2010, con registro electrónico 164567, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro y contenido siguientes: "MENORES DE EDAD. LOS PROGENITORES ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO POR SU PROPIO DERECHO, RECLAMANDO ACTOS RELATIVOS A SUS INTERESES RESPECTO A SUS HIJOS, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO DEBA NOMBRAR A ÉSTOS UN REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE GARANTÍAS A FIN DE GARANTIZAR LA IMPARCIAL PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DIRECTOS DE LOS INFANTES. Los progenitores no pueden acudir en representación de sus menores hijos al juicio de garantías en los casos donde el acto reclamado tenga su origen en una averiguación previa derivada del conflicto de intereses de los padres sobre ellos, por lo que para garantizar la imparcial protección de los intereses directos de los infantes, el Juez de amparo debe nombrarles un representante especial para que intervenga en su nombre en términos del artículo 6o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, dicha circunstancia no es obstáculo para admitir la demanda promovida por alguno de los progenitores en defensa de sus propios intereses jurídicos respecto a sus hijos, si el mismo acto reclamado afecta a cada uno de manera diferente, verbigracia, mientras aquéllos se ven afectados en sus derechos de guarda y custodia respecto de los menores, éstos pueden ubicarse como quejosos con intereses diferentes e incluso contrarios, toda vez que viven las consecuencias del conflicto de intereses de sus padres. Notifíquese. II-B
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