José Manuel Benítez Cruz

Expediente 1007/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1007/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • José Manuel Benítez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1007/2023, promovido por José Manuel Benítez Cruz, contra actos del Congreso del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, José Manuel Benítez Cruz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOS Congreso del Estado de Morelos. Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos.La omisión de acordar escrito de pensión por jubilación de veintidós de septiembre de dos mil veinte. SEGUNDO. El diecinueve de julio de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1007/2023, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de acordar escrito de solicitud de pensión por jubilación de veintidós de septiembre de dos mil veinte. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado negó el acto reclamado, manifestando que corresponde a la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, realizar el estudio y dictamen correspondiente, de conformidad con la fracción I del numeral 67 de la Ley Orgánica del congreso del Estado de Morelos, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, respecto al acto atribuido a la referida responsable. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Así, se tiene que la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, del Congreso del Estado de Morelos, aceptó el acto que la quejosa reclama en su contra, lo que se corrobora con la copia certificada que acompañó al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el último párrafo del citado precepto. SEXTO. Estudio del concepto de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar, se realizará una síntesis del único concepto de violación expuesto en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. La parte quejosa refiere que la omisión de la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 8° de la Constitución general, ya que no ha obtenido una respuesta a su solicitud, efectuada el veintidós de septiembre de dos mil veinte. Dicho concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección solicitado, debido a que la responsable incurre en una violación al artículo 8° de la Constitución general, en virtud de que ha sido omiso en emitir una respuesta y notificarla en el domicilio proporcionado para tal efecto. Para justificar lo anterior, se estima pertinente transcribir el precepto constitucional invocado, el cual dice: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En términos generales, el derecho de petición se refiere al requerimiento que hace el gobernado para que la autoridad, de modo congruente, atienda y dé contestación por escrito a la solicitud del peticionario. La importancia de este derecho se manifiesta en que sus diversas modalidades dan origen a las más variadas formas de relación institucional entre gobernantes y gobernados, además de que contribuye a la creación de los mecanismos para garantizar a los segundos, la respuesta eficiente y expedita de parte de las autoridades del Estado a la formulación de sus requerimientos. Así, se tiene que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los elementos que debe tener la petición que se formule a las autoridades, los cuales son: Debe realizarse de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por su parte, la respuesta de la autoridad debe ceñirse a lo siguiente: Debe ineludiblemente emitir un acuerdo o respuesta; Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Tendrá que ser congruente con la petición; La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por autoridad diversa. Precisadas las características de la petición y su consecuente respuesta, se tiene a la vista el escrito de la parte quejosa, ingresado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en la oficialía de partes del Poder Legislativo del Estado de Morelos, por el cual solicitó pensión por jubilación y señaló el domicilio para oír y recibir notificaciones. Así, se tiene que la parte quejosa cumplió a cabalidad con los requisitos para ejercer su derecho de petición. No obstante ello, a la fecha de la presente resolución no se tiene noticia de que la autoridad responsable hubiere emitido el acuerdo o respuesta a través de la cual hubiere dado contestación a la solicitud que se planteó, ni mucho menos que se hubiere notificado en el domicilio señalado para ello. Por tanto, ante la omisión de la responsable, se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho consagrado en el referido artículo 8° constitucional. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." No pasa desapercibido para este juzgador, que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, informó que asignó a la petición del quejoso el número de expediente 0853/2020, y como excusa que actualmente esta en la etapa de investigación que no ha concluido, por la excesiva carga de trabajo; sin embargo, como se indicó en párrafos anteriores, ha sido omisa en pronunciarse sobre lo solicitado por la parte quejosa, lo anterior de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. SEPTIMO. Efectos del amparo. Por lo tanto, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por José Manuel Benítez Cruz, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, en caso de no haberlo hecho: Realice las gestiones necesarias para que, con plenitud de jurisdicción, resuelva de manera fundada, motivada y congruente la solicitud de pensión presentada mediante escritos de veintidós de septiembre de dos mil veinte, y lo notifique en términos de las leyes y normatividad aplicable al acto. Sin que la presente determinación constriña a la autoridad responsable, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por la promovente -aquí quejoso-, sino que están en libertad de resolver conforme los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto. Con independencia de lo anterior, debe señalarse que en caso de ser necesario podrá vincularse al cumplimiento del presente juicio de amparo, a una autoridad diversa; en el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la responsable dé cumplimiento al punto precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento del que se duele la parte quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 1° y 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E PRIMERO. Sobresee en el juicio de amparo, por las autoridades y actos reclamados, en términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Manuel Benítez Cruz, respecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, para los efectos señalados en el sexto y séptimo considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, Juez de Primera Instancia Especializada en Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de diecisiete de octubre del año en curso, dentro de la carpeta ********************, por lo que se le tiene comunicando las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés Visto el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso amplía su demanda de amparo, en atención al escrito de referencia, con fundamento en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de amparo únicamente por lo que respecta a la autoridad responsable Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, así como los conceptos de violación esgrimidos en contra de los acto atribuidos a dicha autoridad. Del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Requerimiento a la autoridad responsable de informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.)1, del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que la autoridad responsable podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Así también, requiérase a las autoridades responsables para que, junto con su informe justificado, señalen si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido diverso juicio de amparo dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó. Motivos por los cuales no es factible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día del hoy en consecuencia se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la citada audiencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable no ha informado a este juzgado si la parte quejosa ha realizado alguna devolución y no obstante el requerimiento formulado a dicha parte por auto veintiocho de julio de la presente anualidad, se provee lo siguiente: Por lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Ramiro Omar Cervantes Ferrer, Tesorero Municipal de Yautepec, Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si la parte quejosa ha realizado alguna devolución en favor de dicha Tesorería, o si ha realizado manifestación alguna en concordancia a los requerimiento formulados por auto veinte y veintiocho e julio de dos mil veintitrés. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Finalmente, requiérase por última ocasión a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe lo relativo a lo manifestado por la autoridad municipal responsable, en el sentido de que por un error se efectúo por segunda ocasión a la parte quejosa transferencia por la cantidad de $8,888.90 (ocho mil ochocientos ocho pesos 90/100 m.n.), así como las cantidades de $1,381.28 (mil trescientos ochenta y un pesos 28/100 m.n.) y 109,337.81 (ciento nueve mil trescientos treinta y siete pesos 81/100 m.n.), para mayor comprensión del asunto, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio que se provee y así esté en condiciones de manifestar lo que a su derecho corresponda. En el entendido, que de no informar o de no hacer manifestación alguna al respecto, se proveerá lo conducente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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