José Manuel Benitez Cabrera

Expediente 578/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
578/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • José Manuel Benitez Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 162/2021 de su índice, de la que se advierte que el mencionado tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por José Manuel Benítez Cabrera, por sí y como apoderado legal de "Centro de Estudios Continental Asociación Civil", conocido como "Instituto Continental", Asociación Civil, contra el proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, emitido en el presente expediente, en el que se desechó la demanda de amparo de derechos fundamentales presentada por éste, quedando en su único punto resolutivo lo siguiente: "ÚNICO.- Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por José Manuel Benítez Cabrera, por sí y como apoderado legal de "Centro de Estudios Continental Asociación Civil", conocido como "Instituto Continental", Asociación Civil, contra el auto dictado el veintidós de julio de dos mil veintiuno, por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del río, Veracruz dentro del juicio de amparo indirecto 578/2021, a través del cual se desechó de plano la demanda promovida por el citado quejoso." En tal razón, acúsese el recibo respectivo, realícense las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintiséis de enero de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, a través del cual acusa recibo del oficio mediante el cual se le remitió el recurso de queja hecho valer por José Manuel Benítez Cabrera, por sí y como apoderado del ente moral denominado "Centros de Estudios Continental", Asociación Civil, conocido como "Instituto Continental", Asociación Civil, en contra del auto de veintidós de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 578/2021, e informa que el mismo fue radicado con el número de queja 162/2021, de lo que el suscrito toma conocimiento.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, para que conste como corresponda, el escrito de cuenta; en atención a su contenido, téngase a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra del auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de protección derechos fundamentales. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el escrito mediante el cual se formula la queja al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento y ríndase informe, señalando que en el referido auto se desechó la demanda instaurada con fundamento en el el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V (este último interpretado a contrario sensu), ambos de la ley de amparo y 107 fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se considera que el acto reclamado no es de imposible reparación.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Boca del Río, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José Manuel Benitez Cabrera, por sí y como apoderado del ente moral denominado "Centros de Estudios Continental", Asociación Civil, conocido como "Instituto Continental", Asociación Civil, como lo acredita con el instrumento notarial adjunto a la demanda, contra actos de la Junta Especial Número Ocho de Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Boca del Río, Veracruz y otra autoridad. CAPTURA EN SISE. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 578/2021-III y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado relativo a los juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CONSIDERACIÓN PREVIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente, en tal virtud, este órgano de control constitucional realizará el estudio correspondiente. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo consta que el acto reclamado consiste en: IV.- ACTO RECLAMADO:- LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE FECHA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO 2021 DICTADO DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDEINTE LABORAL NÚMERO 1571/VIII/2020 DE LA JUNTA OCTAVA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON DOMICILIO (.) DONDE SE DESECHA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES Y ACTUACIONES, PRESENTADO EL 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PRESENTADO E INTERPUESTO POR LOS SUSCRITOS QUEJOSOS Y RESUELTO EN FECHA 30 DE JUNIO DE 2021." DESECHAMIENTO. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V (este último interpretado a contrario sensu), ambos de la ley de amparo y 107 fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el acto reclamado no es un acto de imposible reparación. Veamos: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, reiteró lo sostenido en la diversa contradicción 377/2013, en el sentido de que el artículo 107 de la Ley de Amparo ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De dichas consideraciones, derivó la jurisprudencia P./.J 1/2016, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo I, página 15, registro 2011428, de rubro: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Aunado a ello, es necesario señalar que bajo la vigencia de la anterior Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia relativa a que el acuerdo que desecha parcialmente una demanda sin ulterior recurso constituye una violación de tipo procesal o adjetiva; en la que estableció que dicha violación afecta al actor de forma preponderante o superior y que por ello, procedía el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, dicha jurisprudencia resulta ahora inaplicable porque la premisa de afectación en forma preponderante o superior, fue abandonada con motivo de la reforma a la Ley de Amparo del dos mil trece, como se ha explicado en párrafos que anteceden. Lo que se corrobora con lo establecido en la jurisprudencia de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), que establece que: .a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que (.) para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas... En esta ejecutoria se señaló que la procedencia del juicio de amparo en su vía indirecta tratándose de violaciones de tipo adjetivo de carácter preponderante o superior era incompatible con el nuevo texto legal de la Ley de Amparo vigente, como se advierte de su texto siguiente: .dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal... Por tanto, se reitera que deben entenderse como derechos sustantivos aquellos que afectan de forma actual, material y directa al quejoso respecto de sus bienes patrimoniales, su vida, su libertad personal, sus propiedades, entre otros; por lo que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo, las violaciones procesales de grado predominante o superior no tienen el alcance de hacer procedente el juicio constitucional en la vía indirecta. Bajo este orden de ideas, como quedó precisado en el presente caso, la parte quejosa impugna a través de la vía constitucional el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado en los autos expediente laboral 1571/VIII/2020, del índice de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mismo que, en la parte conducente, es del tenor siguiente: .Por otra parte se tiene por recibido escritos del veintiuno de junio del dos mil veintiuno, constantes de seis fojas útiles cada uno, turnados por oficialía de partes común de las Juntas Especiales en esa misma fecha, lo que se registraron con los folios 642 y 643 y se agregan a los presentes autos; ahora bien, toda vez que del contenido del ocurso de cuenta, se advierte que se encuentra promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, en forma específica respecto a la efectuada en la cédula de notificación practicada por el C. Actuario Adscrito a este Tribunal el quince de los corrientes, esta autoridad procede a pronunciarse respecto al mismo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 764 de la ley invocada, determina desecharlo por notoriamente improcedente, lo anterior resulta así, porque de la lectura integra del líbelo que contiene la incidencia planteada, evidencia que el promovente detalla de manera pormenorizada la cédula de notificación que por esta vía tilda de ilegal, actuación que cabe resaltar es por la que se cita a los intervinientes a la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones programada para este día y hora, circunstancias que por sí configura la hipótesis prevista en el precepto legal antes citado, por manifestarse sabedor de la existencia del juicio en que se actúa; más aún de la fecha y hora de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 del multicitado ordenamiento legal, consecuentemente, se reitera el incidente de nulidad deviene notoriamente improcedente. (sic). En ese contexto, se estima que dicho acto no es de imposible reparación porque si bien, por los motivos expuestos por la responsable desechó el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte aquí quejosa, lo que en modo alguno afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales, pues la afectación al interés jurídico que pudiera producir está supeditado al resultado final del juicio, ya que el laudo que se dicte puede ser favorable a los intereses de la parte quejosa. Además, en caso de obtener una sentencia no favorable a sus pretensiones, de estimar que la violación trasciende al resultado del fallo, podrá inconformarse contra este en la eventual promoción de un juicio de amparo directo, por ser el medio idóneo para reparar violaciones intraprocesales que trasciendan el resultado del fallo. De ahí que no se puede concluir que el acto reclamado tenga efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si quien promueve amparo logra una sentencia favorable, las violaciones de que ahora se queja se extinguirán sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Se invoca como sustento la jurisprudencia P./J. 38/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 59, Noviembre de 1992, página 12, registro 205601: NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta. CONCLUSIÓN. Al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Cristobal Hernández Olmos y Ada Luz Cano Díaz, por estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y/o dados de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva, con dirección: www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/index, registro este último que se considera suficiente para tenerlos por autorizados; sin que en el caso resulte procedente señalar un representante común en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, ello al no actualizarse ninguna de las hipótesis contempladas en dicho numeral. Finalmente, téngasele proporcionando diversos correo electrónicos y números telefónicos, los cuales únicamente se toman como medios de comunicación a efecto de poder ser localizado, ello, con motivo de la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19; sin que ello implique, como lo solicita, que se practiquen de esa manera las notificaciones electrónicas respectivas, pues dichos supuestos no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo. Finalmente, respecto a su solicitud de devolución de los documentos exhibidos a fin de acreditar su personalidad, toda vez que se realizó el cotejo respectivo, como lo solicita, devuélvanse los mismos convenir a sus intereses, significándosele que para la entrega de estos, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará un código QR para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior, con la precisión tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, así como en el Acuerdo General 25 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el acuerdo antes citado, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene asignado el horario matutino de siete cuarenta y cinco a trece cuarenta y cinco horas y que a partir del tres de agosto del año en curso, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Con independencia de lo anterior, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Por otra parte, se hace del conocimiento de la (s) autoridad (es) responsable (s), que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 292 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 20025763. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

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