Jóse Manuel Beltral Santos

Expediente 646/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
646/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
05/04/2018

Partes del expediente

  • Jóse Manuel Beltral Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE POR OFICIO... FIRMADO POR EL JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, INFORMÓ QUE ASUMIÓ LA COMPETENCIA PLANTEADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO Y ASU VEZ SOLICITAR AL QUEJOSO ... LA RADICACIÓN DEL PRESENTE ASUTNO Y LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO... EN TAL VIRTUD, NOTIFÍQUESELE EL CITADO AUTO POR LISTA DE ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, TRANSCRIBIENDO EN SU INTEGRIDAD EL AUTO Y UNA VEZ REALIZADO, E´NVÍESELE POR OFICIO LA LISTA DE PUBLICACIÓN DEBIDAMENTE CERTIFICADA, PARA LOS EFECTOS LEGALES... TODA VEZ QUE POR AUTO DE VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, DEVUÉLVASE AL MISMO... EN ATENCIÓN A LO ORDENADO, SE TRANSCRIBE EL ACUERDO DICTADO EN DICHO JUZGADO: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 361/2018-B, firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual remite los autos del juicio de amparo directo 646/2017-I, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Manuel Beltrán Santos, por propio derecho y así como el recurso en revisión 975/2017, y copias certificadas del juicio administrativo 442/2017; lo anterior, toda vez que mediante resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho, dicho Órgano Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional, asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto en cuestión; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 466/2018-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por José Manuel Beltrán Santos, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, se provee: El numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir al quejoso cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En consecuencia, precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108 fracción V, de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a José Manuel Beltrán Santos, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: 1) Formule la "Protesta de decir verdad" de la narración suscinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, ello con el fin de fijar correctamente la litis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página 713, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Ello es así, toda vez que precisamente dichos antecedentes son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por estos, la relación concisa de las actuaciones previas al acto reclamado; así como las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial. Por su aplicación en lo conducente, es de citar la Tesis Jurisprudencial VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, página: 301, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." Por tanto, siendo un requisito indispensable la protesta de ley, para la procedencia del juicio de garantías, es necesario satisfacer dicho requisito, para tener certeza de que la parte agraviada narró los antecedentes del acto reclamado conduciéndose con verdad. Para una mejor ilustración de lo anterior, es de aplicarse por la Jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIV, julio de dos mil seis, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." 2) Deberá exhibir tres copias del escrito de desahogo, para cada una de las partes en el presente asunto. La exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Así como la Jurisprudencia número P.VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos veinticinco, tomo XIII, abril dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con éstas copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Sirve de apoyo a lo anterior con apoyo por analogía en la tesis visible a página setenta y nueve, del mes de abril de dos mil uno, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe al promovente, que de no dar cumplimiento al requerimiento inserto en el presente proveído, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, ello de conformidad con artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fija en lugar visible de la autoridad judicial que se declaró incompetente para conocer del presente juicio de garantías, solicítesele de manera más atenta y respetuosa al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva notificar a la parte quejosa José Manuel Beltrán Santos. Asimismo, deberá requerirlo, para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en este municipio de Naucalpan de Juárez, lugar de residencia de este juzgado. Apercibiéndolo que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Así también, se tiene como autorizados de la parte quejosa, a los profesionistas Misael Jhonathan González García, Luisa Magnolía Briseño Rangel y José Juan Morales Chavero, quienes podrán gozar de las amplias facultades que le confiere el ordinal 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédulas profesionales se encuentran debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que a las demás personas que señala se autorizan únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo precisado en el escrito de cuenta. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que dicha oposición no dará lugar a la supresión de su nombre en los instrumentos de carácter jurisdiccional, salvo que se refiera a los supuestos sensibles, a que se refiere el punto segundo del Acuerdo en mención, sin menoscabo de la supresión de otros datos personales diferentes al nombre, y una vez que se emita la sentencia o resolución que ponga fin a cualquier asunto jurisdiccional, los efectos de la oposición a la publicación de los datos personales realizada por las partes, estará sujeto al análisis del caso, atendiendo a lo previsto en el Acuerdo General ya citado. Asimismo, hágase del conocimiento a las partes que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Ahora bien, en razón de que por cuanto hace a la parte quejosa el presente asunto no se encuentra en los casos de excepción que establece el punto segundo del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que regula los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales; por lo tanto, se publicaran los nombres de las partes en las listas de publicaciones y las versiones que se difundan al público de toda resolución jurisdiccional, que se dicte en el presente asunto. Así también, se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Finalmente, con las documentales consistentes en copias certificadas del recurso en revisión 975/2017, y copias certificadas del juicio administrativo 442/2017, para un mejor manejo de los presentes autos, se ordena la apertura de dos tomos de pruebas, en los que deberán obrar las constancias de referencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por medio de lista que se fija en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con residencia en Toluca. Así lo proveyó y firma el licenciado René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con la licenciada Myrna Sirene León Pérez, Secretaria que autoriza y da fe."

  2. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a sus autos el oficio signado por la responsable, por medio del cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo... Toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, se ordena su archivo... Es destruíble...

  3. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a sus autos la razón actuarial de esta misma fecha, signada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar su imposibilidad para notificar personalmente a la quejosa, por las razones que indica; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, la resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho, el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en lugar visible y de fácil acceso de este Tribunal Colegiado....

  4. Juicio de Amparo Directo

    POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: PRIMERO. ESTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER EN LA VÍA DIRECTA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO. SEGUNDO. FORMESE CUADERNO DE ANTECEDENTES Y REMITASE EL PRESENTE EXPEDIENTE, ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL RECURSO DE REVISIÓN Y DEL JUICIO ADMINISTRATIVO, AL JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN TURNO.

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