José Manuel Barbosa Acevedo
Expediente 452/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Manuel Barbosa Acevedo
- Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada en autos, en la que se negó la protección constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso a) (Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Es susceptible de conservación íntegra, por haberse negado la protección constitucional. c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo como asunto concluido, será transferido a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se devuelven constancias. Finalmente, devuélvase a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, los autos del cuaderno de suspensión 31/2021 y de los recursos de revisión 292/2022 y 296/2022 (tres tomos de pruebas anexos al presente juicio), que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 452/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. ********************, por derecho propio, mediante demanda de amparo directo presentada el diez de abril de dos mil veintitrés (fojas 8 - 14), ante la oficialía de partes común del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, consistente en: "IV. SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: La resolución de dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés dictada en el expediente incidental administrativo relativo al recurso de revisión número ******************** y 0********************, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca." Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Mediante auto de tres de mayo de dos mil veintitrés (fojas 18 - 21), el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, contra la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada en los recursos de revisión números ******************** y ********************, del índice de la Sala Especializada en Materias de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, consistente en la determinación recaída al recurso de revisión que modificó la resolución dictada en un cuaderno de suspensión, relativo al juicio de nulidad ********************; lo anterior debido a que dicha resolución no tiene el carácter de definitiva para los efectos del juicio de amparo directo, ni es una resolución que ponga fin al juicio, o que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido. Por lo que ordenó remitir la demanda y sus anexos, al Juzgado de Distrito del Estado de Oaxaca, en turno, residente en San Bartolo Coyotepec, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que se avocara a su conocimiento y resolviera lo procedente. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, y en auto de diez de mayo de dos mil veintitrés (fojas 24 - 29), tuvo por recibido el juicio de amparo directo 209/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito y en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado, radicó el juicio de amparo indirecto con el número 452/2023, determinó continuar con el trámite del juicio en la vía indirecta, declaró válido todo lo actuado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó notificar la radicación del juicio al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: De la Sala Superior Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. La resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada en los recursos de revisión números ******************** y ********************, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que modificó la suspensión definitiva dictada en el cuaderno de suspensión derivado del juicio de nulidad ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado que ha quedado precisado en el considerando que antecede (fojas 6 - 7). Lo que se acredita con las actuaciones que obran en los recursos de revisión números ******************** y ********************; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio. Derivado que el caso concreto se trata de un asunto en materia administrativa, en la que no opera oficiosamente la suplencia de la queja deficiente, la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso. De esta forma, se analizará la constitucionalidad de la resolución reclamada partiendo de los conceptos de violación que haga valer el quejoso. Es aplicable, la tesis 1a. VII/2020 (10a.), sustenta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 654, Libro 74, enero 2020, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federal, registro digital 2021518, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE ANTE VIOLACIONES EVIDENTES DE LA LEY QUE HAYAN DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Tanto la Constitución Federal como la Ley de Amparo establecen que tratándose de las materias en las que no opera oficiosamente la suplencia de la queja deficiente, la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso. De esta forma, no es posible que tratándose de las materias civil, mercantil o administrativa, las cuales se rigen por el principio de estricto derecho, los juzgadores deban, en todos los casos, suplir la queja deficiente; pues ello implicaría ir en contra de lo establecido en el propio texto constitucional, además de que conllevaría que la excepcionalidad de la cual está revestida esta institución se tornara una regla general, lo que desvirtuaría su teleología. De ahí que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al disponer que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en otras materias cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia ley, no viola el derecho de acceso a la justicia, pues no establece una negación de justicia ni impone una traba innecesaria para que el quejoso pueda acceder al juicio de amparo a defender sus intereses, ya que sólo se trata de un supuesto específico que el legislador incorporó para dar efectividad al medio de protección constitucional en aquellos casos en los que la violación a los derechos fundamentales es palpable y evidente, además de que no excluye una eventual aplicación de las demás fracciones previstas en el artículo 79 citado." 1. En un primer concepto de violación el quejoso refiere que la responsable viola en su perjuicio lo estatuido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se pronunció sobre la violación alegada del principio de presunción de inocencia, que por la naturaleza punitiva administrativa del asunto le es aplicable, que alegado en el recurso interpuesto contra la resolución natural incidental, pues la responsable arguye cuestiones que no fueron objeto de los agravios expuestos. Agrega que el proceso administrativo sancionador considera el debido proceso, en el cual el principio de presunción de inocencia impone al juzgador el trato del administrado de no autor o partícipe en los hechos hasta que no se dicte una resolución que quede firme; aunado a que si el Estado tiene la potestad de sancionar a través del derecho administrativo, esto debe estar ejercido desde el control de legalidad, pues dicha actividad responde a criterios que deben tenerse en cuenta para justificar su legalidad. 2. En su segundo concepto de violación, manifiesta que los resolutores de segunda instancia inadvirtieron la contravención al principio de legalidad, seguridad jurídica y congruencia, ya que el resolutor natural concedió la suspensión definitiva para el efecto de que la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, no continuara con el procedimiento de mandamiento de ejecución, con número de crédito ********************, y en un segundo párrafo requiere a la actora para que dentro del plazo de cinco días hábiles, presentara ante la Coordinadora de Cobro Coactivo, la garantía del interés fiscal que asciende a la cantidad de $********************(********************); lo que resulta incongruente, pues por una parte concede suspender la ejecución de crédito y por otra requiere la garantía del interés fiscal. Ahora bien, para dar respuesta a lo anterior, es necesario destacar los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las actuaciones que obran en los recursos de revisión números ******************** y ********************, del inventario de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; así como del cuaderno de suspensión ********************, del índice de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo, de donde se advierte: 1. Mediante resolución dictada el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el expediente administrativo ********************, por el Director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, determinó que ********************, en su carácter de servidor público adscrito a Caminos y Aeropistas de Oaxaca, en la época de los hechos, resultó responsable de las faltas administrativas señaladas en los incisos A) y B) que se le imputaron en el procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria (fojas 13 - 23 del cuaderno de suspensión ********************). Por ello, le fue impuesta una sanción consistente en inhabilitación por el término de dos años para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público del Estado o Municipios, conforme a lo dispuesto por el artículo 57, fracción VI, inciso d), de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, que consideró aplicable en virtud de que el daño causado ascendió a la cantidad de $1,802,935.68 (un millón ochocientos dos mil novecientos treinta y cinco pesos 68/100 M.N.). 2. Mediante resolución dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el cuaderno de suspensión ********************, por el Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, por una parte negó la suspensión definitiva al actor, y por otra la concedió (fojas 91 - 93 del cuaderno de suspensión ********************), que en la parte conducente dice: "[.] SEGUNDO. En su escrito de demanda la parte actora, solicitó la suspensión de los actos impugnados para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia definitiva. Con vista en autos y con fundamento en los artículos 215 fracción I y 218 fracción IV, inciso d), de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se niega la suspensión definitiva al actor respecto a la inhabilitación por el periodo de dos años, para desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios, el cual le fue impuesto mediante resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo ********************, del índice de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Suspensión que se niega tomando en consideración que de conceder la medida solicitada se contraviene el interés público, traduciéndose esta como la situación y estado de legalidad que tiene las autoridades cuando ejercen sus atribuciones otorgadas por la ley.[.] TERCERO. Por otra parte, con fundamento en los artículos 21 fracción I y 218 fracción IV, inciso d), de la Ley de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se concede la suspensión definitiva al actor, para efecto de que la coordinadora de Cobro Coactivo, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, no continúe con el procedimiento del mandamiento de ejecución, con número de crédito ********************, iniciado en cumplimiento a la determinación contenida en la resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ********************, por un momento histórico de $********************.). Se requiere a la parte actora para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, presente por escrito ante la coordinadora de cobro coactivo citada, la garantía del interés fiscal que asciende a la cantidad de $********************(******************** 00/100 M.N.), dinero que se obtuvo de la suma realizada al importe histórico, actualizado y accesorios causados, así como los que se causen a los doce meses siguientes a la fecha de suscripción del oficio ********************, de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, firmado por la citada coordinadora (fojas 70 - 71), garantía citada que podrá otorgar en cualquier de las siguientes opciones: [.] Se hace del conocimiento a la coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que, si el promovente no garantiza el interés fiscal en los términos precisados, la medida definitiva dejará de surtir efectos después de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo a la parte actora. CUARTO. Con fundamento en los artículos 215 fracción I, 218 fracción IV, inciso d), y 222, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se concede la suspensión definitiva al actor, para los siguientes efectos: a) la jefa del Departamento de Registro de Sanciones, Patrimonial y de Conflicto de Interés, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, cancele el registro de la sanción en el libro en caso de que lo haya hecho y en el Registro de Servidores Públicos, Proveedores y Contratistas Sancionados e Inhabilitados, este último realizado el primero de octubre de dos mil veintiuno [.]" 3. Inconformes con dicha resolución, el Director Jurídico de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante legal de la autoridad demandada, así como el actor ********************, mediante escritos presentados el veintisiete y veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, interpusieron recurso de revisión (fojas 102 - 107 y 110 - 111 del cuaderno de suspensión ********************). 4. Con motivo de la interposición del recurso, se formaron los recursos de revisión ******************** (interpuesto por el Director Jurídico de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante legal de la autoridad demandada) y ******************** (interpuesto por el actor ********************), por lo que mediante proveídos de veintiocho y veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó correr traslado al actor y representante legal de la autoridad demandada, respectivamente, para que dieran contestación al recurso interpuesto y manifestaran lo que a sus derechos conviniera; apercibidos que de no contestar la vista se declararía la preclusión de sus derechos correspondientes(fojas 7 y 3 de los recursos de revisión ******************** y ********************). Dichos recursos fueron resueltos mediante determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (fojas 21 - 30 y 25 - 34 de los recursos de revisión ******************** y ********************), que en la parte conducente dice: "[.] CUARTO. [.] Son INFUNDADOS los agravios descritos, en razón del análisis de las constancias de autos que fueron remitidas para la substanciación del presente asunto, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 203, fracción I de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, por tratarse de actuaciones judiciales; en las que de fojas noventa y uno a noventa y tres, consta la resolución refutada, en cuyos considerandos segundo y tercero, el Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción determinó lo siguiente: [.] De la transcripción anterior se advierte que el titular de la Sala de primera Instancia, en el considerando segundo negó al hoy recurrente la suspensión definitiva respecto a la inhabilitación por el periodo de dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios, impuesta por resolución de veintitrés de abril de dos mil diecinueve dictada en el expediente administrativo ******************** de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, determinación del resolutor que fue apegada a derecho por estar sustentada en razonamientos debidamente fundados y motivados que justifican su decisión en la forma en que lo hizo. Se dice lo anterior, en virtud de que, en los asuntos relativos a responsabilidades de los servidores públicos, se prioriza la seguridad pública, vista desde el orden social de la población interesada en que la función pública se desempeñe por personas idóneas, por ello, no es procedente conceder la suspensión contra actos consistentes en la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, pues de hacerlo, se impediría el debido desempeño de la función pública y se privilegiaría el interés particular del solicitante, sobre el interés de la colectividad; de ahí que, en el presente caso, el titular de la Sala Unitaria negó la suspensión definitiva al hoy recurrente, con base en lo dispuesto por la Jurisprudencia en materia administrativa, número 2a./J. 251/2009, con número de registro digital 165404, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, consultable a página 314, de rubro y textos siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ACTO CONSISTENTE EN LA INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO. [.] Aunado a lo anterior, la inhabilitación por el periodo de dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios, por la que el recurrente solicitó la suspensión definitiva, forma parte de la sanción que le fue impuesta en la resolución que dio fin al procedimiento primigenio ******************** tramitado en sede administrativa que constituye el acto impugnado materia del juicio principal que aún no ha sido resuelto; es decir, la resolución impugnada no se encuentra firme, por tanto, no ha surtido efectos lo decretado en ella; lo que implica que las sanciones aplicadas al recurrente, entre ellas la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios. se trata de un acto futuro de naturaleza incierta que no tiene el carácter de inminente, lo que también da lugar a negar la medida precautoria solicitada en contra de esta sanción en particular. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia en materia común, número XXVII.30. J/2 (10a.), con número de registro digital 2007358, de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo Ill, consultable a página 2347, de rubro y textos siguientes: "SUPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. [.]" En lo referente al segundo agravio, la suspensión definitiva decretada a favor del recurrente, fue dictada acorde al principio de congruencia por el Titular de la Sala Unitaria, en virtud de que otorgó la medida precautoria de acuerdo a los requisitos establecidos en el primer párrafo, de la fracción I, del artículo 218, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, que establece: "ARTÍCULO 218.- Para el otorgamiento de la suspensión deberá satisfacerse los siguientes requisitos: I. Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución a cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se he constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. ."(Lo subrayado es propio) Es decir, que en el presente caso, el Magistrado de primera instancia concedió la suspensión definitiva al actor ahora recurrente, para que la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca interrumpa el trámite del procedimiento del mandamiento de ejecución del crédito ********************, por parte de la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para hacer efectiva la sanción impuesta al actor en el expediente ******************** de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, medida precautoria que si bien causó efectos inmediatamente de su otorgamiento, su efectividad sólo continuará si el recurrente cumple la condición impuesta de que dentro del plazo de cinco días posteriores a la legal notificación de la resolución interlocutoria, presente por escrito ante la autoridad ejecutora, Coordinadora de Cobro Coactivo, la garantía del interés fiscal calculado en $********************(******************** 00/100 M.N.), pudiéndolo otorgar en cualquiera de las opciones descritas en el considerando tercero de la resolución interlocutoria en análisis. De lo anterior se colige, que contrario a lo alegado por el recurrente, las determinaciones del resolutor para otorgar la medida precautoria a favor del recurrente fueron apegadas a los principios de congruencia, legalidad y de seguridad jurídica, toda vez que sujetó la continuación de la efectividad de la suspensión definitiva, a la condición de que el beneficiado garantice el interés fiscal en la cantidad calculada, ante la Coordinadora de Cobro Coactivo, por así establecerlo el primer párrafo, de la fracción I, del artículo 218, transcrito en párrafos anteriores. De ahí lo INFUNDADO de los agravios expuestos por el recurrente." Parte de la resolución que constituye el acto reclamado en este juicio. Ahora bien, el primer concepto de violación formulado por el quejoso, resulta fundado pero inoperante. En efecto, en el primer concepto de violación, el promovente esencialmente refiere que la responsable violenta en su perjuicio lo estatuido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se pronunció sobre la violación alegada del principio de presunción de inocencia, que por la naturaleza punitiva administrativa del asunto le es aplicable, y fue alegado en el recurso interpuesto contra la resolución natural incidental, pues la responsable arguye cuestiones que no fueron objeto de los agravios expuestos. Si bien al dar respuesta a dicho concepto de violación, la responsable no contestó el agravio que esencialmente alega el actor en el sentido de que con la negativa de la suspensión definitiva respecto a la inhabilitación por el periodo de dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios, se viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia Lo anterior, pues la responsable al dar respuesta a tal agravio, dijo que fue apegado a derecho que el titular de la Sala de Primera Instancia, haya negado al recurrente la suspensión definitiva respecto a la inhabilitación por el periodo de dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios, pues en tratándose de los asuntos relativos a las responsabilidades de los servidores públicos, se prioriza la seguridad pública, vista desde el orden social de la población interesada en que la función pública se desempeñe por personas idóneas, y por ello, no es procedente conceder la suspensión contra actos consistentes en la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, ya que de hacerlo, se impediría el debido desempeño de la función pública y se privilegiaría el interés particular del solicitante, sobre el interés de la colectividad; citando para apoyar lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.251/2009, con número de registro digital 165404, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, consultable a página 314, de rubro siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ACTO CONSISTENTE EN LA INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO." Además, la responsable agregó que la inhabilitación por el periodo de dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios, por la que el recurrente solicitó la suspensión definitiva, forma parte de la sanción que le fue impuesta en la resolución que dio fin al procedimiento primigenio ********************, constituye el acto impugnado materia del juicio principal, que aún no ha sido resuelto, por lo que no se encuentra firme y no ha surtido efectos lo decretado en ella; por ello, se trata de un acto futuro de naturaleza incierta Sin embargo, resulta inoperante el sintetizado concepto de violación, ya que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable diera respuesta a tal agravio, ya que con la negativa de la suspensión definitiva, no se viola en perjuicio del quejoso el principio de presunción de inocencia, por lo que se expondrá a continuación. Al respecto, debe destacarse que el principio de presunción de inocencia se encuentra consagrado en los artículos 1º, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho principio tiene efectos trascendentales en cualquier procedimiento o proceso en el que se pretenda acusar a alguien, así como en cada una de sus fases, sin importar la etapa en la que se encuentre, por lo que el principio de presunción de inocencia se traduce en tres significados garantistas fundamentales: El primero, como una regla probatoria que impone la carga de la prueba para quien acusa y, por ende, la absolución en caso de duda. El segundo, como regla de tratamiento al acusado que excluye o restringe al máximo la limitación de sus derechos fundamentales, sobre todo los que inciden en su libertad personal, con motivo del proceso que se instaura en su contra. El tercero, como estándar probatorio o regla de juicio que puede entenderse como una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración la prueba (entendida como resultado de la actividad probatoria). Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), Décima Época, que aparece en la página 41 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, con número de registro digital 2006590, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso." En virtud de la presunción de inocencia, ninguna persona podrá ser considerada culpable sino hasta que se emita la sentencia condenatoria que la desvirtúe plenamente, acreditando la infracción al ordenamiento jurídico, y en cuyo proceso se hayan observado todas las garantías necesarias para su adecuada defensa. Luego, con la negativa de la suspensión definitiva, no se menoscaba la presunción de inocencia, pues la Sala responsable únicamente determinó que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva, respecto a la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios, lo que de forma alguna implica que se le haya considerado responsable de las faltas administrativas que se le imputaron en la resolución dictada en el expediente ********************, por el Director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. En efecto, en dicha resolución únicamente se determinó que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva, en contra de la inhabilitación para desempeñar un cargo por parte de un servidor público, pero no se le consideró autor o partícipe de las faltas administrativas por las que fue sancionado. Además que como acertadamente lo expusieron los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, es improcedente conceder la suspensión en contra de la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 251/2009, que invocó la responsable, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 314, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, con número de registro digital 165404, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ACTO CONSISTENTE EN LA INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO." Por lo tanto, como ya se indicó, el referido concepto de violación resulta fundado pero inoperante, ya que aun cuando la responsable no se pronunció respecto al agravio relacionado con la violación al principio de presunción de inocencia; no obstante, en cuanto al fondo del asunto, resulta improcedente la concesión de la suspensión relativa a su inhabilitación. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.3o.A. J/9, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, consultable en la página 1125 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, con número de registro digital 188015, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. ALCANCE. Conforme a la jurisprudencia que sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento catorce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", es correcto que el tribunal de amparo se pronuncie sobre puntos que no fueron abordados por la autoridad de instancia, cuando el quejoso tiene razón en los planteamientos vertidos en sus conceptos de violación por omisiones de la responsable, pero carece de ella en lo que ve al fondo del asunto; sin embargo, eso ocurre ante situaciones evidentes, mas no cuando para decidir el punto en el fondo es necesario hacer uso del arbitrio jurisdiccional, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos o interpretación de normas, pues aquí corresponde a la autoridad responsable ocuparse del análisis de tales puntos omitidos, ya que de hacerlo el tribunal de amparo incurriría en una sustitución de la potestad común, que no debe darse hasta ese extremo, por más que el órgano constitucional conozca el sentido en que deba resolverse el punto, pues, se insiste, lo fundado pero inoperante de un concepto de violación en el supuesto de que se trata, se da ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional." Por otra parte, el segundo concepto de violación que formula el quejoso deviene infundado. Cierto, en dicho concepto de violación, el quejoso manifiesta que resulta incongruente el que por una parte se haya concedido la suspensión definitiva para el efecto de que la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, no continuara con el procedimiento de mandamiento de ejecución, con número de crédito ********************, y por otra parte, se le haya exigido la presentación ante la Coordinadora de Cobro Coactivo, de la garantía del interés fiscal que asciende a la cantidad de $********************(********************). Opuesto a lo que manifiesta el quejoso, no es contradictorio el hecho de haberle concedido la suspensión definitiva y por otra parte, exigirle la exhibición de la garantía del interés fiscal; por lo que resulta apegado a derecho el requerimiento de la exhibición de la garantía del interés fiscal, pues como lo refirió la responsable, constituye un requisito exigido por el artículo 218, fracción I, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, para que surta efectos la suspensión. Dicho numeral dispone: "Artículo 218.- Para el otorgamiento de la suspensión deberá satisfacerse los siguientes requisitos: I. Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. [.]" Del precepto transcrito se advierte que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión; sin embargo, la eficacia de la suspensión está condicionada a que se haya constituido o se constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Por lo que, en el caso de no exhibir dicha garantía, dejará de surtir efectos la suspensión. Luego, la concesión de la suspensión y requerimiento de exhibición de la garantía fiscal, no es una determinación contradictoria, ya que la ley exige la exhibición de dicha garantía, para que continúe surtiendo efectos la suspensión. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la jurisprudencia 2a./J. 74/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que aparece en la página 330 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, con número de registro digital 174962, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", criterio que también es aplicable respecto de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia de mérito, se señaló expresamente que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión y que éstas se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mientras que los requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 125, 135, 136 y 139 de la misma Ley, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; y que a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, por lo que bien puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad. En segundo lugar, porque la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo tiende a satisfacer los fines relativos a salvaguardar, mediante la garantía, el interés fiscal de la Federación, Estado o Municipio; es decir, garantizar que el quejoso cubrirá el crédito fiscal que combate mediante el juicio de amparo, que esencialmente se asemejan a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 de la Ley señalada, los cuales se examinan en la ejecutoria de mérito; por tanto, atendiendo al principio de derecho que establece "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", ha de sostenerse válidamente que los argumentos contenidos en la tesis de jurisprudencia, encaminados a determinar que la suspensión provisional surte sus efectos de inmediato y durante el plazo de 5 días que establece el citado artículo 139, para dar oportunidad a que el quejoso exhiba la garantía fijada, a la que se encuentra sujeta su oportunidad, pueden ser aplicados respecto de la suspensión provisional en materia fiscal, cuando se reclama el cobro de contribuciones." Por tanto, al ser por una parte fundados pero inoperantes y por otra infundados, los conceptos de violación en estudio, y no advertirse queja que suplir, de conformidad con lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto que quedó precisado en el considerando segundo de esta sentencia, atribuido a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 3370/2023, firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo directo 209/2023, de su índice; cuaderno de suspensión 31/2021, del índice de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; tocas de revisión 292/2022 y 296/2022, del índice de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese con el número 452/2023. Se acepta conocimiento. Como lo ordena la superioridad, continúese el trámite de este juicio de amparo en la vía indirecta, lo cual se ordena comunicar a las partes para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y se declara válido todo lo actuado en el juicio de amparo directo 209/2023, del índice del Tribunal declinante. Sin incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado, así como tampoco se advierte que el acto reclamado se trate de algunos de los actos prohibidos que contemplan los artículos 15 de la Ley de Amparo, numeral 22 Constitucional. Informe justificado. Sin que haya lugar a solicitar el informe justificado respectivo en virtud de haber sido rendido ante el Tribunal Colegiado del conocimiento; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Pruebas. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas documentales las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado y las cuales remite el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Admirativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez; las cuales se tienen por desahogadas en este acto, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la responsable y con la finalidad de facilitar su manejo, se ordena guardar las mismas en la Secretaría de este Juzgado y a disposición de las partes, como cuadernos de pruebas anexos a este expediente, identificándolos como tomos I, II y llI. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y autorizando únicamente para esos efectos a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente y toda vez que no acreditan encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del siguiente tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Tercero interesado. Se advierte que le reviste el carácter de tercera interesada en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo al Jefe del Departamento de Procedimientos Administrativos "B" de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, quien se advierte fue debidamente emplazada términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por tanto, únicamente se ordena hacerle del conocimiento el presente proveído para los efectos legales conducentes. Exhortación a tramitar el asunto en línea Se exhorta a las demás partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberán proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal; además, del acceso al expediente electrónico, soliciten la práctica de notificaciones electrónicas con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos. Como lo solicitan y toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Solicitud de copias. Hágase del conocimiento de las partes que podrán comparecer y solicitar copias de las constancias que obren el presente asunto -sujetándose al proceso de fotocopiado- en la Secretaría de este Juzgado, y sin ulterior acuerdo, serán expedidas a su costa, previa identificación, así como razón que de su entrega y recepción se deje en autos. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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