José Manuel Arriaga López
Expediente 542/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Manuel Arriaga López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado del autos se advierte que, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que las partes interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se hayan presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio, no existir documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Y respecto al original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se ordena que obre por cuerda separada el cual es susceptible de destrucción, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21 del acuerdo general relativo y número 3 del punto 8.1.2. del Capítulo 8 Expedientes Destruibles, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de 2020. En consecuencia, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra por cuerda separada, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, inciso a), 21, inciso a), capítulo décimo, numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por la Secretaria en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 542/2021-VI, promovido por José Manuel Arriaga López, en representación de la menor Patricia Fernanda Arriaga Godínez, contra actos de la Jueza Auxiliar en Materia Familiar del Primero Partido Judicial del Estado de Colima, que estima violatorios de los artículos 1º, 4º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E : PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, José Manuel Arriaga López, en representación de la menor Patricia Fernanda Arriaga Godínez (en adelante, quejoso, agraviado o parte quejosa, o parte agraviada), solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que enseguida se precisan: ". III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como Autoridades Responsables: A la Jueza del Juzgado Auxiliar en Materia Familiar del Primer Partido Judicial con sede en esta ciudad de Colima en el expediente 21-0332-110F. IV. LEY O ACTO QUE SE RECLAMA:- El acuerdo de 29 de Abril de 2021, en donde se ordena no acercarme a mi en un radio de 200 mts de su domicilio particular y de cualquier otro lugar que se encuentre mi hija." SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 542/2021-VI; se pidió informe justificado a la autoridad responsables; se ordenó emplazar como tercera interesada a Anahí Fernanda Godínez Suárez; se solicitó la intervención de un representante especial para la menor Patricia Fernanda Arriaga Godínez; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se citó a las partes para la audiencia constitucional. Seguidos loa trámites legales, se celebró la audiencia constitucional, tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 904, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y , al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionali-dad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como, del análisis integral del escrito de demanda, y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La orden de protección decretada a favor de Anahí Fernanda Godínez Suárez y su menor hija Patricia Fernanda Arriaga Godínez, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 21-0332-110F. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. Determinados los actos reclamados, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éstos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Juez Auxiliar en Materia Familiar del Primer Partido Judicial con sede en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917- 1995, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las copias certificadas de la aludida determinación dictada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en los autos del expediente CUIE: 21-0332-110F de su índice, que remitió la responsable en apoyo a su informe de ley. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, por haber sido expedida y certificada por funcionario público en el desempeño de sus funciones. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." La tercera interesada Anahí Fernanda Godínez Suárez, refiere que el juicio de amparo debe sobreseerse, en virtud de que no se cumple con el principio definitividad, pues el actor no agotó los procedimientos ordinarios previo a la interposición del juicio de amparo, en el particular, el incidente de cancelación de orden de protección conforme los artículos 43 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, 94 954 (sic) y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Lo anterior es infundado, debido a que en el presente juicio de amparo se actualiza una excepción al principio de definitividad invocado por la tercera interesada, al encontrarse involucrado una menor de edad -Patricia Fernanda Arriaga Godínez-. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, Décima Época, del tenor literal: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Por lo tanto, al no existir diversa causa de improcedencia del juicio invocada por las partes y al no advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la controversia constitucional planteada, sin que sea obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la ley no lo establece así; entonces, a continuación se procede al estudio de la controversia constitucional. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 268, que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en su escrito de demanda expresó diversos conceptos de violación, los que por cierto se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su trascripción, atento a lo dispuesto en el ordinal 74 de la ley de la materia, pues ni de éste ni de ningún otro se advierte disposición expresa de que deban transcribirse. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Calificación de los conceptos de violación y estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expuestos son infundados. El promovente del amparo aduce en sus conceptos de violación, en esencia, que se violan los derechos humanos contenidos en los artículos 4º, 14 y 16 constitucionales, porque la Jueza responsable: i) No recabó ni una sola prueba, las cuales pudieron ser ordenadas y desahogadas rápidamente, como pudieron haber sido prueba socio conductual, comparecencia de la menor o testimoniales; con lo cual se hubiera dado cuenta que lo manifestado por Anahí Fernanda Godínez Suárez, tercera interesada, es falso. ii) Se basó para conceder la orden de protección solo en el género, sin tomar en cuenta la especial situación de la menor -Patricia Fernanda Arriaga Godínez-, y sin observar y calificar las pruebas que pudo haber ordenado. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente disponen: "Artículo 14 (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho..." "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del numeral transcrito en primer orden, se desprende la presencia de las garantías de seguridad jurídica de audiencia, defensa y legalidad. Entendiéndose por la primera el derecho del gobernado que previo a cualquier acto de privación en sus derechos, propiedades o posesiones, sea llamado ante el tribunal respectivo de donde emane el acto privativo, para que éste pueda hacer valer sus defensas y oponer excepciones según su leal y legal entender, respetando las formalidades esenciales del procedimiento; es decir, sea oído y vencido en juicio. Por lo que ve a la garantía de legalidad, debe entenderse que todo acto de autoridad debe estar apegado al cuerpo legal expedido con anterioridad al acto jurídico. El segundo numeral establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De lo que se permite concluir que, en tratándose de actos privativos, sea de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos de los particulares, se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento; por ende, a diferencia de los actos de molestia, que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, éstos se rigen por la diversa garantía de seguridad jurídica contemplada en el artículo 16 constitucional. Fortalece lo expuesto la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 238355, Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 81, Tercera Parte, página 15, que dice: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURIDICA, GARANTIAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCION. ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional". Ahora, atendiendo la naturaleza jurídica de las providencias precautorias, como las que se decretaron en la resolución que constituye el acto reclamado, éstas implican que el Juez actúe con celeridad al momento de decretarlas, a fin de garantizar su efectividad, teniendo en cuenta que el derecho de audiencia del demandado se podrá materializar durante la secuela del procedimiento. Resulta aplicable, por las razones que la conforman, la jurisprudencia P./J. 21/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Marzo de 1998, página 18, número de registro digital 196727, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". [Énfasis añadido]. De igual forma, se cita por identidad jurídica sustancial la tesis 1a. LXXXVIII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 525, que prevé: "ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 62, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos de privación se rigen por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se caracterizan por ser definitivos; mientras que los de molestia se relacionan con el diverso 16 constitucional y se distinguen de aquéllos por ser provisionales y carecer de definitividad, esto es, la Constitución Federal distingue y regula de forma diferente los actos privativos y los de molestia. Ahora bien, el artículo 62, párrafo segundo, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que establece que las medidas de protección previstas en el artículo 66 del citado ordenamiento son precautorias, cautelares y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, no se rige por el derecho fundamental de audiencia previa reconocido por el artículo 14 constitucional, porque no tiene por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial, o de un derecho del gobernado, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en prevenir un acto de violencia más contra la mujer agredida; por lo que sus alcances sólo son precautorios y cautelares, ya que se fundan en principios de debida diligencia y en el estado de necesidad. No obstante lo anterior, si bien el indicado derecho de audiencia previa no rige para antes de que el juez dicte las medidas de emergencia, la propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en su artículo 72, establece que al notificarse la medida de emergencia debe citarse al agresor para que comparezca ante el juzgador a alegar lo que a su derecho convenga, lo cual permite considerar que la referida ley tutela y cumple con ese derecho a favor del agresor, en virtud de la afectación que pudiera ocasionarse a la esfera de sus derechos con el dictado de la medida cautelar. De ahí que el artículo 62, párrafo segundo, de la citada ley, al establecer medidas de protección de emergencia, no viola el derecho fundamental de audiencia previa". (Lo resaltado es propio). Por su parte, es menester transcribir el contenido de los artículos 35 a 43 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar para el Estado de Colima: "ARTICULO 35.- Son órdenes de protección las especificadas en este artículo y serán decretadas y ejecutadas por los jueces familiares, civiles, mixtos y penales que correspondan, independientemente de las medidas provisionales contenidas en la legislación legal aplicable, siendo las siguientes: I. Otorgar la guarda y custodia material de sus hijos e hijas menores de edad a la parte receptora; II. Desalojar a la parte generadora de la casa habitación que comparta con la o las personas receptoras de violencia familiar; independientemente de la acreditación posterior de la propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; III. Garantizar el reingreso de la persona receptora de violencia familiar al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad; IV. Retención y guarda de armas de fuego propiedad de la parte generadora de violencia familiar o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia; así como solicitar la suspensión del derecho de portación de armas. Es aplicable lo anterior también a las armas punzocortantes que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la persona receptora; V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la persona receptora de violencia familiar y de sus hijas e hijos; VI. Acceso al domicilio en común de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la receptora de violencia familiar a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; VII. Auxilio policíaco de reacción inmediata con autorización expresa de la persona receptora de violencia familiar, del ingreso al domicilio donde se localice en el momento de otorgar el auxilio; siempre y cuando lo solicite ella misma; (SIC). Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género a la persona generadora de violencia familiar en instituciones públicas debidamente acreditadas; IX. Prohibir a la parte generadora: Esconder o remover de la jurisdicción a los menores de edad procreados por las partes; Hostigar, intimidar, amenazar, dañar, molestar o poner en peligro la integridad de la receptora o de cualquier integrante de su familia, en las áreas en donde habitualmente realizan sus actividades; Acercarse a la parte receptora en un radio de doscientos metros del hogar del que fue desalojado, del trabajo o centro de estudios, del hogar en donde habite o de cualquier otro que frecuente la persona receptora y su familia; y No disponga en perjuicio de la persona receptora, ni de cualquier integrante de su familia, de los bienes privados de estos ni de los que correspondan a la sociedad conyugal. Cuando la parte generadora administre un negocio, comercio o industria que formen parte de los bienes familiares, el juez o jueza, ordenaran que rinda mensualmente un informe financiero a la autoridad judicial que conozca del asunto; X. Dictar cualquier otra medida que estime necesaria para el cumplimiento de los fines que salvaguarda la presente Ley. De las medidas dictadas se apercibirá a la parte generadora que en caso de incumplimiento a las órdenes de protección, se le impondrá cualquiera de las medidas de apremio a que se refiere el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado, independientemente del delito que se pueda configurar con esa conducta." "ARTICULO 36.- Las medidas del artículo anterior serán, aplicables a quienes estén unidos en matrimonio y se harán extensivas a los miembros de la familia citados en la fracción II del artículo 25 de la presente Ley o cualquier otro tipo de relación familiar de hecho, o que lo hayan estado en el pasado." "ARTÍCULO 37.- Las Órdenes de Protección, podrán ser solicitadas por la persona interesada o por sus representantes, y por cualquier otra persona si se cumple lo previsto en el artículo 38 de esta Ley, directamente ante los Jueces Familiares, Civiles y Mixtos que conozcan de la materia y en su caso, ante las Agencias del Ministerio Público Especializadas en violencia familiar, o en turno. El derecho a solicitar la orden de protección no se afectará porque la persona receptora de Violencia Familiar haya abandonado la casa habitación compartida con la parte generadora, para evitar la consecución de la violencia." "ARTICULO 38.- Cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos de violencia familiar, deberá de auxiliar a quienes son receptoras y de manera prioritaria cuando se trate de personas con impedimentos físico y mental; por su origen étnico o religión; por su edad o estado de salud y podrá solicitar una orden de protección a su favor, directamente a las autoridades señaladas en el artículo anterior. Para facilitar a las personas involucradas en violencia familiar el trámite de la orden de protección, los Juzgados y Ministerios Públicos dispondrán de personal capacitado para orientarlas y dar a conocer los servicios de prevención y atención especializada que ofrece la presente Ley." "ARTICULO 39.- Interpuesta la solicitud ante el Ministerio Público, éste valorará el estado de riesgo y el interés superior de la persona receptora de violencia familiar, debiendo solicitar la orden de protección ante el juzgador sin exceder de un término de 72 horas." "ARTÍCULO 40.- Una vez que el Juez recibe la solicitud de parte del Ministerio Público o directamente de la persona receptora de violencia familiar y para emitir la orden de protección, el juzgador valorará pormenorizadamente la exposición de los hechos, la necesidad de la medida según el estado de riesgo señalado y las pruebas que se le acompañan; elementos que le permitirán definir la procedencia de la orden de protección sin exceder de un término de 72 horas, debiendo ejecutarse ésta, dentro de las veinticuatro horas siguientes. En los casos de notoria urgencia, aún sin pruebas y según el criterio del juzgador, éste ordenará de plano la orden de protección y su ejecución, con la prioridad y urgencia que lo amerita Por notoria urgencia se entenderá el estado de riesgo que se señale en la exposición de hechos contenida en la solicitud de emisión de una orden de protección." "ARTICULO 41.- Según la gravedad del caso, y los riesgos de probables agresiones, durante la ejecución de las órdenes de protección, el juez podrá hacer uso de las medidas que resulten necesarias, inclusive el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras de las puertas." "ARTÍCULO 42.- En los Juzgados y en la Agencia Especializada del Ministerio Público en turno, ante quienes se promueva la orden de protección, se actuará con la celeridad y confidencialidad requerida bajo su responsabilidad." "ARTICULO 43. Las modificaciones, o inconformidades de las órdenes de protección, se substanciaran en los términos del artículo 94 y al Capítulo Único Del Título Decimosexto, De las Controversias Familiares del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Estas se tramitarán incidentalmente por parte interesada, por escrito, corriéndose traslado a la parte contraria y se convocará a audiencia de pruebas y alegatos en un término de ocho días, y resolviéndose en un término de tres días." De dicha transcripción, se desprende que las medidas de protección son decretadas y ejecutadas por jueces familiares, civiles, mixtos y penales, las cuales pueden consistir en otorgar la guardia y custodia material de los hijos menores de edad a la parte receptora de violencia familiar; desalojar a la parte generadora de la casa habitación que comparta, independientemente de que se acredite posteriormente la propiedad o posesión del inmueble, aún y en los casos en que éste se arrende; garantizar el reingreso de la persona receptora de la violencia al domicilio; entre otras. De igual forma, se prohíbe a la parte generadora de violencia el hostigar, intimidar, amenazar, dañar, molestar o poner en peligro la integridad de la receptora o de cualquier integrante de su familia, en las áreas en donde habitualmente realicen sus actividades; acercarse a la parte receptora en un radio de doscientos metros del hogar del que fue desalojado, del trabajo o centro de estudios, del hogar en donde habite o de cualquier otro que frecuente la persona receptora y su familia; y, no disponer en perjuicio de la persona receptora, ni de cualquier integrante de su familia, de los bienes privados de éstos ni de los que correspondan a la sociedad conyugal. Las órdenes de protección pueden ser solicitadas por la persona interesada o por sus representantes y el derecho a solicitarlas no se afectará porque la persona haya abandonado la casa habitación compartida con la parte generadora, para evitar que se siga produciendo la violencia. También se establece que el juez que reciba la solicitud de las medidas de protección, directamente por el agraviado o a petición del Agente del Ministerio Público, valorará pormenorizadamente la exposición de los hechos, la necesidad de la medida según el estado de riesgo señalado y las pruebas que se le acompañen, a fin de determinar la procedencia de la orden de protección, sin exceder de un término de setenta y dos horas, medida que se ejecutará dentro de las veinticuatro horas siguientes. Asimismo, se señala que, en tratándose de casos de notoria urgencia, aún sin pruebas y según el criterio del juzgador, éste ordenará de plano la orden de protección y su ejecución, con la prioridad y urgencia que lo amerite, entendiéndose por notoria urgencia el estado de riesgo que se señale en la exposición de hechos contenida en la solicitud respectiva. Así, atendiendo la gravedad del caso, en la ejecución de las órdenes de protección, el juez podrá hacer uso de las medidas que resulten necesarias, inclusive el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras de las puertas. Por último, que las órdenes de protección pueden ser modificadas, lo cual se substanciará en vía incidental por parte interesada, por escrito, corriéndose traslado a la parte contraria con tal inconformidad y convocando a la audiencia de pruebas y alegatos en un término de ocho días, incidencia que se resolverá en un término de tres días. De ello se permite concluir que las órdenes de protección son medidas precautorias, cautelares y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, procedimientos que no se rigen por el derecho fundamental de audiencia previa reconocido por el artículo 14 constitucional, porque no tienen por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial, o de un derecho del gobernado, sino que tienen efectos provisionales y un propósito de interés general, consistente en prevenir que se sigan consumando actos de violencia en contra de la persona agredida, por lo que sus alcances sólo son precautorios y cautelares, fundados en principios de debida diligencia y en el estado de necesidad. Así las cosas, el derecho de audiencia previa no rige antes de que el juez dicte las medidas de emergencia, sino que, al constituir un acto de molestia, la parte inconforme puede hacer valer lo que a su interés legal convenga, una vez que se decreta y se materializa la providencia; incluso, la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, en su artículo 43, establece que las inconformidades o modificaciones que surjan respecto de tales medidas se substanciarán de manera incidental, a petición de parte interesada, conforme al procedimiento respectivo para ello. Ahora bien, de las constancias aportadas por la Jueza de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, se acredita que el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el expediente CUIE: 21-0332-110F, decretó una orden de protección a favor de Anahí Fernanda Godínez Suárez -tercera interesada- y de su menor hija Patricia Fernanda Arriaga Godínez, en contra de José Manuel Arriaga Gómez, para las medidas protectoras siguientes: a) Se prohibió al aquí promovente del amparo hostigar, Intimidar, amenazar, dañar, molestar o poner en peligro por cualquier medio la integridad de Anahí Fernanda Godínez Suárez como receptora directa de la violencia y de su hija PFAG, de manera personal o por interpósita persona, de manera telefónica, redes sociales, medios de comunicación ya sea de forma directa o indirecta, en las aéreas donde habitualmente realicen sus actividades; y, b) Acercarse a Anahí Fernanda Godínez Suárez y de su menor hija PFAG, en un radio de 200 (doscientos) metros de su domicilio particular ubicado en el andador Luna, número 488, colonia Manuel M. Diéguez, de Villa de Álvarez, Colima, o de cualquier otro lugar en el que se encuentren. Asimismo, la Jueza responsable estableció que la restricción de los doscientos metros tiene como excepción los días y horas que el Juez o Jueza Familiar estableció como régimen de convivencia entre el aquí promovente del amparo y su menor hija Patricia Fernanda Arriaga Godínez. Como se anticipó, no asiste razón a lo manifestado por el promovente del amparo en el concepto de violación relacionado en el inciso i), en el que afirma que se violan sus derechos humanos contenidos en los artículos 4º, 14 y 16 constitucionales, porque la Jueza responsable, previo a la emisión de la orden de protección reclamada, no recabó ni una sola prueba, las cuales pudieron ser ordenadas y desahogadas rápidamente, como pudieron haber sido prueba socio conductual, comparecencia de la menor o testimoniales; con lo cual se hubiera dado cuenta que lo manifestado por Anahí Fernanda Godínez Suárez tercera interesada- es falso. Lo anterior es así, porque basta imponerse de las constancias de autos, en particular de la relativa al acto reclamado, para advertir que la autoridad responsable fundamentó al orden de protección, entre otros, en el artículo 40 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar para el Estado de Colima, que establece que a solicitud de las medidas de protección, directamente por el agraviado o a petición del Agente del Ministerio Público, el juez valorará pormenorizadamente la exposición de los hechos, la necesidad de la medida según el estado de riesgo señalado y las pruebas que se le acompañen, a fin de determinar la procedencia de la orden de protección, sin exceder de un término de setenta y dos horas, medida que se ejecutará dentro de las veinticuatro horas siguientes. Además, que, en tratándose de casos de notoria urgencia, aún sin pruebas y según el criterio del juzgador, ordenará de plano la orden de protección y su ejecución, con la prioridad y urgencia que lo amerite, entendiéndose por notoria urgencia el estado de riesgo que se señale en la exposición de hechos contenida en la solicitud respectiva. Igual suerte el diverso motivo de agravio contenido en el inciso ii), en el que el inconforme refiere que la Jueza responsable se basó para conceder la orden de protección solo en el género, sin tomar en cuenta la especial situación de la menor -Patricia Fernanda Arriaga Godínez-, y sin observar y calificar las pruebas que pudo haber ordenado. Para arribar a tal conclusión, es menester señalar lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: "Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." Del numeral transcrito se obtiene, en lo que aquí interesa, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Carta Magna prevea y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ahora, del contenido de dicho numeral se obtiene que el concepto de violación que se aborda es infundado, pues contrario a lo postulado por el solicitante de amparo, de los numerales citados de la Ley para la Prevención y Atención a La Violencia Familiar, no se desprende un trato desigual del gobernado ante la ley, menos aún, discriminatorio, pues insístase, las medidas de protección lo que persiguen es evitar que se sigan cometiendo conductas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas ante un probable estado de emergencia, por lo que su naturaliza es provisional y deben decretarse de manera inmediata y perviven hasta que desaparece el estado de riesgo en comento. Sin embargo, deben tomarse en cuenta los elementos probatorios y las manifestaciones que obren en la solicitud correspondiente, a fin de determinar si son o no procedentes y la parte contraria tiene la oportunidad de alegar y aportar los elementos de convicción que estime pertinentes, incluso, interponer el incidente de modificación o cancelación señalado, de lo que se colige que no se le deja en estado de indefensión frente a dicha figura jurídica, por ende, no existe desigualdad o discriminación frente a la ley entre las partes contendientes en ese tipo de procedimientos. Menos existe un trato diferenciado, bajo alguna conducta proscrita por el artículo 1° constitucional; es decir, dicho trato obedece a una circunstancia de violencia, no así por sexo, género, estatus social o religioso; de ahí lo inexacto del argumento. Aunado que se torna inoperante porque lo hace sustentar en el hecho de que no se le dio garantía de previa audiencia, circunstancia que ya fue desestimada. Fortalece lo expuesto la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, página 1154, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos". En otro contexto, debido a que el planteamiento de la demanda de amparo se acreditó que Juan Manuel Arriaga López la promueve en representación de su hija menor de edad -Patricia Fernanda Arriaga Godínez-, y el concepto de violación lo hace descansar en el sentido que las vulneraciones a los derechos fundamentales le irrogan perjuicio al promovente. Incluso, la medida de protección es a favor de la quejosa menor de edad, lo que, contrario a lo alegado en los conceptos de violación, no tenía por qué garantizar el derecho fundamental de audiencia. A mayor abundamiento, de las constancias que remitió la autoridad responsable no se advierte deficiencia de los conceptos de violación, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la propia Jueza responsable, en ponderación al derecho fundamental de la menor, únicamente limitó el acercamiento del padre de la menor en un radio de doscientos metros de su domicilio particular ubicado en el andador Luna, número 488, colonia Manuel M. Diéguez, de Villa de Álvarez, Colima, o de cualquier otro lugar en el que se encuentre con su progenitora, con excepción de los días y horas que el Juez Familiar estableció como régimen de convivencias; es decir, dejó en beneficio de la menor de edad quejosa el derecho fundamental de convivencias con su padre, respetando dicho derecho fundamental para convivir, con lo cual no se advierte un impacto diferenciado entre los padres, y así la eliminación de un posible acto de discriminación u otro obstáculo que impida desproporcionadamente o irrazonadamente al progenitor ejercer su derecho de paternidad y el mismo derecho inherente a sus convivencias. En ese orden de ideas, en atención a las consideraciones vertidas y al resultar infundados los argumentos vertidos por la parte quejosa, además, de no advertirse violación alguna que deje a la parte quejosa en estado de indefensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, al contrario la orden de protección fue decretada en su beneficio, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 16, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 73 a 77 y 124, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Manuel Arriaga López, en representación de la menor Patricia Fernanda Arriaga Godínez, contra el acto que reclamó de la Jueza Auxiliar en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Colima; por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Colima, Colima, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual el licenciado ******, representante especial de la menor ******, comparece a la audiencia constitucional y realiza manifestaciones, mismas que se tomaran en cuenta en el momento procesal oportuno. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe rendido por la Jueza del Juzgado Auxiliar en Materia Familiar del Primer Partido Judicial, no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas con treinta y seis minutos del catorce de julio de dos mil veintiuno. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, bajo la voz: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la tercera interesada ***, comparece al presente juicio de amparo a señalar domicilio y autorizado para oír y recibir notificaciones; además, realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno; por tanto, ténganse por hechas las mismas; lo anterior de conformidad con el artículo 124, de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *** de Colima. Asimismo, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, a ***, por así haberlo solicitado expresamente la tercera interesada. Notifíquese por lista.
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