José Manuel Anguiano Salgado
Expediente 729/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel Anguiano Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un escrito registrado con el folio 14957. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, sin mayor trámite, el escrito signado por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, por sí y en cuanto superior jerárquico y representante legal del Hospital General Regional de Sahuayo, Michoacán; toda vez que el veintitrés del mes y año en curso, se pronunció sentencia en el presente juicio. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las once horas con veintiocho minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del Secretario Iván Paredes Escobar, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 729/2023, señalada para esta fecha. El Secretario da cuenta al Juez, con las principales constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: Demanda de amparo, e Informes a la suspensión de plano. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el Secretario da cuenta al Juez, con las documentales de la parte quejosa y autoridades responsables. El Juez, provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las referidas documentales en razón de su propia y especial naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que las partes fueron omisas en emitir alegatos. A S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo promovido por José Manuel Anguiano ********************,por propio derecho, contra actos del Director del Hospital General de Sahuayo Dr. Héctor Orozco Zepeda, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado ante secretaria de guardia de este órgano de control constitucional, el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, José Manuel Anguiano ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la omisión de las siguientes autoridades, que enseguida se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A) Director del Hospital General de Sahuayo Dr. Héctor Orozco Zepeda. B) Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán. IV. OMISIÓN RECLAMADA. A) La omisión de proporcionarme atención médica y el tratamiento adecuado para la enfermedad de ******************** que padezco." El promovente del amparo expone que se violan en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 1º y 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el número de expediente 729/2023; se concedió la suspensión de plano para que las autoridades responsables brindaran al quejoso José Manuel Anguiano ********************, la atención médica, medicamentos y tratamiento que requería, para la atención del padecimiento de ********************; se pidió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en esta ciudad, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, toda vez que la parte quejosa reclama omisiones atribuidas a una autoridad administrativa (Hospital General Dr. Héctor Orozco Zepeda, de Sahuayo, Michoacán de Ocampo), lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LAS OMISIONES RECLAMADAS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar la omisión que se reclama en la presente instancia constitucional. De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director del Hospital General Dr. Héctor Orozco Zepeda, de Sahuayo, Michoacán de Ocampo; Secretaría de Salud Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia. -La omisión de brindarle la atención médica y proporcionarle el tratamiento que requiere para su padecimiento de ********************. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Las autoridades responsables Secretaría de Salud Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia; y Director del Hospital General Dr. Héctor Orozco Zepeda, de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, han sido omisas en rendir su informe justificado, no obstante que fueron notificadas de los oficios petitorios 17834/2023 y 17835/2023, como se desprende de los acuses de recibo correspondientes. En consecuencia con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117, de la Ley de Amparo, se presume cierta la omisión reclamada que se les atribuye a dichas autoridades. Tiene aplicación, la tesis 1a./J. 8/99, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, del tomo IX, marzo de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 194401, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo, fue promovido en tiempo en términos del artículo 17, de la Ley de Amparo, toda vez que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que incide sobre la adecuada atención médica se considera como un acto de carácter negativo, donde la autoridad se rehúsa a obrar conforme a lo requerido por el quejoso que compromete sus derechos humanos a la salud y la vida, los cuales el Estado está constreñido a proteger y garantizar de manera oportuna y eficaz, así como con calidad. Por ello, la presentación de la demanda de amparo en contra de un acto de tal naturaleza no está sujeta al plazo de quince días impuesto por el citado numeral; atendiendo a que ese acto no se extingue en el momento de presentarse, sino que produce sus efectos día a día, debido a que la parte quejosa no tiene acceso, ni disposición ni atención al tratamiento médico requerido; lo cual implica por sí un peligro a su subsistencia que persiste hasta en tanto se realice la conducta médica positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a la atención médica requerida. De ahí que pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, acorde a lo establecido en el ordinal 17, fracción IV, de la ley de la materia, toda vez que el plazo para ejercer la acción de amparo comienza a computarse todos los días. Cobra exacta aplicación, la tesis XVII.1o.P.A.12ª (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito de contenido: "OMISIÓN DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. La omisión de proporcionar una adecuada atención médica, por ejemplo, al no realizar diversos estudios o procedimientos médicos, clínicos o quirúrgicos, o no suministrar medicamentos, es un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, la interposición de la demanda de amparo en su contra no está sujeta al plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ese acto no se extingue al momento de la negativa, sino que produce efectos día a día, al no tener el quejoso acceso, disposición y atención a los tratamientos y medicamentos, lo que conlleva el peligro de su subsistencia hasta en tanto se realice una conducta positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a los derechos indicados, así como a los relativos a la dignidad humana e, incluso, a la seguridad social, que en su favor protegen los mencionados ordenamientos; de ahí que lo reclamado esté comprendido dentro de la excepción establecida en la fracción IV del numeral 17 mencionado, toda vez que el plazo para ejercer la acción constitucional comienza a computarse todos los días. La conclusión anterior es acorde con la reforma de 10 de junio de 2011 al artículo 1o., en relación con el 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo cual se establecen las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución Federal, trascendiendo al juicio de amparo y, por ello, los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, a fin de superar todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por el promovente de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, toda vez que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. SEXTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que haga valer las partes, o que se advierta de oficio (al haberse verificado entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y se Gaceta, con número de registro 164618, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Los conceptos de violación son fundados. El solicitante de amparo refiere, que se transgreden en su perjuicio los artículos 1° y 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sostiene que las autoridades responsables tienen la obligación de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Procurando en todo momento el bienestar general de las personas, tanto en lo físico como en lo mental o emocional y social. Argumenta que si las responsables son omisas en brindarle la atención médica que requiere para contrarrestar su padecimiento, están transgrediendo sus derechos establecidos en los referidos artículos, ya que dicha omisión no le permite el goce del derecho humano a la salud y que tampoco promueven, respetan, protegen ni garantizan dicho derecho. Los conceptos de violación son esencialmente fundados. En efecto el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho a la salud, establece: "Artículo 4o.- (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." Conforme a la porción normativa recién transcrita, toda persona tiene derecho a la salud, de lo cual, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha signado convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del citado derecho (salud) y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Sobre el tópico, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otro progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Es ilustrativa, la tesis P.XVI/2011, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 29, del tomo XXXIV, agosto de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 161333, que dispone: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." El citado Alto Tribunal, ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el precepto constitucional de referencia tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población y que, por servicios de salud, se deben entender como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Lo anterior, en concordancia con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es aplicable, la tesis LXV/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en la página 457, tomo XXVIII, julio de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 169316, que prevé. "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." Por otro lado, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, refiriendo que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; aunado a ello, el numeral 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido, y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. La prerrogativa fundamental en estudio entraña libertades y derechos, entre las que destaca la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, así como el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; además, las relativas a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Igualmente, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, la obligación estatal de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, así como asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud deba entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. De lo anterior, se desprende que, para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos; esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que lo prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. En esa medida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia titulada: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL", ha determinado que la Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, suministra los siguientes servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos: a) Servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) Servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) Otros, que se prestan de conformidad con la autoridad sanitaria, como son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Por tanto, el referido derecho a la salud, no se limita a la salud física del individuo; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que, el derecho a la salud, se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Sirve de apoyo, la tesis LXVIII/2009 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 6, del tomo XXX, diciembre de 2009, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165826, que prevé: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica". Además, la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4°, párrafo cuarto de la Carta Magna, en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, señala que tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población. Asimismo, que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; y, por servicios básicos, entre otros: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y, b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Toda vez que, la protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar, en términos de los ordenamientos antes apuntados, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Aquí, es conveniente acudir a lo establecido en los artículos 77 bis 1, 77 bis 2, 77 bis 11 y 77 bis 12, todos de la Ley General de Salud, los cuales son reproducidos al tenor siguiente: "Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. (.) Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación y por las entidades federativas en términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Los recursos a que se refiere el párrafo anterior se entregarán a las entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente." De esta manera podemos observar que el principio de gratuidad en la prestación de servicios de salud, con el objeto de preservar la salud de las personas, está consagrado en favor de aquéllas que no se encuentren bajo el régimen de algún mecanismo de seguridad social, a fin de que puedan obtener sin costo alguno tanto el servicio de salud, en estricto sentido, como los medicamentos y demás insumos necesarios para preservar su integridad física, sin importar su condición social. Lo cual incluye, no sólo lo que podría considerarse como una atención básica, sino también las intervenciones quirúrgicas que requiera, así como los farmacéuticos y enseres hospitalarios que necesite en congruencia con su estado actual de salud. Dependiendo así la prestación de los servicios de salud gratuita de la Secretaría de Salud Federal, como de las entidades federativas por intervención de sus correspondientes servicios estatales de salud; de ahí que, solidariamente estarán obligados a aportar las cuotas necesarias para hacer frente a dicha necesidad, que como se dijo, está constituido como prerrogativa fundamental. Por ello, incumbe al Gobierno Federal establecer anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos que destinará para tal fin; siendo así la única condicionante para el ejercicio de esa prerrogativa fundamental el límite presupuestario con que cuentan las instituciones de salud para poder proporcionar la atención médica integral. De ahí que la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud: de ahí que si el Estado mexicano aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el derecho a la salud. Tales consideraciones dieron origen a las tesis CIX/2014(10a.) y CVIII/2014(10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueden verse en las páginas 1190 y 1192, del libro 12, noviembre de 2014, tomo I de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con números de registro 2007936 y 2007938, que disponen: "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que no basta la simple afirmación del Estado Mexicano de que existe limitación presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las medidas "hasta el máximo de los recursos" de que disponga, para lograr la realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones que constituyan una violación a tales derechos humanos." "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." En el caso, el impetrante de amparo José Manuel Anguiano ********************, manifestó bajo protesta de decir verdad, que fue diagnosticado de ********************, para lo cual requiere el tratamiento sustitutivo con hemodiálisis, pero que, debido a que en el Hospital General Dr. Héctor Orozco Zepeda, de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, no tienen disponible dentro de su agenda un espacio para brindarle dicho tratamiento, éste lo recibe en la clínica de hemodiálisis particular denominada ATP ubicada en Sahuayo, Michoacán, de Ocampo; lo cual se corrobora con las imágenes de los registros de las sesiones de hemodiálisis que recibe el referido quejoso, en dicha clínica particular, los cuales adjuntó a su escrito inicial. Documentales, a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 203, párrafo segundo, segunda parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, en razón de fueron emitidas por terceros a la presente contienda constitucional; esto es, por la clínica de hemodiálisis ATP, de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, mismas que hacen prueba en favor del quejoso contra las autoridades responsables, en razón de que no las objetaron, de las que se aprecia el padecimiento cuya omisión de atención impugna. Ahora, la falta de atención médica que reclama a las autoridades responsables prevalece. En relación con lo anterior, como se advierte de las constancias que obran dentro del presente juicio, el apoderado jurídico de las autoridades responsables, al rendir los informes respectivos en relación con la suspensión de plano, hizo saber a este órgano jurisdiccional, que se habían realizado las gestiones conducentes para que se otorgaran al quejoso las sesiones del tratamiento de hemodiálisis que requería, cubriendo el costo de las mismas la Secretaría de Salud; además hizo del conocimiento de este juzgado, que de presentar algún malestar o complicación el quejoso, éste debe asistir de inmediato al área de urgencias del hospital demandado, para su atención y estabilización para que se le brinde atención médica inmediata. De lo expuesto surge que la atención que se ordenó proporcionar al quejoso fue en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por lo que, la misma se estima insuficiente para colmar el derecho a la protección de la salud del peticionario de amparo, dado que la restitución de ese derecho, acontecerá cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a éste a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente, el tratamiento y servicios que requiere para tratar los padecimientos del quejoso. En esas condiciones, con las acciones realizadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión de plano, no es dable tener por resarcido el derecho a la salud del solicitante de amparo. En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación que se estudian, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada por José Manuel Anguiano ********************. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a José Manuel Anguiano ********************, el amparo solicitado a efecto que: Las autoridades responsables Director del Hospital General Dr. Héctor Orozco Zepeda, de Sahuayo, Michoacán de Ocampo; y, Secretaría de Salud Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia: 1.- Bajo su estricta vigilancia, supervisión periódica y responsabilidad gestionen las acciones necesarias para que éstas, o bien a través de la clínica o del centro hospitalario que corresponda, incluso de manera subrogada, se le siga proporcionando al quejoso José Manuel Anguiano ********************, la debida atención médica, la cual deberá ser integral y completa, para tratar su padecimiento de ********************. Lo que implica a los médicos en la especialidad que fuere necesaria, estudios médicos, diagnósticos y medicamentos más idóneos para sus padecimientos, ello de manera continua. b) Asimismo, deberá realizar las valoraciones médicas que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle el número de hemodiálisis que requiera. c) Para efecto de lo anterior, será obligación del quejoso para continuar gozando de la protección del amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General Dr. Héctor Orozco Zepeda, de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, para que sea valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. d) Se ordena a las autoridades responsables, que se cercioren de que en el expediente médico asignado al quejoso, se asiente la anotación correspondiente a los efectos de la concesión de la protección constitucional en el presente juicio de amparo, relacionados con el padecimiento de ********************, que le fue diagnosticado; así como para que las constancias relativas al cumplimiento de la presente ejecutoria se integren a dicho expediente, a fin de que sean acatadas por los médicos tratantes que intervengan en su tratamiento clínico. En la inteligencia que, con la atención médica brindada hasta este momento al impetrante del amparo, no se exime a las autoridades responsables su obligación de salvaguardar el derecho que éste tiene, para recibir el tratamiento médico, medicamentos y tratamiento necesarios para tratar los padecimientos que le fueron diagnosticados, de acuerdo a la valoración que realicen los médicos especialistas. Cobra puntual aplicación, la tesis CCCXLIII/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 969, del libro 24, noviembre de 2015, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010420, que dice: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes." NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Manuel Anguiano ********************, contra la omisión reclamada de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos expresados en el diverso séptimo y para los efectos descritos en el correlativo octavo del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma (electrónicamente) René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
En diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un escrito registrado con el folio 14620. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el escrito signado por el autorizado de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, por sí y en cuanto superior jerárquico y representante legal del Hospital General Regional de Sahuayo, Michoacán; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de catorce de noviembre pasado, informa la imposibilidad de dar cumplimiento a la suspensión de plano, toda vez que el quejoso ********************, no se ha presentado ante sus mandantes a solicitar atención médica. En consecuencia, requiérase al quejoso ********************, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente proveído, acuda al nosocomio responsable, a fin de someterse al tratamiento médico que los especialistas de ese lugar, bajo su apreciación técnica y profesional, estimen idóneo para atender los padecimientos que le afecten, o bien, manifieste el impedimento que tiene para hacerlo. Lo anterior, bajo la advertencia que en términos del artículo 77 Bis 38 de la Ley General de Salud, como beneficiario de salud, tiene la obligación de informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y servicios de atención médica, colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud, cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general al que haya aceptado someterse, informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de consultas y quejas, y hacer uso responsable de los servicios de salud. No obstante lo anterior, dígaseles a las responsables que subsisten los apercibimientos decretados en autos; por lo que, tan pronto como se presente el quejoso ante ellas, para recibir atención médica, deberán informar el cumplimiento exacto e inmediato que den a la suspensión concedida Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
En catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un escrito y anexo registrados con el folio 14324, y con el estado de autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el escrito signado por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, por sí y en cuanto superior jerárquico y representante legal del Hospital General Regional de Sahuayo, Michoacán; en su atención, téngasele informando que sus mandantes han brindado atención médica al quejoso José Manuel Anguiano Salgado; así mismo, indicando que el quejoso, debería presentarse en esta fecha, en la "Clínica ATP", de Sahuayo, con la finalidad que se le programen sus sesiones de hemodiálisis. Comuníquese lo anterior, a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Así mismo, se tiene a las autoridades responsables, reiterando como domicilio para recibir notificaciones el que indican; y, señalando como delegados en términos del artículo 9º, de la Ley de Amparo, a las personas que refieren. Por otro lado, tomando en consideración que de autos se advierte que en proveído de ocho de los actuales, se requirió a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes posteriores a que la parte quejosa se presentara ante ellas a recibir atención médica, lo que así debió ocurrir a las once horas del diez de noviembre pasado, deberían informar el cumplimiento exacto e inmediato que le dieron a la suspensión concedida, lo que a la fecha no ha acontecido. Por tanto, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a que reciban el presente comunicado, informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano, de conformidad con los lineamientos indicados en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, así como en el diverso de ocho de noviembre pasado; asimismo, indíqueseles que subsiste el apercibimiento decretado en este último. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes
- José Luis Vázquez Moreno32/2023
- José Luis Villanueva Monrroy571/2023
- José Ma. Fernández Torres436/2020
- José Ma. Hernández Chávez363/2017
- José Ma. Ochoa Manzo497/2023
- José Manolo Torres Munguía17/2023
- José Manuel Cervantes Acevedo362/2018
- José Manuel Cornejo García636/2021
- José Manuel Díaz Alonso396/2021
- José Manuel Fernández Medina278/2020
- José Manuel García Cornelio400/2018
- José Manuel Garín Ochoa318/2017