Jose Manuel Amaya Diaz

Expediente 1012/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1012/2023
Año
2023
Actuaciones
28
Última actuación
20/12/2023

Partes del expediente

  • Jose Manuel Amaya Diaz
  • Juez Trigesimo Tercero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se desprende que se encuentra en trámite el incidente de falsedad de firma promovido por el tercero interesado, respecto del escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mi veintitrés ante la Oficialía de Partes de éste juzgado federal, esto es, el escrito de desahogo de prevención signado aparentemente por el quejoso, por propio derecho; y mediante auto de siete de los actuales, se requirió al citado peticionario de amparo para que se constituya en el local de este órgano jurisdiccional a las trece horas con treinta minutos del día veintiuno de diciembre del año en curso, a plasmar la firma o firmas que utiliza, a efecto de que los peritos de las partes y el oficial puedan rendir su dictamen pericial. Máxime, que mediante auto de once de diciembre de la presente anualidad, se tuvo al quejoso, por propio derecho, interponiendo recurso de queja en contra del proveído de primero de diciembre de la presente anualidad, con el cual se ordenó dar vista a las partes por el termino de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, término que comenzara a transcurrir una vez que se les notifique dicho proveído. En estas circunstancias, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; ahora bien, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que es un hecho notorio que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y este Juzgado de Distrito, se encontrarán gozando de su segundo periodo vacacional correspondiente a este año, los cuales transcurrirán del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés al cinco de enero de dos mil veinticuatro y del uno al quince de enero de dos mil veinticuatro, respectivamente; por tanto, se señalan las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veinticuatro. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. MESA I

  2. Principal

    Agréguese a sus autos la razón actuarial signada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar al tercero interesado, en el domicilio que se señaló en los presentes autos, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, conforme a lo previsto en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese al tercero interesado citado el auto de once de diciembre del año en curso, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista, hasta en tanto proporcione domicilio cierto y actual para oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad. Notifíquese por lista al tercero interesado. México, Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado vía electrónica por el quejoso José Manuel Amaya Díaz, por propio derecho, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de primero de diciembre de la presente anualidad. En ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo se ordena dar vista a las partes, por el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido el término con o sin desahogo remítase el mencionado recurso a la superioridad. Notifíquese, personalmente al tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la Adscripción. MESA I

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por el tercero interesado por propio derecho; por medio del cual desahoga la vista ordenada en auto de once de diciembre de la presente anualidad, con motivo del recurso de queja en contra del proveído de primero de diciembre de la presente anualidad, por lo que una vez que fenezca el término ahí concedido para las demás partes, se acordara lo que en derecho corresponda. Notifíquese. MESA I

  4. Principal

    Agréguese a sus autos la razón actuarial signada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar al tercero interesado en el domicilio que se señaló en los presentes autos, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, conforme a lo previsto en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese al tercero interesado citado el auto de primero de diciembre del año en curso, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista, hasta en tanto proporcione domicilio cierto y actual para oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad. Notifíquese por lista al tercero interesado. MESA I AUTO DE 1 DE DICIEMBRE 2023 México, Ciudad de México, a primero de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José Manuel Amaya Díaz, por propio derecho, por medio del cual se le tiene promoviendo ampliación de la demanda de amparo, en atención a su contenido, se desprende que el acto en contra del cual intenta ampliar su demanda es: El emplazamiento a juicio practicado en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, por el C. Secretario Actuario del Trigésimo Tercero Juzgado de lo Civil de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve. En el cual se emplaza a juicio al suscrito de una demanda instaurada en mi contra, en las instalaciones del H. Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio de una comparecencia del C. MAURICIO JAVIER GARCÍA JIMÉNEZ, quien se presenta en su carácter de apoderado legal del suscrito y acredita dicha personalidad con instrumento notarial 20,653, pasado ante la fe del Notario Público Dr. Joel Chirino Castillo titular de la Notaria Pública 90 de la hoy Ciudad de México, en el que consta el Poder General para Pleitos y Cobranzas otorgado por el suscrito al C. MAURICIO JAVIER GARCÍA JIMÉNEZ, limitado a los actos jurídicos que se relacionen al inmueble propiedad del suscrito ubicado en Santa Clara de Juárez, Municipio de San Bartolo Morelos, Estado de México. Sin embargo, del escrito inicial de su demanda de garantías se desprende que dicho acto lo señaló, ya que al reclamar todo lo actuado (lo que incluye la falta de emplazamiento, sentencias o resoluciones, lanzamiento, etcétera) en el juicio ordinario civil, expediente 232/2019 seguido por Rodrigo García Salgado seguido contra José Manuel Amaya Díaz - hoy quejoso-, del índice del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivo por el cual se admitió dicha demanda en contra de la falta de llamamiento a juicio, así como todo lo actuado en el juicio natural, ya que comparece en su carácter de demandado, actos por los cuales se admitió el juicio garantías en que se actúa. En ese orden de ideas, si bien la ampliación de la demanda de amparo confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio al quejoso podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan y además que la petición de ampliación se formule dentro del plazo que prevé la Ley de Amparo en su artículo 111 fracción II; en ese sentido NO HA LUGAR A ADMITIR SU AMPLIACIÓN DE DEMANDA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO QUE INDICA, atendiendo a que en su escrito inicial de demanda señalo como acto reclamado todo lo actuado en el juicio natural, incluyendo el emplazamiento en el juicio primigenio, del índice del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lo que los actos que ahora señala se encuentran comprendidos en los referidos en la demanda de garantías. Tiene aplicación a la determinación anterior, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 214, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. SUPUESTOS EN QUE PROCEDE SU AMPLIACION. La Ley de Amparo no reglamenta las hipótesis para la procedencia de la ampliación de la demanda y ha sido la Suprema Corte quien ha sustentado tesis en dos casos, el primero: cuando antes de que las autoridades responsables rindan informe justificado a condición de estar dentro del término legal el quejoso, puede ampliar la demanda, el segundo caso de ampliación se da cuando después de rendidos los informes, aparece en ellos que los actos reclamados provienen de autoridades diversas de las señaladas en la demanda o aparezcan nuevos actos que no fueron impugnados en ésta, con la condición de que se esté en tiempo legal para ello; en ambos casos requieren que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Sin embargo, las dos hipótesis a las que se ha hecho referencia no son las únicas para la procedencia de la ampliación de la demanda sino que puede operar en otras. Si lo que se persigue en las tesis a que se alude y en otras sustentadas por los Tribunales Colegiados en los mismos sentidos, es cumplir con los principios jurídicos del derecho procesal, relativos a la economía y concentración del proceso (que evita la proliferación de juicios), y la no fragmentación de la continencia de la causa, no se ve impedimento legal para tener por ampliada la demanda de los agraviados, so pena de quebrantar los principios jurídicos antes citados cuando los nuevos actos reclamados no eran de su conocimiento ni antes de que rindieran los informes justificados las autoridades responsables, ni después de que los produjeran, sino durante la práctica de la inspección judicial ofrecida por los quejosos, por tanto, el acuerdo recurrido afecta el derecho de defensa de éstos, pues los deja en estado de indefensión, y como no se ha celebrado la audiencia constitucional, procede la admisión de la ampliación de ésta, siempre que para ello no ocurra ningún impedimento legal." No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 111 fracción II, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE A TRÁMITE la ampliación de demanda en relación con los conceptos de violación que se derivan del escrito que se provee con el fin de no dejar en estado de indefensión al impetrante del amparo. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y hágase del conocimiento de la misma que de conformidad con lo previsto en el precepto citado la falta de informe justificado hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver en definitiva el juicio y atento a lo previsto en el artículo 260 fracción II, se sancionará con una multa de cien unidades de medida y actualización de conformidad al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el cual modificó los artículos 26, 41, y 123 de la mencionada Carta Magna, en específico con base a sus ordinales primero, segundo, tercero y noveno transitorios, en relación con lo dispuesto en la fracción I del numeral 237 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable que omita rendir el informe o no remita las constancias correspondientes, lo cual se determinara el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Resulta aplicable por analogía la tesis aislada I.1o.A.E.62 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, publicación: viernes 20 de enero de 2017 10:21 h, del Semanario Judicial de la Federación; cuyo contenido es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SI SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEBE REQUERIRSE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE RINDAN UNO NUEVO. Del artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, destaca que en el informe justificado se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En ese sentido, el hecho de que las autoridades responsables hayan rendido un informe justificado con motivo de la demanda de amparo inicial, en el cual se pronunciaron en torno a la existencia de los actos reclamados, no trae como consecuencia que, si con posterioridad se admite la ampliación de demanda formulada por el quejoso en cuanto a los conceptos de violación, no se les deba requerir un nuevo informe respecto de esa ampliación, pues de conformidad con la porción normativa enunciada, el informe justificado no se reduce a que las responsables se manifiesten en torno a la certeza o inexistencia del acto reclamado, sino que también pueden hacer valer motivos de improcedencia, así como argumentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y acompañar, en su caso, copia de las constancias necesarias para apoyarlo; de ahí que deba requerirse, nuevamente, dicho informe y, en caso de que sea rendido, debe darse vista al quejoso con la oportunidad debida, a fin de garantizar su derecho de defensa." Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las partes para que, en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, deberán de comunicarla de inmediato a este Órgano Jurisdiccional. Por lo anterior, córrase traslado con el escrito de ampliación de demanda al tercero interesado Rodrigo García Salgado, el que deberá ser emplazado por el Actuario adscrito a este Juzgado que corresponda en el domicilio que obra en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la Materia, de conformidad con su artículo 2°, túrnense los presentes autos al citado fedatario, para que se constituya en el domicilio señalado para emplazar a dicho tercero interesado, y desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de dicha diligencia, corriéndole traslado con copias simples de la ampliación de demanda de amparo y del presente proveído. En el entendido de que si el Actuario Judicial deja citatorio, deberá hacerle de su conocimiento que cuenta con el término de dos días hábiles para acudir al local de este Juzgado Federal, a darse por emplazado mediante comparecencia, apercibido que de no hacerlo, el citado emplazamiento se practicará por lista, quedando las copias de traslado a su disposición en la secretaría encargada del trámite del expediente: lo anterior, conforme al artículo 27 fracción I inciso b) de la Ley de Amparo. Dése la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o.C. J/240 de la Novena Época, con número de registro 182486, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia Común, página 1339 la cual establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Notifíquese, personalmente al tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la Adscripción.

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