Jose Manuel Alvarado Tellez
Expediente 1268/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/10/2015
Partes del expediente
- Jose Manuel Alvarado Tellez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que alguna de las partes hubiese recurrido mediante el recurso previsto para el caso en la Ley de Amparo, la resolución dictada en el presente sumario; con fundamento en los artículos 81, inciso e) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, en conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social ni económica; por lo que en su oportunidad es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción II, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído.
- Principal
ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por +++++, respecto del acto reclamado a la autoridad que precisados quedaron en el resultando primero y en términos del considerando último de esta resolución.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por la autoridad responsable; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA) ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia emitida el trece de noviembre de dos mil catorce (fojas 260 a 284), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, por una parte se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso +, a efecto de que el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México: Deje insubsistente el proveído de veintiuno de marzo de dos mil catorce en los autos de causa penal 62/200 de su índice; y, En su lugar, emita una nueva determinación en la que purgue los vicios que han sido relacionados en la parte considerativa de la sentencia. Inconforme con dicha determinación el quejoso +, mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil quince, interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida por éste órgano jurisdiccional (foja 316), del cual posteriormente se desistió mediante constancia de notificación de doce de diciembre de dos mil quince (foja 339); razón por la cual mediante oficio 35061 de quince de ese mes y año, fue remitido, tanto el recurso de revisión, como la constancia en la cual se desistió del mismo, al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a quien por razón de turno correspondió conocer de tal medio de impugnación, a fin de que proveyera lo que en derecho correspondiera. Posteriormente, mediante oficio recibido el veintinueve de diciembre de dos mil quince, el Director General de Amparos contra Actos Administrativos en representación del Procurador Fiscal de la Federación, interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. Luego, mediante oficio 26-III recibido el siete de enero de dos mil quince, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, informó que por auto de seis de enero de dos mil quince, tuvo por desistido al quejoso del recurso de revisión que había hecho valer contra la sentencia emitida por este juzgado, mismo que registró bajo el número de amparo en revisión 1/2015; y mediante oficio 90-III, presentado el quince de enero de dos mil quince, informó que había causado estado. Así las cosas, una vez que obraran la totalidad de constancias de notificación con las cuales se acreditó que se hizo del conocimiento de las partes el auto de treinta de diciembre de dos mil catorce, por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el Director General de Amparos contra Actos Administrativos en representación del Procurador Fiscal de la Federación, éste fue remitido por oficio 2190 (foja 380), fue remitido al Tribunal de alzada, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual lo registró bajo el número de amparo en revisión 28/2015, el cual mediante sesión de quince de julio de dos mil quince, resolvió: PRIMERO. En lo que fue materia de este recurso de revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a +, respecto de los actos, autoridades y para los efectos precisados en la resolución recurrida. Por auto de once de agosto de dos mil quince (foja 399), se tuvo por recibo dicha misiva y se requirió al Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. En respuesta mediante oficio 5505/2015 recibido el catorce de agosto de dos mil quince (foja 471), solicitó una prórroga a efecto estar en aptitud de acatar la sentencia; por lo que mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil quince, se concedió una prórroga de cinco días para dicho efecto. Posteriormente, por oficio 2552/2015, recibido el veinte de agosto de dos mil quince, el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en cumplimiento a la sentencia de amparo, determinó, en lo conducente: (.) Asi las cosas, acorde a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, por auto de dieciocho de agosto de dos mil quince, se dejó sin efectos el proveído de veintiuno de marzo de dos mil catorce, en relación al escrito y anexos presentados por el procesado Pedro Lupercio Serratos, así como lo proveído por este órgano jurisdiccional al respecto (.) En cuanto al escrito signado por Pedro Lupercio Serratos, presentado el diecinueve de marzo de dos mil catorce en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, mediante el cual ofrece como pruebas documentales las emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, consistentes en los oficios 529-V-DGDF- 0070/2010 de veintisiete de enero de dos mil diez; 529-III-DACAAC-(JAMB)- 580261384573 de veintinueve de enero de dos mil catorce, los cuales obran en los autos del juicio de amparo 1379/2013-IV, del índice del otrora Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México. Atento a lo cual, con fundamento en los articulas 20, Apartado "A", fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 206 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales, se admiten las pruebas documentales y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. (.) Ahora, en cuanto a sus peticiones, es de destacar que en cumplimiento a la resolución dictada el veintiocho de noviembre de dos mil cinco, en el juicio de amparo indirecto 33/2005 Y su acumulado 34/2005, del índice del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, la cual fue confirmada mediante ejecutoria pronunciada en sesión correspondiente al diez de marzo de dos mil seis, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el toca de amparo en revisión 11/2006; el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó el veintidós de marzo de dos mil seis, en el toca penal 83/1999, reiterar la insubsistencia de la resolución reclamada terminada de engrosar el veinte de mayo de dos mil cinco en ese toca penal (.) dictó formal prisión a + alias +, por su probable responsabilidad del delito continuado, previsto y sancionado por el artículo 115 Bis, fracción 1. inciso b), del Código Fiscal de la Federación, por los hechos atribuidos realizados de uno de enero de mil novecientos noventa, al trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, en la vigencia de tal norma acorde con los puntos Primero y Segundo Transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, y el diverso numeral r, fracción II, del Código Penal Federal. vinculado al 99 del preinvocado Código Fiscal de la Federación, así como por el diverso ilícito también de carácter continuado de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las modalidades de adquirir, enajenar, custodiar, depositar, invertir y transferir dentro del territorio nacional recursos, derechos y bienes de cualquier naturaleza, previsto y sancionado por el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, por los hechos atribuidos realizados a partir del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis, fallo en el cual, debe subrayarse que entre otras cosas, se dijo: ... QUINTO, En otro orden, en lo que propiamente constituye materia de la ejecutoria de amparo que ahora se cumplimenta. es menester puntualizar en forma adicional y en uso de la facultad legal que deriva del artículo 385, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, que los hechos consignados atribuidos al procesado +, realizados a partir del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis y hasta el día de su detención el seis de agosto siguiente, como antes se anticipó. es factible tipificarlos con la norma penal vigente toda vez que entratándose de la apelación opuesta por el procesado o su defensor contra un auto de forma; pnsión el Tribunal de alzada se encuentra facultado para variar la modalidad delictiva e incluso su clasificación legal, siempre y cuando se refiera a los mismos hechos por los cuales se ejerció la acción penal. (.) En ese sentido, de lo anterior se advierte que si bien no existe propiamente un señalamiento por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que se Inicie averiguación previa en contra de +, por el ilícito previsto en el artículo 400 Bis. del Código Penal Federal: lo cierto es que, ello es intrascendente como requisito para el Inicio de un juicio criminal por el delito referido, dado que si se externó la voluntad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para proceder penal mente en contra del procesado de mérito por los hechos que narró en la querella formulada. (.) En ese sentido, de conformidad con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación (vigente en la época de los hechos), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tiene dos facultades, la primera consiste en formular querellas, ello tratándose de los delitos previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114 Y 115-815 del código en comento; la restante, reside en solicitar expresamente y de manera discrecional el sobreseimiento de los procesos, por entre otros, los delitos fiscales mencionados, en los términos que la propia legislación dispone. (...) Asi las cosas, se colige que para proceder penalmente en cuanto al delito previsto en el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación, es necesaria la existencia de una querella por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mientras que para el delito previsto en el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, se precisa que para proceder se requiere una denuncia previa; se advierte con claridad que la querella y la denuncia no son más que la noticia criminal que se da al Agente del Ministerio Público de la Federación, con la única salvedad de que la querella, se considera además como el acto formal que realiza la persona facultada exclusivamente para ello, mediante el cual comunica al órgano de investigación, la existencia de hechos probablemente constitutivos de delito; pero bajo el entendido de que al igual que en la denuncia, debe ser únicamente como el conocimiento que se hace de hechos presumiblemente delictivos, dado que corresponde a la autoridad ministerial realizar las investigaciones que estime convenientes y ponerlas a consideración de un juez mientras que a la autoridad Jurisdiccional atañe hacer la calificación final de esos hechos, es decir su tipificación, misma que servirá de base para el juicio criminal y en su caso. emitir una sentencia apegada a derecho. Por ende, al tomar en consideración que de las constancias que integran la presente causa penal (tomo 111), se advierte que obra la querella formulada el tres de octubre de mil novecientos noventa y siete, en contra de Pedro Lupercio Serratos y otros. por hechos probablemente constitutivos de delitos, la cual fue suscrita por el licenciado +, en su carácter de Procurador Fiscal de la Federación. También, existe la comparecencia de fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete. del referido Procurador Fiscal de la Federación, ante el licenciado Norberto Jesús Suárez Gómez, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación Comisionado, quien actuó legalmente con testigos de asistencia. de donde se advierte que el aludido compareciente ratificó en todas y cada una de sus partes, la querella formulada el tres de octubre de mil novecientos noventa y siete, en contra de +(.) (.) Asi, como se estableció si existe una querella (entendida como un acto formal que realiza la persona facultada exclusivamente para ello) formulada por personal autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la cual es necesaria para proceder penalmente en cuanto al delito previsto en el artículo 115 Bis, del Código Fiscal de la Federación; la que a su vez constituye una denuncia, entendiéndose como la simple noticia criminal que se hace a la autoridad ministerial de hechos al parecer delictivos, misma que constituye el requisito necesario para proceder penalmente por cuanto al delito previsto en el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal. Consideraciones que tomó en cuenta el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, para decretar auto de formal prisión en contra de ++, en cuanto al delito previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal y el diverso 115 Bis del Código Fiscal de la Federación. (.) Sentado lo anterior, cabe señalar que no obstante que el procesado +, refiere que solicitó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se analizara el procedimiento respectivo con el propósito de agotar los requisitos de procedibilidad que al efecto establece la ley fiscal cuando se interpone querella en contra del contribuyente o gobernado, o en su caso se sobreseyera el proceso penal 62/2000. Por los motivos expuestos; es válido concluir que tal proceder resultaba innecesario, en virtud a que como ha quedado establecido, la querella y la denuncia que se encuentra inmersa en ésta, existen en autos y fueron valoradas en su momento por las autoridades que resolvieron sobre las peticiones ministeriales, con lo cual se estimó cubierto el requisito de procedibilidad establecido por la propia ley, al que hace referencia el encausado y sin el cual no hubiera sido posible instruirle el presente juicio. (.) En cuanto a la respuesta que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, le dio al procesado, debe decirse que del contenido de las documentales que alude en su escrito, relativas a los oficios 529-V-DGDF-0070/2010 de veintisiete de enero de dos mil diez y 529-III-DACAAC-(JAMB)-58026 1384573, de veintinueve de enero de dos mil catorce (.)se estima que las mismas resultan insuficientes para los fines que pretende el encausado +, en el sentido, que se sobresea la presente causa penal, lo que se afirma en virtud a que de la parte final de lo transcrito en cuanto al primer oficio en mención, se advierte claramente que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público no tiene intención de solicitar el sobreseimiento del proceso en que se actúa, al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación; lo que se afirma pues Incluso en el comunicado de que se trata indica que" SE ABSTIENE de solicitar el sobreseimiento del proceso penal 6212000 del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. por cuanto hace al procesado Pedro Lupercio Serratos," (.) Así, no debe perderse de vista que en las hipótesis de los delitos fiscales a que alude el señalado artículo 92 del Código Fiscal de la Federación (vigente en la época de los hechos), la discrecional petición de sobreseimiento, que se traduce en un perdón del ofendido, es realizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, actuando no como autoridad y con sus atribuciones de imperio, sino en su carácter de representante de los intereses patrimoniales del estado en su calidad de ofendido, esto es, al otorgar el perdón, no actúa ejerciendo una facultad propia de una autoridad, sino un derecho como ofendido, dada la representación que ostenta y la naturaleza del delito de que se trata. (.) En conclusión, este juzgador no advierte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerciera la expuesta facultad de solicitar el sobreseimiento del proceso; sino por el contrario estableció que no se actualizaba ninguna de las hipótesis previstas en el mencionado artículo 92 del Código Fiscal de la Federación; por lo cual es improcedente la petición que plantea en esta causa el procesado, de que se sobresea el proceso ante la falta de ese requisito de procedibilidad. Con independencia de lo anterior, este órgano jurisdiccional, a fin de acatar la determinación emitida en el juicio de amparo 425/2014, procede a examinar lo establecido en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Penales ...de las hipótesis contenidas en el numeral referido, se colige que ninguna de ellas se actualiza en esta causa penal, pues no se cuenta con conclusiones no acusatorias ni la confirmación de algunas de esa naturaleza por parte del Procurador General de la República, tampoco con solicitud al respecto del Agente del Ministerio Público; de las documentales exhibidas por el promovente tampoco es válido concluir que con ellas se acredite que su responsabilidad penal está extinguida. (.) De igual forma. los medios de convicción analizados, tampoco comprueban de manera plena a favor del encausado, la existencia de alguna causa eximente de responsabilidad o la inocencia del mismo, sin que lo anterior implique que se le esté prejuzgando, pues no debe perderse de vista que lo analizado en este proveído es únicamente en cuanto a la actualización o no de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Penales. (.) En cuanto al segundo de los oficios aludidos, del mismo tampoco se advierte que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por conducto de personal facultado para ello, haya solicitado el sobreseimiento de la causa, puesto que únicamente realiza expresiones concernientes a un juicio de amparo promovido por el aquí procesado, en el sentido de que en el escrito que dio origen al juicio de amparo, no fue señalada como tercera interesada por lo cual afirma, "no se desprende la actuación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el presente Juicio". (.)la Primera Sala consideró que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público no tiene el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo cuando se impugna el auto de término constitucional, aún y cuando dicha secretaria a través del órgano correspondiente haya formulado querella por considerar que se cometió en perjuicio del fisco federal el delito de defraudación fiscal o defraudación equiparada, toda vez que tal querella la formula en carácter de autoridad fiscal derivado de sus funciones oficiales de recaudación, inherentes a la citada dependencia de ia Administración Pública Federal, no así con la calidad de victima u ofendida, dado que actúa en su carácter de representante de los intereses patrimoniales del Estado, siendo éste último (es decir el Estado) quien tiene el carácter de ofendido. (.) Así, tomando en consideración el principio pro persona consagrado en el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse que si bien el legislador federal ha establecido que cuando se cometan delitos fiscales como los previstos en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a las funciones oficiales de recaudación inherentes a la citada dependencia de la Administración Pública Federal, tiene la facultad de representar al Estado para la formulación de la querella correspondiente e incluso solicitar el sobreseimiento; lo cierto es que no tiene el carácter de victima u ofendida en tales delitos; por lo cual no tiene intervención en el presente proceso, diferente a la querella o petición de sobreseimiento; facultad que en el caso sólo ejerció respecto de la querella y no del sobreseimiento. (.) Finalmente, por cuanto a la manifestación del procesado, concerniente a que si la referida Secretaria y el agente del Ministerio Público no se inconformaron con el "rumbo" otorgado al procedimiento de origen, no existe parte acusadora, por lo cual la existencia del ilícito en el proceso penal es violatorio de garantías y existe una retención ilegal de la libertad. Lo relativo a la parte acusadora, así como al requisito de procedibilidad que el propio Código Fiscal Federal establece para la prosecución de los delitos contenido en el artículo 92 del ordenamiento procesal en comento, fue cubierto con la formulación de la querella de tres de octubre de mil novecientos noventa y siete; esto es, sí existe una parte acusadora en la presente causa penal, sin que ello implique que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deba por ese hecho considerársele como parte en la causa penal y por ello otorgársele intervención en la misma, pues su participación en ésta se limitó a la elaboración de la querella de que se ha venido hablando, en razón a que la ley no le reconoce mayor facultad. Ahora, en cuanto a que la existencia del ilícito en proceso penal es violatorio de garantías y por ello existe una retención ilegal de la libertad, dígase al procesado que contrario a lo que afirma, la prisión preventiva de la cual es objeto deriva del cumplimiento de una orden de aprehensión, emitida por autoridad competente el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, fa cual fue cumplimentada en su oportunidad y convalidada al resolver su situación jurídica con formal prisión por delitos graves, así como en las múltiples resoluciones emitidas con motivo de los recursos de apelación y amparos promovidos en contra de tal determinación, por lo que se trata de un tema analizado y respecto del cual no se está en aptitud de emitir un pronunciamiento diverso al existente en autos. (.) En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se estima que la petición del procesado +, concerniente a que se decrete el sobreseimiento de la causa con base en las documentales que exhibe, resulta improcedente por lo cual se desecha de plano el incidente planteado. Así, mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil quince (foja 497), se tuvo por recibido dicho oficio y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable. Determinación que se hizo del conocimiento del quejoso mediante exhorto, en razón de que fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", en el Estado de Jalisco, del cual tocó conocer al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y quien mediante constancia de notificación de once de septiembre de dos mil quince (foja 532), acredito que había llevado a cabo la diligencia encomendada, sin que el quejoso hubiera realizado manifestación alguna al respecto. En mérito de lo anterior, y ateniendo al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, cumplió con los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues en primer lugar, dejó sin efectos el proveído de veintiuno de marzo de dos mil catorce, en relación al escrito y anexos presentados por el procesado Pedro Lupercio Serratos, así como lo proveído por dicho juzgado. Y en segundo lugar, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, purgando los vicios asentados en la misma y con base al escrito presentado por el aquí quejoso el diecinueve de marzo de dos mil catorce, mediante el cual ofreció como pruebas documentales, las emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en los oficios 529-V-DGDF-0070/2010 de veintisiete de enero de dos mil diez y 529-III-DACAAC-(JAMB)-580261384573 de veintinueve de enero de dos mil catorce, a fin de sustentar la procedencia del sobreseimiento de la causa penal, en primer lugar, tuvo por admitidas las mismas y en segundo lugar, determinó que con base a la resolución emitida el veintiocho de noviembre de dos mil cinco, dentro del juicio de amparo indirecto 33/20015 y su acumulado 34/2005 del índice del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en autos del recurso de revisión 11/2006, en la cual se dictó auto de formal prisión al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito, entre otros, previsto por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que si bien no existía un señalamiento por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se iniciar la averiguación previa por el ilícito previsto por el citado numeral, lo cierto era, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, había externado su voluntad de proceder penalmente contra el quejoso, mediante querella formulada el tres de octubre de mil novecientos noventa y siete, la cual fue suscrita por el licenciado Ismael José Gómez Gordillo y Ruelas, en su carácter de Procurador Fiscal de la Federación, misma que fue ratificada el ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación,. De lo anterior, el juez de distrito responsable consideró que si existía una querella formulada por el personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proceder penalmente contra el quejoso, de ahí que no podía decretarse el sobreseimiento de la misma. Aunado a que contrario a lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficios 529-V-DGDF-0070/2010, de veintisiete de enero de dos mil diez y 529-III-DACAAC-(JAMB)-580261384573, de veintinueve de enero de dos mil catorce, determinó que se abstenía de solicitar el sobreseimiento de la causa, y con base en ello el impetrante refiera que debe decretarse el sobreseimiento de la misma, el juez responsable determinó que si bien, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en tratándose de delitos fiscales, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la facultad de otorgar perdón al ofendido actuando no como autoridad sino como representante de los intereses patrimoniales del estado en su calidad de ofendido, por lo que al otorgar el perdón no actúa ejerciendo una facultad como autoridad sino un derecho como ofendido, lo cierto es que en el caso, dicha autoridad no solicitó el sobreseimiento del proceso, por el contrario estableció que no actualizaba ninguna de las hipótesis previstas por el citado numeral, por lo que resulta improcedente la solicitud del aquí quejoso de que se sobresea el proceso. Además, en acatamiento a la sentencia de amparo, analizó el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de determinar si se actualizaba alguna de las hipótesis contenidas en el mismo, para estar en aptitud de sobreseer la causa penal, desestimando cada una de ellas, con base en los medios de prueba aportados por el quejoso y a las manifestaciones realizadas por éste, destacando la calidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tratándose de los procesos y procedimientos penales, con base en los argumentos que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Circunstancia que acredita con las constancias certificadas remitidas, y con lo que dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, toda vez que el quejoso +, fue trasladado el ocho de julio del año en curso, al Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", en el Estado de Jalisco; con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además, de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; envíese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente proveído, al quejoso, a fin de que este en aptitud de imponerse de su contenido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el veinticuatro de agosto anterior, se recibió el informe justificado rendido por el Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, con anexo consistente en copia certificada del oficio ***. En ese orden, con fundamento en los artículos 17 y 111 de la legislación de la materia, requiérase al quejoso para que en el plazo de quince días por escrito manifieste si es su voluntad que se tenga como acto reclamado el oficio ***; con el apercibimiento que en caso de omisión se tendrá la demanda de amparo en los términos inicialmente planteados. Finalmente, atendiendo a lo expuesto en párrafos precedentes no se está en aptitud de llevar a cabo la audiencia constitucional prevista para el día de hoy; por tanto, a fin de no violar las reglas fundamentales del juicio de garantías se ordena diferirla y se señalan las diez horas con diez minutos del nueve de octubre de dos mil quince, para su verificativo.
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