José Manuel Aldana Gómez

Expediente 61/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
61/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • José Manuel Aldana Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documento original. Dado que obran en autos documentos originales que fueron anexados a la demanda de amparo; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los originales de las constancias que exhibió en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es conservable, conforme a los artículos 14, fracción II, y 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que se concedido la protección constitucional. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "conservable", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de doce de abril de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para el efecto de que la autoridad responsable adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Den respuesta congruente a la petición de nueve de junio de dos mil veintidós, la cual elevó a través de un escrito; 2. Le notifique o haga de su conocimiento la contestación, en el domicilio señalado en su solicitud. Lineamientos que se ajustan a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2019, cuya reciente interpretación del derecho de petición, en lo que aquí interesa, es la siguiente: "[.] 66. Teniendo como referente estas premisas generales, vemos que el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa, debe recaer una respuesta también por escrito, congruente con lo solicitado, la cual debe hacerse saber al peticionario en un breve plazo. 67. Así, el juicio de amparo promovido en contra de la omisión de una autoridad de atender una petición del quejoso, tiene por objeto vincular a dicha autoridad a que emita una respuesta con los estándares constitucionales descritos. [.]." [.]" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada, dado que ninguna de las partes la recurrió, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: 1. Dar respuesta congruente a la petición planteada por escrito de nueve de junio de dos mil veintidós; 2. Notificar a la parte quejosa la contestación, en el domicilio señalado en su solicitud. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la delegadas de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, remitió constancia de la que se desprende que mediante oficio DGPJ/400/2023, de once de mayo del año en curso, se dio contestación al escrito presentado por la de la quejosa; lo cual le fue notificado personalmente el doce de mayo de dos mil veintitrés. Desahogo de la vista. Mediante escrito recibido en este Juzgado en veintidós de mayo del año en curso y acordado al día siguiente, la autorizada de la parte quejosa hizo manifestaciones en relación al contenido del oficio y anexo que remitió la autoridad responsable, entre otras cuestiones, que no debe tenerse por cumplida la sentencia de amparo, dado que la responsable le negó el otorgamiento de pensión por jubilación solicitada, al fundar su determinación en un instrumento normativo interno de la propia autoridad, que no obliga en sí, al asegurado a dar cumplimiento a este, ni a condicionarlo en el otorgamiento al derecho de pensión por jubilación, por lo que no puede ser apoyo para que la autoridad responsable funde su negativa. Manifestaciones infundadas de la parte quejosa. Sin embargo, no le asiste la razón a la parte quejosa, puesto que las autoridades responsables no estaban obligadas a fundar y motivar su respuesta, pues ese deber se encuentra implícito en su propia actuación como autoridades por mandato de diverso precepto constitucional al que se consideró vulnerado -artículo 8° constitucional-; por lo que, en ese orden de ideas, no se les debía constreñir, a priori, a respetar un derecho fundamental que no se estimó violado. Por tanto, los efectos de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, únicamente constriñeron a las autoridades responsables a dar respuesta al escrito de petición y proceder a su notificación, sin tomar en cuenta los fundamentos de la contestación, lo cual así aconteció, tal como se advierte de las constancias remitidas por las autoridades responsables, sin que la sentencia de amparo tenga un mayor alcance al ya referido. Incluso, la respuesta emitida sin duda es congruente, en la medida que se aborda frontalmente la petición de pensión planteada por la quejosa, y se le explican las razones por las que no procedió su solicitud; al margen que sea correcta o incorrecta dicha contestación, puesto que lo cierto es que, en todo caso, la impetrante podrá combatirla, ante la autoridad competente y a través de los medios ordinarios que considere pertinentes. De ahí, que sean infundadas las manifestaciones de la parte solicitante de amparo. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de este propio Circuito: "Registro digital: 2024038 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: PC.XV. J/6 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Similar criterio aquí sostenido fue determinado por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja ********************, interpuesto contra el proveído que decretó el fallo no cumplido de la sentencia de amparo, en el juicio de amparo ********************de nuestro índice, el cual se trae a la vista como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º. *****Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, remitió constancia de la que se desprende que dio contestación al escrito de la quejosa, misma que se advierte que fue debidamente notificada. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación a la vista por proveído de dieciséis de mayo del año en curso, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver si está o no cumplido el fallo protector. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y, mediante el cual remite las constancias que le fueron requeridas en relación al cumplimiento del fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista y correr traslado a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente.

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