Jose Manuel Adame Nuño
Expediente 1746/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1746/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/01/2022
Partes del expediente
- Jose Manuel Adame Nuño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por el que remite los autos originales del juicio de amparo en que actúa; por tanto, para un mejor manejo del expediente en que se actúa, glósense del cuaderno de antecedentes únicamente las constancias originales que obren en el mismo, en razón de que el resto son constancias que ya obran en este. Se ordena acusar de recibo vía interconexión.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el oficio signado por el Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional de dicha Entidad, por el que informa la imposibilidad para cumplir con el fallo protector, en virtud de no contar con la resolución concesoria del amparo; en tales condiciones, remítase a la oficiante copia de dicha constancia, para que se actúe en consecuencia. En el entendido, que subsiste el apercibimiento formulado mediante auto de veintisiete de octubre pasado. Luego, se tiene por recibido el comunicado que remite el Director General Jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, mediante el cual solicita una prórroga para estar en aptitud de cumplimentar la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, SE CONCEDE UNA PRÓRROGA excepcional de diez días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, para que dé cumplimiento puntual al fallo concedido, remitiendo constancia fehaciente de ello; esto es: "En el presente caso, el Decreto por que se establece como zona de recuperación ambiental; de tres de septiembre de dos mil diecinueve; declarado inconstitucional tiene el carácter de norma general, por lo que la regla aplicable es la contenida en el artículo 78 de la Ley de Amparo; esto es, la inaplicación del citado decreto y sus consecuencias única y exclusivamente respecto de los bienes inmuebles del quejoso, ubicados dentro del polígono delimitado en decreto declarado inconstitucional. Como cuestión destacada, se precisa que el efecto del amparo y protección de la justicia federal, no implica que el promovente del amparo quede liberado de observar el resto de normas nacionales e internacionales en materia de protección al medio ambiente, incluidas las penales, al no haber sido materia de reclamo ni estudio en el presente juicio de amparo. Asimismo, esta sentencia no entraña en sí misma autorización o permisión para una eventual modificación o construcción en los predios de referencia, tampoco la inobservancia de las leyes o reglamentos locales que sobre construcciones imponga la autoridad. Cabe señalar que la determinación contenida en este fallo no impide que las autoridades competentes, en el ejercicio de sus facultades, puedan realizar todos los actos necesarios para cumplir con las disposiciones constitucionales y legales que aquí se estimaron infringidas, e incluso, modificar o emitir nuevos decretos, acuerdos, programas de manejo, etcétera, en aras de proteger de manera efectiva el medio ambiente." Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Plazo anterior que se fija de manera excepcional, y por única ocasión, tomando en consideración las razones vertidas por la autoridad responsable, con fundamento en el último párrafo del mencionado artículo 192; lo que no se traduce en que este juzgado convalide la inobservancia de las disposiciones aplicables al caso. Hágasele saber al citad ente, que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el oficio del Director General Jurídico de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura Obra Pública del Gobierno de esta Entidad, por el que informa que se adhiere al cumplimiento del Gobierno del Estado Jalisco y las demás autoridades responsables; manifestaciones que se tomarán en cuenta para los efectos legales conducentes. Finalmente, se recibe la misiva signada por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual requiere a este órgano jurisdiccional para que dentro del plazo de veinticuatro horas se acuse la recepción del testimonio relativo a la resolución pronunciada el treinta de septiembre del año en curso, en el toca de revisión principal 33/2021, de su índice "Bajo apercibimiento que no cumplir con lo solicitado se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización"; al respecto, dígasele que dicho oficio 1436/2021 de sus registros fue recepcioando en auto de quince de octubre de este año; hágase del conocimiento de dicho órgano a través del sistema interconectado.
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado del Director General Jurídico de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por el que en atención al requerimiento de veintidós de octubre pasado, en el que se le exigió por el cumplimiento de la sentencia amparadora, en esencia, informa: "En ese orden, esta Centralizada determinó con Plenitud de Jurisdicción lo que, conforme a derecho correspondía, partiendo de la premisa que el accidente fue ocasionado por un bache, resultando improcedente la indemnización. Por ende, si ese H. Juzgador Federal, considera que esta autoridad no debe emitir dicha resolución con plenitud de jurisdicción y sí bajo un lineamiento diverso a aquél en que fue resuelta dicha responsabilidad patrimonial, se solicita a esa H. Señoría, determine los lineamientos bajo los cuales se debe entonces emitir el cumplimiento, ello a fin de estar en aptitud de realizar los actos correspondientes por esta Centralizada [.]". De lo anterior se subraya que la responsable considera que la resolución que dictó en veintisiete de julio de este año dentro Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Patrimonial identificado con el número RP/001/2015 de sus registros, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 45/2021 de su orden, observó los términos de la misma, pues señala que dictó dicha resolución con plenitud de jurisdicción y conforme a derecho correspondía; además que partió de la premisa que el accidente fue ocasionado por un bache, y finalmente que es improcedente la indemnización que reclama la parte quejosa. Contrario a ello, cobra relevancia que este Juzgado en autos de diez y veintiocho de septiembre; así como ocho y veintidós de octubre todos de dos mil veintiuno, ha requerido por el cumplimiento de la sentencia amparadora a la responsable, precisándole los efectos que delimitó la Superioridad, e indicando los lineamientos que este Órgano considera que debe observar para acatar en sus términos el fallo protector y así resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales. No obstante ello, la responsable ha manifestado a este Juzgado: "[.] sin embargo, si esta H. Superioridad considera que existe algo adicional a acatar, se pide precisar dicha circunstancia y, otorgue la prórroga correspondiente"; y "[.] determine los lineamientos bajo los cuales se debe entonces emitir el cumplimiento, ello a fin de estar en aptitud de realizar los actos correspondientes por esta Centralizada". En relación a esas solicitudes, este Juzgado, bajo los efectos concretados por la Superioridad, ha constreñido a la autoridad a prescindir de cualquier argumentación que tenga como objetivo delimitar diversas causas que ocasionaron el accidente de mérito, toda vez que la Superioridad resolvió puntualmente en la ejecutoria referida, que se debe establecer que el accidente fue causado por un "bache" que había en la carretera, y por tanto a partir de ese punto, debería resolver nuevamente la controversia. Cierto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 45/2021 de su orden (interpuesto tanto por la parte quejosa, como por la responsable en contra de la sentencia dictada en autos, en auxilio de este órgano), ponderó como eje de la concesión del fallo protector: "[.]que la autoridad responsable denominada Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco deje insubsistente la resolución reclamada, de veinticinco de junio de dos mil veinte, recaída al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado 1/2015, y en su lugar emita otra en que establezca que el accidente vehicular acontecido el trece de noviembre de dos mil catorce, alrededor de las veinte horas con treinta minutos, en el tramo carretero entre San Julián y San Miguel El Alto Jalisco, durante el cual falleció el conductor Ismael Zermeño Torres, sucedió a causa de un "bache" que había en dicha carretera, y con esa premisa resuelva nuevamente la controversia como proceda conforme a la ley aplicable al caso en el entendido de que si llegara a ser necesario conocer el valor del automóvil accidentado, solamente se rindió un dictamen pericial a ese respecto, expedido por el perito Isidro Antonio Barba Cervantes, designado por los reclamantes, y de que tendría qué atenderse a la factura del mencionado automotor que allegaron, a fin de determinar a quién correspondería la indemnización relativa. [.]". En ese sentido, este Juzgado no coincide con lo que manifiesta la autoridad responsable en cuanto a que en la resolución de veintisiete de julio de este año dictada dentro del procedimiento respectivo, observó los efectos del fallo protector delimitados por la Superioridad; tanto es así que en los requerimientos de diez y veintiocho de septiembre; así como ocho y veintidós de octubre todos de dos mil veintiuno, se le han revelado las directrices que este Órgano considera se deben contemplar para restituir a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado; esto bajo las puntuales consideraciones de la Superioridad, mismas que plasmó al resolver el recurso de revisión tantas veces citado. Cierto, de autos destaca que en determinación de ocho de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado declaró que la sentencia no se encontraba cumplida, y por tanto hizo efectivos los apercibimientos decretados e impuso una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, al Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Además, como se dijo, la responsable considera que la resolución emitida en veintisiete de julio de este año, dentro del procedimiento de mérito, ya satisfizo los lineamientos que procuró la Superioridad; y debido a que este Juzgado no comparte esa premisa -máxime que los Órganos Jurisdiccionales son quienes tienen la facultad para revisar si la sentencia se encuentra cumplida en sus términos- la responsable ha enderezado argumentos en el sentido de que si "no debe emitir dicha resolución con plenitud de jurisdicción y sí bajo un lineamiento diverso a aquél en que fue resuelta dicha responsabilidad patrimonial, se solicita a esa H. Señoría, determine los lineamientos bajo los cuales se debe entonces emitir el cumplimiento, ello a fin de estar en aptitud de realizar los actos correspondientes por esta Centralizada"; sin embargo, por un lado los efectos que puntualizó la Superioridad como eje de la concesión del amparo, quedaron exactamente comprendidos en la ejecutoria relativa al recurso de revisión 45/2021 de su índice; y, por otro lado, además de que este Juzgado ha señalado por qué considera que los lineamientos de la ejecutoria referida no se encuentran observados, este Órgano no puede variar, delimitar o señalar otros alcances que no fueren pronunciados por la Superioridad; en ese entendido, este Juzgado, bajo los exactos lineamientos del Tribunal de Alzada, ha requerido por el cumplimiento del fallo protector, sin que hasta este momento se hubiere logrado. Ahora, es cierto que la responsable en la resolución de veintisiete de julio de este año, dictada en el procedimiento materia de la controversia, señaló: "En cumplimiento a lo resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del amparo en revisión 45/2021, del dicho del ateste se advierte que el accidente vehicular aconteció el trece de noviembre de dos mil catorce, alrededor de las veinte horas con treinta minutos, en el tramo carretero entre San Julián y San Miguel El Alto, Jalisco, durante el cual falleció el conductor Ismael Zermeño Torres, sucedió a causa de un "bache" que había en dicha carretera; sin que dicha premisa resulte suficiente para acreditar la supuesta actividad irregular de la administración pública, que aduce el reclamante". No obstante, también se apuntó: "Lo anterior es así toda vez que del caudal probatorio ofertado por la parte reclamante no se advierte medio de convicción alguno que haga prueba plena, con el que hubiese acreditado que la presencia de un "bache" en la carretera, fue la única causa del accidente, mas aun de las pruebas aportadas, no se desprende que el reclamante hubiera acreditado que el conductor fallecido Ismael Zermeño Torres, hubiese conducido el vehículo con las medidas de precaución y cuidado que se requieren y mucho menos, que al momento del accidente, circulaba respetando los límites de velocidad debidamente señalados en dicho tramo carretero; hechos positivos que conforma lo establecido por el artículo 268 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la materia, con fundamento en lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios en correlación con el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, debió acreditar indubitablemente el reclamante". Y, en ese sentido, este Juzgado razona que la responsable no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia amparadora, puesto que se considera que la resolución dictada en veintisiete de julio de dos mil veintiuno no integra las cuestiones que destacó la Superioridad para conceder el amparo solicitado; pues se aprecia que la responsable matiza, entre otras cuestiones: Que no existe medio de convicción que demuestre que la presencia de un "bache" en la carretera, fue la única causa del accidente. Que no se desprende que el conductor hubiese conducido el vehículo con las medidas de precaución y cuidado que se requieren y mucho menos, que al momento del accidente, circulaba respetando los límites de velocidad debidamente señalados en dicho tramo carretero. Anteriores deducciones, que este Juzgado considera, no contemplan lo que estatuyó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 45/2021 de su índice. Por ello con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado y reiterado en cada uno de los proveídos de requerimiento; y: Se ordena remitir los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la tramitación del INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, a fin que la Superioridad determine lo que corresponda. Además, se impone al Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se refiere que corresponde a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "3", ejecutar la multa impuesta; y se informa que el Registro Federal de Contribuyentes de David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco es ZABD640927138, según lo que informó el propio ente recaudador. Se requiere a la Administradora citada para que dentro del plazo de tres días informe a este Juzgado el tratamiento dado a esta determinación en relación a la multa decretada, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado lapso indicado, se le impondrá como medida de apremio la multa prevista por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que lo anterior suspenda o impida la etapa de ejecución en que se encuentra este sumario, pues la misma es de orden público y este Órgano tiene la obligación de continuar dicha etapa hasta lograr su cumplimiento. Ahora, para continuar con este estadio procesal, y para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, como lo ordena el artículo 193, quinto párrafo, de Ley de Amparo: fórmese expedientillo con copias certificadas de las constancias elementales y suficientes para su debida integración. Además, dígasele a la Superioridad que como lo señala la Circular CAR 02/CCNO/2020, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal: se ingresó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al módulo "expediente"; posteriormente, al submódulo "buscar expediente"; enseguida, se seleccionó la opción "vincular con otro órgano"; después, se seleccionó la diversa opción "hacer disponible"; y finalmente quedó disponible el expediente electrónico para su consulta. Por tanto, los presentes autos ya se encuentran disponibles, tal y como se advierte de la siguiente captura de pantalla: Todo lo anterior, encuentran sustento en la jurisprudencia "P./J. 54/2014 (10a.)", del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve, del "Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I", Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." No pasa inadvertido que la responsable manifiesta que: "[.] se hace de su conocimiento que en esta misma fecha se interpuso recurso de queja en contra del auto que se atiende, por lo que se somete a su consideración, de estimarlo procedente, se suspenda el requerimiento, hasta en tanto se resuelvan los recursos de queja que, respecto al cumplimiento, se encuentran pendientes de resolución"; sin embargo, no ha lugar a suspender los requerimientos realizados por este Juzgado, toda vez que ello va contra los principios fundamentales que rigen la ejecución de una sentencia de amparo; a saber, que su cumplimiento es de orden público, que debe realizarse sumaria y eficientemente, y que son responsabilidad indelegable de la autoridad de amparo su impulso y conclusión. Con independencia de lo anterior: Como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución" en su artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Infraestructura Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, ciñéndose a los lineamientos ordenados por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión 45/2021 de sus registros, y que quedaron precisados líneas arriba; esto es: "[.]que la autoridad responsable denominada Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco deje insubsistente la resolución reclamada, de veinticinco de junio de dos mil veinte, recaída al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado 1/2015, y en su lugar emita otra en que establezca que el accidente vehicular acontecido el trece de noviembre de dos mil catorce, alrededor de las veinte horas con treinta minutos, en el tramo carretero entre San Julián y San Miguel El Alto Jalisco, durante el cual falleció el conductor Ismael Zermeño Torres, sucedió a causa de un "bache" que había en dicha carretera, y con esa premisa resuelva nuevamente la controversia como proceda conforme a la ley aplicable al caso en el entendido de que si llegara a ser necesario conocer el valor del automóvil accidentado, solamente se rindió un dictamen pericial a ese respecto, expedido por el perito Isidro Antonio Barba Cervantes, designado por los reclamantes, y de que tendría qué atenderse a la factura del mencionado automotor que allegaron, a fin de determinar a quién correspondería la indemnización relativa. [.]". Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá nuevamente una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Y, además como se indicó en párrafos precedentes, ya se ordenó tramitar el respectivo incidente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194, de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, resulta ser el superior jerárquico del Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco de la misma entidad, encargada del acatamiento del fallo protector, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en párrafos anteriores. Hágasele saber a los citados entes, que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia, que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no los exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo. Por otro lado, visto el diverso oficio de la responsable, a través del cual interpone RECURSO DE QUEJA y expresa agravios en contra del auto dictado en veintidós de octubre de este año, al respecto, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso e) y 101, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO el referido medio de impugnación; en consecuencia dese vista a las partes con el citado recurso para los efectos legales conducentes. En ese sentido, y acorde a que ya se ordenó la remisión de estos autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia; el medio de impugnación se remitirá acompañado del juicio de amparo en que se actúa; no sin antes notificarle de manera personal el medio de impugnación a la parte quejosa, por eso, infórmesele del que se encuentra interponiendo la autoridad responsable, en contra de la determinación dictada en estos autos el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, corriéndole traslado con copia del mismo.
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