José Manuel Acosta Acosta
Expediente 1554/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1554/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- José Manuel Acosta Acosta
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveído de veintinueve de octubre dos mil diecinueve...Vista la demanda de amparo promovida por José Manuel Acosta Acosta, contra actos del Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el consecutivo 1554/2019-VI. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto legal transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ... En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, en relación con el 210, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.). "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley. El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." El primer precepto en mención establece como causa de improcedencia en el juicio de amparo, que el acto reclamado tenga sustento en una norma general respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, el motivo de improcedencia que se analiza, tiene su génesis en que resulta innecesario seguir un juicio para analizar una norma general que previamente fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del control abstracto realizado al analizar una acción de inconstitucionalidad, pues dicho tribunal ya juzgó sobre ese aspecto por advertir que la norma contraviene el Pacto Supremo. A su vez, con relación a la acción de inconstitucionalidad, los preceptos 43, 44, 45, 72 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén: "Artículo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales. Artículo 44. Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen. Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia." "Artículo 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley." De ese marco normativo se colige que en las acciones de inconstitucionalidad, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez de la norma por ser contraria a la Ley Suprema, siempre que se apruebe por cuando menos ocho votos, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad consisten en que la norma no podrá vol¬ver a tener vigencia ni aplicársele a persona algu¬na; por tanto, en ese supuesto, la declaración tiene efectos generales. Además, se dispone que si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria, se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a través de la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ahora, en sesión celebrada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 15/2019, la cual tuvo como materia de estudio, el análisis de los dispositivos de las Leyes de Ingresos y de Hacienda de diversos Municipios del Estado de Aguascalientes, que establecen una contribución a la que se otorga la naturaleza jurídica de "derecho", por la prestación del servicio de alumbrado público para sus habitantes; no obstante que, materialmente, constituye un "impuesto" al tomar como base el consumo de energía eléctrica de cada usuario y, por lo tanto, las porciones normativas impugnadas, son violatorias de los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad tributaria. Sobre lo anterior, el Pleno del Alto Tribunal reconoció en esencia el motivo de invalidez expuesto por el accionante, al establecer que las normas cuestionadas que prevén contribuciones por alumbrado público, no tienen la naturaleza de derechos como lo propuso el legislador local, sino que, dadas las características que envuelven su configuración necesariamente provocan que, en realidad, se trate de un impuesto que grava directamente el consumo de energía eléctrica. Luego, el Pleno precisó en los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 15/2019, lo siguiente: "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 15, fracciones I, III, VII y VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes , para el ejercicio Fiscal 2019, 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes , 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Asientos , 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, 50 y 51, incisos a), d), f), g), i), m) e y), numerales 3 , 4, 5 y 6 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús maría, 32, párrafos segundo, quinto y sexto, de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, 64 y 72, numerales 7 y 11de la de la Ley de Ingresos del Municipio del Municipio de Rincón de Romos, 48 y 49 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo, 22 y 36, fracción IX, de la de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia y 36 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, todas del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en términos del apartado VI, temas I y II, de esta decisión. TERCERO. Se declara la invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 15, fracción VI, de la de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, transitorio décimo primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos del municipio de Calvillo, 51, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, 36, fracción VIII, de la Ley de Ingresos de San José de Gracia y transitorio décimo primero de la Ley de Ingresos de San Francisco de los Romo, todas del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, así como los artículos 138 Bis, de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, 72 D de la Ley de Hacienda del Municipio de Calvillo, 68 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Pabellón de Arteaga y 122 D de la Ley de Hacienda de San Francisco de los Romo, todas del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto en el apartado VI, parte final, de esta determinación. CUARTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro a ese órgano legislativo precisados en apartado VI, parte final de esta ejecutoria. De la misma resolución se advierte, por lo que hace a los efectos de la declaratoria de invalidez, el Máximo Tribunal del País estableció que, al recaer la declaratoria sobre disposiciones generales de vigencia anual, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes quedaba vinculado en lo futuro, a no repetir los mismos vicios de inconstitucionalidad al legislar para el próximo año fiscal, ya sea en las leyes de hacienda estatales o en las leyes de ingresos de los municipios de esta entidad federativa. El Pleno de la Corte determinó que la declaratoria de invalidez de las normas indicadas surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes, lo cual aconteció el pasado tres de octubre del año dos mil diecinueve; esto último con motivo de la comunicación oficial formada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con número de orden 100/2019, respecto de la que obra publicación en las listas de acuerdos publicadas en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de octubre del año en curso; por tanto, constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de procedimientos Civiles. Entonces, a partir de la notificación al Congreso del Estado de Aguascalientes, éste y todas las autoridades que intervienen en el proceso de creación de leyes en la entidad, están obligadas a prescindir de legislar incurriendo en los vicios de inconstitucionalidad detectados por la Suprema Corte de Justicia respecto al "derecho" de alumbrado público, además que conforme a la declaratoria de invalidez de las normas relativas a las leyes de hacienda y de ingresos del Estado de Aguascalientes, todos los actos de aplicación (cobro del DAP) que se sustenten en dichas normas igualmente carecen de validez; y, en consecuencia, de reiterarse la aplicación de dichas normas por las autoridades estatales y municipales del Estado de Aguascalientes, procede la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Así las cosas, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama el cobro del derecho de alumbrado público que tiene como sustento la aplicación del artículo 138 y 138 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes y la correspondiente ley de ingresos municipal, en el caso lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Ingresos del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2019, que establecen la aplicación y el cobro del derecho de alumbrado público, fijando como base para su cuantificación el consumo de energía eléctrica. Luego, si del aviso recibo exhibido por la quejosa, relacionado con el número de servicio 110 160 301 996, se advierte que el periodo de facturación que comprende es del once de septiembre al catorce de octubre de dos mil diecinueve, entonces si las normas declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con el derecho de alumbrado público, fueron aplicadas a la impetrante en el citado recibo de pago desde el tres de octubre indicado; es inconcuso que el citado acto de aplicación de dichas normas carecen de validez; por lo que -como se anticipó- ante la reiteración en su aplicación por las autoridades responsables, procede la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, más no el juicio de amparo. En efecto, del análisis de las normas en que se sustenta el cobro reclamado, se advierte que contienen como notas características del hecho imponible calificado como "derecho", las siguientes: a) El objeto del derecho es la prestación del servicio municipal de alumbrado público en calles, plazas, jardines y, en general, cualquier espacio de uso común; b) Los sujetos son los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional, industrial, comercial o de servicios, así como los predios rústicos o urbanos de este Municipio, que se beneficien con el servicio de alumbrado público bajo alguna de las tarifas de consumo que al efecto impone la Comisión Federal de Electricidad. c) La base del impuesto es el consumo particular que los gobernados realizan dentro de sus predios de energía eléctrica; d) La tasa que se aplica a la base no podrá exceder de un diez por ciento del importe de energía eléctrica. En tales condiciones, es evidente que el cobro que se sustenta en las normas generales mencionadas en la demanda de amparo, regulan el derecho de alumbrado público, en los mismos términos que fueron analizados por el Alto Tribunal y que concluyeron en la invalidez de las leyes de ingreso y de hacienda de los municipios del Estado de Aguascalientes, que fueron objeto de estudio de la acción de inconstitucionalidad 15/2019. Bajo esa óptica, como se dijo, la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2019, tiene los efectos precisados con antelación, a partir de la fecha de notificación de los puntos resolutivos del fallo al Congreso del Estado de Aguascalientes, lo cual aconteció el tres de octubre de dos mil diecinueve. Luego, conforme a lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley de Amparo, se establece una procedimiento de naturaleza especial, distinto al juicio de garantías, para impugnar los actos que ahora se combaten, a través de la figura de la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad; procedimiento que también es aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo resuelto en una acción de inconstitucionalidad, como lo dispone el último párrafo del numeral en cita, el cual es competencia del juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Siendo entonces que el procedimiento especial mencionado, de ser fundada la denuncia, conduce a ordenar a la autoridad aplicadora de la norma general sobre la que gravita la declaración general de inconstitucionalidad, que deje sin efectos el acto denunciado y, de no hacerlo en tres días, se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de la Ley de Amparo en lo conducente; de ahí la improcedencia que se detecta, al no ser el juicio de amparo la vía legalmente establecida para dar cauce a los actos que se reclaman, cuando les antecede una declaratoria general de inconstitucionalidad en los términos expuestos. Sin que sea óbice que la porción normativa que prevé la causal de improcedencia en estudio, refiera que el juicio de amparo es improcedente contra ".normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad." y el acto aquí reclamado consiste en la aplicación del precepto declarado inválido, en virtud de que el cobro del derecho reclamado se sustenta en un precepto declarado inconstitucional. Orienta lo expuesto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XLVII, página 1486, cuyo rubro y texto son: "SUPREMA CORTE, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE LA. Aun cuando no se señalen en el amparo actos de la Suprema Corte, si éstos son consecuencia de una resolución del Pleno de dicho Alto Tribunal, el amparo es improcedente, de conformidad con la fracción I del artículo 43 de la Ley de Amparo anterior, y a la I del artículo 73 de la vigente." Sin que sea viable iniciar, de oficio, el procedimiento de denuncia por la aplicación de una norma cuya declaratoria general de inconstitucionalidad emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habida cuenta que el precepto 210 de la Ley de Amparo, no lo contempla de esa manera, sino que le otorga al gobernado la facultad de iniciarlo por ser quien se ve afectado por la aplicación de una norma invalidada por el Máximo Tribunal del País. Por la esencia que la rige, se invoca la jurisprudencia 125/2012, de la Segunda Sala visible con el registro IUS 2002215, en la página 1583 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." Máxime que, sin desconocer la hipótesis de procedencia de la suplencia de la queja en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, prevista en la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo, ello no implica que este juzgador pueda realizar oficiosamente el cambio de la vía intentada por el promovente. Orientadora de lo expuesto, la tesis aislada XX/97 de la Primera Sala del Alto Tribunal, observable con el registro digital 197887, en la página 75, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, del siguiente tenor literal: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO IMPLICA EL CAMBIO DE LA VÍA INTENTADA. Si con apoyo en los artículos 95, 97 y 99 de la Ley de Amparo, el quejoso promueve recurso de queja, presentándolo directamente ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados correspondiente, no es dable cambiar o modificar la vía intentada bajo la hipótesis de que es otro el medio de defensa que procede en contra de la resolución motivo de impugnación, pues dicha modificación de vía implica una suplencia de queja que no se encuentra contemplada en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha suplencia sólo opera ante la ausencia o deficiencia de agravios, mas no llega al extremo de cambiar la vía intentada. Lo anterior conduce a determinar que si el quejoso promueve recurso de queja ante el Tribunal Colegiado con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Amparo, dicho recurso debe ser tramitado como tal, independientemente de que el mismo sea o no procedente en contra del acto respecto del cual se duele". En tales consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoria improcedencia la demanda. Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su demanda de amparo. Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a José Francisco Hernández Muñoz, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General.(VI)
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Notifíquese personalmente. (VI)
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