José Magdiel López Gómez
Expediente 1458/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/12/2019
Partes del expediente
- José Magdiel López Gómez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del plazo legal, la sentencia dictada en este asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa****, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez qué cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, la autoridad responsable, deberá hacer lo siguiente: 1. De inmediato deberá realizar el emplazamiento a la parte demandada en el juicio de origen ****a los terceros interesados****con residencia en esta ciudad, dentro del juicio laboral ****, máxime que se trata de personas morales oficiales con domicilio en esta ciudad; o bien, manifieste la imposibilidad de su actuar. Los efectos antes precisados, es tomando en consideración, que el juicio laboral de origen únicamente se analiza hasta el momento en que surgió la violación de la que se duele el justiciable; es decir, únicamente la etapa procedimental en que se sitúa el acto reclamado (el incumplimiento de impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 de la Constitución General de la República). Por lo tanto, una vez que en dicha etapa procedimental la responsable demuestre que se ha llevado a cabo el emplazamiento de las citadas partes, este juzgador tendrá por reparada la violación al derecho fundamental supracitado, y por tanto, tendrá por cumplida esta sentencia. Es orientadora, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 1, tomo 1, página 732, diciembre de 2013, registro electrónico 2005150, que literalmente establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCEDIMENTAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículo 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, este Juzgador se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con los diversos 192, 193 y 258, de la ley de la materia. Además, en caso de que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, dado que la junta responsable no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con la ejecutoria en comento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro IV, tomo 4, página 3515, enero de 2012, registro electrónico 2000099, de contenido siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR****, en contra de la autoridad responsable la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones vertidas en el considerando tercero de este fallo constitucional. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ****, en contra de la autoridad responsable la Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos cuarto, sexto y séptimo de esta resolución. TERCERO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos octavo y noveno de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes los informes justificados rendidos por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos y Actuario adscrito, todos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; y dése nueva cuenta con los mismos en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite la primera autoridad, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 5°, 33, fracción IV, 35 y 37, 107, 112, 115, 117, 125, 142, 147 de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo que promueve ***, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuario adscrito, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1458/2019-III. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese el presente juicio sin incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente la suspensión del acto reclamado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/ acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a las responsables rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rindan oportunamente dicho informe, se harán acreedores a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa, sin que sea necesario realizar la búsqueda de sus cédulas en el registro y consultas de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, pues al tratarse de la parte trabajadora la que promueve, se hace innecesaria tal situación. PRUEBAS Respecto al ofrecimiento de la prueba documental pública consistente en las constancias que remita la autoridad responsable, dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que dichas pruebas son inherentes al informe justificado que en su caso enviará ese misma autoridad. TERCERO INTERESADO Ahora bien, la parte quejosa señala como terceros interesados a *** *** y***con domicilios en esta ciudad. Sin embargo, tomando en consideración que en la demanda de amparo, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha de presentación de este escrito, no se ha emplazado a juicio al aquí tercero interesado y dado que tiene dicho carácter aquel sujeto que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado y que ha intervenido en el procedimiento de origen, lo que en el caso, a la fecha de la presentación de la demanda, no acontece, por tal motivo no ha lugar a tenerlos con tal carácter. Tiene aplicación la Tesis, que a la letra dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; mediante oficio a las autoridades responsables.
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