José Magdaleno Torres Aispuro
Expediente 951/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2023
Partes del expediente
- José Magdaleno Torres Aispuro
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obre como corresponda, las constancias provenientes del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual devuelven diligenciado el exhorto local 1627/2023, con número de orden 2359/2023 de su índice, relativo al exhorto con número 180/2023-VII de este juzgado; en ese sentido, se toma a conocimiento, dese de baja en el libro de gobierno respectivo sin que sea el caso acusar de recibo al órgano jurisdiccional exhortado, toda vez que la presente comunicación oficial fue enviada y recibida vía electrónica a través Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
En diez de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana Certifica: que visto el contenido de la boleta de turno con número de folio 5377614, del presente asunto, emitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; se tiene señalado como quejoso a Tomas Ventura Beltrán, sin embargo, el nombre correcto del quejoso en el escrito de demanda tiene por nombre ********************; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En esta misma data, el Secretario la da cuenta al Juez, con el escrito de demanda presentado por ********************, registrado con el número de correspondencia 12022. Conste.Tijuana, Baja California, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por ********************, por derecho propio; contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias en Tijuana, Baja California y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente y anótese el ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 951/2023-VII. Previo acordar sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad, deficiencia o improcedencia en ésta, se acordara lo conducente, ahora bien los artículos 62 y 113, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." De lo anterior, se desprende que es obligación de este juzgador, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre al estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Es aplicable la tesis de jurisprudencia I.6°.C.J/19, con número de registro 193379, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causal de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 898, Materia Constitucional, Novena Época, con registro 196923, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Además, con la diversa jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, Materia Constitucional, Novena Época, con registro 188643, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa" Desechamiento de la demanda. Como punto de partida, resulta oportuno señalar que las causales de improcedencia en un juicio de amparo son de orden público, lo que quiere decir que la sociedad encuentra interés en que los mismos sean tramitados únicamente respecto de aquellos actos que la ley autoriza, y como consecuencia, ante la actualización de alguna de ellas en cualquiera que sea la instancia procesal, su estudio debe ser preferente lo aleguen o no las partes Por otro lado, vista la certificación secretarial de cuenta, así como la sesión remota de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que resolvió la contradicción de tesis 448/2019, y por unanimidad de votos, se aprobó la propuesta de la Ministra Ponente, cuyo contenido publicará en su oportunidad, que resolvió que contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe promoverse el recurso previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de interponer juicio de amparo. Lo anterior, se invoca como hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito visible en la página 804, Tomo XVIII, octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 183053, publicada con rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Así, una vez analizado el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora bien, para justificar la causal de improcedencia que nos ocupa, resulta necesario destacar que el Sistema Procesal Penal Acusatorio fue instaurado a nivel constitucional desde el dieciocho de junio de dos mil ocho, y que derivado de ello, se estableció que habrían de crearse los ordenamientos legales necesarios, obviamente enfocados en desarrollar dicho sistema procesal, a fin de lograr su instrumentación. De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente señaló como acto reclamado el traslado consumado del Centro de Penitenciario "La Mesa" Tijuana, Baja California, al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS Coahuila". Ahora bien, la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)" De la interpretación literal del precepto aludido, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: a) Cuando deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; b) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. No obstante, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige como condicionante para su aplicación, que no se actualice alguno de los siguientes supuestos: Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. En el caso, resulta necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, que consiste en la obligación del quejoso previamente a instar la acción de amparo, de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Un medio ordinario de defensa es aquél que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, la citada legislación en su artículo 1, fracción II, prevé los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y en su ordinal 2, el ámbito de aplicación de la normatividad en comento, que incluye a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado procesal en que se encuentren. Precisado lo anterior, el peticionario de amparo debió cumplir con el principio de definitividad establecido en el primer párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que, contra el actuar de la autoridad que reputan constitutiva del acto reclamado, existe un medio de defensa ordinario por virtud del cual pueden ser reinstalados en los módulos y estancias en las que se encontraba habitando, previsto precisamente en la ley que rige al acto, esto es, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en razón de lo que disponen los normativos 1, fracción II, 2, 3, fracciones X, XI, XII, XVI, XVII y XXIV, 4, 5, 7, 9, fracciones I, IV, IX, X y XII, 24, 25 y 31 establecen los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, siendo un ordenamiento de orden público y observancia general en la Federación y las entidades federativas, en todo lo que atañe al internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas, derivadas de la comisión de hechos que la Ley penal considera como delictivos, sean competencia de los tribunales de fuero federal o local, partiendo de la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que forme parte el Estado mexicano, entre ellos, el aspecto que aquí nos atañe, esto es, el traslado del Centro de Penitenciario "La Mesa" Tijuana, Baja California, al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS Coahuila", en lo que interesa, el capítulo V del Título Segundo, de la ley en consulta, relativo a los traslados, establece tres modalidades en que puede darse el diverso movimiento administrativo: a) El TRASLADO VOLUNTARIO, consiste en aquél que solicita el propio interno, ante la autoridad jurisdiccional competente. En este supuesto, la autorización será mediante resolución que en su momento emita la autoridad judicial ante quien se encuentre a disposición la libertad personal de la persona privada de la misma. b) El TRASLADO INVOLUNTARIO tanto de procesados como sentenciados, regulado por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aquél que debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de APELACIÓN. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) El TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, tiene su origen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, por cuenta propia y en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Sin embargo, el ordinal 52 de la citada ley, le impone la obligación de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; quien, a su vez, calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación, de modo tal que se está en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la APELACIÓN, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una CONTROVERSIA JUDICIAL contra la determinación administrativa. De lo anterior se obtiene que los traslados, cualquiera que sea su naturaleza, siempre tienen aparejado el control judicial por el órgano jurisdiccional competente; la regla general nos dice que la autorización debe ser previa y, de manera excepcional, posterior a la ejecución del traslado; en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado misma que es recurrible vía controversia judicial, en los casos en que no se pronuncie sobre la calificación de su legalidad el juez competente, y agotada dicha controversia, procede el recurso de apelación, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por un juez, por esa razón la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Bajo ese panorama, como se dijo, un medio ordinario de defensa es aquél que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar el mismo. Así, la Ley Nacional de Ejecución Penal, brinda los medios de defensa a las personas privadas de su libertad, contra el traslado involuntario (controversia judicial), o bien, excepcional (controversia judicial o recurso de apelación, atendiendo al caso). En caso que, dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. (controversia judicial o recurso de apelación, atendiendo al caso). En ese tenor, se aprecia que ********************, reclama el traslado consumado del Centro de Penitenciario "La Mesa" Tijuana, Baja California, al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS Coahuila". Entonces, partiendo de esa premisa y de lo expuesto en párrafos precedentes se obtiene que, el quejoso previo a acudir al amparo, debió agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III de la Ley de Ejecución Penal, y en caso desfavorable, interponer el recurso de apelación que prevé el numeral 131 de citada ley; lo que pone de relieve que tiene a su alcance un medio de defensa ordinario; y, por tanto, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Es importante mencionar que el criterio asumido por este órgano jurisdiccional en el presente asunto, atiende a lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 449/2019; en el sentido de que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, como se puntualizó previamente, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Como se observa en el citado criterio, de observancia obligatoria para este Juzgador, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al interpretar la Sala emisora los artículos 117, fracción III, y 132 concluyó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo. En conclusión, al no haberse cumplido con el principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente, el acto reclamado debe ser atacado previamente por todos los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el los artículo 113 y 217, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR SER UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias en Tijuana, Baja California y otras autoridades. Finalmente, se puntualiza que la determinación anterior, no contraviene lo dispuesto en el párrafo segundo del normativo 1 constitucional, mismo que obliga a todas las autoridades del país a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia. Ello es así, por dos razones fundamentales. La primera, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, que resulta ser la norma que rige el acto reclamado, cumple con la previsión constitucional de favorecer a los destinatarios de la misma la protección más amplia y, la segunda, porque la observancia del principio pro persona, no implica que la autoridad soslaye los requisitos previstos en la ley para hacer procedente lo que no lo es, también por disposición legal y que, en el caso concreto, la improcedencia del juicio de amparo, no constituye un acto restrictivo de derecho humano alguno, en concreto el de acceso a la justicia, pues como ya se explicó solo se inclina a que se agoten los recursos internos al alcance del gobernado y, en caso de estimar que agotados los mismos la determinación que ahí se emita la estime violatoria de Derechos Humanos, ahí sí acudir a esta instancia constitucional. Sobre el particular, son aplicables los criterios jurídicos que enseguida se transcriben: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." (Época: Décima Época Registro: 2005717 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1ª./J. 10/2014 (10ª.) Página: 487) "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas. Por su parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas." (Época: Décima Época Registro: 2002861 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: VI.3o.A. J/2 (10a.) Página: 1241). De igual forma encuentra aplicación a lo anterior la Tesis 1ª.XXI/2021, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Decima Época, con número de registro 2023063 que a la letra establece: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS Coahuila"; la parte promovente cuenta con domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), en el rubro correspondiente, utilizando las firmas electrónicas que para tal efecto señala el numeral 107 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal, en los Centros de Justicia Penal Federal, al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario de su adscripción a fin notificar el presente proveído a la parte quejosa en mención, en el domicilio de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS Coahuila". Asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo, sin ulterior acuerdo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Se faculta al Juez exhortado para habilitar a quien realice la notificación encomendada, días y horas inhábiles para efectuarla. Hecho lo anterior, de no tener inconveniente alguno, devuelva por la misma vía, la totalidad de las constancias que integren el cuadernillo que al efecto radique. Designación de defensor. Asimismo, con la finalidad de salvaguardar sus derechos y no dejar al peticionario del amparo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, se designa como defensores públicos del quejoso a******************** y ********************. En atención a lo anterior, córraseles traslado con copia de demanda de amparo que se atiende y el presente proveído, con la finalidad de que se encuentren en aptitud de imponerse de autos y promover lo que en derecho corresponda. La anterior designación es en razón de que, mediante oficio DP/52/2022 de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el COORDINADOR PENAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA ESTATAL ZONA COSTA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, informó a este juzgado que los profesionistas antes mencionados serían quienes intervendrían en los juicios de amparo en los que se requiriera que las partes cuenten con una debida representación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2020495, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Decima Época, libro 69, agosto de dos mil diecinueve, tomo II, pagina 1301, del siguiente rubro y contenido: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO PENAL SEA ACORDE A ESTE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo, deberá nombrarle uno de oficio para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar, la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.- y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dada las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y amerita la reposición del juicio de amparo, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la parte quejosa, la resolución de fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los fedatarios de la adscripción, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21, de la Ley de la materia; habilitación que se justifica en atención a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, especialmente en el área de actuaría, en donde se genera un gran número de actuaciones que por su naturaleza deben practicarse fuera de las instalaciones de este Juzgado Federal, e incluso fuera de la ciudad en donde se encuentra el mismo; con el fin de privilegiar una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, diciembre de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)." Exhortación a las partes para continuar el trámite mediante juicio en línea. Con fundamento en el último párrafo del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación mediante el esquema de "juicio en línea". En ese sentido, a efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica su actuación mediante "juicio en línea", se deja a su disposición el manual actualizado, mismo que está disponible en la siguiente liga: Tutoriales PSL PJF | Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx). Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Asimismo; se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. De igual forma, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Transparencia y digitalización. Al tomar en consideración que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, comuníquese a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y a la publicación de sus datos personales, por tal motivo, requiérase a las partes para que en el acto de la notificación de este auto o hasta antes de que se dicte sentencia en el presente juicio, manifiesten expresamente su conformidad con que sus datos personales sean publicados o si se oponen a ello, en el entendido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que están conformes con dicha publicación y se procederá a hacer pública la sentencia sin esos datos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110 fracciones V, X y XI, 113, 117, 118, y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse. Así también, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado.
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