Jose Magdaleno Novelo Diaz
Expediente 264/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Magdaleno Novelo Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de cuatro de mayo último, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la mencionada parte el día nueve de mayo del año actual, sin que hasta la fecha hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el dieciocho de marzo del año actual, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta responsable por conducto de su Presidente vigile que se lleve a cabo el emplazamiento de la totalidad de las partes demandadas, en particular, a la Sucesión de TOMÁS JUÁREZ CRUZ -así como a la negociación TOMÁS JUÁREZ CRUZ-; salvo que ya hubieran sido legalmente notificadas y dé seguimiento a dichos emplazamientos, y de ser necesario tome las medidas necesarias e incluso disciplinarias para que sean practicados los emplazamientos en comento, vigilando en todo momento que se respeten los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, en auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la resolución de mérito, y se requirió su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, informó que se llevó a cabo el emplazamiento de la totalidad de las partes demandadas, en particular, de la Sucesión de TOMÁS JUÁREZ CRUZ, como se advierte de la constancia actuarial de dieciocho de abril del año actual; asimismo, de las audiencias de seis y veinticinco de abril de dos mil veintidós, se observa que la negociación TOMÁS JUÁREZ CRUZ, ya fue emplazada; tal y como se ordenó en el fallo definitivo dictado en este juicio de amparo. En consecuencia, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, agréguense a este expediente el oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, que envía en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este expediente, al requerimiento realizado por auto de veinticinco de abril del año actual. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, agréguese a este expediente el escrito signado por ********************autorizado del quejoso ********************; con el que manifiesta que se desiste del presente juicio de amparo, toda vez que la autoridad responsable ha dado contestación a su petición. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, ya que dicho promovente es autorizado del amparista en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pero el ordinal antes señalado no lo faculta a realizar cualquier acto en nombre del quejoso, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4° de la Ley de Amparo. Por ende, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción (con excepción de los supuestos que la propia legislación señala expresamente), se pone en evidencia que la solicitud de desistimiento del juicio, también debe contar con la firma autógrafa del directo quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio constitucional, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del propio juicio, ajenas a cuestiones derivadas directamente de la voluntad del interesado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011 de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, visible a página 68, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Notifíquese.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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