José Macías González
Expediente 1422/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1422/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Macías González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a once de octubre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia terminada de engrosar el catorce de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa para el efecto de que el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, del Estado de Tlaxcala: "(.). Deje sin efectos todo el procedimiento de remate en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, del Estado de Tlaxcala, en lo relativo a la fijación de la primera almoneda de remate; Y una vez que el actor solicite iniciar el procedimiento de remate el aludido juicio, deberá previo a fijar fecha para la primera almoneda remate, requerirlo para que exhiba un certificado de gravamen actualizado, a fin de estar en aptitud de llamar a juicio a los coacreedores del bien inmueble embargado en el citado juicio, en términos de lo ordenado por los artículos 1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio, en relación con los diversos artículos 663 y 664 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos del diverso 1054; Y con ello, en el momento procesal oportuno se les garantice el derecho de audiencia a los posibles coacreedores (.)". Por lo anterior, mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a ello, el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez -autoridad responsable-, remitió el oficio ******************** en el que anexó copia certificada del auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés dictado en el expediente ******************** de su índice, del cual se advierte que dejó sin efectos todo lo actuado a partir del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, es decir, a partir de la primera almoneda. Además, mediante la diversa comunicación oficial 1336, anexó copia certificada del proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, en el que informó que la parte actora en el juicio de origen no ha solicitado iniciar el procedimiento de remate. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito, en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dio vista a las partes con dichas documentales. Una vez expuesto lo anterior, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta esta Juzgadora Federal de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, del Estado de Tlaxcala, se advierte que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Se afirma lo anterior, toda vez que el Juez responsable mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ******************** de su índice, dejó sin efectos todo lo actuado a partir del auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno; esto es, a partir de la primera almoneda de remate; además, precisó que una vez que el actor solicitara iniciar el procedimiento de remate, se debería requerir para que exhibiera un certificado de gravamen actualizado a fin de estar en aptitud de llamar a juicio a los acreedores del bien inmueble embargado. Asimismo, mediante acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, ordenó informar a este órgano jurisdiccional que la parte actora en el juicio de origen no ha solicitado iniciar el procedimiento de remate. De lo anterior, se puede observar que la autoridad dio cumplimiento a los efectos del juicio de amparo; ello, en virtud de que procedió a garantizar el derecho de los posibles acreedores respecto del bien inmueble embargado en autos al ordenar reponer el procedimiento de remate, y si bien no se ha continuado con la etapa de ejecución, lo cierto es que dicha circunstancia no es atribuible al Juez responsable en virtud del principio dispositivo que rige en la materia mercantil. Esto es así, pues cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la Tesis 1a. CCVI/2013 (10a.), visible en la página 566, del Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, intitulada: PRINCIPIO DISPOSITIVO EN MATERIA MERCANTIL. NO LIMITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que el principio dispositivo descansa en el hecho de que, por regla general, los derechos e intereses jurídicos que se discuten en el proceso son del dominio absoluto de los particulares; de ahí que tenga plena operatividad en los juicios en materia mercantil, al discutirse en éstos cuestiones que incumben exclusivamente a los contendientes. Así, por virtud de dicho principio procesal, la tarea de iniciación e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no del juzgador. En ese sentido, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente y el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto del expediente del original del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción III del citado Acuerdo; en consecuencia, es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Asimismo, se deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a once de octubre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia terminada de engrosar el catorce de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa para el efecto de que el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, del Estado de Tlaxcala: "(.). Deje sin efectos todo el procedimiento de remate en el juicio ejecutivo mercantil 366/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, del Estado de Tlaxcala, en lo relativo a la fijación de la primera almoneda de remate; Y una vez que el actor solicite iniciar el procedimiento de remate el aludido juicio, deberá previo a fijar fecha para la primera almoneda remate, requerirlo para que exhiba un certificado de gravamen actualizado, a fin de estar en aptitud de llamar a juicio a los coacreedores del bien inmueble embargado en el citado juicio, en términos de lo ordenado por los artículos 1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio, en relación con los diversos artículos 663 y 664 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos del diverso 1054; Y con ello, en el momento procesal oportuno se les garantice el derecho de audiencia a los posibles coacreedores (.)". Por lo anterior, mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a ello, el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez -autoridad responsable-, remitió el oficio 1053, en el que anexó copia certificada del auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés dictado en el expediente 366/2016 de su índice, del cual se advierte que dejó sin efectos todo lo actuado a partir del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, es decir, a partir de la primera almoneda. Además, mediante la diversa comunicación oficial 1336, anexó copia certificada del proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, en el que informó que la parte actora en el juicio de origen no ha solicitado iniciar el procedimiento de remate. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito, en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dio vista a las partes con dichas documentales. Una vez expuesto lo anterior, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta esta Juzgadora Federal de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, del Estado de Tlaxcala, se advierte que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Se afirma lo anterior, toda vez que el Juez responsable mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 366/2016 de su índice, dejó sin efectos todo lo actuado a partir del auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno; esto es, a partir de la primera almoneda de remate; además, precisó que una vez que el actor solicitara iniciar el procedimiento de remate, se debería requerir para que exhibiera un certificado de gravamen actualizado a fin de estar en aptitud de llamar a juicio a los acreedores del bien inmueble embargado. Asimismo, mediante acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, ordenó informar a este órgano jurisdiccional que la parte actora en el juicio de origen no ha solicitado iniciar el procedimiento de remate. De lo anterior, se puede observar que la autoridad dio cumplimiento a los efectos del juicio de amparo; ello, en virtud de que procedió a garantizar el derecho de los posibles acreedores respecto del bien inmueble embargado en autos al ordenar reponer el procedimiento de remate, y si bien no se ha continuado con la etapa de ejecución, lo cierto es que dicha circunstancia no es atribuible al Juez responsable en virtud del principio dispositivo que rige en la materia mercantil. Esto es así, pues cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la Tesis 1a. CCVI/2013 (10a.), visible en la página 566, del Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, intitulada: PRINCIPIO DISPOSITIVO EN MATERIA MERCANTIL. NO LIMITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que el principio dispositivo descansa en el hecho de que, por regla general, los derechos e intereses jurídicos que se discuten en el proceso son del dominio absoluto de los particulares; de ahí que tenga plena operatividad en los juicios en materia mercantil, al discutirse en éstos cuestiones que incumben exclusivamente a los contendientes. Así, por virtud de dicho principio procesal, la tarea de iniciación e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no del juzgador. En ese sentido, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente y el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto del expediente del original del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción III del citado Acuerdo; en consecuencia, es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Asimismo, se deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la sentencia pronunciada dentro del recurso de queja civil número 145/2023, interpuesto por la quejosa Yelitza Panny Buenrostro Gómez, en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, y devuelve un legajo de copias certificadas. Acúsese recibo de estilo. Asimismo, comuníquese a las partes que la superioridad, al resolver el referido medio de impugnación, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Yelitza Panny Buenrostro Gómez, en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto 661/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En cuanto al legajo de copias certificas de cuenta, se ordena su destrucción, pues al tratarse de reproducciones que obran en autos, resulta innecesario su resguardo en este órgano jurisdiccional. Bajo esa tesitura, se levanta la suspensión del procedimiento decretada en proveído de veinticinco de agosto del año en curso y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DÍA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesado ********************, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ********************; electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Juez del Sistema Tradicional y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, informa que por auto de diecinueve de septiembre del año en curso, dictado dentro del proceso 5/2014-GyA, señalo las doce horas del día veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para que se lleve a cabo la audiencia, con el fin de abrir debate sobre la imposición de la medida cautelar procedente. Por lo tanto, estese en espera del total cumplimiento; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
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