Jose Macario Luna Cruz

Expediente 993/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
993/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Jose Macario Luna Cruz
  • Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en éste Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    se tiene a la citada autoridad acusando recibo del oficio en mención, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como lo solicita, mediante oficio que para tal efecto se gire y previo cotejo que se realice, devuélvase la constancia que acompaño al oficio de cuenta, lo anterior para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en la Ciudad De México, mediante el cual acusa recibo del oficio al que se adjuntó el original del juicio de amparo señalado al rubro promovido por Precursora de Recursos Humanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, asimismo, informa que en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se avocó al conocimiento del presente asunto. Por otra parte, al encontrarse debidamente concluido el presente cuaderno de antecedentes y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo definitivo del presente cuaderno de antecedentes del juicio de amparo y se hace constar que: Como criterio de valoración, este cuaderno de antecedentes no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción, de conformidad con los dispositivos 12 a 24 del Acuerdo mencionado, toda vez que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo.

  3. Principal

    dos de septiembre de dos mil veintiuno20022 Juicio de amparo 976/2020 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las nueve horas con veintiún minutos del día dos de septiembre de dos mil veintiuno, encontrándose en audiencia pública Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez, Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, asistida de Donají Matías Zárate, Secretaria con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se procede a celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio 976/2020, promovido por Diseño Infraestructura y Servicios, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal Juan Antonio Neri Cerda. La Secretaría certifica y hace constar que obran agregados a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se certifica y hace constar que no existe tercero interesado identificado en el presente juicio y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó alegato ministerial. También, se certifica y se hace constar que esta audiencia se celebra de forma electrónica y virtual, así como que ninguna de las partes solicitó el desahogo de esta audiencia por videoconferencia. Enseguida, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias, y se tiene a las responsables allegando sus informes con justificación. Se tiene por hecha la certificación que antecede relativa a que no existe parte tercera interesada identificada en el presente juicio y que la Fiscal Federal adscrita no presentó alegato ministerial. Luego, se toma nota que ninguna de las partes peticionó el desahogo de esta audiencia por el sistema de videoconferencia, en términos de los artículos 25 y 26 del aludido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como los preceptos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Enseguida, se procede a abrir el período probatorio; se da cuenta a la Jueza con las documentales, fotografías, instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables, las cuales se tienen por recibidas y admitidas, mismas que por su naturaleza no requieren desahogo especial alguno. Asimismo, se tiene por recibido el escrito presentado por la parte quejosa (registro 20022) a través del cual ofrece distintas pruebas documentales, las cuales no requieren desahogo especial alguno. Por tanto, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas en comento. Así, dada la voluminosidad de las constancias exhibidas, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado. Ahora, se advierte que por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo conducente respecto del escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual planteó la objeción de documentos respecto de la bitácora de obra pública que obra en las páginas "06 a 14, 15 a 25 y 28 a 54" del cuaderno de información reservada número 70/2020 tramitado ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como las reproducciones de ésta que obran en el presente expediente. Al efecto, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo1, se admite a trámite el incidente de objeción de documentos respecto de la autenticidad del documento en comento y, por tanto, se suspende la celebración de la audiencia constitucional, la que se continuará dentro de los diez días siguientes a fin de dar margen a la sustanciación de la incidencia de mérito. Antes de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas en la incidencia que nos ocupa, es conveniente citar algunos de los antecedentes de la objeción que nos ocupa. De un análisis del escrito de cuenta, se advierte que a fin de llevar a cabo un control de los avances y acontecimientos relevantes de la obra pública del contrato número MSP-OPM-RP043/20-CP, se inició una bitácora. Dicha obra estuvo bajo la supervisión, por parte de las autoridades, de PMP Consultores, sociedad anónima de capital variable, quien a su vez nombró a Luis Ángel Monita Rivera y Sergio Antonio Montoya Plata. Por su parte, la quejosa nombró a Rolando Monsiváis González. Dichas personas, intercambiaban, llenaban y firmaban la bitácora en comento, siendo Luis Ángel Monita Rivera, el encargado de resguardarla al final de su llenado. 1 "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia." Posteriormente, indica que dentro de los autos del presente juicio de amparo, Esteban Ortega Arreola como Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Municipio de San Pedro Garza García, negó la existencia de la bitácora. Razón por la cual, la parte quejosa requirió en términos del artículo 121 de la ley de la materia, copia certificada de dicho documento. Al contestar el requerimiento, la autoridad indicó que existían dos versiones de ésta, una "auténtica" que se llevaban apuntes hasta el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, certificada por la autoridad y otra que aducía, fue alterada por la quejosa y la cual es objeto de un proceso de investigación número 70/2020. Así la parte quejosa aduce que la bitácora certificada al veintinueve de septiembre de dos mil veinte, está alterada y es falsa. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por estar anunciada en tiempo y forma y ser idóneas para demostrar la autenticidad del documento objetado, se admiten las pruebas periciales en materia de 1) caligrafía, 2) grafoscopía y 3) documentoscopía. Córrase traslado a las partes con copia del cuestionario propuesto, y dígaseles que están en aptitud de designar también perito de su intención en las materias aludidas para que se asocie a los que sean nombrados por parte de este Juzgado, o bien, rinda su dictamen por separado. Apercibidos que de no hacerlo así, dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, se estarán a lo que dictaminen los peritos nombrados por parte de este Juzgado. Ahora, vista la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 81, fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el numeral 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación,2 se designa como especialista en materia de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía para fungir por parte de este órgano jurisdiccional a Jesús Carlos Álvarez González (P. 0032-2021. Por su parte, se tiene a la quejosa designando como perito de su intención en materias de 1) caligrafía y 2) grafoscopía a Félix José Martínez Campos y 3) documentoscopía a Max Pedroza Pacheco, quienes tienen su domicilio ubicado en Avenida José Vasconcelos 600, piso PH, oficina 17, colonia Valle del Campestre, San Pedro Garza García, Nuevo León. Por tanto, con base en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo y los preceptos 143 a 145 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia según lo establece su artículo 2º párrafo segundo, se requiere a los peritos en cita, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, previa cita en el Portal de Servicios en Línea, comparezcan en el local de este juzgado, ubicado en Diagonal Santa Engracia número 221, Colonia Lomas de San Francisco, Edificio B, en esta ciudad, para que manifieste si acepta el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño, así como para que se imponga del cuestionario sobre el cual versará la referida prueba, o bien, manifieste su imposibilidad para hacerlo. En esa línea, una vez que los peritos acepten el cargo conferido, se acordará lo conducente para que los ciudadanos Luis Ángel Monita Rivera, Sergio Antonio Montoya Plata y Rolando Monsiváis González, previa cita en el Portal de Servicios en Línea, acudan al local de este Juzgado, se presenten ante esta autoridad 2 Consultada en la página oficial listaPeritosOrganosPJF_2021.pdf (cjf.gob.mx). Judicial y estampen los trazos que servirán como indubitables para que los peritos desahoguen sus respectivos dictámenes. Por otra parte, se desecha la prueba testimonial a cargo de los atestes 1) Ana Teresa Carrión Chavarría; 2) Luis Ángel Monita Rivera; 3) Sergio Antonio Montoya Plata; 4) Néstor Alberto Luna Parra; 5) Rolando Monsiváis González y 6) Esteban Ortega Arreola, toda vez que no cumple con los principios de pertenencia ni idoneidad para su admisión. En efecto, con los testimonios de los ciudadanos nombrados al inicio de este apartado, la parte quejosa pretende demostrar: 1) Ana Teresa Carrión Chavarría; que no tuvo en su poder la bitácora de obra real, sino un documento alterado, que la bitácora objetada no coincide con aquella certificada por notario público el cinco de octubre de dos mil veinte. 2) Luis Ángel Monita Rivera: que la bitácora objetada no es la real, que se encontraba presente cuando el supervisor del contratista hacía sus anotaciones, que no se encontraba presente en el momento en el que supuestamente se sustrajo, que hizo anotaciones con posteridad al veintinueve de septiembre de dos mil veinte, que en ocasiones llenaba la bitácora pero que no la firmaba. 3) Sergio Antonio Montoya Plata: que no estaba presente cuando el supervisor del contratista realizaba las anotaciones, que no estaba presente cuando supuestamente se sustrajo el documento, que no llenaba ni firmaba la bitácora ya que ésta estaba a cargo del ateste indicado en el punto 2. 4) Néstor Alberto Luna Parra: que la bitácora objetada no es la real, que se encontraba presente cuando el supervisor del contratista hacía sus anotaciones, que no se encontraba presente en el momento en el que supuestamente se sustrajo y que él no firmaba ni llenaba la bitácora por lo que no le pueden constar los hechos de la alteración. 5) Rolando Monsiváis González: que la bitácora objetada es falsa, que había hecho diversas anotaciones las cuales fueron eliminadas, que algunas anotaciones no fueron firmadas por él porque el supervisor de la autoridad no se las entregó para su revisión. 6) Esteban Ortega Arreola: que negó la existencia de la bitácora y que la bitácora que obra en autos no es la real al día siete de octubre de dos mil veinte. Sin embargo, como se dijo, se estima que dicha probanza no cumple con los principios de pertenencia ni idoneidad, toda vez que, el primero impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Así, se advierte que el quejoso ofrece la probanza en comento esencialmente para demostrar la falsedad de la bitácora certificada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte; sin embargo, de la finalidad del testimonio de los atestes que refiere y de una lectura preliminar de las preguntas apuntadas en los interrogatorios que anexa, se advierte que pretende demostrar la falsedad de los documentos, con el hecho de que las personas ya sea supervisores o las propias autoridades, no estaban presentes al momento de la "sustracción" de la bitácora o al momento en que el contratista de la quejosa realizaba sus anotaciones. Sin embargo, se estima que con independencia de la presencia de las personas aludidas o de la interacción de los supervisores de la misma, la autenticidad del contenido del documento, esto es, las anotaciones, firmas e incluso si algún dato fue eliminado, no se corrobora totalmente con el dicho de los atestes, sino con las pruebas periciales ya admitidas. Inclusive, en algunos casos, la quejosa pretende demostrar que los atestes no estaban en el momento de la supuesta alteración o que incluso ni les correspondía la verificación de la bitácora, de lo que se advierte que, en el caso concreto, no es idónea ni pertinente para demostrar la autenticidad del citado documento. Y si bien, entre los atestes que señala, se encuentran las personas encargadas de la bitácora de la obra pública en comento, a saber, Luis Ángel Monita Rivera, Sergio Antonio Montoya Plata (por parte de la autoridad) y Rolando Monsiváis González (por su parte), a fin de que verifiquen y reconozcan algunos de sus trazos como de su autoría, puño y letra, lo cierto es que, más allá del reconocimiento que éstos hagan, la veracidad de su dicho se corroborará suficientemente con las pruebas periciales que al efecto ofreció, en las cuales incluso, señaló los trazos indubitables aquellos que dichas personas realicen ante esta autoridad judicial, para que, en un análisis comparativo con el documento objetado, se verifique su autenticidad. En consecuencia, a fin de evitar diligencias dilatorias y las cuales incluso serían insuficientes para demostrar la veracidad del documento objetado, se desecha de plano la prueba testimonial ofrecida. En ese contexto, se señalan las doce horas con quince minutos del día veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, para la reanudación de la audiencia constitucional.Consecuentemente, notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los peritos designados por la parte quejosa y este Juzgado, por oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a la Fiscal adscrita Así lo proveyó y firma, Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ante Donají Matías Zárate, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    téngase por recibido el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, mediante el cual comunica que admitió a trámite el recurso de revisión

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León · 8,557 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano