Jose Luz Garcia Mendoza

Expediente 920/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
920/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Jose Luz Garcia Mendoza
  • Lic. Jose Armando Lopez Rosas, Director del Centro de Reinsercion Social el Hongo I, En Tecate, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de abril de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    En este apartado, se considera necesario precisar que la celebración de esta audiencia constitucional no le depara perjuicio alguno a las partes, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia; lo cierto es que a fin de no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la celebración de esta manera. Aunado, a que se estima que no existe vulneración a algún derecho de las partes por su imposibilidad para asistir a la audiencia al no haberse ofrecido medios de prueba que ameriten su presencia, además de realizarse de manera remota ocasionaría la dilación en su resolución. De igual manera, no ocasiona ninguna afectación a las partes esta determinación, toda vez que pudieron alegar en forma escrita, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Certificación. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en el presente juicio transcurrió el término de quince días que se otorgó a la parte quejosa para ampliar su demanda, mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinte, el cual se computó de la siguiente manera: Fecha en que se emite proveído para ampliar la demanda Fecha de notificación Fecha en que surtió efectos la última notificación Plazo de quince días hábiles para ampliar demanda Días inhábiles 25/02/2020 Parte quejosa 28/02/2020 Defensa 23/10/2020 26/10/2020 Del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2020. 31 de octubre, así como 1, 2, 7 y 8 de noviembre de 2020, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Acuerdo. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el término de quince días que se otorgó a la parte quejosa, mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinte, para que ampliara su demanda respecto del capítulo de autoridades responsables, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento realizado en dicho auto, por lo cual, el trámite del presente juicio de amparo se seguirá en los términos inicialmente planteados. Certificación de lectura de constancias. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la ley de la materia, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia PC.II.P. J/8 K (10a.) emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y la Secretaria hace constar que fueron ofrecidas como pruebas en el presente juicio, las siguientes: No. Partes Prueba Admitidas y desahogas 1 Director del Centro de Reinserción Social ''El Hongo'' con sede en Tecate, Baja California. Documentales 23/09/2020 Asimismo, la Secretaria hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación presentó pedimento. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social presentó pedimento, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. _____________________ ___________________ VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 920/2019-VI; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, José Luz García Mendoza, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto señalado en la demanda de amparo. SEGUNDO. Trámite del juicio. El seis de agosto de dos mil diecinueve, la demanda se radicó bajo el número de expediente 920/2019-VI, y se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la omisión de dar respuesta a las peticiones que dijo haber realizado al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", y al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, ambos con sede en Tecate, y de ser afirmativo, señalara como autoridad responsable al juez en mención y manifestara en qué consistían dichas peticiones y las fechas en que las formuló. Previos intentos de desahogo de la prevención formulada por éste órgano jurisdiccional, en auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, únicamente por la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; no obstante, en auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se regularizó el procedimiento para dar oportunidad que los defensores públicos del quejoso, se impusieran de la prevención inicialmente formulada, y así llevaran a cabo una entrevista con su patrocinado, la cual aconteció el seis de febrero de dos mil veinte, sin que tales abogados hayan desahogado la aludida prevención, esto es, no señalaron como autoridad responsable al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate. Vista para ampliar demanda. Asimismo, el veinticinco de febrero de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda con relación al capítulo de autoridades responsables, toda vez que del informe justificado rendido por la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, se advirtió que podía revestirle dicho carácter al Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, sin que lo hubieren hecho en el plazo correspondiente, no obstante de haber estado debidamente notificada para ello; tanto el quejoso en lo personal, como su defensor público. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que enseguida se precisa: No. Autoridad responsable (En su denominación correcta) Actos reclamados 1 Director del Centro de Reinserción Social ''El Hongo'', con sede en Tecate, Baja California. La omisión de practicar los estudios técnicos de personalidad al quejoso, para efecto de que éstos sean enviados al Juez de Control Especializado en Ejecución, con sede en Tecate, Baja California, y resuelva sobre su petición. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social ''El Hongo'', con sede en Tecate, Baja California, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, puesto que dijo que al quejoso le fue elaborado por parte del Departamento Jurídico de ese centro penitenciario el resumen social que da inicio al procedimiento para la realización de los estudios técnicos de personalidad, el cual se remitió al Área Técnica de dicho centro, para su valoración; posteriormente, ya integrado el estudio se remitió a la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con sede en Mexicali, Baja California, a efecto de que acordara lo que correspondiera, dado que el quejoso se encuentra a disposición de esa autoridad. Lo anterior se corrobora con la documental que fue exhibida por la responsable, la cual adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de actuación emitida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ello implica, necesariamente, que no sea cierto que haya actuado en la forma en que se le atribuyó, es decir, en el sentido de haber hecho caso omiso a la solicitud de llevar a cabo el estudio técnico de personalidad al quejoso. Por tanto, ante el hecho de que el acto reclamado consiste en una omisión de actuar por parte de la autoridad responsable, que en el caso no existe, pues como se dijo, el Director responsable realizó los estudios técnicos de personalidad al quejoso privado de su libertad, aunado a la carga procesal que impone a la parte accionante el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se concluye que corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia del acto precisado, en razón de que éste fue negado por la autoridad responsable; sin que así lo haya hecho, pues no aportó, hasta el día en que se celebró la audiencia respectiva, prueba idónea que desvirtúe tal negativa. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo con relación a los actos reclamados cuya inexistencia se analizó, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la tesis VI.2o.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Luz García Mendoza, por derecho propio, en contra del acto y autoridad precisado en el considerando segundo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de octubre de dos mil veinte. Certificación secretarial. Visto el contenido de la certificación secretarial y el estado de autos, se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional para el día de hoy, sin embargo el expediente no se encuentra debidamente integrado para su celebración. Lo anterior, toda vez que no se advierte que se hubiese practicado la notificación personal del auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, al defensor público del quejoso, donde se requirió a la parte quejosa para que en su caso de ser de su interés, ampliara su demanda de amparo. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscrito a este juzgado a efecto de que de inmediato practiquen la referida notificación. Diferimiento de audiencia. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveídos de nueve de octubre y doce de noviembre de la presente anualidad, se requirió a los defensores Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, a fin de que llevaran a cabo una entrevista con el quejoso José Luz García Mendoza y éste se encontrara en aptitud de desahogar debidamente asesorado la prevención hecha el seis de agosto pasado, proveídos que les fueron notificados personalmente. Asimismo, de autos se advierte que el Coordinador Penal de la Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, en esta ciudad, el veintisiete de noviembre pasado, informó la imposibilidad que le asistía a la defensora Nidia Marcela Vera López, a fin de dar cumplimiento a lo requerido, por lo que solicitaba una prórroga para designar defensor público al quejoso. Sin embargo, a la fecha no obra en autos la contestación por parte del defensor Gabriel Rodríguez López, de haber llevado a cabo la entrevista en cuestión con el quejoso, así como la nueva designación de defensor público por parte del Coordinador Penal de la Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, en esta ciudad. Entrevista. Atento a lo anterior, se requiere al defensor Gabriel Rodríguez López, para que en el plazo de tres días informen si realizó la entrevista encomendada mediante proveídos de nueve de octubre y doce de noviembre del año en curso y en caso de ser así, remita copia certificada de la misma; además, deberá desahogar el requerimiento ahí precisado. Apercibimiento. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de cuatro mil treinta pesos moneda nacional; la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, por desacato a un mandamiento judicial. Designación de defensor. Asimismo, se requiere al Coordinador Penal de la Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, en esta ciudad, para que plazo de tres días hábiles, contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que designe diverso defensor a la ya designada en autos Nidia Marcela Vera López, a fin de que brinde la asesoría correspondiente al aquí quejoso; apercibido que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cincuenta días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Diferimiento. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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