José Luis Zubiate Nava
Expediente 593/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Luis Zubiate Nava
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ************ y ********* por conducto de su apoderado Francisco Javier Álvarez Rojas Por otro lado, se hace del conocimiento de la parte promovente que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, también se comunica a la parte promovente que, de conformidad a lo señalado en los artículos 8 y 9 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal, durante el plazo de tres años ya que después de ese lapso, con base en los artículos 15 y 21 del Acuerdo antes citado, se procederá a la destrucción del presente expediente. En las relatadas condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa de quince de octubre de dos mil veintiuno. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo y al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fiel con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido del escrito presentado por ***********, como apoderado de *********** y ***********, como lo solicita, devuélvase la copia certificada delinstrumento notarial..., las cuales deberán ser entregadas por conductode las personas autorizadas para tal efecto, previa toma derazón que se asiente en autos de la persona que las reciba para debida constancia; lo anterior, con fundamento en el artículo 8º constitucional. En la inteligencia que, la parte promovente deberá gestionar la cita respectiva, para la entrega del poder notarial que solicita, en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias; lo anterior, derivado de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del Juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por lista.
- Principal
En la Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierten los motivos por los cuales la fedataria judicial de la adscripción no pudo notificar a la parte quejosa ************* y *************, el proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que en el domicilio en donde se constituyó, le manifestaron que dicho inmueble se encuentra vacío. En esas condiciones, se ordena notificar a dicha parte el auto de referencia, el presente, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado; lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE por lista a la parte quejosa. ***AUTO DE 27/08/2021.- "En la Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. ...Causal de improcedencia De la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado no constituye el último acto dictado en la etapa de ejecución, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, párrafo segunda, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado Para los actos dentro de juicio, las normas transcritas establecen como regla general la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como regla de excepción la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas. Para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia depende de precisar, primero, si el acto reclamado proviene o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, segundo, de ser así, si tal acto se produce dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión, para lo cual es importante señalar que en esta vía se reclama, una resolución cuyo efecto conlleva a que se continúen practicando actuaciones y diligencias relacionadas con lograr el cumplimiento y pago de lo condenado en definitiva, como parte de la etapa de ejecución del procedimiento de origen. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio, está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional nos lleva a la conclusión que deriva de la ejecución de sentencia, ya que el juicio es el conjunto de actos relacionados entre sí y que se presentan cronológicamente conforme a los mandatos legales, que inician con una demanda y terminan con una sentencia, de ahí que los actos que se ejecuten o emitan para dar cumplimiento a dicha sentencia, son propiamente actos de autoridad después de concluido el juicio. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos después de concluido el juicio, resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior, debe concluirse que el acto reclamado, se produjo después de concluido el juicio, es decir, fue dictado en ejecución de sentencia, y además, no constituye el último acto emitido en dicho procedimiento de ejecución, pues en el caso a estudio, únicamente se reclama la resolución que declara infundado un recurso de revocación interpuesto contra un auto cuyo efecto material es continuar con la etapa de ejecución de sentencia, inicialmente, con el requerimiento a la parte quejosa del cumplimiento voluntario a lo sentenciado, en términos de lo ordenado por el Juez de origen el ocho de julio de dos mil veintiuno; por lo que al no cumplirse con esos requisitos el acto que por esta vía se reclama, no se satisfacen los supuestos de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo. Además, es menester precisar que la quejosa es demandada en el juicio de origen y que al haberse emitido el acto reclamado en la etapa de ejecución de sentencia, el mismo resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues para que pueda impugnarse mediante el juicio de garantías, es indispensable que dicho acto sea el último que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; esto es, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la ejecución de la sentencia o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. No pasa inadvertido para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" -visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, este juzgador, estima, que el acto reclamado, emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el requerimiento de entrega del bien inmueble deriva directamente de la sentencia dictada en el juicio de origen. En efecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia ?en el caso en concreto ejecución de sentencia definitiva?, en contra de la cual sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia, puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento (regla general). Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo que en el caso a estudio no acontece, pues el acto que reclama el quejoso no es ajeno a lo resuelto en la ejecución de sentencia que constituye la verdad legal. Por tanto, si el acto reclamado que en esta vía se reclama, lo constituye una determinación que no acuerda de conformidad la petición de los quejosos, de dejar sin efectos la ejecución de sentencia iniciada por la actora de origen, para que se dejen de practicar diligencias y dictar acuerdos orientados a materializar la ejecución de sentencia, respecto la condena que le fue impuesta en el juicio de origen, es un acto pronunciado en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en la citada controversia; esto es, no es ajeno a la cosa juzgada, motivo por el cual, el acto reclamado, como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, se cita por analogía e identidad, la jurisprudencia número 1a./J. 19/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 34, tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía e identidad jurídica, la Jurisprudencia 104, registro 920552, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Apéndice 2001, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia TCC, página 141, que establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que al promover el amparo directo señalado, a la quejosa se le haya otorgado la suspensión de los actos ahí reclamados, que materialmente se traduce en la suspensión de la ejecución de la sentencia, puesto que, por una parte, la autoridad responsable ha informado a los demandados que el estado procesal que guarda el amparo directo D.C. 103/2020, permite continuar con la ejecución, aunado a que si estima que la suspensión que en su momento se le otorgó, ha sido violentada, tiene a su alcance los recursos y medios legales para atacar dicha medida, que desde luego, no es a través de la presente instancia. En el mismo orden de ideas, tampoco resultan aplicables para sostener su demanda los criterios jurisprudenciales que refiere, debido a que las dos tesis aisladas que cita, refieren a hipótesis diferentes, que describen acciones a seguir en caso de que se hubiese concedido el amparo, lo que en la especie no aconteció, ya que en el amparo directo señalado, se negó la protección constitucional a los ahora quejosos, mientras que la jurisprudencia que señala, con rubro "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO.", expone el análisis de la suspensión de plano para casos relacionados con los actos previstos en el artículo 22 constitucional, y en el caso, el acto reclamado no está dentro de los clasificados en dicho numeral, por lo que tampoco resulta aplicable a este asunto. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, párrafo segunda, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. Se habilitan días y horas. Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda de cuenta. Por otra parte, se tiene por autorizado únicamente a Isaac Aldama Montero, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que hace a los diversos profesionistas, por no tener registradas sus cédulas profesionales en dicho sistema computarizado, y a las diversas personas que refiere, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos, en términos de la última parte, del precepto invocado. También se autoriza la consulta del expediente electrónico, en virtud de que los nombres del usuario proporcionados, se encuentran registrados en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, atendiendo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en el entendido que la facultad para promover en forma electrónica, queda otorgada únicamente a Isaac Aldama Montero, siempre y cuando las promociones que presente cuenten con la firma electrónica respectiva. Como se solicita, devuélvanse los documentos que señala, por conducto de las personas autorizadas para ello, previa copia certificada que obre en su lugar y razón que por su recibo se asiente en autos. Petición especial a las partes. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Atención vía telefónica. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55-51-33-81-00, en la extensión 1910, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. Registro de cédulas Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA."
- Principal
En la Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,657 expedientes
- José Luis Vargas Cruz1286/2023
- Jose Luis Vera Zamudio765/2022
- José Luis Vera Zamudio591/2022
- José Luis Vicente Llamosas Portilla974/2014
- Jose Luis Vizuet Tobias673/2018
- Jose Luis Yarzabal Burela556/2021
- José Manuel Aquino Jimenez280/2016
- José Manuel Aquino Jiménez358/2017
- José Manuel Aquino Jimenez290/2016
- José Manuel Aquino Jiménez225/2021
- José Manuel Aquino Jiménez280/2017
- José Manuel Bermúdez Jauregui1002/2022