José Luis Zavala Solís
Expediente 382/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/06/2023
Partes del expediente
- José Luis Zavala Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** del Actuario del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, transcribe el acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el conflicto competencial ***, de su índice, de cuya lectura se advierte que se avocó al conflicto competencial, suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo promovido por ***, contra los actos del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de otras autoridades. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ***, de cuya lectura se advierte que ese Juzgado de Distrito insiste en que corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto en controversia, por lo que remitirá el juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resuelva la cuestión competencial planteada; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen Campeche, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, enviado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita informe respecto de la determinación adoptada por este órgano jurisdiccional en cuanto a la competencia declinada por ese Juzgado, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Atento a ello, comuníquese que por auto de once de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada a su favor, motivo por el cual se le devolvieron los autos originales mediante oficio ***, enviado a través del servicio de mensajería acelerada "Estafeta", con número de guía ***, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y, para estar en condiciones de darle seguimiento al envío en caso de estimarlo necesario. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, once de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Se tiene por recibido el oficio ***, remitido por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto ***, promovido por ****, apoderado legal de ***, contra actos del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de otras autoridades; asimismo, remite copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo. En consecuencia, acúsese recibo. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. Este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, establecen tres reglas de competencia por territorio de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en razón del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa reclama los actos siguientes: a) El inicio de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de la parte quejosa, basada en información que viola el secreto bancario y el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación. b) Los "inminentes" actos de ejecución derivados de la Investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es, el bloqueo y/o inmovilización, así como la suspensión de actos, operaciones y/o servicios respecto de los siguientes: I. Cuenta bancaria número ***, con número de cliente *** del Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex, de la que es titular el quejoso. II. Contrato de inversión número ***, con número de cliente ***, del Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex, de la que es titular el quejoso. III. Contrato de producto/servicio Inversión Perfiles Banamex, con número de contrato ***, con número de cuenta de cheques ***, con número de tarjeta de débito ***, con número de cuenta concentradora ***, con contrato ***, con número de cliente ***, del Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex, de la que es titular el quejoso. IV. Contrato de producto/servicio Cuenta Perfiles, con número de contrato: ***, con número de cuenta de cheques: ***, con número de cuenta concentradora: ***, con contrato: ***, con número de tarjeta de débito: ***, con número de cliente: ***, aperturado en la institución financiera denominada: Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, de la que es titular el quejoso. V. La tarjeta de crédito Citibanamex Prestige, con número: ***, con cuenta clabe: ***, expedida nombre del quejoso por la institución financiera denominada: Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, de la que es titular el quejoso. VI. La tarjeta de crédito Citibanamex Beyond, con número: ***, con cuenta clabe: ***, Expedida nombre del quejoso por la institución financiera denominada: Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, de la que es titular el quejoso. VII. La cuenta de cheques número: ***, aperturada nombre del quejoso por la institución financiera denominada: BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, de la que es titular el quejoso. VIII. El contrato número: ***, con el número de cliente: ***, aperturada en la institución financiera denominada: BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, de la que es titular el quejoso. IX. La tarjeta de crédito Oro BBVA, con número: ***, con cuenta clabe: ***, con número de cliente: ***, expedida nombre del quejoso por financiera denominada: BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, de la que es titular el quejoso. X. La tarjeta de crédito Oro BBVA, con número: ***, con cuenta clabe: ***, con número de cliente: 38468780, expedida a nombre del quejoso por la institución financiera denominada: BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, de la que es titular el quejoso. XI. El contrato multicuenta/cliente numero: ***, aperturada en la institución financiera denominada: Banco del Bajio, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, de la que es titular el quejoso. XII. El contrato de inversión número: ***, con número de socio: ***, aperturado en la Unión de Crédito Mixta del Carmen, sociedad anónima de capital variable. c) La ejecución del bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias como mecanismo de aseguramiento. d) La solicitud de constancias y/o documentos y/o información obtenida con motivo de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. e) Los oficios, escritos y/o documentos o información solicitada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativa a los datos financieros de la parte quejosa. f) La solicitud a las entidades financieras del país, a fin de remitir constancias relativas a la información de la parte quejosa. g) La información proporcionada por el Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco del Bajio, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple y Unión de Crédito Mixta del Carmen, sociedad anónima de capital variable; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en documentación y/o información que obra a nombre de la quejosa en dicha institución financiera. h) Los reportes de los movimientos supuestamente inusuales y/o alertas emitidas por las instituciones financieras, desde la fecha de apertura de las cuentas a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Ahora bien, cuando se está en presencia de una pluralidad de actos reclamados, como en el caso acontece, para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, Novena Época, intitulada: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En el caso que nos ocupa, se coincide con lo manifestado por el juez declinante de que las cuentas bancarias del Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco del Bajio, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple y Unión de Crédito Mixta del Carmen, del quejoso fueron abiertas en una sucursal ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche. Asimismo, se comparte lo manifestado por el Juez declinante de que el bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa, tiene ejecución material en Ciudad del Carmen, Campeche, no por el hecho de que en esta localidad se hubieran abierto dichas cuentas, sino porque al existir diversas sucursales el acto reclamado puede tener ejecución en más de un lugar. Es así, porque cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la orden de aseguramiento o inmovilización de una cuenta bancaria, como en el caso acontece, se debe considerar que en cualquiera de las sucursales bancarias en las que se intente realizar operaciones respecto de esa cuenta, estará igualmente inmovilizada y no sólo en aquella en la que se abrió la cuenta, o bien, en aquella en la que se intentó realizar la operación; en tal virtud, dicha circunstancia justifica que la competencia para conocer de un asunto con esas características deba recaer en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción pueda ejecutarse la orden, es decir, aquel ante el que se presentó la demanda de amparo, por ser el que previno en el conocimiento del asunto. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada I.11o.A.5 K (11a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO O INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la orden de inmovilización de su cuenta bancaria abierta en el Estado de Tamaulipas y presentó la demanda en la Ciudad de México, pues fue en una sucursal de la institución bancaria de esa ciudad donde le informaron que su cuenta estaba inmovilizada. El Juez de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México al que se turnó el asunto declinó la competencia por razón de territorio en favor del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, al estimar que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en donde se abrió la cuenta bancaria, quien la rechazó al considerar que le correspondía a aquél, porque el acto reclamado se ejecutó en su jurisdicción y el quejoso señaló autoridades responsables de esa ciudad, por lo que devolvió el asunto al Juez declinante, quien insistió en su incompetencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la orden de aseguramiento o inmovilización de cuentas abiertas en instituciones bancarias que tengan diversas sucursales y, por ende, que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un lugar, se surte en favor del Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda de amparo. Justificación: Lo anterior, porque del artículo 37 de la Ley de Amparo se deducen tres reglas para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo: 1. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si comenzó a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el cual se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción esté la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado y se hubiese presentado la demanda. Ahora bien, el referente para definir la competencia que consideran las dos primeras reglas es la ejecución material del acto reclamado, pues en la tercera, por tratarse de actos que carecen de ejecución, se considera el lugar en el cual el quejoso presentó la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga una ejecución material no es el lugar en el que se deba ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto, sino más bien si esa ejecución puede ocurrir en más de un sitio, pues de considerar que es competente el Juez del lugar donde pueda materializarse o donde estén las cuentas e, incluso, las sucursales de la institución a la que pertenezcan podrían generarse diversos inconvenientes, dando lugar a una multiplicidad de juicios a los que se debe dar trámite con la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la orden de aseguramiento o inmovilización de una cuenta bancaria, se debe considerar que en cualquiera de las sucursales bancarias en las que se intente realizar operaciones respecto de esa cuenta, estará igualmente inmovilizada y no sólo en aquella en la que se abrió la cuenta, o bien, en aquella en la que se intentó realizar la operación, lo cual justifica que la competencia para conocer de un asunto con esas características deba recaer en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción pueda ejecutarse la orden, es decir, aquel ante el que se presentó la demanda de amparo, por ser el que previno en el conocimiento del asunto." En el caso concreto, si bien las cuentas bancarias y servicios relacionados con anterioridad cuyo bloqueo y/o inmovilización que se reclaman en esta instancia constitucional fueron abiertas en Ciudad del Carmen, Campeche, lo cierto es, que esa sola circunstancia no actualiza la competencia por territorio de este órgano jurisdiccional, sino en el que previno en el conocimiento del asunto, pues constituye un hecho notorio que en la Ciudad de México, existen sucursales de las instituciones bancarias denominadas: (i) Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex; (ii) BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; (iii) Banco del Bajio, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple; y (iv) Unión de Crédito Mixta del Carmen, sociedad anónima de capital variable. A mayor abundamiento, la juez declinante pasó por alto que los restantes actos reclamados por la quejosa tuvieron ejecución material en la Ciudad de México. Se afirma lo anterior, en razón de que los actos de investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basada en información bancaria del quejoso, han tenido efectos y consecuencias materiales en la Ciudad de México, pues derivado de esos actos de investigación se han obtenido constancias, documentos e información bancaria a nombre de la quejosa, lo que sin duda constituye la ejecución material de los actos de investigación. Es así, porque el artículo 10, fracción IX, del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera, requerir y recabar de las entidades y personas sujetas a las disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I de ese artículo y de quienes realicen las actividades vulnerables, entidades colegiadas y órganos concentradores a que se refieren las secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, directamente o a través de las instancias correspondientes, según sea el caso, información, documentación, datos e imágenes relacionadas con los reportes previstos en el inciso b) de la fracción I de ese artículo y los avisos a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior, pone de manifiesto que en el caso concreto, la Unidad de Inteligencia Financiera, al requerir mediante oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y entidades financieras del País, información bancaria correspondiente a ***, resulta inconcuso que el despliegue de esa actividad investigadora se materializó a través de la emisión de oficios, lo que se traduce en la ejecución del acto reclamado consistente en la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su demanda de amparo ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para el justiciable, respecto del otro juzgador de amparo involucrado, dado que el promovente optó por acudir ante un Juez de esa localidad y no al del otro territorio relacionado. Bajo esa perspectiva, la circunstancia de que el acto reclamado consistente en el bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa, tenga ejecución en la demarcación territorial donde este órgano ejerce jurisdicción, si bien constituye un dato que sirve para fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del juicio de amparo promovido en su contra, debe advertirse que tal acto también tiene ejecución material en la Ciudad de México, aunado a que no se trata del único acto reclamado en la demanda de amparo, puesto que el quejoso también señaló como actos reclamados los actos de investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basada en su información bancaria, los cuales tienen ejecución material en la Ciudad de México. En esa tesitura, al existir pluralidad de actos reclamados, cuya ejecución tendrán lugar en más de un distrito y tomando en consideración que la orden de bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias del quejoso tiene ejecución en la Ciudad de México y que los actos de investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basada en su información bancaria, los cuales han tenido efectos y consecuencias materiales en la Ciudad de México. Asimismo, considerando que la quejosa optó por presentar su demanda de amparo en la Ciudad de México, lo que permite presumir fundadamente que el juzgador federal con residencia en esa Ciudad, resulta ser el de más fácil acceso material para el justiciable, respecto del otro juzgador de amparo involucrado. Entonces el Juez competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, apoderado legal de ***, es aquél ante quien se haya presentado la demanda, esto es, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Por identidad jurídica substancial, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, página 293, Décima Época, intitulada: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 37, párrafo segundo, y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada; por tanto, devuélvase al Juez declinante el expediente formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, apoderado legal de ***, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el conflicto competencial administrativo 11/2023, suscitado entre este juzgado y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó que al existir pluralidad de actos reclamados y al tomar en consideración que la orden de bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias del sujeto quejoso tuvo ejecución material en Ciudad del Carmen, Campeche y que los actos de investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público basada en su información bancaria, han tenido efectos y consecuencias materiales en la Ciudad de México, es decir, que los mismos tuvieron ejecución material en más de un Estado, la competencia se surte a favor del juzgado que previno en el conocimiento de la demanda, por lo tanto, en el caso se surte a favor del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Asimismo, la decisión de declarar competente al juzgado de distrito con residencia en la Ciudad de México, facilitaría el acceso a la justicia del sujeto quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa entidad, para observar así el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional, y contribuir de esta forma, además, a no dividir la continencia de la causa. De igual forma, el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés, el conflicto competencial administrativo 10/2023, suscitado entre este juzgado y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó que el bloqueo de cuentas bancarias reclamado por la quejosa se trata de una suspensión de actos, operaciones y servicios financieros, que es realizada a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual, comienza a ejecutarse en la Ciudad de México. Lo anterior, pues precisó que acorde al contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo y con base en el principio de continencia de la causa puede afirmarse que válidamente que, en caso de que el acto reclamado tenga ejecución material en varios lugares, como en el caso, en que se estaba ante dos localidades pertenecientes a diversos Distritos, ambos jueces federales residentes en dichas ciudades son competentes territorialmente para conocer del asunto en su integridad, atento a que en ambas jurisdicciones se ejecuta el acto reclamado (orden de embargo y bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa). A lo que se sumaba la existencia de pluralidad de actos reclamados cuya ejecución tendrá lugar en más de un Distrito Judicial, al no poder advertirse con nitidez un efecto material en un determinado lugar donde deba realizarse. Por lo tanto, si los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención", que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto. De ahí que con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en conjunto con el principio de concentración y no división de continencia de la causa, determinó que era competente el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.
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