Jose Luis Zavala Garcia

Expediente 1404/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1404/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Zavala Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    En veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la promoción registrada en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 2799. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito que signa Jaime González Campos, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, en atención a la vista otorgada en proveído de quince de febrero del presente año, solicita se requiera a la autoridad responsable Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Tepic, informe el estado procesal en que se encuentra el expediente mercantil 1857/2009 y remita copias certificadas que acrediten su dicho; lo anterior, por los motivos ahí señalados En ese sentido, con copia del escrito de cuenta requiérase a la autoridad responsable Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Tepic, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, informe el estado procesal en que se encuentra el expediente mercantil 1857/2009 de su índice, asimismo, con copia certificada acredite tal circunstancia; ello, para la debida integración de este sumario y estar en posibilidades de resolver lo conducente. Apercibida de que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 año dos mil veintidós, la unidad de Medida y Actualización equivale a noventa y seis pesos 62/100 moneda nacional ($96.22); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cincuenta veces, lo anterior en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, conforme al Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, seis de enero de dos mil veintidós. Cumple prevención Visto el escrito presentado por el quejoso José Luis Zavala García, se advierte que cumple con la prevención emitida dentro del presente juicio de amparo, mediante auto de veintinueve de diciembre del presente año, para lo cual manifiesta lo siguiente: ? Señale el nombre de la autoridad responsable a la que le atribuye el acto reclamado consistente en la resolución administrativa dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.- resulta ser el Consejo Técnico Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit; la Policía Investigadora Destacamentada en la Unidad de Investigación de SAMAO, y el Agente del Ministerio Público adscrito a SAMAO en su calidad de Titular de la Unidad e Investigación. ? Precise de manera cronológica y de manera explícita los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado.- formuló los antecedentes del acto reclamado. Por lo anterior se tiene por cumplida la prevención en tiempo y forma y se procede a emitir la siguiente determinación. Fijación del acto reclamado De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa constituye lo siguiente: "La resolución administrativa de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por el Consejo Técnico Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tepic, Nayarit, dentro del expediente CC.NAY.145/2021". Aspectos Generales ? Sin que resulte necesario la apertura y tramitación del incidente de suspensión, no obstante de haber sido solicitado, en atención a las consideraciones que más delante se verán. Improcedencia Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, dispositivo legal que señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito2, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Pues bien, como se dijo con antelación, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa I numeral 1 y la fracción II del ordinal 5o., éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte d alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". ".Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". ".Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De las consideraciones anteriores, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra vinculado con las relaciones jurídicas denominadas de supra o subordinación, entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 4 constitucional, es derecho de toda persona la protección de la salud; en particular, tratándose de trabajadores existe una obligación fundamental de los patrones de velar por su salud como deriva, principalmente, de las fracciones XIV (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y obligación de pagar la indemnización correspondiente) y XV (higiene y seguridad en las instalaciones, así como organización que garantice la salud y vida de los trabajadores y del producto de la concepción cuando se trate de madres embarazadas) del artículo 123 de la Constitución. En ese contexto, los artículos 2 y 5 de la Ley del Seguro Social, establece: "Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.". "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo". De los preceptos anteriores se sigue que el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad social de las personas; esto, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, dicho instituto tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. En ese contexto, como se dijo, el acto que reclama la parte solicitante del amparo a las autoridades que precisa como responsable, a través de la presente instancia constitucional, consiste medularmente en la resolución administrativa de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno emitida por el Consejo Técnico Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del expediente CC.NAY.145/2021. Así, se advierte que las afectaciones de los que se duele la parte quejosa, combatidos en esta vía constitucional, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social4, prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil quinientos once, que establece: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". Aunado a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 211/20092, en lo conducente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró: ".Sin embargo, en contra de la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador no procede el juicio de garantías, pues no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que el referido instituto actúa en sustitución del patrón porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido de imperio. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo". Así, de acuerdo con las anteriores consideraciones, se sigue que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente encargado de proporcionar seguridad social, no tiene el carácter autoridad para efectos del amparo, ya que actúa en sustitución del patrón al otorgar dicho beneficio, por lo cual, sus relaciones con los trabajadores son de coordinación entre particulares en un plano de igualdad y, por consecuencia, los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, respecto de la resolución administrativa de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por el Consejo Técnico Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en estudio se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; entonces, al no constituir los reclamados, actos de autoridad para efectos del amparo y no resentir la parte quejosa una afectación en su esfera jurídica, es inconcuso que el juicio constitucional no es procedente en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, constitucional, 1o., fracción I, 5o., fracción II de la Ley de Amparo vigente. No es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo; pues de ser así, se dejaría al arbitrio de la parte peticionaria del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa, pues bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de aparo promovida por la parte quejosa José Luis Zavala García, por notoriamente improcedente. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Roberto Díaz Villarreal, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/4883/2021, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, a través del cual, informa que da cumplimiento a la resolución de amparo que obra en autos. Al respecto, este órgano jurisdiccional se reserva a dar vista a la parte quejosa, hasta en tanto, todas las autoridades responsables obligadas al cumplimiento de la sentencia, informen haber dado cumplimiento total e íntegro al fallo amparador dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. R

  4. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por José Luis Zavala García, contra los actos que reclama en su escrito de demanda. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 1404/2021-VII. ? Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen.1 ? Sin que sea necesario por el momento la apertura del incidente de suspensión, dado el sentido del presente proveído. Prevención Con fundamento en el artículo 108 fracciones III y V, en relación con el diverso 114 fracción II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, realice lo siguiente: ? Señale el nombre de la autoridad responsable a la que le atribuye el acto reclamado consistente en la resolución administrativa dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, toda vez que de un análisis exhaustivo de su escrito inicial de demanda, no se advierte tal circunstancia. ? Precise de manera cronológica y de manera explícita los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2010471, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los 1 De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 Amparo indirecto 1404/2021- VII ??????????????? que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." Lo anterior es así, toda vez que el artículo 108 de la Ley de Amparo vigente, prevé los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra "la autoridad o autoridades responsables" así como "la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado"; dichos requisitos tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En la inteligencia que el promovente deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para emplazar a las partes, toda vez que este forma parte integral de su demanda; apercibido que de no cumplir con todo lo anterior, se procederá en ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Resulta pertinente señalar que el cumplimiento que al efecto dé la parte quejosa, deberá realizarse "bajo protesta de decir verdad", y que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, incurrirá en la comisión del delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y ." Se apercibe al justiciable que transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención ante indicada en los términos expuestos, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de cuenta. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR 2 Tesis jurisprudencial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro: 2007285. ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 Amparo indirecto 1404/2021- VII ??????????????? PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el lugar que señala en su escrito de demanda, así como el correo electrónico j.luiszavala68@gmail.com así como el número telefónico 311 593 77 01. Luego, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elia Patricia Palma Ramos y Javier Fermín Tejeyda Guzmán, por no contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, de conformidad con el artículo 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se habilita a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que realicen la notificación personal del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, por lo que en todo momento deberá extremar las precauciones necesarias a fin de salvaguardar su salud y de las demás personas con las que interactúe; en la inteligencia que, de no ser voluntad de la parte quejosa firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar. Autorización y habilitación al personal del Juzgado ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 04/08/23 10:01:55 Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en autos. Así lo proveyó y firma Roberto Díaz Villarreal, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/4883/2021, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe. ADAS/RBRL El

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