José Luis Zambrano Sarabia

Expediente 96/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
96/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • José Luis Zambrano Sarabia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se hizo la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión era depurable, siendo lo correcto destruible. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento con el único propósito de precisar que de conformidad con el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.1.1 apartado 2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa ES DESTRUIBLE, toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que carece de relevancia jurídica, con independencia de que se haya concedido la suspensión provisional, de acuerdo a lo determinado por la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal al resolver la consulta CAP/DGAD/392/2021.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto dictado por este juzgado el nueve de mayo de dos mil veintidós, donde se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa fue notificada el doce siguiente, quedando comprendido dicho lapso del dieciséis al veintisiete de mayo de los cursantes, en la inteligencia de que el lapso de las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto de sobreseimiento de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que, como se indicó, se decretó el sobreseimiento en el juicio. Por otro lado, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en el inciso a) de la fracción I del artículo 18 del ordenamiento invocado en el párrafo anterior, realícese su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en dicho cuerpo normativo.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del expediente en que se actúa, promovido por José Luis Zambrano Sarabia, de donde se advierte el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juzgado Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, así como, las pruebas documentales que se acompañaron al mismo. Ahora bien, del estado de los autos, se advierte que el quejoso reclama esencialmente la desposesión del inmueble ubicado dentro de los terrenos rústicos llamados "AGUA COLORADA" Comisaria de Cajón Verde del Municipio de El Rosario, Sinaloa, en cumplimiento al oficio 553/2019 de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio intestamentario 931/2012. Este órgano de control constitucional advierte que respecto al citado acto se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." La porción normativa transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Dicha causal tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por la parte quejosa con idéntico objetivo; se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Asimismo, la causa de improcedencia analizada, admite excepción respecto de la identidad de las autoridades responsables, pues aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalan a diferentes autoridades ejecutoras, es posible su actualización en tanto que la finalidad del legislador es como se dijo, evitar que respecto al mismo acto y misma autoridad ordenadora se continúen dos juicios de amparo, pues a fin de cuentas las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenadora indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia, que establece: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales". A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es preciso relatar los antecedentes relevantes del presente juicio de amparo. En el presente juicio de amparo, José Luis Zambrano Sarabia, reclama la desposesión del inmueble ubicado dentro de los terrenos rústicos llamados "AGUA COLORADA" Comisaria de Cajón Verde del Municipio de El Rosario, Sinaloa, en cumplimiento al oficio 553/2019 de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio intestamentario 931/2012. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), cuya información constituye un hecho notorio para el suscrito se desprende la existencia del juicio 272/2019, promovido por el aquí quejoso José Luis Zambrano Sarabia, contra la orden de desposesión del inmueble ubicado dentro de los terrenos rústicos llamados "AGUA COLORADA" Comisaria de Cajón Verde del Municipio de El Rosario, Sinaloa, en cumplimiento al oficio 553/2019 de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio intestamentario 931/2012, de su índice. Asimismo, se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se sobreseyó dicho juicio, toda vez que José Luis Zambrano Sarabia, no acreditó su interés jurídico para comparecer al juicio constitucional como persona extraña, de conformidad con los artículos 63, fracción V, con relación a los diversos 6 y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, determinación que al no ser recurrida causó ejecutoria el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. En esa tesitura, el estudio de los antecedentes precisados revelan en forma sustancial la igualdad de las partes y actos reclamados en las demandas de amparo que dieron origen a los expedientes 272/2019 y 96/2022, del índice de este juzgado. Es así, porque José Luis Zambrano Sarabia cuestionó en ambos juicios la orden la orden de desposesión del inmueble ubicado dentro de los terrenos rústicos llamados "AGUA COLORADA" Comisaria de Cajón Verde del Municipio de El Rosario, Sinaloa, en cumplimiento al oficio 553/2019 de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio intestamentario 931/2012. Acorde con lo expuesto, se acreditan los extremos de la cosa juzgada material y formal, resolución que resulta inmodificable, por ser la verdad legal, pues sería un desacierto jurídico emprender un nuevo análisis de un acto que alcanzó la calidad de cosa juzgada, pues se trastocaría la garantía de seguridad jurídica. Por tanto, al estar de demostrado que el quejoso ejerció la defensa de un derecho en dos juicios de amparo distintos, se actualiza, como se anticipó, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción IV, del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE DIVERSO JUICIO DE GARANTIAS. El juicio de amparo promovido contra actos que ya fueron resueltos en diverso juicio de la misma índole, es improcedente, porque si los argumentos hechos valer en los conceptos de violación ya fueron materia de estudio, no pueden serlo nuevamente, pues constituyen la verdad legal, y no pueden ya ser materia de impugnación". "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia". En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL QUE: Visto el estado que guardan los autos del expediente en que se actúa, promovido por José Luis Zambrano Sarabia, de donde se advierte el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juzgado Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, así como, las pruebas documentales que se acompañaron al mismo. Ahora bien, del estado de los autos, se advierte que el quejoso reclama esencialmente la desposesión del inmueble ubicado dentro de los terrenos rústicos llamados "AGUA COLORADA" Comisaria de Cajón Verde del Municipio de El Rosario, Sinaloa, en cumplimiento al oficio 553/2019 de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio intestamentario 931/2012. Este órgano de control constitucional advierte que respecto al citado acto se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." La porción normativa transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Dicha causal tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por la parte quejosa con idéntico objetivo; se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Asimismo, la causa de improcedencia analizada, admite excepción respecto de la identidad de las autoridades responsables, pues aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalan a diferentes autoridades ejecutoras, es posible su actualización en tanto que la finalidad del legislador es como se dijo, evitar que respecto al mismo acto y misma autoridad ordenadora se continúen dos juicios de amparo, pues a fin de cuentas las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenadora indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia, que establece: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales". A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es preciso relatar los antecedentes relevantes del presente juicio de amparo. En el presente juicio de amparo, José Luis Zambrano Sarabia, reclama la desposesión del inmueble ubicado dentro de los terrenos rústicos llamados "AGUA COLORADA" Comisaria de Cajón Verde del Municipio de El Rosario, Sinaloa, en cumplimiento al oficio 553/2019 de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio intestamentario 931/2012. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), cuya información constituye un hecho notorio para el suscrito se desprende la existencia del juicio 272/2019, promovido por el aquí quejoso José Luis Zambrano Sarabia, contra la orden de desposesión del inmueble ubicado dentro de los terrenos rústicos llamados "AGUA COLORADA" Comisaria de Cajón Verde del Municipio de El Rosario, Sinaloa, en cumplimiento al oficio 553/2019 de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio intestamentario 931/2012, de su índice. Asimismo, se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se sobreseyó dicho juicio, toda vez que José Luis Zambrano Sarabia, no acreditó su interés jurídico para comparecer al juicio constitucional como persona extraña, de conformidad con los artículos 63, fracción V, con relación a los diversos 6 y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, determinación que al no ser recurrida causó ejecutoria el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. En esa tesitura, el estudio de los antecedentes precisados revelan en forma sustancial la igualdad de las partes y actos reclamados en las demandas de amparo que dieron origen a los expedientes 272/2019 y 96/2022, del índice de este juzgado. Es así, porque José Luis Zambrano Sarabia cuestionó en ambos juicios la orden la orden de desposesión del inmueble ubicado dentro de los terrenos rústicos llamados "AGUA COLORADA" Comisaria de Cajón Verde del Municipio de El Rosario, Sinaloa, en cumplimiento al oficio 553/2019 de once de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, en el juicio intestamentario 931/2012. Acorde con lo expuesto, se acreditan los extremos de la cosa juzgada material y formal, resolución que resulta inmodificable, por ser la verdad legal, pues sería un desacierto jurídico emprender un nuevo análisis de un acto que alcanzó la calidad de cosa juzgada, pues se trastocaría la garantía de seguridad jurídica. Por tanto, al estar de demostrado que el quejoso ejerció la defensa de un derecho en dos juicios de amparo distintos, se actualiza, como se anticipó, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción IV, del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE DIVERSO JUICIO DE GARANTIAS. El juicio de amparo promovido contra actos que ya fueron resueltos en diverso juicio de la misma índole, es improcedente, porque si los argumentos hechos valer en los conceptos de violación ya fueron materia de estudio, no pueden serlo nuevamente, pues constituyen la verdad legal, y no pueden ya ser materia de impugnación". "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia". En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

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