José Luis Xochicale Cote
Expediente 1637/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1637/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Luis Xochicale Cote
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés: En Apizaco, Tlaxcala, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve José Luis Xochicale Cote, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Region Sur, de la Procuraduría Genaral de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1637/2023-III. Se desecha demanda de amparo Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: SIN TEXTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado relativo a la negativa de permitirle designar defensor particular en la carpeta de investigación don de sospecha que está siendo investigado por el delito de lesiones; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte." De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de amparo es improcedente por jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, como se puede advertir del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Sur, la negativa de permitirle nombrar defensores particulares dentro de la carpeta de investigación C.I.AIEDVI-S/257/2023, indagada por esta autoridad; asimismo, el quejoso señala bajo protesta de decir verdad los siguientes antecedentes del acto reclamado: Existe un expediente número 187/2023, relativo a Diligencias de Cuestiones Familiares, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, donde el quejoso es parte; en el cual Lizel Barbosa Eduardo -parte del juicio-, exhibió copias autentificadas de la carpeta de investigación número C.I.AIEDVI-S/257/2023, iniciada en contra del quejoso por el delito de lesiones; Por tanto, el diecisiete de octubre del año actual, el quejoso acudió a la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Sur, a presentar un escrito por el cual, solicitó fecha para designar defensor particular en dicha carpeta de investigación; En atención a la petición del quejoso, la Auxiliar de la Agente del Ministerio Público le señaló el diecinueve de octubre del año actual, para que el quejoso compareciera en compañía de su defensor; El veintiséis de octubre del año actual, el quejoso advirtió que, en atención a su solicitud el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Sur, emitió una determinación que, en lo que interesa dice: Ahora bien, atendiendo a lo manifestado por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte en primer lugar que, el quejoso no se encuentra detenido, no ha sido citada para comparecer con el carácter de imputada, ni se aprecia que haya sido sujeta de un acto de molestia donde se pretenda recibir su entrevista, es decir, no se encuentra en algunos de los supuestos establecidos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación (.) El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. (.)." Lo anterior, conforme a la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 2/2022, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J.95/2022 (11a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuya literalidad es la siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Atento a lo anterior, como ya se dijo se actualiza una causa manifiesta e indudable para desechar de plano la demanda que se atiende, pues como ya se dijo de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, el acto reclamado fue emitido en la etapa de investigación inicial, donde el quejoso tiene sospecha de ser investigado. Ello, porque el quejoso advirtió que en las diligencias sobre cuestiones familiares, con número de expediente 187/2023, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, fueron exhibidas unas copias autentificadas de la carpeta de investigación carpeta de investigación C.I.AIEDVI-S/257/2023 y, fue así, como el quejoso tuvo conocimiento de su existencia. Ahora bien, el quejoso señala que la negativa de señalar defensor particular dentro de la carpeta de investigación le produce un acto de molestia le produce un acto de molestia porque ello no le permite intervenir a la carpeta de investigación; sin embargo, debe decirse que el conocimiento de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación; de tal manera, se considera que el quejoso únicamente acude al presente juicio de derechos con un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta conforme la jurisprudencia de referencia. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis PC.VII.P. J/2 P (11a.), emitida por el Pleno En Materia Penal Del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con datos de localización: libro 20, diciembre de 2022, tomo II, página 2418, registro digital: 2025594, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a resoluciones contradictorias al analizar los acuerdos emitidos por los Jueces de Distrito en los cuales se desecharon de plano las demandas de amparo promovidas contra los actos reclamados consistentes en la omisión y/o negativa de darle acceso o intervención al imputado en la carpeta de investigación, al tenerse por actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico). Uno de los órganos contendientes determinó que dicha causal no era de actualización manifiesta e indudable, porque la falta de afectación al interés jurídico es una cuestión que debe ser materia de análisis en la sentencia; mientras que el diverso órgano contendiente consideró que, respecto a tales actos, la causa de improcedencia sí revestía tales características, por lo que debía desecharse de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito determina que cuando se reclama la sola omisión y/o negativa del Ministerio Público de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación, tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, al no generar un perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, por lo que es dable desechar la demanda de amparo, ya que, en estos casos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: La comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así, ni existe algún otro precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución General. Por consiguiente, la simple omisión y/o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; máxime cuando se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos (la omisión y/o negativa) no afectan el interés jurídico del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley, la cual es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medios de prueba aportados por el justiciable. De ahí que sea ajustado a derecho que en estos casos se deseche la demanda, por falta de interés jurídico, sin necesidad de dar trámite a un juicio que sería infructuoso e incluso en detrimento del principio de expeditez. En tanto, la investigación que se estuviera integrando en contra del quejoso, no le constituye un acto que cause perjuicio alguno a su esfera jurídica, pues las actuaciones realizadas son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, pues no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. En ese sentido, debe entenderse que únicamente se trata de una serie de actuaciones que tienen como finalidad, respectivamente, delimitar los elementos de prueba de la carpeta de investigación, así como para determinar si ejercita o no acción penal ante el juez de control. Por tanto, será hasta ese momento -cuando se ordene la aprehensión o comparecencia del inculpado-, cuando se ocasione un perjuicio real a la esfera de sus derechos; por lo que es inconcuso que la investigación que se pudiera estar integrando en contra de la quejosa, no le afectan de manera alguna los derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 49, tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Ignacio Temoltzin Carreto, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Frida Patricia Hernández Saldaña, Gabriel País Díaz, Gaby Michelle Pérez Mendieta y Adriana Cuapio Rodriguez por no contar con dicho registró. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.German
- Principal
El catorce de noviembre de dos mil veintitrés, Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 16828. Conste. Apizaco, Tlaxcala, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. ( Contesta requerimiento. Agréguese el escrito signado por José Humberto Vera Patlani autorizado del quejoso Germán Ventura Sánchez, a través da cumplimiento al requerimiento formulado el trece de octubre de dos mil veintitrés, y al efecto exhibe la ampliación de la planilla de liquidación sobre la cuantificación de las prestaciones adeudadas por las autoridades responsables. Asimismo, se tiene al quejoso ofreciendo como prueba la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana; las cuales en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza, sin perjuicio de que sean relacionadas en la audiencia incidental. Se levanta reserva Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso cumplió con el requerimiento formulado en auto de trece de octubre del año en curso, se levanta la reserva dictada en el mismo auto y al efecto se acuerda. Se apertura incidente de liquidación respecto de efectos primero y segundo. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 193, cuarto párrafo, en relación con los diversos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se ordena de oficio la apertura del incidente de liquidación, a fin de determinar el pago de las prestaciones que no han sido liquidadas al quejoso del ocho de septiembre de dos mil veintidós hasta su pago total; lo anterior, dado que dichas prestaciones únicamente fueron calculadas hasta el siete de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que se declaró fundado el incidente de cuantificación de cantidades a las que asciende la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 424/2020, en las que se ordenó el pago de: Pago de indemnización constitucional correspondiente (que, como mínimo, comprende el pago de 3 meses de sueldo y de 20 días por cada año laborado) y las demás prestaciones a que tenga derecho, entendiéndose esto último como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la parte quejosa por la prestación de sus servicios como Policía Municipal, esto desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o terminación de las funciones de procuración de justicia y hasta que se realice el atinente pago. ( Vista a las partes En tales condiciones, con apoyo en el artículo 67 de la Ley de Amparo, dese vista a la partes para que dentro del plazo de tres días, computados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído: a) Formulen su planilla de liquidación, en la cual deberán precisar los conceptos, cantidades y operaciones aritméticas que los llevaron a determinarlas. b) Ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. c) Manifiesten lo que a su derecho e interés convenga respecto al incidente de liquidación que se apertura. Se apercibe a las partes que de no cumplir con lo anterior en el plazo concedido para tal efecto, se le tendrá por perdido ese derecho y este Juzgado de Distrito resolverá con la información proporcionada, pudiendo decretar incluso, la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
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