José Luis Villegas Nery
Expediente 2050/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2050/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Luis Villegas Nery
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual, informa las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo; de lo que se toma conocimiento, sin perjuicio de requerirle hasta lograr su cabal cumplimiento. Lo anterior, en el entendido que se tiene como hecho notorio para este juzgado que las autoridades responsables gozaron de su periodo vacacional durante el plazo concedido para que desahogara el requerimiento de proveído de dieciséis de diciembre del año próximo anterior. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista
- Principal
Visto el ocurso de cuenta promovido por la parte quejosa, mediante el cual, solicita la ampliación de la demanda de amparo, respecto del acto y autoridades que precisa; al respecto se provee lo siguiente: Desechamiento En términos de lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda cuando exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, esto es, cuando: (i) se desprenda de forma patente y clara; y (ii) se tenga la certidumbre de que aún con la substanciación del procedimiento y el estudio de otros elementos probatorios no resultaría factible otra convicción. Una vez analizado integralmente el escrito de ampliación de demanda, este juzgador observa que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos y razonamientos que se exponen a continuación. Efectivamente, la causal de improcedencia que se advierte en el presente asunto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio constitucional, al tratarse de un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos humanos, es improcedente si previamente no se acude a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos en tales numerales. De conformidad con dicho principio, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o que puedan ser impugnados mediante algún medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados antes de promover el juicio aludido siempre que no se actualice alguna de las excepciones previstas al respecto. Lo anterior, pues tal juicio es un medio de control jurisdiccional extraordinario que tiene por objeto analizar la regularidad constitucional de actos u omisiones de autoridades o de particulares en funciones de autoridad que vulneren derechos humanos; y, en tal medida, procede exclusivamente contra los actos respecto de los cuales la ley no conceda medio de defensa, pues, de lo contrario, se convertiría en un recurso ordinario más e implicaría una suplantación de las funciones de los órganos jurisdiccionales de primera instancia. De ahí que -por regla general- la parte quejosa debe promover los medios de defensa que procedan contra los actos que pretenda reclamar mediante juicio de amparo antes de promoverlo -a menos que- reclame disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o bien, a menos que se actualice a su favor algunas de las excepciones constitucionales, legales y jurisprudenciales mencionadas a continuación. En primer lugar, no debe agotar dicho principio cuando la ley de la materia no prevea el otorgamiento de la suspensión con la interposición del medio de defensa ordinario ni que pueda ser decretada oficiosamente por la autoridad respectiva; tampoco cuando la contemple pero no con los mismos alcances que establece la Ley de Amparo, o bien, con mayores requisitos que los establecidos en ésta (incluidos existencia y naturaleza del acto); ni cuando el plazo para concederla (veinticuatro horas) sea mayor que el dispuesto para la concesión de la suspensión provisional o no esté previsto. En segundo lugar, no debe agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación, pues sería imposible jurídicamente obligarla a promover un medio ordinario de defensa si no conoce las disposiciones normativas en las que está sustentado ni, por ende, la legislación que lo regula; además, dicha ausencia implicaría una violación constitucional directa. Por lo contrario, si se reclama una indebida o deficiente fundamentación no se actualiza la excepción porque dicha parte podría agotar tales medios de defensa y, la indebida fundamentación, es un problema de mera legalidad. En tercer lugar, no está obligada a ello cuando únicamente alega violaciones directas a la Constitución Federal, siempre que no medie interpretación ni aplicación de preceptos secundarios, ya que, en tal caso, la falta absoluta de fundamentación y motivación le impediría promover el medio ordinario de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado. De ahí que se le dejaría en estado de indefensión si no se le permitiera impugnar éste de manera excepcional mediante el juicio de amparo sin agotar aquel. En cuarto lugar, tampoco debe agotar dicho principio cuando el recurso o medio ordinario de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley de la materia contemple su existencia, es decir, en una disposición normativa en sentido formal y material, puesto que debe ser una "ley" y no cualquier otro ordenamiento general el que señale la procedencia de dichos medios de defensa; ni cuando es tercero extraña al procedimiento del que derive el acto reclamado porque no le son aplicables las restricciones impuestas a las personas que sí lo son. Caso concreto En el caso, la parte quejosa reclama la orden de inspección expedida dentro del expediente GCDMX-SEDEMA-SACMEXCG-CGCIOS-DGSU-DVCA-SV-UDR-1822-2022, de ocho de noviembre de dos mil veintidós, y su ejecución en la cual se ordenó inspeccionar las condiciones de la infraestructura hidráulica, la conexión de una toma y/o tomas de agua, así como el drenaje del inmueble propiedad de la parte quejosa, mismo que fue dictado por autoridades dependientes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Tal acto administrativo es impugnable mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en términos de lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa, que se transcriben a continuación. Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Artículo 7. Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún recurso u otro medio de defensa, será optativo para la persona física o moral agotarlo o interponer el juicio ante el Tribunal. Si está haciendo uso de dicho recurso o medio de defensa, previo el desistimiento correspondiente, podrá ocurrir a juicio ante el Tribunal, dentro del plazo previsto por esta Ley. El ejercicio de la acción ante este Órgano Jurisdiccional, extingue el derecho para promover otro medio de defensa. [.] Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Capítulo II De la competencia del Tribunal Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; [.] De los artículos transcritos se advierte que en contra de los actos emitidos por la Administración Pública de la Ciudad de México, el particular puede acudir directamente al juicio contencioso administrativo, a efecto de que se confirme, modifique, revoque o anule el acto impugnado. Por ende, dado que no se actualiza ninguna de las excepciones mencionadas, como se desprende de los argumentos desarrollados enseguida, previo a la interposición de la demanda de amparo en contra del acto reclamado, la parte quejosa debía agotar dicho medio ordinario de defensa; y, al no contar con alguna constancia que permita concluir que haya sido así, es evidente que no cumplió con las exigencias del principio de definitividad. En efecto, no se actualizan las excepciones referidas a la suspensión del acto reclamado y a que el recurso o medio ordinario de defensa se encuentre previsto en un reglamento y no en una ley, ya que las disposiciones que rigen el juicio de nulidad en sede local están establecidas en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México cuyos artículos materia de este asunto fueron transcritos previamente. De igual manera, se puede solicitar como medida cautelar la suspensión del acto impugnado en los mismos requisitos y alcances que los previstos en la Ley de Amparo. Ello, pues como se desprende de los preceptos legales estudiados anteriormente, la persona interesada cuenta con quince días hábiles para presentar la demanda respectiva, adjuntando los elementos y las pruebas a que aluden los artículos 57 y 58 de la ley de la materia. Asimismo, en las disposiciones aplicables se prevé la posibilidad de que el actor solicite la suspensión del acto impugnado, para lo cual la o el magistrado que corresponda deberá resolver dentro del plazo de veinticuatro horas si concede o niega la medida solicitada. Finalmente, una vez emplazada la autoridad demanda y substanciado el procedimiento correspondiente, la sala del conocimiento emitirá sentencia, en la cual reconocerá la validez del acto, declarará su nulidad, o bien, sobreseerá en el juicio. En adición, tampoco se actualiza la excepción relacionada con el principio de fundamentación del acto reclamado ya que en ningún momento la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de invocar precepto legal alguno para justificar la emisión de los actos reclamados. Finalmente, del análisis integral de la demanda y de los argumentos plasmados en ella se advierte que la parte quejosa no alega violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, por lo contrario, plantea violaciones indirectas a los derechos reconocidos en los artículos 1º, y 16 constitucionales exclusivamente con base en cuestiones de legalidad. En adición, la causa de improcedencia se actualiza de manera manifiesta e indudable pues el acto reclamado es impugnable vía juicio de nulidad; además, esa convicción respecto de su impugnabilidad en medio ordinario de defensa no cambiaría aún con la substanciación del procedimiento y el estudio de otros elementos probatorios porque no se modificaría el acto reclamado y, por ende, la posibilidad de impugnarlo así. Asimismo, se considera que la determinación impugnada, no representa una resolución definitiva dentro del procedimiento administrativo de origen. Asimismo, tampoco tiene la naturaleza de un acto intraprocesal de imposible reparación, pues no puede decirse que existan, bajo un parámetro de razonabilidad, elementos que permitan advertir la actualización de violaciones a los derechos sustantivos de la parte promovente reconocidos en la Constitución General o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicanos. En todo caso, el acto reclamado acarrea violaciones procesales o adjetivas que no hacen procedente el juicio de amparo, toda vez que las mismas podrán combatirse junto con la resolución definitiva en caso de que esta no sea favorable para la parte quejosa, la cual podrá ser impugnable bajo la vía respectiva, y en caso de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida. Finalmente, no pasa inadvertido que la parte quejosa considera que el acto reclamado es de imposible reparación, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, aun tratándose de tales actos, el quejoso debe agotar el principio de definitividad previamente a acudir al juicio de amparo. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), que establece: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo pues se reclaman actos administrativos respecto de los cuales existen medios ordinarios de defensa mediante los cuales pueden ser confirmados, modificados, o anulados, ya que los actos reclamados pueden impugnarse vía juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que este juzgador determina desechar la ampliación de la demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Domicilio del juzgado Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 1950, colonia Tlacopac, Ciudad de México, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01049. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Lista
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el perito en materia de valuación José Manuel Baltazar Martínez, quien en atención al requerimiento formulado en autos, realiza diversas manifestaciones, precisa que puede fungir como perito en el juicio den que se actúa y exhibe su propuesta de honorarios; en ese sentido, se tiene por desahogado dicho requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos, y se reservar acordar lo correspondiente, hasta en tanto la totalidad de los peritos requeridos den cumplimiento a lo solicitado, toda vez que en auto de quince de diciembre del actual el perito Gilberto Ayala Brito, solicitó una aclaración del cuestionario de la prueba pericial en materia de valuación.****************************************Ahora bien, toda vez que la información señalada en el ocurso de cuenta contiene información de carácter confidencial, se ordena integrar la versión publica del mismo en este asunto, salvaguardando el escrito original en sobre cerrado, el cual únicamente podrá ser consultado por el personal adscrito a este órgano jurisdiccional.****************************************Notifíquese a las partes de la siguiente forma:****************************************Parte********************Tipo de notificación****************************************Quejosa********************Vía electrónica ****************************************Autoridad responsable********************Lista****************************************Tercero interesado********************No existe****************************************Ministerio Público Federal********************Lista****************************************
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