Jose Luis Villanueva Monroy

Expediente 123/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
123/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Villanueva Monroy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de julio de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de junio de dos mil veintidós. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 123/2022, promovido por José Luis Villanueva Monroy por propio derecho. Estando presente la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien actúa asistida por el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario que autoriza y da fe, procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes, circunstancia que queda corroborada, toda vez que al haberse realizado una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, principalmente en la "Agenda visita a OJ", no se advierte que alguna de las partes hayan solicitado cita a este Juzgado para comparecer a la presente audiencia. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo, informe justificado rendido por la autoridad responsable; auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en que se admitió a trámite previo desahogo de prevención y las demás que obran en autos. Asimismo en este momento se da cuenta con el oficio con número de registro 9933. A lo que la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, téngase como prueba de la autoridad responsable Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, copia del registro de audio y video (disco óptico deducido de la Solicitud de Duración de la Perna [S.D.] 20/2020, derivado del SIPE 355/2019); mismo que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza. Se cierra dicho periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que los hizo valer el Defensor Público Federal del quejoso, en su escrito acordado en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los que realizan. Se cierra el periodo de alegatos. Por último, al no obrar en autos más que relacionar se da por terminada la presente audiencia; se levanta para constancia la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución; y, VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 123/2022, promovido por José Luis Villanueva Monroy; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el siete de marzo de dos mil veintidós, José Luis Villanueva Monroy, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal; contra los actos y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO RECLAMADO: "ORDENADORAS: A).- EL CIUDADANO JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ASDCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA, PENAL FEDERAL CON COMPETENCIA EN EJECUCIÓN PENAL, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACAN, por sí mismo, como se infiere del escrito inicial del quejoso y los escasos datos proporcionados en la entrevista con el, hasta donde fue posible investigar en el lapso otorgado para la prevención, y se pudo informar al suscrito. EJECUTORAS: A).- EL CIUDADANO DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, NUMERO 17 "CPS MICHOACAN" CON SEDE EN BUENA VISTA, TOMATLAN, MICHOACAN. 4.- ACTOS RECLAMADOS.- a).- A LAS ORDENADORAS reclamo.- 1.- LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL BENEFICIO DE CONCEDER LA LIBERTAD ANTICIPADA DEL QUEJOSO, por si misma, dentro de los autos de la SIPE 355/2019. b).- A LAS EJECUTORA reclamo.- 1.- La EJECUCIÓN DEL ILEGAL Y ANTICONSTITUCIONAL ACTO RECLAMADO DICTADO POR LA ORDENADORA". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por escrito recibido el siete de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de esta ciudad, y turnado al día siguiente a éste Órgano Jurisdiccional José Luis Villanueva Monroy, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal; auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, previo desahogo de prevención; auto de doce de mayo de la presente anualidad donde se tuvo a Adi Sabdi García Islas, aceptando y protestando el cargo de Defensor Público Federal del quejoso y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual, luego de diferirse, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en materia civil atribuidos a la autoridad residente en la jurisdicción donde ejerce competencia territorial este juzgado de Distrito (Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio consisten en: LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL BENEFICIO DE CONCEDER LA LIBERTAD ANTICIPADA DEL QUEJOSO, por si misma, dentro de los autos de la SIPE 355/2019. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa atribuyó a la autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, pues al rendir su informe justificado respectivo, negó su existencia, sin que el justiciable haya aportado prueba alguna para desvirtuarlos. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia del siguiente rubro: Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época 227634 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Pag. 627 Jurisprudencia(Común) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Consecuentemente, al ser inexistente el acto reclamado por la parte quejosa, al Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el juicio constitucional. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Por su parte la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados, ya que refirió: ".es cierto el acto reclamado en virtud de que en audiencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, se determinó negar el beneficio preliberacional de libertad condicionada a José Luis Villanueva Monroy, en razón de que NO se acreditaron la totalidad de los requisitos contemplados en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; en particular, el relativo a la fracción I que dispone que no se le haya dictado una diversa sentencia condenatoria firme al sentenciado, cuyos fundamentos y motivos son legales, así como constitucionales, los que aquí se reproducen para evitar repeticiones." Lo cual se corrobora con el disco óptico de la Solicitud de Duración de la Perna (S.D.) 20/2020 derivado del SIPE 355/2019, el cual goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 93, fracción VII, 129, 130, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". También es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena". Igualmente, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Ahora, de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.).". De la lectura del artículo anterior, se desprende que el juicio de garantías resulta improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; asimismo, remite a la diversa fracción X del mismo precepto legal, que establece: "Artículo 61. (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.).". Por tanto, el juicio previo que haya versado por el mismo acto reclamado, ha de ser promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, analizadas las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que, para que opere la causa de improcedencia aludida son necesarios los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio haya sido resuelto y causado ejecutoria la sentencia en él dictado. c) Que ambos juicios de garantías hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Ahora, como se adelantó, se actualiza el supuesto de cosa juzgada respecto de los actos aquí reclamado por la parte quejosa, consistentes, esencialmente, en la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, que negó el beneficio de conceder la libertad anticipada del quejoso. En efecto, resulta un hecho notorio para este juzgado y del informe con justificación de la responsable Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo indirecto 11/2021 del índice del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, promovida por el aquí quejoso en contra del acto reclamado a la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, consistente en la ejecutoria emitida dentro del toca penal 15/2021-III, que confirmó la resolución de primera instancia [resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, en donde se determinó negar el beneficio preliberacional de libertad condicionada a José Luis Villanueva Monroy] pronunciada por la Juez responsable, misma que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, dentro del amparo en revisión 118/2021 de su índice, en donde se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el aquí quejoso. Asimismo, el mencionado juicio de amparo, fue promovido ante el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, por el ahora quejoso José Luis Villanueva Monroy; en ese juicio señaló como autoridad responsable, a la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, y como acto reclamado la resolución emitida por la responsable dentro del toca penal número 15/2021-II, misma que confirmó la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, en donde se determinó negar el beneficio preliberacional de libertad condicionada a José Luis Villanueva Monroy. Ahora, el acto reclamado por el quejoso en esta demanda de garantías, consistente, esencialmente, en la citada resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, en donde se determinó negar el beneficio preliberacional de libertad condicionada a José Luis Villanueva Monroy, guarda estrecha vinculación con lo analizado en el juicio de amparo del índice del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán. En suma, de lo anterior se advierte que tanto la demanda de garantías origen de la tramitación del presente juicio como el diverso 11/2021 del índice del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, fueron promovidos por el mismo quejoso, en contra del mismo acto reclamado y juicio de origen; consecuentemente, es evidente que se surten los requisitos de la figura jurídica de cosa juzgada. Esto es así, pues la finalidad que se busca en las fracciones IX y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Robustecen lo anterior los criterios siguientes: Tesis 198, sustentada por la Cuarta Sala, visible en la página 135, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época. "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Tesis I. 1º.T. J/28, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer circuito, visible en la página 565, Tomo VI, Septiembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." Ahora, si bien es cierto que en el juicio de amparo 11/2021 del índice del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, se negó el amparo y protección de la justicia federal al aquí quejoso, fallo que a la postre fue confirmado en revisión por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, dentro del amparo en revisión 118/2021; por tanto, ante la firmeza adquirida no puede ser soslayada en una posterior contienda constitucional al existir identidad entre el quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. Sirve de apoyo, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 91 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Tercera Parte, Materia común, con registro 237445, del epígrafe siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situación no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." En consecuencia, y toda vez que con todos los elementos anteriormente señalados que se tomaron en cuenta, es indudable que se actualiza las causales de improcedencia previstas en la fracciones IX y X del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que es PROCEDENTE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por similitud de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Finalmente, respecto al oficio de cuenta, remitido por la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN", mediante el cual solicita se le remita el enlace para coadyuvar con la audiencia constitucional del juicio de amparo por videoconferencia solicitada en autos. Por tanto, dígase a las partes, que no fue posible llevar a cabo dicha audiencia por videoconferencia, toda vez que no le ocasiona perjuicio a la parte quejosa, no estar en la misma, toda vez que el juicio de amparo en que se actúa se sobreseyó al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracciones IX y X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento lo anterior, para los efectos legales conducentes. Ahora, tomando en consideración que el quejoso José Luis Villanueva Monroy, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión y notifique personalmente al referido quejoso la presente resolución. En el entendido que la salida y retorno del fedatario comisionado deberá ser en el mismo día; por tanto, con fundamento en el numeral 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo anterior, hágase del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales a que haya lugar. SEXTO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SÉPTIMO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. OCTAVO. Firma electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 75, y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José Luis Villanueva Monroy, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. TERCERO. Conforme al último considerando del presente fallo, fírmese esta resolución, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de junio de dos mil veintidós. AGREGA OFICIOS. Agréguese a los autos los oficios remitidos por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN" y Defensor Público Federal, mediante los cuales proporcionan sus respectivos correos electrónicos a efecto de que se encuentren en aptitud legal de ingresar al sitio de internet, que llegara a concretarse para la diligencia que nos ocupa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de junio de dos mil veintidós. AGREGA ESCRITO. Agréguese el escrito signado por el Defensor Público Federal del quejoso José Luis Villanueva Monroy, mediante el cual en atención a la vista formulada en auto de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, manifiesta lo siguiente: "Se genere y proporcione enlace, para el día de la fecha de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del 22 de junio de 2022) a efecto de que se realicen las gestiones necesarias ante el centro de reclusión donde se encuentra el quejoso (Centro Federal de Readaptación número 17 CPS Michoacán con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo), para la comparecencia de manera virtual de multicitado quejoso, así como de la defensa" Por tanto, en atención a lo anterior y previo a solicitar el citado enlace para el desahogo de la audiencia constitucional antes señalada, debido a las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia, subiste como un peligro para la salud de todas y todos, de modo que la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", lo que implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, y se insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los Órganos jurisdiccionales. Por ende, es que se actualizan las condiciones que justifican el uso del citado medio electrónico denominado videoconferencia, (al estar declarada una emergencia sanitaria) y que se debe salvaguardar la integridad y la salud de las personas que laboran en este tribunal, los justiciables y las partes intervinientes, además, su uso es conveniente para una impartición de justicia más expedita (ante las circunstancias emergentes de salud por las que atraviesa el país). Diligencia que conforme al numeral 27, fracciones II, III y IV así como el 28 del Acuerdo General 12/2020 (Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y los diversos arábigos 5, fracción II y 25 del citado Acuerdo General 21/2020 (prevén la utilización de la videoconferencia con independencia de que un asunto se tramite bajo el esquema tradicional, el de juicio en línea o en una combinación de ambos, incluso sin la presencia de las partes, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deberá practicar vía videoconferencia Cisco Webex Mettings, videoconferencias Telmex, Microsoft Lync, Skipe y Zoom-, como se estableció en la mencionada normatividad administrativa. SE REQUIERE AL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS MICHOACÁN", CORREO ELECTRÓNICO Por tanto, previo a señalar fecha para su desahogo, requiérase al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", con residencia en Buenavista Tomatlán Michoacán, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que reciba la presente comunicación, proporcione a este juzgado el correo electrónico para llevar a cabo la programación de la videoconferencia por la plataforma digital antes referida; asimismo se hace del conocimiento que la audiencia constitucional se llevara a cabo a LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; debiendo remitirlo al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (correo institucional de este órgano jurisdiccional). SE REQUIERE AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL CORREO ELECTRÓNICO. Asimismo, requiérase al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como al licenciado Adi Sabdi García Islas, Defensor Público Federal del aquí quejoso, a efecto de que, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, comuniquen a este juzgado una dirección de correo electrónico, a efecto de que se encuentren en aptitud legal de ingresar al sitio de internet, que llegara a concretarse para la diligencia que nos ocupa, o en su caso, podrán comparecer en las instalaciones de éste órgano jurisdiccional para el desahogo de la audiencia constitucional. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de hacer caso omiso a esta determinación, o bien, si no informa las causas que se lo impidan dentro del plazo que se le concede, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a MULTA DE CIEN DÍAS el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, misma que en apego al artículo Segundo Transitorio, párrafo primero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.

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