José Luis Villanueva Hernández

Expediente 474/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
474/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • José Luis Villanueva Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual se negó el amparo a José Luis Villanueva Hernández, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado, y glósese únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, incisos a) y b) y 20, fracción II, inciso a), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original;" En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente del expediente principal la demanda y la sentencia, y por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN, debiéndose dejar únicamente del expediente original las determinaciones donde se concedió la medida cautelar, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Así lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe. CARLOS

  2. Principal

    VISTOS para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 474/2020-VI, promovido por -----------------------, en su calidad de defensor particular de -----------------------, contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado de forma electrónica el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido el mismo día por razón de turno a este órgano jurisdiccional, -----------------------, en su calidad de defensor particular de -----------------------, demandó el amparo y la protección de la justicia federal en contra de los siguientes actos y autoridades: "III. Autoridad Responsable: C. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla Estado de México [.] IV. Acto Reclamado: De la Autoridad Responsable le Reclamo el Auto de Vinculación a Proceso de fecha Cinco de Mayo del Dos Mil Veintiuno en la carpeta administrativa 641/2021, por el hecho que la ley señala como delito de Robo con la Modificativa Agravante de Haberse cometido con violencia [.]; así como la Medida Cautelar consistente en la Prisión Preventiva de Carácter Oficioso en contra del Quejoso." [sic] SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veinte, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, admitió a trámite la demanda de amparo y en consecuencia, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A partir de la información proporcionada por la autoridad responsable en su informe justificado, en auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, se tuvo como terceros interesados en el presente juicio a la ofendida en la causa de origen, Nueva Elektra del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable, a las víctimas, menor de identidad reservada X.O.L., y -----------------------, así como a la licenciada -----------------------, Agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación relacionada con la causa penal 641/2021; por lo que se ordenó su emplazamiento al presente juicio. Una vez que todos lo terceros interesados estuvieron emplazados a juicio, y previo diferimiento, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el apartado cuarto fracción II del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 53/2018, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado tiene ejecución material en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, lugar en donde se encuentra recluido el quejoso y en el que este órgano jurisdiccional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda, y de las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó: 3. El auto de vinculación a proceso de cinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado en contra del hoy quejoso por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en la causa de control 641/2021, por su probable participación en el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia. 4. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa de control 641/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son CIERTOS los actos reclamados, precisados en el considerando SEGUNDO, toda vez que el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó haber dictado el auto de vinculación a proceso de cinco de mayo de dos mil veintiuno, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al aquí quejoso, dentro de la causa de control número 641/2021. Lo cual se corrobora con el expediente digital de la causa de control 641/2021 remitido en formato DVD de la videograbación de las audiencias celebradas dentro de esa causa.15 Constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, como lo establece en su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el presente caso las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio su actualización, por lo tanto a continuación se procede al estudio de fondo respecto de los actos reclamados. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo es conveniente precisar que en su demanda de amparo la parte quejosa, en síntesis, adujo lo siguiente: 5. Alega que con el acto reclamado se vulneraron los artículos 1, 14, 16, 19, 20, inciso a) fracciones I, II y V, inciso b) fracción I, de la Constitución; y hace referencia al principio de presunción de inocencia, explicando que se trata de un derecho poliédrico, ya que opera como regla de trato procesal, regla probatoria y estándar probatorio; por ende, refiere que los jueces deben, en la medida de lo posible, evitar la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, pues la presunción de inocencia prohíbe que se emita cualquier tipo de resolución que implique una anticipación de la pena. Además, el principio de presunción de inocencia como regla probatoria, establece que corresponde al Ministerio Público demostrar la responsabilidad del acusado, mientras que ese principio entendido como estándar de prueba, requiere que el juez absuelva cuando no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. 15 Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDADRESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. 6. En esa línea, la autoridad responsable dejó de observar esos principios, ya que contrario a lo resuelto en el auto de vinculación, los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, no resultan idóneos, pertinentes ni suficientes para generar convencimiento y permitir, de manera razonable, tener por acreditada la participación del quejoso en el hecho delictuoso de robo. La valoración de los datos de prueba resultó contraria a los principios de libre apreciación, sana crítica, máxima experiencia y lógica, al haberle adjudicado forma y grado de participación al quejoso a título de partícipe, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción II, inciso b) del Código Penal. Lo anterior porque en el auto de vinculación se sostuvo que en la entrevista del testigo de nombre -----------------------, se desprende que supuestamente escuchó la conversación entre los imputados, que obra en la carpeta de investigación, sin embargo de ella no se desprende que el aquí quejoso -----------------------, le haya mencionado a ----------------------- que "el siguiente viernes van a venir, van a llegar a apuntándote con un arma y vas a entregar todos los teléfonos de la isla, no vas a tener problemas". Además, no existe en la carpeta de investigación algún dato de prueba que -----------------------, sea efectivamente guardia de seguridad en la tienda Nueva Elektra del Milenio; tampoco se realizó alguna inspección que probara que la existencia del área de baños en la tienda, ni existe alguna notificación al supuesto testigo para que compareciera a rendir su entrevista. 7. Por otro lado, la parte quejosa se duele de que la responsable expresara que: si bien es cierto que existe la entrevista del imputado y en ella la defensa refiere que se presenta una inconsistencia en cuanto a la existencia de dos cascos de motocicleta, lo cierto es que se tuvo como establecida la participación de dos sujetos de identidad desconocida, y que ambos portaban cascos. Razonamiento que causa perjuicio ya que de ninguna de las entrevistas se advierte que el segundo sujeto trajera casco, tan es así, que incluso el testigo -----------------------, describió sus características físicas. 8. Finalmente, en relación a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, alega una violación al principio de presunción de inocencia, como regla de trato procesal, y al respecto transcribe la tesis de jurisprudencia, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL." Ello debido a que la imposición de esa medida vulneró la libertad personal del quejoso, establecida en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que la responsable da por cierto que el instrumento con el que se perpetró el delito era un arma de fuego, sin tener los dictámenes periciales para acredita dicha circunstancia, ya si bien es cierto que existen entrevistas donde se manifiesta que se cortó cartucho, lo cierto es que no se cuenta con más elementos con que pudiese inferirse que ese instrumento contaba con los mecanismos adecuados que constituyen un arma de fuego. Además, realizó un razonamiento alejado de la legalidad al momento de imponer prisión preventiva oficiosa, ya que tergiversó el contenido del artículo 19 constitucional, porque los medios violentos a los que hace referencia, no se tratan de palabras altisonantes, sino que deben ser armas o explosivos, por lo que existe una violación directa a ese precepto constitucional. Pues bien, a continuación se procede a analizar, en primer lugar, la regularidad constitucional del auto de vinculación a proceso de cinco de mayo de dos mil veintiuno y en segundo lugar la regularidad constitucional de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno; estudio a partir del cual se calificaran los conceptos de violación de la parte quejosa, bajo el entendido de que en el presente caso aplica la suplencia de la queja deficiente en favor del quejoso, al ubicarse en el supuesto del artículo 79, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo.16 16 Procede suplir la deficiencia de la queja del quejoso, por tratarse de un asunto de naturaleza penal en el que el quejoso resulta ser imputado en la carpeta de investigación de origen. Al respecto cabe invocar la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242 del Tomo XXVII (marzo de 2008), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de SEXTO. Estudio de fondo respecto del auto de vinculación a proceso. Por otro lado, para de estar en aptitud de revisar la regularidad constitucional del auto de vinculación a proceso, es necesario atender los requisitos contenidos en el artículo 19 constitucional, así como en los numerales 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables al momento de los hechos.17 Además, es importante tener en cuenta que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal.18 rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente." 17 "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." 18 "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." En ese tenor, de los artículos de referencia se desprende que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos tanto de forma como de fondo, que a continuación se analizan: I. Requisitos formales D. Haberse formulado imputación Requisito que en la especie se cumple, porque la agente del Ministerio Público encargada de la carpeta administrativa, en presencia del juez de control responsable, de los investigados y de sus defensores en audiencia inicial de treinta de abril de dos mil veintiuno, formuló imputación contra el ahora quejoso (y de su coimputado), haciendo de su conocimiento que se les investigaba por el hecho con apariencia de delito consistente en: robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, en agravio en agravio de la menor de identidad resguardada X.O.L. y del patrimonio de la ofendida Nueva Elektra del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable (minutos 00:09:25 a 00:39:10 del segundo segmento de la videograbación de la audiencia de seis de noviembre de dos mil veinte). E. El imputado debe haber rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. También se encuentra satisfecho este requisito, porque inmediatamente después de la formulación de imputación, el juez responsable concedió al aquí quejoso la posibilidad de ejercer ese derecho (minuto 00:19:50 del primer segmento de la videograbación de la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno); y luego de consultarlo con su defensor particular, el imputado decidió reservarse su derecho a declarar (minuto 00:00:59 del segundo segmento de la videograbación de la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno). F. Debe ser emitido por autoridad judicial competente. Este requisito se encuentra cumplido pues el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla resultó ser competente para resolver la situación jurídica del quejoso, por razón de territorio, materia, fuero y persona; ya que el hecho delictuoso tuvo lugar en el municipio de Naucalpan, está previsto en el Código Penal local, y fue cometido por persona mayor de edad. D. Debe dictarse dentro de setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez penal -plazo que se puede duplicar a petición suya o su defensa- y plazo dúrate el cual debe estar asistido por un defensor. Este requisito igualmente se encuentra satisfecho, por las siguientes razones: El juez de control decretó la detención judicial dándole efectos retroactivos a partir de la fecha en que los imputados fueron puestos a su disposición en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, (por cumplimiento de orden de aprehensión); esto es a partir de las once horas del veintinueve de abril de dos mil veinte (minuto 00:08:35 del primer segmento de la videograbación de la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno). El imputado, aquí quejoso solicitó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica (minuto 00:40:57 del segundo segmento de la videograbación de la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno). De esa forma, el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas concluía a las once horas del cinco de mayo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, si la situación jurídica de los quejosos fue resuelta con el auto de vinculación a proceso a las diez horas con veinte minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno, debe decirse que éste si fue dictado dentro del plazo constitucional, por lo que dicho requisito se encuentra satisfecho. Asimismo, quedó acreditado que el imputado, aquí quejoso, estuvo legalmente asistido durante el desarrollo de todos los segmentos de la audiencia inicial por el defensor particular designado en la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno: ----------------------- (minuto 00:05:20 del primer segmento de la videograbación de la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno) por lo que también se cumplió con el requisito de defensa técnica y adecuada a favor de los quejosos.19 E. Debe dictarse únicamente por hechos que fueron motivo de imputación - aunque el juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público- F. Debe estar fundado y motivado. G. Se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito. Por lo que respecta a estos requisitos formales identificados en los incisos E, F y G, serán materia de estudio a la par de los elementos de fondo, por estar íntimamente relacionados con éstos. II. Requisitos de fondo: 1. La existencia de datos de prueba en los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, que razonablemente establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; 2. La existencia de datos de prueba que razonablemente establezcan la probabilidad de que el imputado cometió el ilícito o participó en su comisión; y 3. Que no se compruebe plenamente a favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación.20 De igual forma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 16, 20 y 133 constitucionales, todo acto de autoridad que entrañe afectación a la libertad de una persona, como puede considerarse al auto de vinculación a proceso,21 debe estar justificado en un mandamiento -aun emitido de forma oral- que cumpla las formalidades esenciales del 19 Tiene aplicación la tesis jurisprudencial P. XII/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página: 413, Décima Época, registro: 2006152, de rubro y texto siguiente: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor." 20 Las anteriores consideraciones tienen apoyo por identidad jurídica sustancial en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa procedimiento, motivado y fundado en leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que materializa las garantías de legalidad y seguridad jurídica.22 Sobre ese marco de referencia constitucional y legal, se procede a examinar si el auto reclamado cumple con los requisitos de forma y fondo mencionados, estudio dentro del cual se dará respuesta a los demás conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Así, a fin de advertir si existen datos de prueba que establezcan razonablemente que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el coimputado -aquí quejoso- lo cometió o participó en su ejecución, como lo exige el numeral 19 constitucional y, con el objetivo de tener un panorama claro del hecho delictuoso estudiado, es pertinente mencionar que la circunstancia fáctica expuesta por el juez de control al dictar el auto vinculatorio es el siguiente:  El día dos de abril del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las once horas con treinta minutos, la víctima menor de edad de iniciales X.O.L. se encontraba laborando en la Tienda "Nueva Elektra del Milenio" en el área de telefonía en una del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo XXXII, (octubre de 2010), visible a página 2901, cuyo rubro dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). [.]" Así como, en la diversa tesis Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, (abril de 2011), página: 1228, cuyo rubro a la letra dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). [.]" 21 No debe perderse de vista el hecho de que, en estricto sentido, el acto que mantiene privada de su libertad a la persona vinculada a proceso, es la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada, de acuerdo al delito por el que se vinculó y no como tal, el auto de vinculación emitido en su contra; sin embargo, éste es el fundamento principal para la imposición de aquella. 22 Al caso se invoca, por similitud de condiciones jurídicas, la tesis número XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V (febrero de 2012), Tomo 3, página 1940, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. de las islas al fondo de la tienda en compañía de ----------------------- (coimputado) quien se acercó a la víctima y le dijo "voy a poner la tienda para que la roben", luego la víctima le dijo que no, pero el coimputado le contestó que no se fuera a subir porque "ya no tardan en llegar, si te vas me voy en contra tuya y de tu familia". En ese momento se acercó un sujeto del sexo masculino, quien portaba un casco de motocicleta color blanco, el cual sacó de entre sus ropas, una pistola color negro, apuntándole a la menor a la altura del pecho, y le dijo "que le entregaran todo", por lo que abrieron las vitrinas, sacaron los teléfonos celulares y el sujeto del casco los guardó en una bolsa de plástico. Al mismo tiempo ese sujeto le dijo al coimputado "rápido cabrón porque si no te voy a reventar". Hecho lo cual, ese sujeto se dirigió hacia la entrada en donde se encontraba el empleado y testigo -----------------------, encargado de seguridad privada de dicha tienda, quien se encontraba tirado sobre el piso amagado por otro sujeto de sexo masculino de identidad desconocida, quien le estaba apuntando con una pistola, saliendo ambos sujetos escuchándose el ruido de una motocicleta. En ese momento el guardia de seguridad se incorporó y le hablo a su jefe activando la alarma de seguridad de la tienda, momento en el que ----------------------- se acercó a él y lo cuestionó de por qué había activado las alarmas, y diciéndole que "que más valía que no dijera nada de lo que había escuchado porque si no se iban a ir contra su familia". "Destacando que ----------------------- señaló que el día veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, mientras estaba trabajando en la Tienda Nueva Elektra, como elemento de seguridad, se dirigió al baño de la tienda y cuando ingresó al baño escuchó una conversación entre los inculpados ----------------------- y ----------------------- [aquí quejoso], escuchando que este último le dijo a CALEB "entendiste lo que vamos a hacer", él se quedó callado, refiriendo que reconoció la voz de JOSÉ LUIS, quien es líder de tienda, una vez que salió del sanitario los vio y se percató de que se trataba de los imputados, previo a esto JOSÉ LUIS le refirió a CALEB GERARDO "el siguiente viernes van a venir, el viernes van a llegar apuntándote con un arma y vas entregar todos los teléfonos de la isla, no vas a tener problemas", al haber referido eso es cuando se salió del baño, el señor VALENTÍN y los imputados verlo CALEB salió del baño y JOSÉ LUIS se quedó con él, a quien le preguntó ¿Qué había escuchado?, la víctima contestándole "que no había escuchado nada", no obstante JOSÉ LUIS le volvió a preguntar ¿Qué escuchaste?, "que te quede claro que si alguien sabe lo que acabo de hablar con CALEB, voy a hacer que te corran y recuerda que tienes familia", por lo que el señor VALENTÍN le dijo que no había escuchado nada y que no lo amenazará y se salió para seguir haciendo sus funciones y fue como sucedió el robo el día dos de abril del año dos mil veintiuno." Lo cual coincide con el hecho por el cual se formuló imputación. Ahora, de la revisión de los segmentos de la audiencia inicial, de treinta de abril de dos mil veintiuno, se advierte que la fiscalía hizo referencia a los siguientes datos de prueba para sustentar su solicitud de vinculación a proceso (minuto 00:02:05 del segundo segmento de la videograbación de la audiencia de treinta de abril de dos mil veinte): 8. Entrevista de la víctima de la menor de iniciales X.O.L., en la que narró los hechos ocurridos el día dos de abril de dos mil veintiuno, en la cual refirió de manera destacada que ----------------------- (empleado de la tienda) le había dicho que iban a robar la tienda que no se moviera y después la amenazó para que no dijera nada. 9. Entrevista de -----------------------, madre de la menor X.O.L. 10. Entrevista de la víctima -----------------------, encargado de seguridad privada, recabada el doce de abril de dos mil veintiuno, en la que narró los hechos ocurridos el día dos de abril de dos mil veintiuno, y además informó que el día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, escuchó la conversación entre el aquí quejoso ----------------------- (líder de ventas) y -----------------------, en la cual, el primero de ellos le estaba refiriendo al segundo la forma en la que se iba a cometer el robo, y que cuando se percataron de que los estaba escuchando, ----------------------- lo amenazó para que no dijera nada. 11. Una inspección del lugar de los hechos, realizada por un policía de investigación en la cual se hace referencia que se trasladó a la tienda, en cuestión, que existe la vialidad así como el local, el cual es de dos niveles, que en el interior, se encuentra al fondo la isla con vitrinas donde se encontraban los teléfonos celulares. 12. Entrevista de -----------------------, en la cual denunció el robo cometido el dos de abril de dos mil veintiuno. 13. Entrevista de --------------, apoderado legal de Nueva Elektra del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable; y 14. Un dictamen en materia de valuación. Datos de prueba que fueron valorados por el juez de control responsable (minuto 00:16:16 del segundo segmento de la videograbación de la audiencia de cinco de mayo de dos mil veintiún); y a partir de los cuales consideró que los hechos imputados al aquí quejoso, tienen la apariencia de delito robo con las modificativas agravantes de haberse cometido con violencia, en agravio del patrimonio de Nueva Elektra del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de ofendida, y de la menor de identidad reservada X.O.L. en su calidad de víctima, delito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción IV y 290, fracciones I, inciso b) y XIV del Código Penal para el Estado de México. Lo cual permite constatar que el acto reclamado cumplió el requisito formal señalado previamente con la letra E, consistente en que el auto de vinculación a proceso se dicte por los hechos motivo de imputación, ya que el juez responsable se ciñó a los hechos narrados por la fiscalía, sin variarlos o complementarlos. Así mismo, se cumplió con el requisito señalado con la letra G, pues se hizo referencia a las circunstancia de tiempo, lugar y modo de ejecución de los hechos constitutivos del delito. Entrando al estudio de los requisitos de fondo, debe destacarse que los artículos 287, 289 fracción IV y 290, fracciones I, inciso b) y XIV del Código Penal para el Estado de México,23 establecen que el delito de robo con la modificativa agravante de haberse 23Artículo 287.- Comete el delito de robo, el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, conforme a la ley. El robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él. Para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor intrínseco del objeto de apoderamiento. El delito de robo podrá acreditarse cuando se detenga al sujeto en posesión de la cosa ajena mueble desapoderada sin consentimiento y sin derecho de quien legítimamente pueda disponer de él, y el imputado no acredite la adquisición lícita del mismo. Para efectos de este capítulo, se entiende por Unidad de Medida y Actualización, a la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos vigente al momento de cometerse el delito. Artículo 289.- El delito de robo se sancionará en los siguientes términos: [.] IV. Cuando el valor de lo robado exceda de cuatrocientas pero no de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a doscientos cincuenta días multa. [.] Artículo 290.- Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas señaladas en el artículo anterior con las siguientes: I. Cuando se cometa con violencia sobre persona o personas se impondrán de ocho a doce años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa. Cuando se cometa violencia sobre un bien o bienes se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa. Para efectos de este artículo se entenderá por violencia: a) Física: utilización de la fuerza material por el sujeto activo sobre el sujeto pasivo de la conducta; b) Moral: utilización de amagos, amenazas o cualquier tipo de intimidación que el sujeto activo realice sobre el sujeto pasivo o personas vinculadas a éste, para causarle en su persona o en la de las personas vinculadas a éste o en sus bienes, males o se realice en cometido con violencia, ocurre cuando una persona, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de él, se apodera de (transporta a su esfera de dominio) un bien mueble ajeno, utilizando como medio comisivo la violencia moral consistente en amagos y amenazas para causarle en su persona o en la de las personas vinculadas a éste o en sus bienes, males o se realice en desventaja numérica sobre el sujeto pasivo o haciendo uso de armas de juguete, utilería o réplicas, aun cuando no sean aptas para causar un daño físico. Ahora, sobre esas bases, debe decirse que el requisito de fondo marcado con el número 1, también se encuentra satisfecho, es decir que se haya constatado la existencia de datos de prueba que permitan establecer, con razonabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Es importante referir que la palabra razonadamente, deviene de la labor de "razonar", que no es otra cosa que dar motivos suficientes para probar determinado hecho o cosa. Tal acción, en el derecho penal, se entiende como el exponer los motivos por los cuales, al tomar en consideración lo obtenido de los medios probatorios, se llega a la conclusión que se actualizan los elementos estructurales de un delito, así como la probable responsabilidad del actor en su comisión. De ahí que, tal y como se advierte de la audiencia de cinco de mayo de dos mil veintiuno, el juez responsable llegó a la convicción de que el hecho delictuoso estaba acreditado, por las siguientes razones: En primer lugar, estimó que si es posible considerar que ocurrió una conducta de apoderamiento, pues la víctima menor de edad X.O.L., narró cómo es que dos sujetos no identificados, entraron a la tienda en la que trababa el dos de abril de dos mil veintiuno, uno de los cuales llegó a la isla donde vendían celulares y ahí amagaron tanto a la víctima como al coimputado -----------------------, con un arma de fuego y amenazas verbales para que les entregaran los celulares que ahí se encontraban; y que posteriormente los guardó en una bolsa y salieron corriendo de la tienda. Además, también narró que su compañero de trabajo -----------------------, le había dicho momentos antes que iban a robar la tienda que no dijera nada; y la amenazó con causarle un mal a ella y a su familia. Dato de prueba al que se concedió valor probatorio pues el responsable estimó que del mismo se desprendía la mecánica de los hechos al tenor de la cual se llevó a cabo el acto de apoderamiento indebido, además de que detalló con puntualidad la participación del coimputado antes mencionado, y que el hecho de que la víctima contara con diecisiete años no le impedía exponer lo presenciado a través de sus sentidos, ya que los acontecimientos narrados los conociera por sí misma y no por inducciones, ni referencias de otros; la referencia a los hechos se advierte clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia de los hechos y las circunstancias esenciales que lo rodearon . Además, esa versión se consideró suficiente porque se encuentra concatenada con la entrevista de -----------------------, de tal suerte que entrelazadas entre sí, ya resultan cualitativa y cuantitativamente suficientes para poder establecer tanto la existencia de la conducta delictiva; máxime que no se advirtió que los testigos fueran tendenciosos con la finalidad de causar un agravio a los imputados, ni la preexistencia de algún motivo de odio o rencor que le diera pauta a esgrimir una declaración falaz. Por otro lado, a partir de lo que el testigo -----------------------, narró que ocurrió el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, esto es la conversación entre los imputados, en la que el aquí quejoso ----------------------- le decía a -----------------------, que "el siguiente viernes van a venir, van a llegar apuntándote con un arma y vas entregar todos los teléfonos de la isla, no vas a tener problemas"; se advierte que fue coincidente con lo sucedido el dos de abril de este año. Por lo tanto, esa entrevista es un relato claro y sucinto de los hechos, en tanto que no se advierte que el testigo haya incurrido en alguna inconsistencia o contradicción con la pasivo o entre ellos, pero sobre todo porque sus manifestaciones aparecen verosímiles al encontrarse adminiculada con otros datos de prueba. Además, el juez responsable adminiculó esas entrevistas con la diligencia de inspección ministerial de dos de abril de dos mil veintiuno, con lo que se acreditó la existencia de la sucursal de la moral ofendida, así como respecto de la isla en donde fueran sustraídos los aparatos telefónicos. desventaja numérica sobre el sujeto pasivo o haciendo uso de armas de juguete, utilería o réplicas, aun cuando no sean aptas para causar un daño físico; y [.]" A partir de lo cual, el juez de control concluyó que la dinámica que se llevó a cabo para el desapoderamiento de los teléfonos, ocurrió previa organización de los sujetos no identificados que ejecutaron materialmente el robo, con los coimputados, entre ellos el aquí quejoso, quien además de proporcionar a -----------------------, los pormenores de cómo se iba a ejecutar dicho robo, amenazó al testigo para que no informara nada de lo que había oído; máxime que lo que escuchó el testigo concuerda con lo que efectivamente ocurrió el dos de abril siguiente. Con lo anterior, el juez de control tuvo por establecido el hecho delictivo del desapoderamiento, lo que ocurrió sin el consentimiento de quien puede disponer de los bienes muebles objeto del delito: cuarenta y un teléfonos celulares. Además, el juez responsable explicó que, en el caso, los sujetos activos del delito fueron los coimputados -----------------------, el aquí quejoso, ----------------------- y dos sujetos más de identidad desconocida por ser las personas que a través de actos idóneos, mismos que fueron desplegados de manera respectiva dirigidos a la realización del ilícito, fueron eficientes para llevar a cabo el apoderamiento de los teléfonos; lo cual evidencia el nexo existente entre el sujeto que incurrió en la conducta, y aquél que se vio afecto por la misma. También se refirió que estaba acreditada la existencia de un resultado material, ya que la parte ofendida resultó vulnerada en su bien jurídico por razón del desapoderamiento sufrido respecto de los bienes (teléfonos). Finalmente, refirió que se encontraba acreditado el nexo causal que debe darse entre el actuar del sujeto activo y el resultado originado, pues de los datos de prueba antes referidos se evidencia la existencia de un apoderamiento, mediante la violencia moral de los teléfonos, así como la forma en que se organizaran los coimputados desde días previos para llevarse a cabo la conducta desapoderativa ello precisamente en el interior de la sucursal de la moral ofendida y el resultado material producido en concreto, quedando así de manifiesto el nexo causal para poder atribuir ese resultado material a la conducta expuesta y ejecutada por los imputados y dos sujetos más de identidad desconocida. Pues bien, este juzgado de Distrito, coincide con la autoridad responsable al considerar que se cometió un hecho que puede ser constitutivo de delito, ya que con los datos de prueba razonablemente se puede estimar que se ejecutó un acto de desapoderamiento sobre la víctima, sin el consentimiento del propietario de los bienes muebles en cuestión (cuarenta y un teléfonos celulares), durante el cual se amagó a la víctima y al guardia de seguridad con violencia moral, al haberlos amenazado con armas de fuego. Es decir, los datos de prueba antes referidos sí permiten tener por acreditado que se llevaron a cabo los actos de desapoderamiento, ya que con cierta razonabilidad se puede concluir que dos sujetos de identidad desconocida entraron a la tienda, uno de los cuales se dirigió a la isla donde se encontraban la menor X.O.L. y -----------------------, a quienes amagó con un arma de fuego para que le entregaran los celulares, mientras el otro sometía mediante la violencia moral al guardia de seguridad. Además, los datos de prueba también permiten establecer que el imputado aquí quejoso, desde el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, ya tenía conocimiento de la forma en que iban a ocurrir los hechos, lo cual le comunicó a -----------------------, y que al haberse percatado de que el guardia de seguridad -----------------------, lo había escuchado, lo amenazó para que no dijera nada. En esa línea, se debe declarar INFUNDADO, el concepto de violación marcado con el numeral 3, del considerando quinto, en el cual la parte quejosa esencialmente se duele de que existió una inconsistencia en las entrevistas de las víctimas, ya que no queda claro si los sujetos de identidad desconocida que ejecutaron los actos de desapoderamiento tenían dos cascos uno blanco y uno negro o no, pues el guardia de seguridad incluso describió la media filiación de la persona que lo amedrentó. Ahora, el juez de control haya explicó que esa inconsistencia en cuanto a la existencia y color de los cascos no afecta la totalidad de datos que fueron analizados y que sirvieron de base para poder determinar que existió una conducta desapoderativa en la que intervinieran dos sujetos de identidad desconocida, pues la convicción sobre la suficiencia de los datos de prueba, surge del señalamiento de la sujeto pasivo y del testigo, y que por lo tanto esa inconsistencia que se refiere únicamente a la existencia de los cascos, no versa en alguno de los aspectos sustanciales del hecho ilícito y tampoco genera contradicciones entre los testigos en torno a la dinámica de los hechos. Así, se estima que el razonamiento vertido por el juez de control se encuentra ajustado a derecho ya que efectivamente la posible inconsistencia que deriva de las declaraciones de los testigos en torno a la existencia y color de los cascos que portaban los otros sujetos, de ninguna manera implica que las declaraciones de los testigos hayan sido contradictorias en cuanto a la dinámica de los hechos, ni a la identificación de los sujetos que en ellas participaron. Para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a partir de datos de prueba que permitan establecer con razonabilidad que ocurrió ese hecho.24 Por lo tanto, si los datos de prueba concatenados entre sí, como se refirió con anterioridad permiten establecer que con cierta razonabilidad se puede concluir que dos sujetos de identidad desconocida entraron a la tienda, uno de los cuales se dirigió a la isla donde se encontraban la menor X.O.L. y -----------------------, a quienes amagó con un arma de fuego para que le entregaran los celulares, mientras el otro sometía mediante la violencia moral al guardia de seguridad; la circunstancia de que no exista certeza sobre la existencia o color de los cascos de los autores materiales, no tiene ningún impacto en la idoneidad de los datos de prueba, pues se refiere a un dato accesorio e intrascendente para la dinámica de los hechos. En consecuencia, se reitera que el concepto de violación en estudio resulta INFUNDADO. Continuando con el examen de los requisitos de fondo, este órgano jurisdiccional estima que también se encuentra satisfecho el requisito marcado con el número 2, es decir, que existan datos de prueba que razonablemente justifiquen la probabilidad de que el imputado cometió el ilícito o participó en su comisión. Respecto a la probable intervención del aquí quejoso, la autoridad responsable, explicó lo siguiente: Con base en los datos de prueba aportados, se llega a la conclusión de que se actualizó la intervención de -----------------------, en el hecho delictuoso en comento a título de partícipe, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción II, inciso b) del Código Penal vigente en el Estado de México,25 ya que un testigo escuchó la conversación que ocurrió el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la cual dicha persona le estaba diciendo a -----------------------, que el viernes siguiente es decir el dos de abril de la misma anualidad, que fue lo siguiente "el siguiente viernes van a venir, van a llegar apuntándote con un arma y vas entregar todos los teléfonos de la isla, no vas a tener problemas", y que después amenazó a dicho testigo con que haría que perdiera su trabajo. Con lo cual se estimó que con estos actos previos al hecho, sin dominio del mismo generó un aporte conductual al amenazar al testigo de no revelar sus planes con perder su trabajo y destacando que la amenaza podía extenderse a sus familiares. En ese sentido, se consideró que con los datos de prueba se advertía que la dinámica narrada por la víctima se amoldó a los actos preparativos llevados a cabo por el quejoso el viernes previo al robo, pues con posterioridad el latrocinio sí se llevó a cabo de la forma descrita por el imputado una semana antes al otro trabajador de la tienda. Además el juez de control señaló que era razonable estimar que éste hubiese cooperado en la comisión del ilícito, ya que como líder de tienda es factible que pueda proporcionar información relacionada a la administración de la tienda y la cual influiría en la 24 Ver tesis XVIII.2o.P.A.3 P (10a.)visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1439, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO ES INDISPENSABLE QUE EL JUZGADOR CONSTATE QUE, AL MENOS, EL HECHO IMPUTADO ENCUADRA EN LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DE ALGÚN DELITO, PARA DESCARTAR LA POSIBILIDAD DE QUE SÓLO SE TRATE DE UNA CONDUCTA SOCIALMENTE COTIDIANA." 25 Artículo 11.- La responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación: [.] Son partícipes: [.] b) Los que cooperen en forma previa o simultánea en la realización del hecho delictuoso, sin dominio del mismo; y [.] planeación previa del hecho para poderse llevar a cabo una conducta delictiva en la que no tuvieran riesgos los intervinientes, en este sentido es notable que al ser una persona que labora en la moral ofendida y su estatus en la misma como líder de tienda tenía acceso a dicha información y conocía los movimientos internos del personal, mercancía y proveedores, así como la afluencia de personas en los determinados horarios y días de la semana y que los mismos pudieron ser útiles para planear y llevar a cabo el hecho. Finalmente se reiteró que existe un señalamiento firme en su contra, en relación a que junto con ----------------------- planeó días previos el desarrollo de la conducta y al ver que podían ser descubiertos, ----------------------- amenazó al testigo ----------------------- para que no dijera nada; máxime que el día de la comisión del robro, ----------------------- también se le acercara a dicho testigo refiriéndole "que más valía que no dijera nada de lo que había escuchado porque si no se iban a ir contra su familia"; por lo tanto, se estimó que esas conductas (aportaciones al delito de robo) violentaron moralmente a ese testigo al efectuar una amenaza en su persona que se podría hacer extensiva a sus familiares, generando en su persona un miedo grave. Con lo cual el responsable estimó que también existían datos de prueba que razonablemente permitieran concluir que el imputado participó en la comisión del hecho delictivo, al haber cooperado en forma previa en la realización del hecho, impidiendo que el testigo -----------------------, hiciera del conocimiento la posibilidad de que se iba a ejecutar un robo. Al respecto, este juzgado de Distrito, considera que con los datos de prueba referenciados sí es posible tener por acreditada la probable responsabilidad del imputado; ya que del cúmulo de datos de prueba expuestos por la fiscalía en la audiencia inicial, analizados de acuerdo a las reglas de la valoración probatoria en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultan idóneos, pertinentes y, hasta este momento, suficientes para establecer que se cometieron los hechos imputados y que el aquí quejoso probablemente participó en su comisión al haber amedrentado al guardia de seguridad para que no dijera nada del plan que se elaboraba para efectuar el robo y que por lo tanto éste pudiera ser llevado a cabo. Pues el dicho de ese testigo, se encuentra adminiculado con el de la víctima de identidad reservada X.O.L., quien también manifestó que uno de los empleados ya sabía que iba a ocurrir el robo y también la amenazó para que no dijera nada. Entrevistas, que tal como lo refiere el juez responsable permiten considerar de forma razonable la posibilidad de que el imputado aquí quejoso haya participado en su comisión, ya que no máxime que no se advirtió que los testigos fueran tendenciosos o que tuvieran la finalidad de causar un agravio a los imputados, ni la preexistencia de algún motivo de odio o rencor que le diera pauta a esgrimir una declaración falaz. Es importante recordar que, en el actual sistema penal acusatorio, para emitir un auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; con base en los datos de prueba expuestos por la fiscalía-los cuales no tiene en su poder el juez al momento de resolver sobre la situación jurídica del imputado-, por lo que basta la mención y relación de estos datos recabados por la fiscalía al momento de exponer sus argumentos vinculatorios. Ahora, en los conceptos de violación enumerados en los puntos 1 y 2 del considerando QUINTO, la parte quejosa alega que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, ya que los datos de prueba no resultaban idóneos ni suficientes para acreditar su participación en la comisión del hecho delictivo, por las siguientes razones: (iv) En la entrevista del testigo que supuestamente escuchó la conversación entre los imputados, que obra en la carpeta de investigación no se desprende que el aquí quejoso -----------------------, le haya mencionado a ----------------------- que "el siguiente viernes van a venir, van a llegar a apuntándote con un arma y vas a entregar todos los teléfonos de la isla, no vas a tener problemas"; (v) No hay otro dato que corrobore esa circunstancia, pues no hay constancia de que ----------------------- efectivamente fuese guardia de seguridad; (vi) La inspección ministerial no hace mención alguna como para acreditar la existencia del área de baños en la tienda, y no existe alguna notificación al testigo para que se recabara su entrevista. Sin embargo, tales conceptos de violación resultan INFUNDADOS, ya que si bien es cierto que no obra constancia de que ----------------------- sea empleado como guardia de seguridad en la tienda objeto del robo, y que no se refirió como dato de prueba que se haya practicado alguna inspección en el área de baños, ello no basta para desestimar el razonamiento del juez de control, ya que éste adminiculo diversos datos de prueba para tener por establecida la probable participación del quejoso, en particular la declaración de la otra víctima, con lo que se establecía una posible colusión de los empleados de esa tienda, ya que sabían cómo y cuándo iba a ocurrir ese hecho, además de que profirieron amenazas a los testigos para que no dijeran nada. Además, tal como lo refirió el juez de control, tampoco existe algún dato que contravenga el dicho de los testigos; los imputados no realizaron ninguna manifestación ni aportaron alguna prueba para desvirtuar los datos referenciados por el agente del ministerio público para acreditar por ejemplo que el testigo en realidad no era empleado de la tienda o que el área de baños no existía. Lo cual de ninguna manera implica una vulneración al principio de presunción de inocencia, ya que cuando existan datos de prueba suficientes para establecer la probable participación de un imputado en la comisión del delito, le corresponde a éste aportar datos para acreditar su teoría del caso. Por otro lado, contrario a lo que refiere el quejoso, en la entrevista de la víctima -----------------------, de acuerdo a lo referido por el Ministerio Público al referenciar ese dato de prueba, sí se señala de forma expresa la conversación que el imputado sostuvo en el baño, así como la amenaza que le profirió a ese guardia de seguridad, ya que en esta se reseñó lo siguiente: " [.] el día veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, siendo las doce horas, se encontraba en su lugar de trabajo y se dirigió hacia el baño que se encuentra en el fondo de dicha tienda y tenía que subir unas escaleras, una vez que se dirigió a dicho baño que está escondido y entrar al mismo, escuchó que estaban dialogando dos personas, él ingresó a un sanitario y al momento de estarlos escuchando y poner atención, reconoció a una de las voces, que es de -----------------------, quien es líder de la tienda, se percató que estaba dialogando con otro sujeto, puso atención y en la plática que ellos tenían le refirió ----------------------- a la otra persona "entendiste lo que vamos a hacer y después ----------------------- le vuelve a decir al otro sujeto "el viernes van a llegar apuntándote con el arma, vas a entregar los teléfonos de la isla y no vas a tener problemas", en ese momento él jaló la palanca y lo escucharon, salió de los baños y se percató que se trataba del señor ----------------------- y de ----------------, en ese momento se le quedaron vieron y CALEB se salió del baño, él se quedó con -----------------------, quien en ese momento le preguntó qué era lo que había escuchado, él respondió que no había escuchado nada, posteriormente le vuelve a decir: "que te quede claro que si alguien sabe lo que hable con Caleb, voy a hacer que te corran y recuerda que tienes familia", ante tal situación, él le respondió que no había escuchado nada y que a él no lo amenazará. En ese sentido, resulta infundado que se haya valorado de manera indebida alguno de los datos de prueba referidos por la agente del Ministerio Público, en tanto que no se acreditó que deriven de una detención ilícita, ni se advierte que alguno haya sido obtenido a través de algún otro medio ilícito. En ese sentido, no se transgredió el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, ya que éste se encuentra sustentado en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Ello debido a que en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia.26 En esos términos si el juez de control respaldó su determinación en los datos de prueba referenciados por la fiscalía, a los cuales les asignó un valor probatorio en atención a las coincidencias de las declaraciones de las víctimas, de las cuales se desprende la planeación previa realizada por los dos empleados de la tienda en cuestión, así como la forma de participación que se le atribuyó al aquí quejoso, en tanto que aportó conductualmente a la realización de ese hecho al haber amenazado a la víctima y testigo , para que no dijera nada y que pudiera efectuarse sin contratiempos el robo, por lo que se califican de INFUNDADOS los conceptos de violación en estudio, marcados con los numerales 1 y 2 al inicio del considerando QUINTO. Así, se estima que los datos de prueba antes explicadas adquieren relevancia demostrativa al existir la imputación directa de la víctima -----------------------, en torno a la amenaza que recibió del aquí quejoso para no revelar lo que escuchó el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, sobre la forma en que se ejecutaría el robo, quién estableció de una manera lógica las circunstancias de cómo acontecieron los hechos, en relación con esa conversación, y lo cual además coincidió con la forma en que se desarrollaron los eventos del dos de abril de dos mil veintiuno. Por ello, la conclusión del juez responsable por cuanto a la justificación de la probable intervención de los imputados en los hechos delictivos en análisis -hasta esta etapa procesal- se estima ajustada a las disposiciones constitucionales y legales antes explicadas. Siendo aplicable la tesis I.7o.P.83 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, página 986, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL." De esa forma, como ya se refirió anteriormente, los datos de prueba expuestos en audiencia por la agente del Ministerio Público, en su conjunto, permiten acreditar, al menos de forma probable, el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución del ilícito en análisis, así como la existencia de hechos con apariencia de delito y, la probabilidad de que el aquí quejoso participó mediante la cooperación de manera previa en su realización, impidiendo que el guardia de seguridad avisara del plan mediante las amenazas que le refirió.27 Finalmente, también se estima satisfecho el último requisito de fondo, marcado con el número 3, ya no está planamente comprobada a favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de responsabilidad. Con base en esas consideraciones es que se califican como INFUNDADOS los conceptos de violación, ya que el cúmulo de datos de prueba expuestos por la fiscalía en la audiencia inicial, analizados de acuerdo a las reglas de la valoración probatoria en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultan idóneos, pertinentes y, hasta el momento de la audiencia inicial, suficientes para establecer que se cometieron los hechos imputados y que el aquí quejoso probablemente participó en su comisión. Finalmente, es importante destacar que ni el imputado ni su defensa desvirtuaron la existencia de los hechos que se le imputaron al momento de resolverse su situación jurídica. 26 Ver tesis: XVIII.2o.P.A.5 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA." 27 Lo anterior encuentra sustento en la XV.3o.6 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, (Febrero de 2017), Tomo III, visible en la página 2167, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. [.]" Por tanto, el suscrito advierte que los argumentos del juez responsable plasmados en auto reclamado, resultan fundados y motivados, además de lógicos y acordes a la exposición que formuló la agente del Ministerio Público -requisito de forma señalado con la letra F-; por lo que, sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Ante la aplicación de los preceptos legales que contienen la hipótesis delictiva en que se sitúa el imputado y conforme a la ponderación indiciaria de los datos de prueba expuestos en el auto de vinculación a proceso reclamado, se encuentran debidamente satisfechos los extremos de fundamentación y motivación que toda resolución judicial debe contener. Ello porque, respecto del primer concepto -fundamentación- se indicaron con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y por el segundo -motivación- se señalaron, con exactitud, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para su emisión. En las relatadas condiciones, al resultar INFUNDADOS los conceptos de violación de la parte quejosa, aún en suplencia de la queja, lo procedente es NEGAR la protección constitucional que solicitada por -----------------------, en su calidad de defensor particular de -----------------------, en relación al auto de vinculación precisado en el numeral uno del considerando segundo. SÉPTIMO. Estudio de fondo respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Bien, en primer término, es importante referir que la prisión preventiva es una medida dictada a partir un mandato judicial, en la que se afecta directamente la libertad de la persona, cuya función es la asegurar la presencia del imputado al proceso penal bajo determinados presupuestos y así como la integridad del procedimiento mediante la protección de víctimas testigos y otros medios de prueba; figura jurídica prevista en el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional: "El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud." Precepto constitucional que, además, contiene un catálogo de delitos por los cuales de manera oficiosa, se debe imponer como medida cautelar la prisión preventiva, entre ellos, el atribuido al quejoso -robo con violencia, por haber empleado armas en su comisión-, a los cuales, el Constituyente Permanente, por razones de política criminal, asignó como medida cautelar de manera indefectible, la reclusión en un centro penitenciario mientras dure el procedimiento. Ahora, como se adelantó, esta medida cautelar tiene como finalidad: (iv) Asegurar la comparecencia del imputado en el juicio; (v) Garantizar el desarrollo de la investigación, evitando el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación; al reducir el riesgo de que el imputado (a) pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba; (b) influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente; (c) intimidar, amenazar u obstaculizar la labor de los servidores públicos que participan en la investigación; y (vi) La protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Tal como se desprende del contenido del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. [.] El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad." En esos términos, el marco jurídico aplicable establece un régimen excepción para las personas procesadas por el catálogo de delitos previstos en el artículo 19 constitucional, que obliga a los juzgadores a imponer la medida cautelar de prisión preventiva de forma oficiosa siempre que se trate de alguno de dichos delitos. Por lo tanto, en estos casos, de forma contraria a lo que ocurre con la prisión preventiva justificada, no es necesario que se acredite que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; sino que basta con que se haya formulado imputación por alguno de los delitos del catálogo mencionado para que proceda su imposición. Ahora bien, sobre esas bases se procede al estudio del acto reclamado en el presente juicio, para lo cual vale la pena referir que de la videograbación de la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, se advierte que la agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación de origen, formuló imputación en contra del aquí quejoso y posteriormente solicitó su vinculación a proceso, por su probable participación en la comisión de un hecho con apariencia de delito, consistente en robo con modificativa agravante de haber sido cometido con violencia, ya que los autores materiales del mismo amagaron a las víctimas con armas de fuego. Razón por la cual, la fiscal solicitó que se impusiera como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa (minuto 00:43:06 del segundo segmento de la videograbación de la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno), ya que le atribuyó al imputado aquí quejoso la comisión de un delito ejecutado mediante el uso de armas de fuego, tal como se advertía de las entrevistas de las víctimas. Acto seguido, el defensor particular del aquí quejoso refirió que el tema de las armas de fuego, es una apreciación subjetiva, ya que si bien las víctimas mencionaron que sus agresores desenfundaron y cortaron cartucho, lo cierto es que ello no implica que el delito se haya cometido con armas de fuego, porque esos instrumentos pudieron haber sido réplicas, es decir no contener el mecanismo idóneo para detonar un cartucho. Por lo tanto, si las víctimas no eran peritos en la materia, entonces atendiendo al principio de presunción de inocencia, no puede llegarse a la conclusión de que el delito haya sido cometido con armas de fuego. Una vez cerrado el debate, (minuto 00:47:56 del segundo segmento de la videograbación de la audiencia de treinta de abril de dos mil veintiuno), el juez responsable resolvió que, con fundamento en los artículos 19 constitucional y 153 a 158 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se encuentra el de los delitos cometidos con medios violentos, tales como armas de fuego, por lo que, atendiendo a la clasificación jurídica preliminar, en la cual la fiscal aduce que se ejecutó un robo cometido a través de la violencia moral, con amagos y amenazas de causar daño con las armas de fuego que portaban los sujetos activos, lo procedente era imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, explicó que aun cuando el instrumento empleado por los agresores hubiese sido una réplica, las víctimas no tenían porqué detenerse a identificar si ésta era un arma real o no, por lo que no se trata de un hecho subjetivo, máxime que manifestaron que se cortó cartucho. Pues bien, este órgano jurisdiccional estima que en términos del marco legal antes expuesto, fue acertada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ya que con independencia de los datos de prueba que se hubieran referenciado en la audiencia inicial, el hecho delictuoso por el cual se formulado imputación -en su clasificación preliminar-, fue el de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, por haber usado armas de fuego para ejercer violencia moral sobre las víctimas. De esa forma, si el delito que se imputó al aquí quejoso es el de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, ya que los agresores emplearon un arma de fuego para amedrentar a sus víctimas, es claro que tal ilícito encuadra en el catálogo de delitos previsto en el artículo 19 constitucional, porque se trata de un delito cometido con medios violentos: armas de fuego. Por lo tanto, conforme al mandato del referido artículo 19 constitucional, el juez de control estaba constreñido a imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa; ello con independencia de que con posterioridad se pudiera considerar que los instrumentos empleados por los autores materiales no eran armas reales sino réplicas, pues esa cuestión se trata de un tema sujeto a la valoración de los datos de prueba que se efectuara al momento de resolver la situación jurídica del imputado. Empero, para la imposición de la medida cautelar era suficiente que el delito por el que se procesa al imputado encuadrara en alguno de los previstos en el artículo 19 constitucional; cuestión que en el caso se encuentra acreditada, ya que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso se formularon por la posible comisión del delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, a través del empleo de armas de fuego. Se reitera que el artículo 19 constitucional establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos en que se procese a una persona por un delito cometido con medios violentos como armas y explosivos, que en la especie es por el que se solicitó la vinculación a proceso del aquí quejoso; por lo tanto, el juez de control se encontraba obligado a imponer esa medida y no alguna otra de las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya que ello iría en contra del mandato expreso de la Constitución. Por lo tanto, resultan INFUNDADOS los conceptos de violación sintetizados en el numeral 4, del considerando anterior, pues se debe reiterar que el hecho de que al momento de imponerse la medida cautelar no se tuviere certeza de que los instrumentos empleados por los autores materiales para la comisión del delito fueren armas de fuego, pues éstos podían ser réplicas, no es un elemento que debiera haber sido tomado en consideración por el juez de control al momento de resolver sobre la medida cautelar, pues conforme al artículo 19, bastaba con que el proceso se siguiere por alguno de los delitos contenidos en el referido precepto constitucional para que procediera la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Máxime que en la etapa inicial del procedimiento, basta que existan datos de prueba que establezcan de forma razonable que ocurrió el hecho que la ley señala como delito, sin embargo, no requiere que se acredite con certeza la naturaleza de los objetos empleados como instrumento del delito; y además, resultaba irrazonable exigir mayores datos de prueba ya que en la investigación inicial no se habían asegurado esos objetos como para pretender que se practicara una pericial en torno a la naturaleza de los instrumentos empleados para amagar a las víctimas. En ese sentido, la falta de certeza en torno a la naturaleza de esos objetos, en nada impacta el hecho de que al aquí quejoso se le atribuyó la comisión de un delito previsto en el artículo 19, al haber sido cometido con un medio violento -arma de fuego-; lo cual resultaba suficiente para la imposición de la medida cautelar en cuestión. Por otro lado, tampoco asiste la razón al quejoso cuando aduce que el juez responsable tergiversó el contenido del artículo 19 constitucional, ya que la referencia a medios violentos no puede interpretarse como que se trata únicamente de palabras altisonantes, sino que esos medios deben ser armas o explosivos; ya que en el caso se imputó la comisión de robo con violencia, no porque los autores materiales hubiesen amagado a las víctimas con palabras altisonantes, sino porque emplearon armas de fuego para tal fin. Por lo tanto, resultan INFUNDADOS los conceptos de violación sintetizados en el número 4 del considerando anterior, aún en suplencia de la queja, por lo tanto, lo procedente es NEGAR la protección constitucional que solicitada en contra de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, precisada en el punto 2, del considerando SEGUNDO. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a -----------------------, en contra de los actos precisados en el considerando SEGUNDO, en términos de los razonamientos expuestos en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días con que cuenta la víctima menor de edad de identidad reservada con iniciales X.O.L. parte tercera interesada, para imponerse de los autos de este juicio de amparo. En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior y no violar las reglas del procedimiento, lo conducente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINITUNO, para su verificativo, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que lo soliciten por escrito; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en caso de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA DE IDENTIDAD RESERVADA LA DETERMINACIÓN DE CATORCE DE JUNIO Y DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE:Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por el cual rinde su informe justificado y remite un disco compacto en formato DVD en apoyo a dicho informe. En consecuencia, respecto del informe justificado que rinde deberá estarse a lo acordado en auto de tres de junio de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por recibida misiva en similares circunstancias y se acordó lo conducente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable ofreciendo un disco en formato DVD en apoyo a su dicho en su informe justificado que contiene las constancias y audiencias relativas a la causa de control 641/2021, el cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionar dicha probanza en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, Página 703, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Al respecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si es su deseo imponerse del contenido del disco que remite la responsable, conforme a los artículos 3°6 y 4°7 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Por otra parte, del contenido del informe justificado de mérito, se advierte que de conformidad con el artículo 5° fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a: ---------, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en sigilo. Así las cosas, toda vez que el domicilio donde puede ser emplazada la citada moral tercera interesada por conducto de quien la represente legalmente, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control de constitucionalidad, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 52 y 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, gírese atento exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al actuario de su adscripción se constituya en el domicilio que se adjunta en sobre cerrado, y con copia de la demanda de amparo, así como del presente auto, la emplace al presente asunto por conducto de quien la represente legalmente, haciéndole de su conocimiento el inicio del sumario constitucional y el derecho que tiene de apersonarse al mismo, alegar u ofrecer pruebas, si a sus intereses conviniere. Asimismo, deberá requerirla para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en alguno de los Municipios que conforman parte de la circunscripción territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia, apercibiéndolo, que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita respetuosamente a la autoridad exhortada, que únicamente remita a este Órgano Jurisdiccional de manera electrónica, el oficio mediante el cual devuelva el exhorto de mérito y la constancia de notificación encomendada. Por otro lado, con fundamento en el numeral 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo el artículo, se advierte que también les recae con el carácter de tercero interesado en el presente asunto a la menor de identidad reservada X.O.L, y a ---------, ambos con domicilio en sigilo, así las cosas se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que se constituya en dichos domicilios y una vez cerciorado que corresponde al de los terceros interesados de mérito, los emplace al presente asunto y a la menor de edad por conducto de quien la represente legalmente, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo, así como con el auto admisorio de la demanda, y con el presente auto, haciéndoles de su conocimiento el inicio del sumario constitucional y el derecho que tienen de apersonarse al mismo, alegar u ofrecer pruebas, si a sus intereses conviniere. Asimismo, deberá requerirlos para que en el término de tres días computados legalmente, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en alguno de los Municipios que conforman parte de la circunscripción territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia, apercibiéndola, que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Finalmente se tiene también como tercera interesada a la licenciada Berenice Reyes Contreras, Agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación relacionada con la causa penal 641/2021; lo anterior, de conformidad con el artículo 5º fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire al licenciada Berenice Reyes Contreras, Agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación relacionado con la causa de control 641/2021, con copia de la demanda de amparo extraída vía electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, relativo al asunto que nos ocupa, auto admisorio, así como de la presente determinación, emplácese al presente asunto, a efecto de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, en términos del artículo 2° del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a los terceros interesados para que de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). Asimismo, se pone a disposición de los terceros interesados, el correo electrónico institucional rodrigo.ramos.gómez@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tenga su firma electrónica. De igual modo, se hace del conocimiento de dicha parte el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles. En adición a lo anterior, se hace del conocimiento al actuario judicial que habrá de hacer la encomienda, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese por exhorto a la sociedad tercera, personalmente a los demás terceros interesados, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Y Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con una razón actuarial correspondiente al juicio de amparo 474/2021-VI; asimismo, certifica: que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida y agréguese a los autos la razón de cuenta, por la cual el Actuario Judicial de la adscripción manifiesta la imposibilidad que tuvo a efecto de emplazar al presente asunto al a la víctima menor de edad de identidad reservada con iniciales X.O.L., en su carácter de tercero interesado en el presente asunto, por los motivos que expone. En consecuencia, toda vez que mediante proveído de veinte de julio del año en curso este órgano jurisdiccional se reservó a efecto de acordar lo conducente respecto del domicilio remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, hasta en tanto aconteciera lo anterior; de ahí que se ordena levantar dicha reserva y se acuerda lo conducente. Ahora bien, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a fin de que se constituya en el domicilio del citado tercero interesado, debiendo guardar el sigilo correspondiente a los datos sensibles de dicha parte, y una vez hecho lo anterior, proceda a realizar la llamada respectiva a los números telefónicos proporcionados, con el objeto de localizarla y una vez cerciorado que es la tercero buscada, con copia del escrito de demanda, del auto admisorio y del presente acuerdo, la emplace al presente juicio de amparo, haciéndole de su conocimiento el derecho que tiene para apersonarse al mismo, para ofrecer pruebas y formular alegatos de su parte. De igual forma, deberá requerirlo para que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, apercibiéndolo que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de este Juzgado Federal. En términos del último párrafo, del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice todas las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Atento a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese personalmente al tercero interesado menor de edad de identidad reservada con iniciales X.O.L., y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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