Jose Luis Villalba Estrada

Expediente 1047/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1047/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2017

Partes del expediente

  • Jose Luis Villalba Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de amparo. Por ello, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexo de cuenta, presentado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. Ahora bien, la autoridad responsable adjunta a su informe justificado copia certificada de diversas actuaciones relativas al juicio laboral 323/2009, de entre las que destaca el auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral de origen, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese orden, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó a su oficio de cuenta, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, José Luis Villalba Estrada y Martín Hernández Arroyo por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: "LA OMISIÓN DE LLEVAR A CABO EL REQUERIMIENTO DE PAGO, COMO PARTE DE LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DEL LAUDO DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2012; en términos de los artículos 81, 95, 97 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado d Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior, se advierte que la parte quejosa basa su reclamación en que: el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, ha sido omiso en señalar fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral 323/2009; no obstante haberlo solicitado dicha parte procesal mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Luego, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la autoridad responsable dictó el auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 323/2009, a través del cual acordó el escrito que le presentó el autorizado de la parte quejosa en el cual le solicitó señalara fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo a la parte demandada por lo cual la responsable procedió a señalar las doce horas de ocho de febrero de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen, tal como se aprecia de la constancia exhibida por dicha responsable. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al ya haberse pronunciado sobre la omisión reclamada por la parte quejosa es decir, dictó el auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 323/2009, a través del cual señaló las doce horas del ocho de febrero de dos mil dieciocho para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen, petición solicitada a través de la promoción que le presentó el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (foja 7); por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las doce horas con diez minutos del diez de noviembre de dos mil diecisiete (foja 9 vuelta). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Villalba Estrada y Martín Hernández Arroyo por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se advierte de la documental que anexa al escrito de demanda consistente en copia certificada del auto de veintisiete de febrero de dos mil nueve, en el expediente laboral 323/2009, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. No es obstáculo que los quejosos José Luis Villalba Estrada y Martín Hernández Arroyo por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, señalen como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad capital, como órgano colegiado, en razón de que el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de laudo, por lo que se advierte como única autoridad responsable al presidente del referido órgano laboral, en su carácter de ejecutor del laudo dictado en el juicio natural, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 13, fracción VII del Reglamento Interior de Trabajo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1047/2017, y fórmese expediente. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la citada ley, se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 del citado cuerpo de leyes, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafos primero y cuarto, 63 fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $75.49 (setenta y cinco pesos con 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arcelia Guerrero; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial, al que se deberá adjuntar copia del escrito de demanda a fin de que se encuentre en aptitud de deducir sus derechos. Asimismo, se le requiere al citado tercero interesado para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el presente oficio, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional). PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su intención las documentales que anexa a su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal oportuna y ser consideradas al momento de resolver el presente asunto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo vigente, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; así mismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los personas que indica, aunado a que se aprecia que los peticionarios no son parte patronal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.

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