José Luis Villagómez Gómez
Expediente 179/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Luis Villagómez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual envía el testimonio del recurso de queja civil 27/2017, derivado del juicio de amparo 179/2017 que en sus puntos resolutivos determinó: ".ÚNICO.- se declara infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda planteada, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV del acuerdo en cita el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó de plano la demanda.
- Principal
A sus autos el oficio número 1599 que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, por el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto de dos de febrero del año en curso, dentro del juicio de amparo 179/2017; quedando registrado el recurso de queja con el número 28/2017.
- Principal
Agréguense a sus autos los ocursos de cuenta signados por *******, por propio derecho y como apoderada legal de *******; atento al contenido del primero de ellos, se tiene autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo César Martínez Cedeño por contar con cédula profesional federal inscrita en el Sistema Único Computarizado de Profesionistas del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto del segundo escrito, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el auto de dos de febrero de dos mil diecisiete. En consecuencia, ríndase por separado el informe justificado y remítase el escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, anexándose copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.
- Principal
Visto el escrito signado por *********, por medio del cual desahoga el requerimiento establecido en auto de treinta de enero de dos mil diecisiete y acredita la personalidad con la copia certificada de la escritura pública número treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve, donde ************, se otorgó poder general a la promovente. Ahora bien, de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictada en el toca ***, del índice de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la que resolvió el recurso de revocación y confirmó el auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, en el que se negó la admisión al recurso de apelación adhesiva intentado. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por otra parte, de los antecedentes de los actos reclamados expuestos bajo protesta de decir verdad por el agraviado; manifestación que merece eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º; se evidencian los siguientes circunstancias. En el juicio ordinario civil número ****, del índice del Juzgado Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, se dictó sentencia interlocutoria el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en la que se resolvió el incidente de liquidación de gastos y costas procesales, promovido por los terceros interesados *********** misma que resultó favorable a los intereses del ahora quejoso. Contra dicha resolución, el veinte de septiembre de dos mil dieciséis la parte actora (aquí terceros interesados), promovió recurso de apelación, el cual se admitió el veintiuno siguiente Con la finalidad de apoyar la parte considerativa de la interlocutoria se interpuso recurso de apelación adhesiva. El cual que fue admitido por el Juez Civil de Partido de Yuriria, mediante auto de treinta de septiembre del año próximo pasado. Remitidas las apelaciones interpuestas tocó conocer de las mismas a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado de Guanajuato, quien por auto de cuatro de enero del presente año, dictado en el toca 6/2017, admite el recurso de apelación principal y se negó a admitir el recurso de apelación adhesiva. Inconforme con dicho auto la ahora quejosa interpuso recurso de revocación, el cual se admitió el once de enero de dos mil diecisiete, y por resolución de veintitrés del mismo año, se determinó confirmar el auto impugnado. Este es el acto reclamado en forma destacada. De lo anteriormente narrado, se desprende que el acto reclamado es la resolución del recurso de revocación que confirmó el auto que negó a admitir el recurso de apelación adhesiva dictado en el toca ***, del índice de la Sala responsable. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En tales condiciones, es dable señalar que de acuerdo a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procedimiento de un incidente resulta ser similar al procedimiento de un proceso; luego, si el procedimiento respectivo, como el de un incidente o el de la apelación, los actos intermedios se consideran violaciones procesales, solo que dentro del propio proceso, como en el caso, por lo que la forma de subsanar esa vulneración de derechos adjetivos o procesales será subsanado con la resolución que al efecto se dicte. Por tanto, este juzgado federal estima que el acto reclamado, que es, la resolución del recurso de revocación que confirmó el auto que negó a admitir el recurso de apelación adhesiva, contra el incidente de gastos y costas, por identidad de razón, no es el último acto en ese proceso, pues dicha resolución será la que resuelve la apelación principal. En efecto, existe similitud entre el procedimiento del juicio y el procedimiento de la apelación, por lo que al momento de resolver violaciones procesales cometida en uno u otro, debe ser el mismo, es decir, cuando se concede la resolución respectiva que le pone fin (sentencia definitiva o resolución al toca) a través del juicio de amparo. Ahora, se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que el impetrante del amparo, es parte formal y material en el juicio de origen, esto es, demandado; además, ya se dictó sentencia definitiva y la determinación al recurso de revocación de no admitir la apelación adhesiva interpuesta contra la resolución en el incidente de gastos y costas, sin reclamar la última resolución dictada en dicho proceso, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución reclamada y aquella que decide en definitiva la apelación, obstaculizaría el cumplimiento. Resulta aplicable la tesis XI.2o.97 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, Página: 1729, cuyo contenido es el siguiente. "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional." Resulta aplicable al caso en concreto la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página 1515, que establece: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Por tanto, es dable concluir que el quejoso por identidad de razón, debe sujetarse a las reglas que regulan del procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, en el caso , la resolución que ponga fin a la apelación interpuesta. En efecto, sobre dicho particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Al respecto, es oportuno citar la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página 6, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En esta tesitura, tenemos que en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto en el proceso de apelación, de ahí lo improcedente de la demanda. Robustece lo aquí deducido, la jurisprudencia número 734, publicada en la página 1204, del apéndice 1917-1988 al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis 2a. VIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, página: 230, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Además, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se trata de una negativa a admitir el recurso de apelación adhesiva interpuesto, el cual no es un acto que tenga efectos de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, pues solamente afecta derechos de naturaleza procesal, porque si se dictara resolución que confirme la sentencia impugnada no le causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica, y en caso de ser desfavorable, podría reclamarle a través del juicio de amparo. Además, debe señalarse que los recursos son medios de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar y confirmar las resoluciones emitidas; como lo señala el artículo 236 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; asimismo, el no admitir el citado recurso, no afecta derechos sustantivos, ya que la apelación, interpuesta por los terceros interesados José Miguel Villagómez Santoyo, por propio derecho y como apoderado legal de José Javier Villagómez, aún no se resuelve, por lo que el acto no es de imposible reparación. Al caso le resulta aplicable por analogía de materia, la tesis IV.3o.C.18 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, página: 1350, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "APELACIÓN ADHESIVA EN MATERIA MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA DE PLANO NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN RECLAMABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si el acto reclamado consiste en el rechazo del recurso de apelación adhesiva interpuesto no es un acto que tenga efectos de imposible reparación en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, toda vez que esa violación no genera en forma inmediata y directa una afectación a alguno de los derechos sustantivos que consagra la Constitución General del país, como la libertad, la propiedad y la posesión, entre otros, pues no debe perderse de vista que el tener por no interpuesta la adhesión al recurso indicado sólo implica que en el momento oportuno el Magistrado a quien corresponda conocer del asunto en segunda instancia examinará las consideraciones de la sentencia pronunciada por el Juez de primer grado conforme a los agravios esgrimidos, en términos del artículo 449 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, aplicado en forma supletoria a la materia mercantil. En el mismo marco, tampoco es factible que la invocada violación afecte en forma exorbitante a los agraviados, porque si bien es cierto que aun considerando que a éstos se les haya impedido ejercer el derecho que emana del artículo 1337, fracción III, del Código de Comercio, también lo es que el citado recurso es de carácter accesorio, porque está supeditado al resultado de lo que se resuelva en torno a la apelación principal; de manera que no implica que el Magistrado a quien corresponda conocer de la alzada ineludiblemente tenga que examinar los motivos en que se sustenta dicha adhesión, máxime que el rechazo de ese medio de defensa puede hacerse valer en el amparo directo, de conformidad con el ordinal 159, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en caso de resultar adversa la sentencia de segunda instancia y, con ello, lograr la reposición del procedimiento para que sea admitido a trámite el recurso de apelación adhesiva; de lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente." En efecto, el acto reclamado por sí solo no causa al quejoso, un agravio personal y directo, esto es, se trata de un de acto emitido durante la tramita de la apelación principal intentando por su contraparte, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude el hoy inconforme y cuando proceda el juicio de amparo, donde tendrá la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por ***********.
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