José Luis Villafranca Escamilla

Expediente 1626/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1626/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • José Luis Villafranca Escamilla
  • Jorge Adrian Gómez Carreño, Director General de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Enlace con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Cd. Victoria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    S E N T E N C I A : VISTOS los autos del juicio de amparo 1626/2023-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Reynosa, turnado el veinte siguiente a este Juzgado Octavo, ******************** promovió juicio de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo con el número 1626/2023-1, se pidió informe justificado a las autoridades responsables, se dio a la representante social de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó el veintisiete de septiembre del año en curso, conforme al acta que corre agregada en autos; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tendría ejecución material en Reynosa, que pertenece a la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace constar que los actos reclamados son el auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, que inició con el número ********************, el procedimiento administrativo instaurado en contra del quejoso, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con asiento en Ciudad Victoria, así como la omisión de correrle traslado con los resultados de los exámenes de control de confianza, al momento de emplazarlo. Sirve de apoyo a tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que se intitula: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director General de Formación y Servicio Profesional de Carrera en su carácter de en su Carácter de Enlace con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (foja 101), Director General de Formación y Servicio Profesional de Carrera en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de las carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa Penal (folio 103), encargado del despacho de la Coordinación General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (páginas 123 a 126), con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y actuaria Ministerial adscrita a la Fiscalía de Distrito de Reynosa (hojas 80 y 81), ya que los negaron al rendir informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba que desvirtuara dichas negativas. Por ello, debe sobreseerse en el presente juicio, respecto del acto y autoridades a que se contrae este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, de la Sexta Época del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación (registro 917818), que es del rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otro lado, es cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con asiento en Ciudad Victoria (fojas 107 y 108), pues lo aceptó al rendir informe justificado, allegando copia certificada de las constancias que integran el procedimiento administrativo ******************** (legajo de pruebas); documentales que al ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo. En virtud de que no se advierte diversa causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164618), del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El análisis de los conceptos de violación, que se realizará en diverso orden al planteado, así como de las constancias que integran el procedimiento administrativo de origen, conduce a las siguientes consideraciones. Se aduce que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, pues no se estableció la gravedad de la conducta cometida y la no aprobación de los exámenes de control de confianza, se encuentra prescrita. Dichos motivos de disenso son inoperantes, en razón de que en el diverso juicio de amparo 500/2021-4, promovido por el propio quejoso, se dio contestación a esos alegatos, declarándose infundados, por lo que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior, constituyendo por ello cosa juzgada. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia I.4o.A. J/58 sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1919 (registro 170370), del tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." Por otro lado, se alega que se dio inicio al citado procedimiento administrativo de separación, sin que se acreditara la personalidad del encargado del despacho de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, lo que es violatorio del derecho fundamental de seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 de la Carta Magna. Es infundado dicho motivo de disenso. Ello, porque como lo aseveró la autoridad responsable en el acuerdo reclamado, no resulta necesario que obre en autos el nombramiento del servidor público, pues este se puede advertir de las constancias que obran en autos, en tanto que sí se encuentra glosado el oficio ******************** de doce de abril de dos mil veintitrés, signado por la Directora de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, del que se desprende que ******************** es el encargado del despacho de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, el cual tiene valor probatorio pleno. Al respecto, tiene aplicación la tesis I.7o.A.288 A del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Tomo XIX, Abril de 2004, página 1450, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 181694), del tenor: "PERSONALIDAD. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE REALIZARSE CON APOYO EN LAS CONSTANCIAS DE LOS AUTOS FORMADOS CON MOTIVO DE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA, A PESAR DE QUE AL RESPECTO NO EXISTA PRONUNCIAMIENTO EXPRESO.- Conforme al artículo 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, una manera de acreditar la personalidad es exhibiendo el documento en el que conste el reconocimiento que de ella haya hecho la autoridad fiscal. Ahora bien, en la citada fracción el legislador no precisó que el reconocimiento de la personalidad hecho por la autoridad administrativa deba ser expreso, de lo que se infiere que el reconocimiento puede ser también tácito, situación que ocurriría cuando en alguna actuación dada en la instancia administrativa se hace mención de que una persona actúa en representación de otra, lo que se advierte con mayor claridad cuando la demandada admite, tramita y resuelve un recurso administrativo interpuesto por una persona física en representación de una colectiva, ya que esa circunstancia implica tácitamente que no se puso en duda la representación con la que se ostentó el recurrente, con independencia de que el medio de defensa sea desechado por un motivo diverso." Y el criterio II.1o.P.27 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Tomo X, Agosto de 1999, página 800, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 193551), que marca: "SERVIDOR PÚBLICO. SU CARÁCTER NO SÓLO SE ACREDITA CON SU NOMBRAMIENTO.- El carácter de servidor público no sólo se acredita con el nombramiento, sino también puede hacerse mediante otros elementos probatorios como pueden ser un memorándum y copia fotostática certificada de alguna credencial que lo acredite como tal." Y finalmente, tampoco asiste razón al peticionario cuando alega en otro motivo de disenso que le causa agravio que la Ministerio Público responsable haya dado valor probatorio a los oficios ******************** de ocho de junio de dos mil veinte, ******************** de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, pues a tales comunicaciones no se anexaron los exámenes que reprobó el quejoso. Ello, porque contrariamente a lo que se alega, el primer oficio no fue relacionado en el acuerdo de inicio reclamado, y respecto del segundo, sí se anexaron los exámenes y sus resultados, pues claramente de la lectura del acto reclamado, se lee ".se obtuvo los resultados de los exámenes aplicados al Ciudadano ********************, mismos que en fecha 17 de marzo del 2023, fueron remitidos a esta autoridad, en sobre cerrado por el Maestro ********************, Director General de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado Enlace con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, mediante el oficio ********************, en los cuales se establece qué exámenes aprobó y cuales no aprobó, el Ciudadano ********************, para su ingreso al puesto de Perito Profesional, en la época de los hechos, remitiendo copia certificada del resultado con todos y cada uno de los exámenes de la evaluación aplicada correspondientes a las áreas Psicológica, Poligráfica, Socioeconómica, Médica y Toxicológica, contenida en el proceso de evaluación de control de confianza." (legajo de pruebas, foja 232) Además, al quejoso se le corrió traslado con copia de los exámenes en cuestión y de los resultados obtenidos, por lo que no puede alegar desconocimiento de su contenido (folio 96 y legajo de pruebas, hojas 237 y 238). En congruencia con lo expuesto, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de derechos fundamentales 1626/2023-1, promovido por ********************, respecto de los actos, autoridades y motivos precisados en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto al acto reclamado y por los motivos señalados en los apartados cuarto y quinto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Adriana Yolanda Vega Marroquín, jueza Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistida de Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  2. Principal

    Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio DGFSPC/ST/CSPCHJMCMPJAP/494/2023, signado por el Director General de Formación y Servicio Profesional de Carrera en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicios Profesional de Carrera Horno y Justicia para los Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa Penal, con residencia en Ciudad Victoria, y atención a su contenido, téngase informando la imposibilidad de remitir las constancias solicitadas en proveído de veintiuno de julio del año en curso.Notifíquese.

  3. Principal

    ...Visto el estado actual que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de Honor y Justicia para los Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa Penal, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no ha remitido las constancias que le fueron solicitadas en auto de veintiuno de julio del año en curso, ni obra en autos el acuse de recibido que acredite que ha quedado notificada del oficio a través del cual se le solicitaron. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

  4. Principal

    ... requiérase a la autoridad responsable con sede en Ciudad Victoria, Victoria, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia fotostática certificada íntegra y legible de las citadas constancias... Apercibida que de no hacerlo se le impondrá multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio... se difiere la audiencia constitucional y se fijan las once horas con cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés...

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