Jose Luis Vildosola Linares

Expediente 139/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 49 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
139/2021
Año
2021
Actuaciones
49
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Vildosola Linares
  • Rafael Santizo Lopez
  • Administradora Desconcentrada de Servicios Al Contribuyente Chiapas 2 S.A.T., Ciudad
  • Juez Tercero de Distrito En el Estado, Ciudad
  • Arcenio Lopez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que hayan interpuesto dicho recurso. En consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa ejecutoria la sentencia de nueve de junio de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado, en la que se resolvió sobreseer en el presente asunto. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y conforme al capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 3 ??????????????? documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO DE CUADERNOS INCIDENTALES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados; lo anterior acorde a lo dispuesto al artículo 21, inciso c) del acuerdo general relativo, y el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis. En términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 4 correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, se ordena la devolución de los tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 5 ??????????????? residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas del nueve de junio de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 139/2021, promovido por Ángel Geovanni Vázquez Pola, como apoderado general para pleitos y cobranzas de José Luis Vildosola Linares, contra actos del Juez Tercero de Distrito, con residencia en esta ciudad, sin la inasistencia de la partes. A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 13 a 22 2 Auto admisorio. 38 a 46 3 Emplazamiento a la autoridad responsable. 50 4 Emplazamiento a la Fiscal del Ministerio Público de la Federación adscrita. 50 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Cierto 51 a 52 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Autoridad Responsable: Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Documentales. 72 a 76, y dos tomos de pruebas por separado. 2 Quejosa Documentales 32 a 37 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las citadas documentales por su propia y especial naturaleza, a efecto de ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: El secretario hace constar ninguna de las partes los formuló, y por tanto, se cierra dicha etapa procesal. Posteriormente, la Jueza de Distrito acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, y se procede al dictado de la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 139/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el siete de abril de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Ángel Geovanni Vázquez Pola, quien se ostenta apoderado general para pleitos y cobranzas de José Luis Vildosola Linares, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el número de juicio 139/2021, y se previno a la parte quejosa para que acreditara con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta en este juicio de amparo, y señalara la fecha de conocimiento del acto reclamado, así como la forma en que le notificado. Posteriormente, una vez que la parte quejosa dio cumplimiento a la referida prevención, mediante auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: _ El acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario mercantil 21/2019 de su índice, por el que desechó el recurso de revocación promovido en contra del diverso acuerdo de veintiséis de febrero del presente año, por el que decretó medidas cautelares. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Secretario en Funciones de Juez, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que así deberá tenerse para los efectos legales correspondientes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro 1002815, Época: Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección-Procedimiento de amparo indirecto, Materia (s): Común, Tesis: 749, Página 830, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Este órgano jurisdiccional, advierte que en el caso particular se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, relacionada con el artículo 27, fracción III, inciso c), segundo párrafo, de la propia compilación legal. En efecto, de los antecedentes que obran en el sumario, se advierte lo siguiente: La parte quejosa promovió demanda de amparo en contra de la autoridad y por el acto reclamado precisado en la presente sentencia. Por lo tanto, y debido a que hay personas con un interés opuesto a aquélla, mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno [fojas 81 a 83], se ordenó el emplazamiento a juicio de los terceros interesados Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable; Arcenio López Cruz, en su calidad de Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable; Rafael Santizo López, Notario Público Número Setenta, con sede en Tapachula, Chiapas; Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad; Exal Moreno Tejeda, en su calidad de tercero llamado a juicio; Josefina Tejeda Pedroza conjuntamente con Manuel Enríquez Ruiz Espinosa, socios de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, por así haberlos precisado la parte quejosa en el escrito de demanda. Posteriormente, mediante auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno [foja 91], se agregó a los autos la razón actuaria de veintidós de julio de ese mismo año, en la que se hizo constar la imposibilidad de emplazar a los terceros interesados Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable; Arcenio López Cruz, en su calidad de Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable; Exal Moreno Tejeda, en su calidad de tercero llamado a juicio; y Josefina Tejeda Pedroza conjuntamente con Manuel Enríquez Ruiz Espinosa, socios de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable. En mérito de lo anterior, en esa propia determinación, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del aludido acuerdo, proporcionara algún otro domicilio en donde pudieran ser emplazados los terceros interesados antes mencionados. Posteriormente, en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno [fojas 94 a 96], se ordenó la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, respecto al domicilio de los terceros interesados Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable; Arcenio López Cruz, en su calidad de Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable; Exal Moreno Tejeda, en su calidad de tercero llamado a juicio; y Josefina Tejeda Pedroza conjuntamente con Manuel Enríquez Ruiz Espinosa, socios de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, toda vez que había transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa en diversa determinación de veintinueve de julio de ese mismo año, sin que hubiera señalado el domicilio actual y correcto de dichos terceros interesados. En ese sentido, se ordenó enviar oficio al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria; al Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva del Doce Distrito Electoral Federal, del Instituto Nacional Electoral; al Titular del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula; al Agente Comercial de Comisión Federal de Electricidad; al Encargado de la Tienda Telmex; al Titular de la Oficina de Catastro; al Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; al Delegado de Seguridad Turística y Vial Tapachula; y al Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos con residencia en esta ciudad, para efecto de localizar el domicilio de los citados terceros interesados, y se apercibió a la parte quejosa de que si no se obtenía dicho domicilio pese a la investigación realizada, se procedería en términos de lo establecido en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, es decir, se notificaría a los terceros interesados por medio de edictos, cuya publicación sería a su costa. Asimismo, en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno [fojas 94 a 96], se comisionó al actuario judicial de la adscripción para que emplace a juicio de manera inmediata al tercero interesado Rafael Santizo López, Notario Público Número Setenta, con sede en Tapachula, Chiapas, en el domicilio proporcionado por auto de diecinueve de julio de ese mismo año, facultándolo para que se comunicara al teléfono 962-218-2806, que se localizó en la página web https://comercioempresa.com/e/chiapas/7150126/notariapublica-70/. Posteriormente, mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno [fojas 111 a 114], se comisionó al actuario judicial de la adscripción para que emplazara a los tercero interesados Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, Arcenio López Cruz, en su calidad de Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, Exal Moreno Tejeda, en su calidad de tercero llamado a juicio, y Manuel Enríquez Ruiz Espinosa, socio de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los domicilios proporcionados por la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Chiapas 2 y el Encargado de la Oficina de Catastro, ambos con sede en esta ciudad. Asimismo, se ordenó enviar despacho al Juez Municipal, con sede en Frontera Hidalgo, Chiapas, para que por conducto del Actuario de su adscripción, emplazara a juicio a Josefina Tejeda Pedroza, socia de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio proporcionado por la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Chiapas 2, con sede en esta ciudad. Seguidamente, mediante acuerdo de veinticuatro de agosto dos mil veintiuno [fojas 121 y 122], éste órgano jurisdiccional se reservó a proveer respecto al emplazamiento de los terceros interesados Arcenio López Cruz, en su calidad de Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, de Exal Moreno Tejeda, en su calidad de tercero llamado a juicio, y de Josefina Tejeda Pedroza, socia de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los domicilios proporcionados por el Vocal Ejecutivo y Vocal del Registro Federal de Electores, con sede en esta ciudad. Asimismo, mediante acuerdo de veintiséis de agosto dos mil veintiuno [foja 128], éste órgano jurisdiccional se reservó a proveer respecto al emplazamiento del tercero interesado Exal Moreno Tejeda, en su calidad de tercero llamado a juicio, en los domicilios proporcionados por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio, con sede en esta ciudad. Por su parte, mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno [foja 130], se proveyó respecto a la razón actuarial de dieciocho de agosto de esa misma anualidad, en la cual se hizo costar la imposibilidad para emplazar al tercero interesado Rafael Santizo López, Notario Público número Setenta, con sede en esta ciudad, y se ordenó dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que proporcionara el domicilio actual y correcto de dicho tercero interesado. Posteriormente, mediante acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno [133 y 134], se ordenó la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, respecto al domicilio del tercero interesado Rafael Santizo López, Notario Público número Setenta, con sede en esta ciudad, toda vez que había transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa en diversa determinación de treinta de agosto de dos mil veintiuno, sin que hubiera señalado el domicilio actual y correcto de dicho tercero interesado. En ese sentido, se ordenó enviar oficio al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria; al Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva del Doce Distrito Electoral Federal, del Instituto Nacional Electoral; al Titular del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula; al Agente Comercial de Comisión Federal de Electricidad; al Encargado de la Tienda Telmex; al Titular de la Oficina de Catastro; al Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; al Delegado de Seguridad Turística y Vial Tapachula; al Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos con residencia en esta ciudad; y al Director de Archivo General y Notaria del Estado de Chiapas, con sede en la ciudad capital, para efecto de localizar el domicilio del citado tercero interesado, y se apercibió a la parte quejosa de que si no se obtenía dicho domicilio pese a la investigación realizada, se procedería en términos de lo establecido en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, es decir, se notificaría al tercero interesado por medio de edictos, cuya publicación sería a su costa. Seguidamente, mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno [fojas 153 y 154], se comisionó al actuario judicial de la adscripción emplazar al tercero interesado Rafael Santizo López, Notario Público número Setenta, con sede en esta ciudad, en el domicilio proporcionado por el Vocal Ejecutivo y el Vocal del Registro Federal de Electores, ambos del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Posteriormente, mediante citatorios de uno de octubre de dos mil veintiuno [fojas 160 a 163] se logró emplazar a juicio a los terceros interesados Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable y a Exal Moreno Tejeda. Por su parte, mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se proveyó respecto a las razones actuariales de uno de octubre de esa misma anualidad, en la cual se hizo costar la imposibilidad para emplazar a los terceros interesados Manuel Enríquez Ruiz Espinosa, socio de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable; Rafael Santizo López, Notario Público número Setenta, con sede en esta ciudad, y Arcenio López Cruz, en su calidad de Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable. Asimismo, en esa propia determinación se reservó ordenar el emplazamiento del tercero interesado Manuel Enríquez Ruiz Espinosa, socio de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de edictos, toda vez que las dependencias con sede en esta ciudad ya habían rendido informe sobre el domicilio donde podía ser notificado, y resultó infructuosa su localización. De igual manera, se tomó conocimiento de que el tercero interesado Arcenio López Cruz, en su calidad de Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, había fallecido el treinta de abril del año en curso. Seguidamente, mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno [fojas 187 y 188], se requirió a la autoridad responsable Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, informara respecto a la existencia de alguna actuación que obrara en el procedimiento de origen, respecto al deceso del aquí tercero interesado Arcenio López Cruz, en su calidad de Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, de lo cual se peticionó copia certificada para mayor constancia. Asimismo, por auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno [fojas 192 y 193], éste órgano jurisdiccional se reservó a ordenar el emplazamiento del tercero interesado Rafael Santizo López, Notario Público número Setenta, con sede en esta ciudad, por medio de edictos, toda vez que las dependencias con sede en esta ciudad ya habían rendido informe sobre el domicilio donde podía ser notificado, y resultó infructuosa su localización. Posteriormente, mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno [foja 198], se tuvo por recibido el oficio enviado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexó copia certifica del acta de defunción del tercero interesado Arcenio López Cruz, quien fungía como Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, y se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara en el término de tres días si conocía el nombre de la persona que actualmente funge como Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de ser el caso, el domicilio donde pudiera ser emplazado como tercero interesado en el presente asunto. Asimismo, en esa misma determinación, se solicitó a la autoridad responsable Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que informara si dentro del juicio de origen, obra constancia alguna de la designación de Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sustitución al finado Arcenio López Cruz, peticionando además que enviara copia certificada para mayor constancia. Por su parte, mediante acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós [foja 220], se tuvo por recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional en proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, informó que en el juicio oral mercantil 21/2019, no obra constancia alguna de la designación de Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en atención a ello, se requirió nuevamente la parte quejosa para efectos de que informara si ella era conocedora de la persona que funge como Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de ser el caso, proporcionara el domicilio donde pueda ser emplazado como tercero interesado en el presente asunto, apercibida que en caso de no hacerlo, previa investigación, se procederá a efectuar la notificación por medio de edictos a su costa, en términos del segundo párrafo, fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo. Seguidamente en veinticinco de enero de la presente anualidad [fojas 231 y 232], se reservó ordenar el emplazamiento del tercero interesado Comisario de la Sociedad Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de edictos, hasta en tanto se agotaran los medios de búsqueda para emplazar al resto de los terceros interesados. Posteriormente, mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós [foja 246 a 248], se tuvo por recibido sin diligenciar el despacho 94/2021, número de orden 200/2021, enviado a la Jueza Municipal de Frontera Hidalgo, Chiapas, para efectos de emplazar a la tercera interesada Josefina Tejeda Pedroza, socia de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, ordenando la baja la citada comunicación, así como el envío de nuevo despacho al citado órgano jurisdiccional para esos mismos efectos. Asimismo, por acuerdo de veintiocho de marzo del año actual [foja 375], se tuvo por recibido debidamente diligenciado el despacho 15/2022, con número de orden 53/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado a la Jueza Municipal de Frontera Hidalgo, Chiapas, para emplazar a la tercera interesada Josefina Tejeda Pedroza, socia de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, ordenando la baja la citada comunicación. Con motivo de lo anterior, por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós [fojas 379 a 381], se levantó la reserva decretada por autos de dieciocho y veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y veinticinco de enero del dos mil veintidós, ordenando el emplazamiento de los terceros interesados Rafael Santizo López, Notario Público Número Setenta, Manuel Enríquez Ruiz Espinosa socio de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de la persona que actualmente ocupa el cargo de Comisario de la Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de edictos que se publicarían por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, para que en el término de treinta días siguientes al de la última notificación, se apersonaran a juicio con tal carácter. Asimismo, en el acuerdo de referencia se ordenó a la parte quejosa que compareciera ante este órgano jurisdiccional a efecto de hacerle entrega de los edictos de mérito, para que a su costa, efectuara la publicación correspondiente, apercibiéndole que de no acreditar haberlos entregado para su publicación, dentro del plazo de veinte días, se sobreseería en el juicio de garantías, en términos del artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. De igual manera, se otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la parte impetrante manifestara bajo protesta de decir verdad que carecía de recursos económicos para sufragar los gastos de publicación, sin que hiciera manifestación alguna. Tal proveído fue notificado electronicamente a la parte quejosa el veintidós de abril de dos mil veintidós, sin que hasta la presente fecha la parte quejosa haya comparecido a este órgano jurisdiccional a recibir los edictos ni tampoco haya acreditado su publicación. En razón de lo anterior, como el interés de la parte quejosa no puede estar por encima del interés público, que es el que tutela el precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señala la ley y no sujetarse al interés de una de las partes, no existe en el caso posibilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que opera la causa de sobreseimiento contenida en el numera 63, fracción II, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso artículo 27, fracción III, de la misma legislación, al haber sido omisa la parte quejosa en recoger y publicar los edictos para emplazar a los terceros interesados Rafael Santizo López, Notario Público Número Setenta, Manuel Enríquez Ruiz Espinosa socio de Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de la persona que actualmente ocupa el cargo de Comisario de la Productora Agrícola del Soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable,. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 186587, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 64/2002, Página: 211, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Asimismo, es aplicable a lo anterior la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con datos de localización Época: Décima Época, Registro: 2014671, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Laboral, Tesis: XXVII.3o.34 L (10a.), Página: 2910, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS A UNO DE LOS TERCEROS INTERESADOS EN UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR HABERLOS ENTREGADO PARA SU PUBLICACIÓN CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO AUNQUE SE HAYA PODIDO EMPLAZAR A LOS RESTANTES. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe recogerlos, entregarlos para su publicación y acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega, dentro del plazo de 20 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo que los puso a su disposición, de no cumplir con lo anterior, se sobreseerá en el juicio, dado que los terceros interesados como "parte" deben ser emplazados como presupuesto procesal para dictar una sentencia válida que pueda perjudicarles. Por otra parte, de los artículos 870 a 891 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que el proceso laboral se rige por los principios de unidad e indivisibilidad, ya que deben resolverse en un solo laudo todos los puntos que integran la litis, sin que sea dable admitir la coexistencia de dos resoluciones de esa índole que diluciden parcialmente la controversia. Por lo anterior, cuando en un juicio laboral exista pluralidad de actores o demandados, si les resulta a una de esas partes el carácter de terceros interesados en los juicios de amparo que promueva su contraparte, todos deben ser emplazados, de tal suerte que si el quejoso no acreditó haber entregado para su publicación los edictos de uno de ellos, debe sobreseerse en el juicio aunque se haya emplazado a otros, ya que no podría analizarse el acto reclamado de manera parcial por lo que hace al quejoso y los terceros que sí fueron llamados, pues ello generaría que se infringieran los principios de unidad e indivisibilidad que rigen las resoluciones en materia laboral. Sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos que señala la jurisprudencia 108/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, agosto de 2012, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues en la especie, como ya se dijo, no se demostró en autos que la parte quejosa se encuentre en imposibilidad económica para lograr que la publicación de los edictos sea a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ya que fue omisa en desahogar la vista otorgada para esos precisos efectos en proveído de dieciocho de abril del presente año, en el que se le hizo del conocimiento el derecho humano que contempla a su favor el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Décima Época, Registro: 2006230, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Común, Tesis: 1a./J. 2/2014 (10a.), Página: 725, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA GRATUITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado y la consecuente prohibición de costas judiciales, están dirigidos a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. Por lo anterior, y acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles a que remite aquél, deriva que la publicación de los edictos "a costa del quejoso" a que se refiere el primero, corresponde únicamente al importe total que se cobre por dicha publicación en: a) el Diario Oficial de la Federación; y, b) un periódico diario de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces, la eventual erogación que realice el quejoso por la publicación de los edictos para poder continuar el juicio de amparo, no contraviene el principio de justicia gratuita porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material, por el cual, una entidad ajena al tribunal, da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para poder continuar con el trámite del juicio de amparo. Asimismo, se aplica la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Décima Época, Registro: 2006232, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Común, Tesis: 1a./J. 4/2014 (10a.), Página: 729, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por Ángel Geovanni Vázquez Pola, como apoderado general para pleitos y cobranzas de José Luis Vildosola Linares, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta, téngase por recibido y agréguese el oficio signado por la Jueza Municipal de Frontera Hidalgo, Chiapas, por medio del cual informa que el despacho 15/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, se devolvió el veinticinco de marzo del año actual. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de lo informado por la Jueza oficiante, sin que resulte necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la comunicación de referencia debidamente diligenciada. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de veinte días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, a efecto de que acredite haber entregado los edictos de emplazamiento de los terceros interesados Rafael Santizo López, Notario Público Número Setenta, de Manuel Enríquez Ruiz Espinosa, socio de Productora Agrícola del soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de la persona que ocupe actualmente el cargo de Comisario de la Productora Agrícola del soconusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, para su publicación. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 2 SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En esas circunstancias, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas del nueve de junio del dos mil veintidós para su verificativo, la cual preferentemente se llevará a cabo con la participación no física de las partes sino a través del envío de sus pruebas, alegatos o promociones, o de ser indispensable, mediante el uso de algún medio electrónico y/o tecnológico que permita realizar diligencias a distancia, en cuyo caso así debe hacerse del conocimiento oportuno de este órgano jurisdiccional por la parte interesada, a fin de realizar la preparación pertinente. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, tomando como base las medidas preventivas y lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020, 372020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los estadísticos correspondientes. Notifíquese.

Quedan 45 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano