José Luis Vicencio Galindo

Expediente 1157/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1157/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • José Luis Vicencio Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso José Luis Vicencio Galindo, a través del cual formula alegatos de su intención, los cuales con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, agréguense a sus autos para que obren como corresponda, sin perjuicio de hacer mención de los mismos en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, ofrece como pruebas en relación a este juicio, las que refiere en su escrito de cuenta; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de Amparo, dada su propia y especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento las documentales que menciona. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, las autoridades responsables: Director General de Instituto del Fondo Nacional para Vivienda para los Trabajadores; Apoderado Legal y/o representante legal, licenciada Liz Marlen Bravo López del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ambos con residencia en la Ciudad de México; y Director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no han rendido su informe justificado y no existe constancia alguna que acredite que hayan recibido el oficio por medio del cual se les solicitó........... En razón de lo anterior, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Director General del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en la Ciudad de México y de otras autoridades; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la misma; regístrese en el libro respectivo con el número 1157/2023-IX. Por otra parte, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5°, fracción IV, de la ley de la materia en vigor, dése la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito a este tribunal. No se tramita incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación de la materia, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por el quejoso, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no rendir su informe justificado en el plazo requerido, al resolver el fondo del asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción I, de la ley de la materia, a cada autoridad omisa se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada en relación a esa unidad, en la referida publicación de veintiocho del indicado mes y año. Asimismo, requiérase a las partes para que informen oportunamente a este tribunal si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia; con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos con veinte centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las ********************. Con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, téngase a la parte quejosa señalando como tercero interesado al ********************, con domicilio en ********************; por lo que se ordena su llamamiento a este conflicto constitucional mediante oficio, al que se le deberá anexar copia simple de la demanda; lo anterior, a fin de que si es su deseo, se apersone a hacer valer lo que a sus intereses convenga. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento por su propia y especial naturaleza, las documentales que adjunta la parte quejosa al escrito de demanda de garantías. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el descrito en su ocurso de cuenta y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************y********************, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que hace a la designación de ********************, se le faculta únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto demuestre ante este tribunal contar con cédula profesional que la acredite como licenciada en derecho. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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