José Luis Vazquez Requena
Expediente 645/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Luis Vazquez Requena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA SOBRESEE- SE ORDENA ARCHIVO- SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL .veinte de julio de dos mil veintidós . En Tampico, Tamaulipas, a las once horas del veinte de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 645/2022, promovido por ******************** al estar en audiencia pública Rosa Elena Amador Ramírez, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, designada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio CCJ/ST/2322/2022, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante Ibrahim Omar Oliver Badillo Secretario, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha. Se declara abierta la presente audiencia sin la asistencia personal de las partes, lo que no les depara perjuicio, pues si bien los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permite el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia, ninguna de las partes expresó su intención de emplearlo, aunado a que estuvieron en aptitud de alegar en forma escrita, mediante la presentación de promoción física o electrónica, en los términos indicados en el acuerdo mediante el cual se fijó la celebración de la presente audiencia. Enseguida, el Secretario hace relación de las constancias de autos, de las cuales se destacan, el escrito inicial de demanda, auto de admisión de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, e informe justificado rendido por las autoridades responsables. Luego, la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias a tomarse en consideración al momento de dictar la resolución constitucional correspondiente. Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio, en esta etapa se tienen por ofrecidas las documentales allegadas por la autoridad responsable como complemento a su informe justificado. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, al haberse tenido por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales allegadas por la autoridad responsable, se tienen por desahogadas, dada su propia naturaleza, y toda vez que no existen pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Acto continúo, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar que las partes no ejercieron su derecho para formular alegatos, y con la circunstancia de que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Se da por precluído el derecho de las partes para hacerlos valer, en virtud de no haber comparecido a la presente audiencia ni formularlos por escrito; en consecuencia, al no existir diligencia pendiente por desahogar, se declara cerrado este período. El Secretario certifica y hace constar que al no haber promoción pendiente de acuerdo, recursos por substanciar, ni pruebas por desahogar; el presente asunto se encuentra totalmente integrado, se declara cerrada la audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente RESOLUCIÓN. Vistos, para resolver los autos que integran el juicio de amparo 645/2022, promovido por ******************** contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, y turnado al día siguiente a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, ******************** promovió juicio de amparo en contra de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Presidente y Actuarios adscritos, con residencia en esta ciudad, por los actos mencionados en el escrito de demanda, sin que resulte obligatoria su transcripción, atento a la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal trascripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías." La parte quejosa señaló como derechos humanos violados en su perjuicio los tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, fracción XIX, último párrafo, del Acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud que se reclaman actos de naturaleza laboral, cuya omisión se atribuye a una autoridad comprendida dentro del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. La demanda de amparo indirecto se presentó con la oportunidad debida en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues al haberse reclamado a la autoridad responsable un acto omisivo, la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de quince días referido en el citado numeral para interponer la demanda de amparo. Por otra parte, la quejosa está legitimada para promover la demanda de amparo en comento, ya que es titular de un derecho subjetivo que le afecta de manera personal y directa, esto es, porque es parte dentro del expediente 81/2021, del índice de la Junta responsable. TERCERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el citado Pleno, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama: La omisión de dictar el acuerdo correspondiente a las de pruebas ofrecidas en el expediente laboral 81/2021. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por cuestión de técnica jurídica, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, previamente a analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, debe precisarse su existencia o inexistencia, tal como lo señala la jurisprudencia XVIII.2°.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en la página sesenta y ocho, del Tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Presidente y Actuario adscritos, residentes en esta ciudad, al rendir su informe justificado admitieron la existencia de los actos reclamados atribuidos. Elemento de prueba al que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales, practicadas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Y la jurisprudencia 226, en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, la cual establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia, sea que las partes las aleguen o que se adviertan de oficio, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Argumento que se sostiene en términos de la Jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, del Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido, resulta pertinente precisar de oficio, en la especie, se advierte la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del contenido literal de ese precepto legal, se advierte que el juicio de garantías es improcedente en contra del acto reclamado que ha cesado en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que esta causa de improcedencia surge cuando la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio. Estas consideraciones tienen su fuente en la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Febrero de 1998, página 210, cuyo texto es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Dicha jurisprudencia tiene plena aplicación, pues el contenido normativo de los artículos interpretados en ella, esto es, el 73, fracción XVI y el 80 de la Ley de Amparo anterior, es similar al de los artículos 63, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija. Así las cosas, la causal de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria en consulta, consiste en la cesación de efectos del acto reclamado y se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. En el caso, debe destacarse como premisa fundamental, que la aquí quejosa aduce medularmente como motivo de agravio la omisión de la Junta responsable de dictar el acuerdo correspondiente a las de pruebas ofrecidas en el expediente laboral 81/2021. Sin embargo, resulta trascendente para resolver el presente juicio que el veinticuatro de junio de dos mil veintidós la junta responsable, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, donde proveyó lo relativo a las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen. Bajo tales consideraciones, este Juzgado Federal advierte, como se dijo en líneas que anteceden, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues como se anticipó, de las constancias que obran en autos, con valor probatorio pleno, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la omisión de la Junta responsable de dictar el acuerdo de las de pruebas ofrecidas en el expediente laboral 81/2021. Omisión subsanada mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen. Lo que se traduce en la actualización de la causal de improcedencia antes mencionada. Con base en lo expuesto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que, la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, cuya omisión de hacerlo constituye el acto reclamado en el presente juicio, esto es, aquella se subsanó con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que dio origen a este juicio. Lo anterior pone de manifiesto que la violación constitucional que la parte quejosa combate en el presente juicio de amparo, con motivo de la omisión de la autoridad responsable, quedó reparada. En tal virtud, no es dable abordar el estudio de la constitucionalidad del acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación en lo conducente, la Jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente expresa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También, resultan aplicables a los razonamientos que preceden los criterios jurisprudenciales siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Finalmente, cabe resaltar que las tesis y criterios aquí enunciados se aplican en la medida en que no se oponen a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en términos del Artículo Sexto Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107 fracción II, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ******************** respecto al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, precisadas en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el considerando quinto. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y por oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables. Así lo resuelve y firma electrónicamente Rosa Elena Amador Ramírez, Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, designada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio CCJ/ST/2322/2022, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante Ibrahim Omar Oliver Badillo Secretario quien autoriza y da fe, mediante firma electrónica, con fundamento en los artículos 3, fracción I y V, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe. REAR/IOOB/DAMR .veinte de julio de dos mil veintidós.
- Principal
transcurre plazo con constancias de informe... En tales consideraciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las once horas del veinte de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Tampico, Tamaulipas, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, allega copia certificada de diversas actuaciones efectuadas en autos del expediente laboral *******. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su intención las documentales que allega las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. En consecuencia, pónganse dichas pruebas a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese y cúmplase...
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