Jose Luis Vazquez Parra
Expediente 270/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/05/2023
Partes del expediente
- Jose Luis Vazquez Parra
- Primer Tribunal Laboral del Estado, Con Sede En Puebla, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
AVISO TERCEROS INTERESADOS. San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, en contra de los actos reclamados al Presidente Municipal y Director de Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de Santiago Miahutlán, Puebla, los cuales quedaron precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de los actos reclamados a la Juez y Diligenciara, ambas adscritas al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, los cual quedaron precisados en el considerando segundo, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Primer Tribunal Laboral del Estado con sede en Puebla, para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este proveído, dé cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberán: "a) En cumplimiento a las facultades que le otorga la ley, dicte la sentencia a que se refiere el artículo 873-J de la Ley Federal del Trabajo vigente en el juicio laboral *********." Con el apercibimiento que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la junta responsable no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede. Finalmente, y tomando en consideración que mediante proveído de dieciséis de marzo del año en curso se formó el ANEXO I con las copias certificadas remitidas por el Juez del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, devuélvase a la referida autoridad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y la certificación que antecede, ha fenecido el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós, se concedió la protección de la justicia federal para los efectos siguientes: En ese sentido, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a , también conocido como , para el efecto de que la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla: 1. Deje insubsistente el acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número . 2. Con libertad de jurisdicción emita otro, en el cual funde y motive el apercibimiento, atendiendo a lo plasmado en esta sentencia. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director de Seguridad Pública Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, por no combatirse por vicios propios. Así, en cumplimiento a lo anterior el juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla dictó el proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, por el cual dejó insubsistente el acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós y emitió uno nuevo en los siguientes términos: . EXPEDIENTE NÚMERO Tehuacán, Puebla; doce de enero de dos mil veintitrés. A virtud de lo anteriormente se procede a dictar el siguiente previsto: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, 1054, 1063, 1067 y 1339 del Código de Comercio, por lo que hace al primer escrito de ALBERTO ROBLEDO GUEVARA Y/O ANASTACIO ALBERTO ROBLEDO GUEVARA, se tiene al promovente haciendo manifestaciones y a las mismas dígase que se esté a lo acordado por auto once de agosto de dos mil veintiuno. En relación al segundo de sus escritos, dígase al promovente que no ha lugar a admitir el recurso de apelación que propone, en virtud de que tal y como lo dispone el artículo 1339 del Comercio de Comercio [sic], Son irrecurrible las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiéndose actualizar dichas cantidades anualmente. Finalmente por lo que hace al escrito de Antonio Rodríguez Flores, con fundamento en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, 1054, 1063 y 1067 bis del Código de Comercio, toda vez que la parte demandada ALBERTO ROBLEO GUEVARA Y/O ANASTACIO ALBERTO ROBLEDO GUEVARA, sin causa justificada no ha realizado la entrega de los bienes que le fueron embargados en diligencia de seis de julio de dos mil seis, no obstante habérsele requerido, en diligencias de seis de agosto de dos mil once, dieciocho de septiembre de dos mil nueve, veinte de abril de dos mil diez, tres de marzo de dos mil once, veintinueve de junio de dos mil once, veintidós de marzo de dos mil veintidós; es por lo que se hace efectivo el requerimiento ordenado por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, tomando en consideración la actitud contumaz con la que se ha conducido el demandado ALBERTO ROBLEDO GUEVARA Y/O ANASTACIO ALBERTO ROBLEDO GUEVARA, al no realizar la entrega de los bienes embargados a la parte actora ANTONIO RODRÍGUEZ FLORES, no obstante el requerimiento realizado como o solicita el actor, se decreta en contra del demandado y/o un arresto hasta por treinta y seis horas. Así las cosas, es preciso citar el siguiente dispositivo legal Artículo 1067 bis del Código de Comercio y que a la letra dice: Artículo 1067 bis.- Para hacer cumplir sus determinaciones el Juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes sin que para ello sea necesario que el juzgador se siña [sic] al orden que a continuación se señala: I.- Amonestación. II.- Multa hasta de $7,955.48 monto que se actualizara en términos del artículo 1253 fracción VI. III.- El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere ne esario, y IV.- Arresto hasta por treinta y seis horas; Si el Juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al ministerio Público. Luego entonces, con las facultades que le confiere al Suscrito dicho dispositivo legal invocado y además tiene como objetivo en el presente Juicio, es lograr que toda determinación Judicial se cumpla. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia consultable bajo el rubro y texto siguiente: ARRESTO CUANDO ES DECRETADA POR UN JUEZ DE LO CIVIL PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, NO ES INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Así como la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia civil del Séptimo Circuito, consultable bajo el rubro y texto siguiente: ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 17, 21 Y 22 CONSTITUCIONALES. En consecuencia, se ordena girar oficio al Director General de Seguridad Pública Municipal de la Población de Santiago Miahuatlán, Puebla, para que a través de los elementos a su mando procesan a la detención de ALBERTO ROBLEDO GUEVARA Y/O ANASTACIO ALBERTO ROBLEDO GUEVARA, y lo integren en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, para que cumpla con el arresto decretado en su contra. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO. De lo anterior, se advierte que el juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Tehuacán, Puebla, al emitir el auto de doce de enero de dos mil veintitrés, decretó una orden de arresto en contra del demandado Alb por hasta treinta y seis horas, sin que al efecto haya señalado un lapso concreto como límite para la imposición del arresto decretado, así como tampoco estableció la gravedad de la infracción cometida por parte del infractor para señalar la temporalidad de la sanción, pese a que ello fue señalado al momento de dictar la sentencia correspondiente. Ahora, debe precisarse que la preposición hasta se emplea para expresar el término de tiempo, por lo que si bien el mencionado precepto no señala expresamente un límite mínimo, éste debe entenderse como el de una hora, por ser ésta la unidad utilizada para imponer la referida medida de apremio, hasta el límite máximo de treinta seis horas. Lo anterior es así, pues si la intención del legislador hubiera sido fijar una sanción rígida, en el sentido de que el arresto fuera por un término exacto y preciso, así lo hubiera hecho y simplemente hubiera dispuesto que la medida de apremio de que se trata, sería por ese número específico de horas y no hubiera empleado la palabra "hasta", por lo que al haber incluido dicha preposición, es inconcuso que lo que se pretendió con esa redacción es precisamente que la sanción máxima comprendiera treinta y seis horas. En tales circunstancia, es indiscutible que el juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Tehuacán, Puebla, al haber hecho efectivo el apercibimiento decretado dejó abierta la posibilidad de que la pena también pudiera ser menor de ese lapso, siendo que el mínimo resulta ser una hora, toda vez que la hora corresponde a la unidad de medida, empleada para establecer la multicitada disposición de apremio. Por lo que la autoridad responsable, al haber hecho efectivo el apercibimiento -precisado en auto de doce de enero de dos mil veintitrés- debió señalar la temporalidad para la compurgación de dicha sanción, los cuales deben cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, para lo cual debe razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración máxima o mínima de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta los elementos objetivos que corresponden a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor, para así determinar legalmente el tiempo de arresto que le corresponde al sujeto sancionado. Pues de lo contrario, la fijación genérica e imprecisa de la medida de apremio hasta treinta y seis horas, conculca la garantía de seguridad jurídica del quejoso y se le dejaría en estado de indefensión, al no conocer, en forma precisa, porqué la temporalidad de su arresto ante su contumacia. Lo anterior, en virtud de que el particular debe tener certeza del mandamiento que le ordena hacer, o dejar de hacer algo, así como sus consecuencias en caso de desacato. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 20/2001, registro digital 189438, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, página 122, Novena Época, de rubro y texto siguiente: MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Así como la jurisprudencia VI.2o.C. J/265, con registro digital 174787, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de página 834, Novena Época, de rubro y texto siguiente: ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). En ese orden de ideas, se advierte que no se encuentran colmados los conceptos precisados para el cumplimiento del fallo protector, ya que el auto de doce de enero de dos mil veintitrés carece de los requisitos esenciales de legalidad y certeza jurídica que fueron analizados al momento de dictar la sentencia de amparo dentro del presente sumario; asimismo, tampoco plasmó la duración de la medida de apremio de arresto que aplicaría, omitiendo señalar los motivos por los cuales consideró idóneo aplicar el arresto [ya sea por la mínima de una hora o la máxima de treinta y seis horas], al no establecer la gravedad de la infracción cometida por parte del infractor. En las relatadas condiciones, no se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Así, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y al director general de seguridad pública municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, den cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberán realizar: Inmediatamente se deje sin efectos el auto de doce de enero de dos mil veintitrés, por lo que el juez responsable deberá dictar uno nuevo en el que atienda cada uno de los efectos por los cuales se concedió el amparo, consistentes en: En ese sentido, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a también conocido como para el efecto de que la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla: 1. Deje insubsistente el acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número 2. Con libertad de jurisdicción emita otro, en el cual funde y motive el apercibimiento, atendiendo a lo plasmado en esta sentencia. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director de Seguridad Pública Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, por no combatirse por vicios propios. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cabal cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras, cada una, a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con 74/100, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica que, en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, las personas físicas que ostenten la titularidad de los cargos como autoridades responsables, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; por lo que el presente requerimiento se entenderá dirigido a dichos substitutos, así como el apercibimiento decretado en el presente auto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla y anexo, por medio del cual, en cumplimiento al auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, remite copias certificadas de las constancias que integran el acto reclamado. Ahora, atendiendo a la voluminosidad de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, se ordena formar el ANEXO I, el cual conservará su folio original; del mismo modo, se hace constar que en términos de los artículos 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a disposición de las partes en el expediente impreso, asimismo, se agregan en su versión electrónica. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciadas las documentales que la responsable anexo al oficio de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por tanto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer a las partes la llegada de tales constancias, mismas que serán tomadas en consideración con el valor que la ley les concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante desahogando el requerimiento formulado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que fue conminado.
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