José Luis Vázquez González

Expediente 668/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
668/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • José Luis Vázquez González
  • Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje
  • José Luis Vázquez González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a nueve de enero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Iria Cárdenas Lozano, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. La Secretaria. Lic. Iria Cárdenas Lozano.

  2. Incidental

    CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a nueve de enero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Iria Cárdenas Lozano, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. La Secretaria. Lic. Iria Cárdenas Lozano.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/4237/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las catorce horas con veinticinco minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, se procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 668/2021-II, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que la Agente del Ministerio Público de la Federación no realizó pedimento alguno. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 668/2021-II, promovido por José Luis Vázquez González por sí y como propietario del negocio denominado Restaurante el Mesón de Don José, contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y otra autoridad, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el mismo día, José Luis Vázquez González por sí y como propietario del negocio denominado Restaurante el Mesón de Don José, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y Actuario Notificador y Ministro Ejecutor de la citada Junta, que hizo consistir, en el siguiente: "IV.- ACTOS DE AUTORIDAD RECLAMADOS. 1.- Del C. Actuario Notificador y Ministro Ejecutor, le reclamo el ilegal y pretendido emplazamiento a juicio del quejoso de garantías José Luis Vázquez González, en lo personal y como propietario del nombre comercial Restaurante El Mesón de Don José, en los autos del expediente laboral 1/19/4999, ya que adolece de las formalidades y solemnidades que la ley reviste para dicho acto jurídico y que desde luego violentaron la garantía de audiencia en grado predominante y superior, privando a nuestra representada de cualquier defensa. 2.- De la H. Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje.- Le reclamamos todas y cada una de las actuaciones procesales que le siguieron al ilegal emplazamiento en el Juicio Laboral identificado con el número 1/19/4999, hasta la emisión del Laudo que puso fin al juicio ordinario, así como cualquier otra actuación que haya emitido con posterioridad al emplazamiento, por estar sustentadas precisamente en una actuación tildada de nula, inconstitucional, y que ha derivado en un laudo condenatorio e perjuicio del hoy quejoso José Luis Vázquez González, en lo personal y como propietario del nombre comercial Restaurante El Mesón de Don José, sin que ésta haya sido debidamente llamado a juicio." SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 668/2021-II; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia laboral con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte impetrante consiste, en concreto, el emplazamiento a juicio del quejoso José Luis Vázquez González, en lo personal y como propietario del nombre comercial Restaurante El Mesón de Don José, en los autos del expediente laboral 1/19/4999, y todas y cada una de las actuaciones procesales que le siguieron al emplazamiento hasta el laudo. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario adscrito, con sede en esta ciudad, al haber admitido la certeza del mismo. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la junta responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede llevar a cabo el análisis de las causas de improcedencia del juicio, por ser una cuestión de orden público y análisis preferente. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, la parte quejosa combate por esta vía el emplazamiento realizado en el juicio laboral 1/19/4999, contra el cual procede el incidente de nulidad previsto en el artículo 762, en relación con el diverso 752, ambos de la Ley Federal del Trabajo. Estudio del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es menester precisar que en el presente juicio de amparo, la parte quejosa se ostenta como persona extraña a juicio, aduciendo una violación a su derecho de audiencia, al no haber sido debidamente emplazada al juicio laboral de origen. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya indicó qué había de entenderse por persona extraña a juicio stricto sensu, así como, por persona extraña a juicio por equiparación. En este marco se tiene, por una parte, la institución de lo que la jurisprudencia se ha encargado de denominar tercero extraño a juicio por equiparación, que se identifica con la persona que, siendo parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al respecto por encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental, alegan en el juicio de amparo. Dentro de la misma línea se encuentra el tercero extraño stricto sensu, que a diferencia del anterior, éste es ajeno a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio y, no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo. En ese supuesto, el tercero extraño en su sentido literal acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. Así, como ya se adelantó, en el presente caso, la parte quejosa acude al amparo ostentándose como tercero extraño a juicio por equiparación. Bajo este contexto, el Máximo Tribunal del país, distinguió tres hipótesis al respecto: 1) Cuando la falta de citación hizo que el demandado no conociera de ninguna forma que existía un juicio en su contra, enterándose del mismo cuando ya existe sentencia definitiva o laudo y ya no tiene oportunidad de oponer defensa alguna. 2) Cuando a pesar de no haber sido legalmente emplazado conoce de la existencia del juicio y comparece al mismo antes de dictarse sentencia o laudo; y 3) Cuando conoce de la existencia de una sentencia dictada en un juicio seguido en su contra y todavía hay la posibilidad de agotar el medio de defensa correspondiente. En ese sentido, cuando la parte quejosa es la demandada en el juicio natural y tiene conocimiento del mismo antes de que se dicte la sentencia definitiva o laudo, no puede equiparársele como persona extraña a juicio, porque sólo tienen ese carácter quienes no son parte en el propio juicio o quienes siendo parte en éste, la falta de emplazamiento o la inexistencia del mismo le impidieron conocer la existencia del juicio seguido en su contra. Lo anterior, así fue sustentado en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia número P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.". Más tarde, el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia número P./J. 39/2001, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY." Enfatizó que cuando una persona se ostenta extraña al procedimiento, es necesario el desconocimiento total del procedimiento de donde surge el acto reclamado, porque esa falta de conocimiento es lo que le genera un estado de indefensión y, por ende, el quejoso no está en posibilidad de promover los medios ordinarios de defensa en dicho proceso. De tal suerte que la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa el carácter de persona extraña al procedimiento y la consecuencia será, que el Juez de Distrito decrete el sobreseimiento, fundamentándose la improcedencia en que el quejoso no es persona extraña al juicio, precisamente por haber conocido del procedimiento ordinario antes de dictarse la sentencia definitiva o laudo, quedando en posibilidad de defenderse dentro del juicio de origen y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo. A condición claro está, que la demanda de amparo se haya promovido en el plazo que señala la ley de la materia para su presentación, porque de no ser así, la causal de improcedencia que se actualizaría sería una diversa. Sobre este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 67/2013 (10a.), de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).", fijó postura en el sentido de que la calidad de tercero extraño a juicio por equiparación (en el preciso caso en que dicho juicio no se ha resuelto) se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, sin que sea un requisito adicional la comparecencia del quejoso a dicho proceso judicial. Tomando como parámetro lo anterior, en el caso concreto, la parte quejosa comparece al presente juicio de amparo ostentándose tercero extraño por equiparación a un juicio laboral, reclamando precisamente, el ilegal emplazamiento al mismo y sus consecuencias legales. De ahí que tal acto, según lo indica, lo colocó en un estado de indefensión, porque desconoció de todas y cada una de las actuaciones acaecidas en el mismo, sin siquiera dársele la oportunidad de comparecer en defensa de sus intereses. Pese a tales afirmaciones, al quejoso no le asiste el carácter de persona extraña por equiparación, porque si bien, aduce no haber sido llamado formalmente al procedimiento natural, tienen pleno conocimiento de su existencia, ya que se apersonó a dicho juicio mediante promoción que presentó el veinte de marzo de dos mil veinte ante la Junta señalada como responsable, en cuya promoción designó apoderados legales, a la cual le recayó el proveído de diez de marzo siguiente, reconociéndoles el carácter de apoderados legales a las personas que designó para tal efecto. Y el laudo en el expediente laboral 1/19/4999, fue emitido el veintiséis de noviembre de dos mil veinte (ocho meses y dieciséis días después, de haberse apersonado al mismo). En consecuencia, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar en la instancia de origen, el medio ordinario de defensa para reclamar el acto que aquí combate, esto es, el indebido emplazamiento. Es aplicable en la especie, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 198/2008, cuyo rubro es: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES.". En mérito de lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.].". El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. De la lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa sea factible de interponer dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior, patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar el acto impugnado. Con lo citado anteriormente, conviene precisar que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados ahora en estudio, son el emplazamiento practicados al aquí quejoso en el expediente 16/2018. Ahora bien, los artículos 752, 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo establecen: "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo.". "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 762.Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones: I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; (.).". "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." De los dispositivos en cita se desprende la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones contra las notificaciones que no se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el Título Catorce, Capítulo VII, denominado "De las Notificaciones", de la Ley Federal del Trabajo, esto es, el aludido cuerpo normativo establece un medio de defensa ordinario en virtud del cual puede ser anulada la notificación practicada por un actuario adscrito a una autoridad laboral. Bajo este contexto, si contra las notificaciones reclamadas, practicadas en el juicio laboral de origen, resulta procedente el incidente de nulidad, es evidente que en términos de lo establecido por los artículos reproducidos emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fueran nulificadas tales diligencias actuariales, el hoy quejoso debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; al no hacerlo así, no se ve colmado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, ya que la legislación que rige la institución procesal de que se trata, esto es, Ley Federal del Trabajo, prevé un medio ordinario de defensa mediante el cual se puede modificar, revocar o nulificar las actuaciones reclamadas; la parte quejosa, debió interponer el incidente de nulidad en contra del emplazamiento practicado en el juicio laboral de origen. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J.65/2002, cuyo rubro es: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO.". Asimismo, por analogía, la tesis de jurisprudencia número IV.3o.T. J/51, de rubro: "NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y NO EN EL AMPARO DIRECTO.". Así también resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número I.6o.C. J/37, cuyo rubro es: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.". Todo lo antes expuesto, se afirma de tal manera, toda vez que las diligencias reclamadas, no se tratan de actos que importen peligro de privación de la vida ni incide en la libertad personal de las partes dentro o fuera de procedimiento; ya que no se tratan de una orden de aprehensión o reaprehensión, no son un auto de vinculación a proceso, ni niegan la libertad bajo caución o aquellas que establecen los requisitos para su disfrute y menos aún son una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, ni constituyen una orden de arresto. Tampoco tienen por efecto la incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, ni la extradición y no se tratan de una desaparición forzada de personas, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. A lo anterior, es aplicable en lo sustancial, la tesis de jurisprudencia 1a./J.113/2013 (10a.) de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.". Asimismo, se cita la tesis aislada número 2a. LVI/2000, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Máxime que, contrario a lo manifestado por la parte promovente y, como quedó asentado en párrafos que anteceden, de las constancias que integran el juico, se permite concluir que la parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento natural, por lo que se encontraba obligada a agotar los medios ordinarios de defensa para promover en contra de las diligencias que se tildan de ilegales el incidente de nulidad previsto en el artículo 762, en relación con el diverso 752, ambos de la Ley Federal del Trabajo. Ya que a través del mismo, pudo obtener la nulificación de la diligencia aquí reclamada y, en consecuencia, las de aquellas actuaciones que a su parecer, dada la ilegalidad del emplazamiento, también consideraron les causaban un perjuicio. En ese contexto, se concluye que atendiendo el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del citado acto con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Luis Vázquez González por sí y como propietario del negocio denominado Restaurante el Mesón de Don José, contra las autoridades y actos citados en el considerando tercero, por las razones precisadas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.

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