José Luis Vazquez Gallardo y Otros.

Expediente 394/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
394/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
09/07/2018

Partes del expediente

  • José Luis Vazquez Gallardo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a nueve de julio de dos mil dieciocho. Vista la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, devuélvanse al Juzgado Sexagésimo Tercero Penal y a la Tercera Sala Penal, ambos de esta ciudad, los anexos que remitieron, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 394/2018, promovido por Jose Luis Vazquez Gallardo y Luis Gerardo Vazquez Cabello, contra actos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintidós de mayo pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, los quejosos en cita solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. Los solicitantes de amparo narraron los antecedentes de los actos reclamados, formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes y señalaron transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de veintitrés siguiente, se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 394/2018; se solicitó a las responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito a la sala y juzgado responsables; finalmente, se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se obtiene que los actos reclamados lo constituyen la resolución de dos de mayo pasado, emitida por la Tercera Sala Penal, en el toca 97/2018, que confirmó la determinación de veintiocho de febrero anterior, dictada en la causa penal 320/2017 antes 147/2015, en que se resolvió que es "inoperante" la petición de los quejosos en el sentido de que se les tenga por acogidos nuevamente al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como su ejecución que se atribuye al Juez Sexagésimo Tercero Penal y Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, todas las autoridades de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de la sala y juez responsables, pues así lo admitieron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada del toca y causa que anexaron, entre cuyas constancias se encuentra la resolución reclamada; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También es cierto el acto de ejecución que se atribuye al director en cita, pues no obstante que lo negó al rendir su informe, lo cierto es que el quejoso se encuentra interno en el centro de reclusión a su cargo, de ahí que debe tenerse por desvirtuada su negativa y como cierto el acto que se le imputa. CUARTO. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio que se actualice alguna, procede analizar los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es infundado el concepto de violación hecho valer por los amparistas, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. A fin de evidenciar lo anterior, para mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los antecedentes de la resolución reclamada, que son los siguientes: 1. El once de septiembre de dos mil quince en la causa 147/2015, del orden del Juzgado Sexagésimo Segundo Penal de esta ciudad, se dictó sentencia contra los amparistas por el ilícito de robo agravado, en que se les impuso la pena de cuatro años, nueve meses, dieciséis días de prisión; determinación que causó ejecutoria el veinticuatro siguiente al no haber sido impugnada. 2. El veinticinco de septiembre de ese año, se tuvo a los sentenciados por acogidos al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ordenándose su libertad. 3. El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en virtud de la extinción del Juzgado Sexagésimo Segundo indicado, su similar Sexagésimo Tercero, tuvo por recibida dicha causa, registrándola con el orden 320/2017. 4. El cuatro de octubre siguiente, dado que los sentenciados incumplieron con el beneficio concedido, se les revocó dicho beneficio, ordenándose su reaprehensión, la cual fue cumplimentada el tres de enero del año en curso. 5. El veintitrés de febrero del año en curso, se admitió a trámite el incidente no especificado hecho valer por los sentenciados, a fin de que se les concediera nuevamente el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en que mediante resolución de veintiocho de ese mes, se hizo de su conocimiento que era "inoperante" su petición, determinación que fue confirmada por la sala responsable el dos de mayo pasado al resolver el toca 97/2018. Siendo esta última determinación la que constituye el acto que por esta vía se impugna. Así, es necesario indicar que la resolución reclamada constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeta a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Consecuentemente, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que el mismo, contrario a lo que afirman los quejosos en su concepto de violación, está adecuadamente fundado y motivado, porque la sala responsable fundó su determinación en los preceptos que consideró aplicables, exponiendo las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que confirmó la negativa de concederles nuevamente el beneficio solicitado, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ello es así, ya que los motivos que tomó en consideración la sala responsable, para arribar a esa determinación consistieron en lo siguiente: - Como lo indicó el juez del conocimiento, en la sentencia dictada contra los amparistas se les concedió el beneficio, en lo que interesa en los siguientes términos: ".Apercibido el enjuiciado (sic) que en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, se hará efectiva la pena suspendida y la garantía otorgada.". - Que en virtud de que los sentenciados se acogieron a dicho beneficio, fueron puestos a disposición del Director Ejecutivo de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de esta ciudad, quien informó incumplieron con las obligaciones procesales impuestas, por lo que se les revocó tal beneficio. - Es insuficiente para tener por justificado su incumplimiento, que los enjuiciados hayan indicado ".Al habernos presentado al juzgado nos indicaron que dejáramos de firmar y que nos fuéramos lejos, no lo hicimos por eso estamos aquí nuevamente.", pues dicha manifestación no tiene sustento. - Que no obstante que en la sentencia emitida contra los amparistas el juez precisó la consecuencia para el caso de su incumplimiento, dejaron de cumplir, situación que dicho juzgador consideró como falta grave y ante la solicitud del agente del Ministerio Público de su adscripción revocó el beneficio concedido. - La ley no prevé la "reactivación" del beneficio. - Queda al arbitrio del juez hacer efectiva la pena suspendida. - No es procedente conceder el beneficio en términos del numeral 92 de dicho ordenamiento porque este sólo autoriza la tramitación del incidente para el supuesto de que al momento de dictarse sentencia no se hubiera pronunciado el juez, lo que en el caso no acontece. En ese orden, fue correcto que la sala responsable confirmara la negativa de otorgar a los quejosos nuevamente el beneficio solicitado, pues como bien indicó, incumplieron con las condiciones derivadas de dicho beneficio, pues así lo informó el Coordinador de la Dirección Ejecutiva de Control mencionada, ya que sólo realizaron doce presentaciones posteriores a su alta, sin que en el caso se hubieran presentado para informar las causas que les impidieron cumplir tal obligación; circunstancia que fue determinante en el arbitrio del juez del conocimiento para negar a los peticionarios de amparo tal sustitutivo que les fue revocado. Decisión que encuentra apoyo como bien señaló la sala responsable, en los artículos 91, penúltimo párrafo y 93 del código sustantivo de la materia, pues el primero de estos preceptos prevé la facultad discrecional conferida a los jueces para que puedan hacer efectiva la pena suspendida y, el restante, que conservan jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas al cumplimiento, revocación y modificación de la sustitución o suspensión de sanciones, así como para vigilar su cumplimiento En ese sentido, se reitera que fue correcto que la sala responsable confirmara la negativa del juez del conocimiento respecto de la solicitud de los sentenciados, dado que la determinación analizada fue emitida con plena libertad de decisión, en uso de la facultad discrecional concedida al juzgador de origen y acorde con los dispositivos de referencia, aunado a que tiene sustento en el material probatorio que consta en la causa de origen, de la que se aprecia que después de que se concedió el beneficio aludido a los quejosos, incumplieron las obligaciones relativas ante la autoridad ejecutora penitenciaria, razón por la que se les negó que se les concediera nuevamente dicho beneficio. Es orientadora la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1088 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, que dispone: "FACULTADES DISCRECIONALES DE LAS AUTORIDADES. LIMITACIÓN A SU EJERCICIO. El otorgamiento de facultades discrecionales a las autoridades no está prohibido, y ocasionalmente su uso puede ser conveniente o necesario para lograr el fin que la ley les señala; sin embargo, su ejercicio debe limitarse de manera que impida la actuación arbitraria de la autoridad, limitación que puede provenir de la propia disposición normativa, la cual puede establecer determinados parámetros que acoten el ejercicio de la atribución razonablemente, o de la obligación de fundamentar y motivar todo acto de autoridad". En esas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo que procede es negar a Jose Luis Vazquez Gallardo y Luis Gerardo Vazquez Cabello el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Juez Sexagésimo Tercero Penal y Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ambos de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jose Luis Vazquez Gallardo y Luis Gerardo Vazquez Cabello, contra los actos reclamados consistentes en la resolución de dos de mayo pasado, emitida por la Tercera Sala Penal, en el toca 97/2018, que confirmó la determinación de veintiocho de febrero anterior, dictada en la causa penal 320/2017 antes 147/2015, en que se resolvió que es "inoperante" la petición de los quejosos en el sentido de que se les tenga por acogidos nuevamente al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como su ejecución que se atribuye al Juez Sexagésimo Tercero Penal y Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, todas las autoridades de esta ciudad.

  3. Principal

    Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios de cuenta; en atención a sus términos, se tienen por rendidos los informes justificados que en ellos se contienen, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otro lado, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades signantes las documentales que acompañan a los comunicados que se proveen, las cuales se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias, fórmense por separado dos anexos, respetando su sello, rúbricas y folio. Ahora, mediante auto admisorio se reservó proveer respecto del emplazamiento de la persona que se señala en la demanda de amparo como tercero interesada, hasta en tanto constaran en autos los informes justificados, lo que en su caso acontece, sin embargo, no ha lugar a tenerla con dicho carácter, porque no se ajusta a alguno de los supuestos que prevé el artículo 5 de la ley reglamentaria. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de julio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, asimismo, se observa que ya constan en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de garantizar una justicia pronta y expedita, se deja sin efectos la audiencia antes mencionada, y se señala como nueva fecha para celebrarse el dieciocho de junio de dos mil dieciocho a las once horas.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta. En atención a sus términos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene. Dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los numerales 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, téngase como delegados a las personas que menciona y como domicilio para recibir notificaciones el que señala la autoridad oficiante.

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