José Luis Vargas Armenta
Expediente 468/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Luis Vargas Armenta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, dado que la parte quejosa allegó diversas documentales, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal, identificándose con documento oficial que contenga su fotografía, a fin de recogerlas, previa certificación de su desglose y constancia legal de su entrega, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dichas constancias serán destruidas junto con el expediente.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, dado que la parte quejosa allegó diversas documentales, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal, identificándose con documento oficial que contenga su fotografía, a fin de recogerlas, previa certificación de su desglose y constancia legal de su entrega, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dichas constancias serán destruidas junto con el expediente.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 468/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, José Luis Vargas Armenta, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1.- Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). ACTO RECLAMADO "La abstención de dar respuesta a mi escrito de petición de fecha 14 de febrero de 2017" SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se registró la demanda de amparo con el número 468/2017, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclama un acto atribuido a autoridades de naturaleza administrativa, cuya ejecución tiene lugar en el ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, en relación con la demás constancias que integran el expediente del presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclama: 1.- La omisión de dar respuesta a su escrito de catorce de febrero de dos mil diecisiete, presentado ante la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, el veinte de febrero siguiente. TERCERO. Oportunidad. Ahora, como el acto reclamado es de naturaleza omisiva, resulta oportuna la presentación de la demanda de amparo, pues ello puede ocurrir en cualquier tiempo al ser de tracto sucesivo y continuado el perjuicio sufrido en los derechos humanos del quejoso. CUARTO. Certeza del acto. El Delegado Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del Jefe de la Unidad Jurídica en Guerrero de dicho instituto, al rendir su respectivo informe justificado (foja 83), acepto el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que le fue presentado el veinte de febrero de dos mil diecisiete por el quejoso; lo que además se corrobora con la copia certificada del oficio DEG/SP/DP/0850/2017 de cinco de junio del año en curso remitida por la responsable (foja 87), la cual dada su naturaleza de documental pública tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, si el acto reclamado consiste en la omisión de dar respuesta al escrito de fecha catorce de febrero del presente año y la autoridad responsable dio contestación a dicha petición mediante el oficio DEG/SP/DP/0850/2017 de cinco de junio de dos mil diecisiete; lo que se corrobora de la documental adjunta al oficio de cuenta, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, quedando a la parte quejosa en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto (omisión) jamás hubiera nacido. La cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la sola emisión del acuerdo de referencia, restituye a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la omisión reclamada que tilda de inconstitucional, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo su efecto sería vincular a que la responsable respetara el derecho de petición del particular, materializado en la emisión de un acuerdo escrito y su notificación, lo que ya realizó espontáneamente la responsable. Sin que obste a la anterior determinación que con la respuesta dada por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del Delegado Estatal de dicho Instituto, a la petición formulada; no se diera vista a la parte quejosa a fin de que ampliara la demanda a su respecto; ya que esto no es procedente, pues se trata de una solicitud relacionada en materia de pensiones, en cuyo caso el juicio de amparo tiene como única finalidad garantizar la protección efectiva del derecho de petición reconocido en el artículo 8º Constitucional, es decir, que el funcionario ante quien se elevó la petición dé respuesta a la misma. Resulta aplacible por analogía la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Decima Época, Libro 31, Tomo II, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en junio de dos mil dieciséis, del rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, y por ende, lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 468/2017, por las razones contenidas en el considerando último de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de la Unidad Jurídica, de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele por exhibida la constancia de notificación requerida en el auto de veintiséis de junio pasado del año en curso. Notifíquese.
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